Violaciones y represión; Estado de derecho que ofrece el PRIAN

Tomados de La Jornada y Proceso

Las conclusiones a las que llegó la Comisión Nacional de Derechos Humanos que dirige José Luis Soberanes en relación con la violencia y violaciones de mujeres en Sicartsa (Lázaro Cárdenas, Michoacán) y Atenco (Estado de México) no son menores en el contexto de lo que se avecina en Oaxaca, Chiapas y Tabasco.



En Michoacán el pasado 20 de abril fue la Policía Federal Preventiva (PFP) quien planeó y ejecutó el operativo. Además de ser respaldada por elementos del Ejército mexicano elementos de la PFP portaban armas y las accionaron. Contrario a la versión difundida y aceptada incluso por el gobernador Lázaro Cárdenas Batel, quien destituyó al mando policiaco local, y que señalaba a la policía ministerial del estado como la causante de los disparos. Situación que fue repetida por los lectores de noticias de la televisión y las plumas compradas de la prensa nacional. El saldo: 2 personas muertas, 54 heridas y de ellas 21 por bala.



El caso de Atenco es todavía más grave en esa agresión en contra de la población se cometieron delitos graves como la violación de 27 mujeres y violencia contra casi los 300 detenidos, quienes fueron golpeados e insultados cuando ya habían sido sometidos en acto de clara venganza. Ahí también el operativo fue instrumentado por la PFP.



Ayer detuvieron a 8 dirigentes –uno de ellos nacional- del PRD en Tabasco y los acusan de portar armas de fuego y de realizar acciones para desestabilizar a la entidad. Durante el secuestro de que fueron objeto por parte de las autoridades los golpearon y obligaron a declarar que estaban ahí para desestabilizar el proceso electoral. Cuando otros dirigentes y diputados del PRD se presentaron ante la sexta agencia del ministerio público para saber la situación de sus compañeros, también fueron golpeados y sacados de recinto.



Por último siguen las amenazan en contra de la APPO para que finalice el movimiento, reanuden clases los maestros y desocupen el zócalo oaxaqueño. De lo contrario advierten retirarán los ofrecimientos económicos a los maestros con los que quieren dividir el movimiento y usarán a la PFP y Ejército que ya se encuentran en la zona.



Como vemos ese es el estado de las instituciones del país y a ese Estado de derecho es al que quieren que el pueblo de México se someta. ¿Hubo respeto al Estado de derecho en Sicartsa, Atenco, Oaxaca o Tabasco apenas ayer? De ese tamaño es el miedo que tiene el PRIAN y también su doble discurso, cuál paz ofrecen ¿la del camposanto?



No podemos seguir tolerando que unos cuantos, quienes se sientes dueños del país, sigan pisoteando los derechos de las mayorías. Basta de las constantes violaciones a los derechos humanos y a las leyes mexicanas por parte del grupo faccioso –entiéndase empresarios, políticos y medios de comunicación- que detenta el poder en la nación.

A continuación un video sobre cómo los medios de comunicación tratan la problemática nacional




Liga directa:http://www.youtube.com/watch?v=FW1Oh74dOYQ


Estos no fueron vistos en la televisión mexicana, donde el PRD reclama las agresiones y falta de garantías al gobernador de Tabasco Manuel Andrade y el hostigamiento por parte de los judiciales tabasqueños a legisladores y dirigentes del PRD.



Liga directa: http://www.youtube.com/watch?v=wyQQggjBAPw


El "famoso Estado de derecho" del PRIAN

PARTE 1



Liga directa: http://www.youtube.com/watch?v=bVItY4OCjBA




PARTE 2



Liga directa: http://www.youtube.com/watch?v=GLXa2FZTMxI

Enseguida un análisis y otra nota tomados de la revista Proceso



http://www.proceso.com.mx



Atenco, una verdadera vergüenza


sara lovera*



México, D.F., 12 de octubre (apro).- En la acción policiaca de San Salvador Atenco se cometieron delitos de lesa humanidad, como la tortura sexual, perpetrada como una clara intención de venganza política y castigo para 27 mujeres que fueron detenidas, retenidas más de cuatro horas e incomunicadas.



También se ha podido acreditar que los jefes policiacos tenían conocimiento de los hechos. ¿También el gobernador del Estado de México?



Lo de Atenco es verdaderamente un horror. Ahora los llamados a la intervención de la Policía Federal Preventiva (PFP) como pacificadora de Oaxaca, dejan claro que eso sería tanto como el anuncio de nuevas vejaciones, humillaciones, detenciones ilegales y barbarie.



Esta semana, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) entregará al gobierno de Vicente Fox las recomendaciones sobre el caso Atenco, mientras que un adelanto televisivo del contenido del documento nos deja con la boca abierta.



Tortura, humillaciones, exceso de fuerza pública, detenciones ilegales, allanamiento de morada, violación y abusos sexuales…



El mismísimo presidente de la CNDH, José Luis Soberanes puso contra la pared a la Procuraduría General de la República (PGR) ante hechos que, dijo, se pueden acreditar ampliamente.



El resultado deja en claro que el abuso sexual en circunstancias como las de San Salvador Atenco, es una forma de tortura. Y eso, dicho ya, es inaceptable.



Frente a las cámaras, Soberanes aseguró contar con más de mil fotografías que muestran los abusos y los excesos; pero además las investigaciones confirman que la policía actuó ferozmente, no que algunos policías se excedieron.



Lo más terrible y que comprueba el estado de impunidad, es que del 3 de mayo a la fecha, es decir a cinco meses de los hechos, solamente se ha consignado a un policía, que quince están en investigación y el resto de los responsables gozan de buena salud.



Pero hay más. Resulta que el presidente de la CNDH ha configurado lo que son otros delitos, como la retención y expulsión del país de tres extranjeras, a pesar que el Ministerio Público las había liberado porque contaban con un amparo. Es decir, durante la incursión en Atenco se violó todo. No existe entonces el llevado y traído estado de derecho.



El informe de la CNDH, que se está terminando, se sumó al que dio a conocer la semana pasada Amnistía Internacional (AI), en el que también se acredita la denegación de justicia. Todavía están en el penal de Santiaguito 32 personas, cuyo juicio no se sostiene, afirman tanto Amnistía como CNDH.



¿De qué estamos hablando? Si estos reportes, con investigaciones, testimonios, pruebas, simplemente han sido descalificados por la autoridad, que cínicamente ha señalado que las denuncias de las mujeres atacadas fueron de “corte político”.



¿En qué cabeza cabe esa información o desinformación? Si hay más de mil fotografías con los tocamientos, con las huellas de la humillación, con la evidencia de sometimiento y vejaciones brutales.



Me pregunto hasta dónde la sociedad mexicana puede pasar por alto esta situación., que cobra relevancia por las amenazas directas y veladas al pueblo levantado en Oaxaca.



Los informes de la CNDH señalan que las autoridades, PFP y la policía estatal del Estado de México incurrieron en otros delitos, como el que las autoridades del penal de Santiaguito hayan lavado las ropas de las víctimas; incomunicado a los detenidos, y sean responsables de la muerte de un adulto y un menor.



La CNDH asegura que los habitantes de San Salvador Atenco no usaron armas de fuego, que las armas homicidas de pistolas 38 especial son las que usa la PFP.

Y mientras tanto, el gobernador del Estado de México gasta cantidades millonarias en publicidad televisiva en triple “A”, todos los días, ¿Quién le toma cuentas al respecto?



La discusión de la violencia institucional, de la tortura sexual, de los abusos policiacos no puede esperar. Y no puede esperar tampoco la indiferencia ante esta injusticia, ni podemos cruzarnos de brazos ante hechos tan evidentes que, obvio es decirlo, son la antesala del próximo gobierno que, además de sospechosamente ilegítimo, no ve, no oye, no atiende ninguna de estas dificultades.



Durante los próximos días, la campaña de Amnistía en las embajadas mexicanas de todo el mundo, y el informe de la CNDH, dejarán al descubierto, una vez más, el carácter autoritario del sistema y gobiernos mexicanos. Es una verdadera vergüenza.



* Periodista feminista.







Veta Migración a los abogados que demandaron a Rivera Carrera




México, D.F., 12 de octubre (apro).- Por realizar actividades distintas a las autorizadas en su ingreso al territorio mexicano y negarse a acudir al llamado de las autoridades para verificar su estatus migratorio, el Instituto Nacional de Migración (INM) impuso hoy sanciones a los abogados estadunidenses que denunciaron penalmente en la Corte de Los Ángeles, California, al cardenal Norberto Rivera Carrera, por presuntamente proteger al sacerdote Nicolás Aguilar Rivera, acusado de abuso sexual.




En un comunicado, el organismo de la Secretaría de Gobernación, cuyo titular, Carlos Abascal, mantiene una estrecha relación con Rivera Carrera, resolvió prohibir el ingreso a México, durante los próximos cinco años, a los abogados Jeffrey Robert Anderson, Michael George Finnegan y David Gerad Clohessy, quienes tienen a su cargo la defensa de Joaquín Aguilar, una de las víctimas del padre Nicolás Aguilar.




Según Migración, los extranjeros ingresaron a México el pasado 19 de septiembre con la forma migratoria de turista. Sin embargo, al día siguiente ofrecieron una conferencia de prensa, en la que –dice el comunicado-- se presentaron como asesores legales de un tercero (Joaquín Aguilar) y como abogados de la firma Jeff & Associates, P. A., “sin contar con la autorización para realizar una actividad profesional o lucrativa en el país”.




Durante la conferencia, agentes del INM pretendieron detener a los abogados y al dirigente de la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales de Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés), organización no gubernamental estadunidense, pero los propios reporteros lo impidieron.




A raíz de ese incidente, Migración inició un procedimiento administrativo y determinó que los abogados estadunidenses violaron el artículo 126 de la Ley General de Población.




El boletín del INM no hace referencia a la denuncia contra el arzobispo Primado de México por supuestamente proteger al padre Aguilar, acusado de abusos sexual en México y Estados Unidos.