progressif

jueves, octubre 15, 2009

El chivo expiatorio*













Tomados de La Jornada, Helguera, El Fisgón, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores.


Octavio Rodríguez Araujo

El 9 de febrero de 1994 el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto que creó el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro (LFC). El decreto fue firmado por Carlos Salinas de Gortari y varios de sus secretarios de gabinete, pero no el de Gobernación. El nuevo organismo sustituyó a las empresas en liquidación, que eran las compañías de Luz y Fuerza del Centro, de Luz y Fuerza de Pachuca, de Mexicana Meridional de Fuerza y de Luz y Fuerza de Toluca.

De lo anterior se desprende que otro decreto presidencial puede extinguir la empresa. No hay misterio en esto. Lo que sí está en cuestión es la razón esgrimida por el gobierno de la República para liquidar el organismo descentralizado creado en 1994. Se argumentó que tal decisión obedeció a la necesidad de revertir un gasto exagerado en beneficio de la economía de la nación y del interés público. El secretario de Gobernación añadió, en entrevista, que ese gasto excesivo se debía al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), al que dio el papel de co gestor de la empresa. El secretario de Hacienda y Crédito Público declaró que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) decidirá si integra en su plantilla laboral a parte de los despedidos o se genera una paraestatal nueva que tenga otras condiciones de trabajo (las cursivas son mías). Las declaraciones de Gómez Mont y de Carstens son reveladoras: los costos excesivos de LFC se deben al contrato colectivo de trabajo del sindicato y las fallas en la administración del organismo descentralizado obedecen también al gremio, ya que son, dijo el secretario, corresponsables de su gestión.

El decreto de 1994, ahora sustituido por otro, establecía que LFC se regiría por una junta de gobierno integrada por el secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal, quien la presidiría, y por sendos representantes de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, de Comercio y Fomento Industrial y de Agricultura y Recursos Hidráulicos, quienes deberán tener el nivel de subsecretarios o su equivalente. También formarían parte el director general de la CFE y tres representantes del sindicato titular del contrato colectivo que rija las relaciones laborales en el organismo (el SME). Sus decisiones se tomarían por mayoría de votos, por lo que la representación sindical nunca podría imponerse, pues constituía la tercera parte de la junta.

Entre las atribuciones de la junta de gobierno estaban la elaboración del presupuesto anual de egresos, la aprobación de sus programas que deberían de ser sometidos a la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, ahora Secretaría de Energía (Georgina Kessel) y, en su caso, el programa de adiestramiento, capacitación y desarrollo de recursos humanos que proponga el director general. Éste, conviene recordar, era nombrado por el presidente de la República. En otros términos, las transferencias presupuestarias cuantiosas que se han incrementado en más de 200 por ciento de 2001 a 2008 (gobiernos de Fox y Calderón), según dice el considerando del decreto del 11 de octubre de 2009, fueron responsabilidad de los miembros de la junta de gobierno, cuya mayoría está compuesta por los secretarios mencionados, no por los trabajadores. A dicha junta se debieron también los incrementos de trabajadores y a la Secretaría de Energía la aprobación de los programas de desarrollo de la empresa. ¿De repente descubrieron que LFC era muy costosa? Si es así, los secretarios del gabinete de Calderón que eran miembros de la junta de gobierno deberían de ser cesados, y antes de ellos el director de la empresa y, de paso, al presidente de México, que lo nombró, hacerlo responsable de tener en su gabinete y en la dirección de la empresa a personal de su confianza que no supo hacer su trabajo correctamente.
Las culpas de Fox ya pasaron de tiempo, pero las de Calderón son vigentes. Aceptemos, sin conceder, que el SME era un sindicato fuerte, ¿esto justifica que los secretarios de Estado y el director de la empresa aceptaran que el costo del contrato colectivo fuera, según dicen los firmantes del nuevo decreto, muy caro e inconveniente para la economía nacional y el interés público? ¿Fueron los trabajadores sindicados culpables de los programas de la empresa y de los onerosos subsidios estatales? ¿Y de qué sirvieron desde 2001 los gobiernos panistas y sus secretarios de Estado miembros de la Junta de Gobierno de LFC? ¿Estaban de adorno o simplemente demostraron su incompetencia?

Las declaraciones del secretario de Gobernación (quien inexplicablemente es uno de los firmantes del decreto del 11 de octubre) y del de Hacienda no dejan duda: el chivo expiatorio era el sindicato (y su contrato colectivo de trabajo), que –cosa que no se dice– fue aprobado por la patronal, esto es, por el gobierno que, a diferencia del chivo, no sufrirá represalias. De aquí que Carstens haya sugerido, repito, que los trabajadores que eventualmente contrate la CFE tengan otras condiciones de trabajo, es decir, un contrato disminuido.

Es claro que tratándose de trabajadores que en el mejor de los casos ganan tres salarios mínimos en promedio, su contrato le ha parecido al gobierno muy oneroso, por 44 mil trabajadores en activo, en tanto que el millón 200 mil trabajadores de la educación y los 136 mil de Pemex (donde de cada peso en gasto corriente 75 centavos van a la nómina) no lo son o no parecen serlo. La diferencia es que el SME es un sindicato independiente y combativo mientras que el de trabajadores de educación y el de petroleros no. Éstos se han “portado bien” y son dóciles al gobernante en turno. Los miles de funcionarios de la administración pública federal, de director de área para arriba, no tienen contrato colectivo de trabajo, ¿pero ya cuantificó Calderón su costo y lo comparó con el de LFC? ¿Ya cuantificó el costo de la exención de pagos de electricidad a las empresas consentidas del gobierno y del mismo edificio de Los Pinos?

Una última pregunta: ¿fue legal que dos horas antes del decreto en cuestión la Policía Federal tomara las instalaciones de LFC o es parte del uso indiscriminado que Calderón está haciendo de la policía y del Ejército para todo lo que quiera combatir?

*Tomado de La Jornada.

0 Comments:

Publicar un comentario

Links to this post:

Crear un vínculo

<< Home