Partido dividido, candidato atribulado*

Tomados de La Jornada, Helguera, Hernández y Rocha y El Universal, Naranjo.

Jesusa Cervantes

El mexiquense Enrique Peña Nieto llegó al segundo debate presidencial atribulado por los problemas que han erosionado su campaña en las últimas semanas. Su popularidad se ha visto afectada no sólo por la oleada juvenil del movimiento #Yo Soy132, sino por los problemas que envuelven a su propio partido por los presuntos vínculos de dos exgobernadores con el narcotráfico. Y aun cuando la cúpula priista acordó mantener unido al partido, algunos personajes de su entorno le están resultando muy incómodos.

El candidato del PRI-PVEM Enrique Peña Nieto, que el 6 de mayo último tenía una holgada ventaja de 20 puntos sobre su más cercana competidora, la panista Josefina Vázquez Mota, cuando asistió al primer debate presidencial, llega desfondado al segundo encuentro de este domingo 10.

En sólo cinco semanas los integrantes del movimiento #YoSoy132 y las acusaciones contra varios exgobernadores de su partido, el PRI, por presuntos vínculos con el narcotráfico, le han restado popularidad. Su caída generó desavenencias al interior del priismo, cuya dirigencia llegó incluso a proponer un “cambio de candidato”, comentan a Proceso varios militantes que piden ocultar su identidad.

Al final, dicen, el PRI recapacitó y sus líderes optaron por la “unidad” y por dar más juego en la campaña del mexiquense a personajes que se habían mantenido al margen.

Peña Nieto trae a cuestas las averiguaciones previas abiertas por la Procuraduría General de la República (PGR) contra los exmandatarios de Tamaulipas, Tomás Yarrington Rubalcaba y Eugenio Hernández Flores. El PRI y el equipo de campaña temen una nueva embestida contra otros exgobernadores, como el coahuilense Humberto Moreira.

“Si el gobierno hace nuevos señalamientos contra él o algún exgobernador del centro del país o se amplían las acusaciones contra Moreira, el PRI simplemente pierde la elección”, dice uno de los militantes consultados.

A la cúpula priista le preocupa no sólo el rostro alicaído del candidato, sino la participación activa en su equipo de campaña y en los órganos del partido de excolaboradores de Yarrington, como Baltazar Hinojosa, quien es el coordinador de campaña en la primera circunscripción; Mercedes del Carmen Guillén Vicente, quien fue secretaria general de Gobierno en Tamaulipas durante la gestión de Yarrington y hoy se desempeña como coordinadora de campaña de la tercera circunscripción.

Otro personaje incómodo es Homero Díaz Rodríguez, representante del gobierno de Yarrington en el Distrito Federal entre 1999 y 2000, y luego secretario general de Gobierno, cargo en el que se mantuvo hasta 2001. Actualmente preside la Comisión de Justicia, la misma instancia que “suspendió en sus derechos de militante” a Yarrington por instrucciones del presidente nacional del partido, Pedro Joaquín Coldwell.

Una reunión singular

 

El 25 de mayo último, Enrique Peña Nieto se reunió con el Consejo Político Nacional priista y aprovechó el foro para enviar un mensaje que causó escozor entre los militantes de viejo cuño, sobre todo porque son los que lo encumbraron:

“El PRI tiene que asumir el papel que le corresponde. No inspirado en la nostalgia del ayer, sino en los retos del presente para ganar el futuro. Hoy los mexicanos sabemos que se requieren nuevos caminos, nuevas soluciones, nuevas formas”, expuso el candidato.

Y agregó: “En el México que queremos no tendrán cabida ni la corrupción ni el encubrimiento, mucho menos la impunidad”. Algunos le aplaudieron.

Durante el discurso del candidato se mostraba incómodo el senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, el único contendiente de Peña Nieto en la selección interna. Al concluir el evento, el orador se acercó al legislador, lo tomó del brazo y le habló al oído.

El senador le llamó la atención a Peña Nieto por su deslinde con el viejo priismo, asegura uno de los priistas consultados; otro dice que Beltrones simplemente le agradeció las alusiones a él, un tercero menciona que el mexiquense tuvo un encuentro posterior con Beltrones y Pedro Joaquín Coldwell, en el cual culpó a varios priistas por su descenso en las encuestas y reclamó falta de apoyo para contrarrestar la embestida juvenil en su contra.

Según las fuentes consultadas, Beltrones le comentó que sólo él, como candidato, era el responsable de su caída. Coldwell no sólo lo respaldó sino que comentó: “Es difícil trabajar en coordinación con (Miguel Ángel) Osorio y (Luis) Videgaray. Por ejemplo –dijo–, yo no manejo el dinero del partido, no coordino a los delegados, así es muy difícil operar…”.

 El senador sonorense, afirman los entrevistados, también le recordó a Peña Nieto que él fue quien decidió que Humberto Moreira fuera el presidente del partido y el coahuilense llevó a varios personajes que hoy son investigados por la PGR.

“Le hiciste caso a la maestra (Elba Esther Gordillo) y ahí las consecuencias”, dijo Beltrones, según la versión de un priista.

Consultado al respecto por Proceso, el senador lo niega.

En ese intercambio de reclamos entre Peña Nieto, Beltrones y Coldwell, éste planteó varios escenarios, entre ellos la posibilidad de que el gobierno federal insista en implicar a Moreira por la megadeuda que dejó en Coahuila y que acuse a otro exgobernador priista del centro del país de tener presuntos nexos con el narcotráfico.

Si esto acentúa la caída del candidato, si esto revienta, expuso el presidente priista, según uno de los consultados, “tendríamos que hablar de un cambio de candidato”. Dice que Peña Nieto lo atajó, molesto: “Ya no hay tiempo”, y propuso a sus correligionarios “trabajar todos juntos”.

 Después del ríspido encuentro, Beltrones apareció al lado de Peña Nieto en un evento de la Fundación Colosio sobre “El futuro político de México”; incluso fue el encargado de leer las conclusiones del apartado “Gobernabilidad y democracia”. Desde entonces, al presidente del partido también se le ha visto más activo en la campaña presidencial.

Los yerros del candidato

Antes de llegar a la gubernatura en su natal Coahuila, Humberto Moreira fue profesor normalista y se le identificó políticamente con Elba Esther Gordillo. Poco antes de terminar su administración, pidió licencia para postularse como candidato a la presidencia del PRI y ganó. El 4 de marzo de 2011 tomó protesta, pero las revelaciones sobre la deuda de 35 mil millones de pesos que heredó a su estado y el enriquecimiento de algunos de sus colaboradores terminaron por minar la confianza y afectos que el candidato le mostraba.

En noviembre pasado, en vísperas del inicio de las campañas, Moreira renunció. Su lugar fue ocupado por Pedro Joaquín Coldwell. No obstante, se quedaron con Peña Nieto varios personajes incómodos, incluidos seis exgobernadores.

Uno de ellos, el tamaulipeco Eugenio Hernández Flores, fungió un tiempo como coordinador de la campaña de Peña Nieto en los estados de Chiapas, Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. El chihuahuense Enrique Martínez y Martínez estuvo como secretario regional del CEN del PRI en Baja California y Baja California Sur, Chihuahua y Sinaloa.

Ismael Hernández Deras, exgobernador de Durango, fue responsable de su campaña en la circunscripción que comprende Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Guanajuato; Fidel Herrera, que dejó el gobierno de Veracruz, quedó a cargo de la logística en Tamaulipas, Nuevo León, Durango y Coahuila; René Juárez Cisneros, quien terminó su gestión en Guerrero en marzo de 2005, se desempeñó como responsable de Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Distrito Federal y Morelos; Jesús Aguilar Padilla, de Sinaloa, hizo lo propio en Veracruz, Puebla y Oaxaca, lo mismo que José Reyes Baeza en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Tras asumir la dirigencia nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell removió, el 19 de enero de 2012, a los seis exgobernadores. Lo que no pudo revertir fue la decisión de Peña Nieto, tomada una semana antes, de mantener a su lado a Baltazar Hinojosa, María del Carmen Guillén Vicente y Homero Díaz Rodríguez, todos ellos cercanos al exgobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba.

Hinojosa quedó como coordinador de campaña en la primera circunscripción. Al principio de la administración de Yarrington, Hinojosa se desempeñó como titular de Desarrollo Social, de Educación y a partir de 2003 fue diputado federal, cargo que dejó en 2004 para irse de presidente municipal a Matamoros.

Guillén Vicente, quien fue secretaria general de Gobierno de Yarrington en 2003, es hoy la encargada de la campaña de Peña Nieto en la tercera circunscripción.

 Díaz Rodríguez, a quien la Drug Enforcement Administration (DEA) y la PGR acusan de tener vínculos con el crimen organizado, llegó a la presidencia de la Comisión de Justicia del PRI en octubre de 2011, cuando Moreira era el presidente del partido.

Fue Díaz quien el pasado 23 de mayo recibió la instrucción de Joaquín Coldwell para que le suspendiera sus derechos como militante del partido a su exjefe Tomás Yarrington. Ese mismo día, el diario Reforma publicó una nota en la que mencionaba que la DEA lo señalaba como presunto lavador del crimen organizado.

El 1 de febrero anterior, el mismo diario informó que la PGR investigaba a Díaz y al exgobernador Eugenio Hernández Flores por sus implicaciones en delitos contra la salud, según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEI-DCS/012/2009.

Días después, el 10 de febrero, Peña Nieto manifestó su respaldo a Yarrington y se dijo sorprendido de que en tiempo electoral se hicieran señalamientos en contra del exmandatario tamaulipeco. Tres meses más tarde, cuando se conoció la investigación de la DEA, Joaquín Coldwell ordenó a Díaz que se le retiraran a Yarrington sus derechos como militante del PRI.

 Tensiones

 

El 26 de mayo, el PRI emitió un comunicado en el cual informaba que la comisión que encabeza Homero Díaz “acordó de conformidad y ordenó darle trámite estatutario (a la solicitud de Joaquín Coldwell), por lo que Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba quedó suspendido en sus derechos de militante en tanto se determina por los tribunales su situación legal”.

 El proceso fue manejado con total hermetismo y con una celeridad inusual. Este semanario solicitó el número de expediente del caso pero le fue negado. El secretario de acuerdos, Juan Carlos Camacho, arguyó que durante dos días el documento estuvo colocado en estrados, pero lo cierto es que nadie lo vio; luego adujo que “internet no servía”.

 La reportera insistió. Le preguntó también si existía algún procedimiento contra el exgobernador Eugenio Hernández Flores, quien está implicado en la misma averiguación previa. Camacho dijo que no sabía nada.

Y el caso de Hernández Flores se complicó. A finales de mayo comenzó a difundirse en YouTube un video en el que se observa a Pedro Argüelles Ramírez, director general de Gobierno en la administración de Hernández Flores y funcionario en el gobierno de Egidio Torre Cantú.

En el video, Argüelles, quien desapareció hace cuatro meses, clama ayuda a Hernández Flores y vincula a funcionarios del actual gobierno de Tamaulipas de tener vínculos con el crimen organizado:

“Soy Pedro Argüelles Ramírez y pertenezco al PRI. Le pido a Eugenio Hernández, Egidio Torre, Ramón Ochoa, Morelos Canseco… las (únicas) personas que me pueden ayudar a salir de este problema. Eugenio, tú bien sabes que yo me relacioné con la delincuencia organizada por ti y por mi partido, ya que queríamos un estado tranquilo, que no tuviera tanta violencia, y así tus propósitos políticos fueran beneficiados…

“Ramón Ochoa, Morelos Canseco, ustedes también fueron beneficiados. ¡Ayúdenme por favor! ¡Ayúdenme por mis hijos! Ya no quiero estar aquí.”

Hasta el cierre de edición, Homero Díaz no se había pronunciado sobre el caso de Hernández Flores. La dirigencia del PRI tampoco define si este dirigente continuará al frente de la Comisión de Justicia.

Díaz es uno de los notarios públicos favoritos de Peña Nieto. El 19 y 30 de abril fue él quien dio fe de los “compromisos” firmados por el mexiquense para crear el Instituto Nacional del Emprendedor y llevar computadoras a los niños de primaria; también certificó la residencia de Beatriz Paredes Rangel en el Distrito Federal.

*Tomado de la revista Proceso.