Fascismo y movimiento social*

Tomados de La Jornada, Hernández, El Fisgón, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores.

JOHN M. ACKERMAN

Los judiciales que detuvieron de manera ilegal a Ramsés Villarreal deberían estar hoy en la cárcel procesados por los delitos de “desaparición forzada de personas” y “secuestro equiparado”. La captura de Villarreal se realizó de manera totalmente irregular, sin orden de aprensión dictada por un juez o al menos una orden de presentación girada por el Ministerio Público. El señalamiento de que el acusado habría sido detenido en supuesta “flagrancia” resulta risible dado que lo único que hacía el “presunto delincuente” era dirigirse en un microbús a la UAM-Xochimilco para corregir textos académicos que próximamente estarán publicados en la prestigiosa revista Argumentos.

El caso de Villarreal es tan débil e insostenible que la misma Procuraduría General de la República (PGR) ya cerró el expediente. Las fotografías que la PGR dio a conocer resultaron ser un burdo montaje al peor estilo de Hollywood, y su publicación en importantes medios de comunicación violó de manera flagrante el principio de presunción de inocencia.

El procurador Arturo Chávez Chávez inaugura así su gestión con una clara muestra de la irresponsabilidad, arbitrariedad e inefectividad que muy probablemente marcarán su paso por el gabinete de Calderón. Habría que recordar que el nuevo procurador ya admitió con descaro, en su comparecencia ante el Senado, que utilizaría sin ningún problema “evidencias” obtenidas de manera ilegal.

Lo preocupante es que este caso es apenas la punta del iceberg de un mundo en donde las procuradurías, en vez de investigar e integrar con ética y profesionalismo sus pesquisas, normalmente prefieren golpear primero y preguntar después. El abuso de la figura del arraigo, por ejemplo, demuestra el total fracaso del sistema de investigación criminal. Esta práctica de detener a los “sospechosos” sin haber integrado debidamente una averiguación previa es una vil licencia para abusar de las más básicas garantías individuales y del debido proceso.

También llama la atención la denuncia del joven Villarreal consistente en que los policías ofrecieron incorporarlo al programa de “testigos protegidos” si aceptaba denunciar en falso a otras personas. Con ello este “programa estrella” de la PGR se desnuda como lo que realmente es: una máquina de fabricación dolosa de culpables.

Habría que celebrar que personas como Ramsés Villarreal, Jacinta Marcial y Flavio Sosa estén hoy libres, pero eso no es suficiente. Es necesario exigir sin tregua castigo a los culpables de su detención y encarcelamiento injustificados. De manera paralela, la PGR también tendría que investigar las graves responsabilidades de Ernesto Zedillo y Julio César Ruiz Ferro, así como de aquellos jueces, funcionarios ministeriales y policías judiciales involucrados en la “investigación” del asesinato político de indígenas inocentes en Acteal.

Urge una reforma radical a la procuración de justicia en el país. La reforma constitucional en materia de justicia del año pasado modifica el proceso penal para convertirlo en un sistema “acusatorio”. Sin embargo, este cambio de la Carta Magna no resuelve ni de cerca las graves deficiencias del funcionamiento cotidiano de los ministerios públicos y de la policía judicial. Para realizar esta tarea hace falta una limpia total y una recapacitación masiva, así como un rediseño institucional a fondo.

La receta favorita de Calderón de aplicar exámenes de “control de confianza” no es más que una cortina de humo. Habría que emprender una transformación estructural de la PGR y las procuradurías de justicia de las entidades federativas para institucionalizar la vigilancia ciudadana y garantizar prácticas modernas de investigación ministerial, evaluación de evidencia e interrogación de testigos. También sería buen momento para volver nuestra atención a las numerosas iniciativas legales ya existentes que han propuesto otorgar autonomía constitucional a las procuradurías del país.

Lo paradójico es que con cada detención arbitraria e injustificada de un luchador social o personaje incómodo, el gobierno de Calderón va creando las condiciones para el surgimiento de una vigorosa movilización social. Ramsés Villarreal es hoy una clara figura pública y podrá utilizar su nuevo estatus para la organización de otros jóvenes que busquen exigir al gobierno mayor respeto a los derechos humanos y más oportunidades para la juventud. Si a este movimiento se unieran Jacinta Maciel, Flavio Sosa y Andrés Gómez –aquel otro joven que también fue detenido de manera ilegal y arbitraria por gritar “espurio” a Calderón–, podría ser un detonador de ondas expansivas que llegaran a todo el país.

Si se logra articular estas causas con la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas al autoritarismo injerencista de la Secretaría de Trabajo, y más aún, si se sumaran los jóvenes rechazados de las universidades públicas del país y los numerosos movimientos y grupos sociales que emergen y luchan diariamente, estaríamos ante un escenario ideal para el despliegue de un movimiento social de potencialidades emancipadoras extraordinarias.

El boliviano predicador, el asesino del Metro Balderas y los bombazos en los bancos son muestras de que la sociedad actual está ya desquiciada por la crisis económica y las acciones de un gobierno cada día más cercano al fascismo. Pero la locura que encierran estas reacciones aisladas y delictivas no nos lleva a ningún lado. El reto hoy es la construcción de un auténtico movimiento nacional fundado en la pluralidad social y articulado alrededor de las demandas y necesidades de las nuevas generaciones, un movimiento que tenga la suficiente fuerza para hacer valer nuestros derechos ciudadanos y proponer soluciones colectivas. La vigencia de nuestras garantías más básicas depende de ello.

www.johnackerman.blogspot.com


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SME, mentiras y fibra óptica*

JENARO VILLAMIL

MEXICO, DF, 13 de octubre (apro).- Lo ocurrido la madrugada del sábado 10 de octubre demostró que el verdadero problema del gobierno de Felipe Calderón con el Sindicato Mexicano de Electricistas no era el asunto de la democracia sindical, como durante una semana argumentó el titular del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, al negar la "toma de nota" de la dirigencia del SME.

Los medios y columnistas afines al guión de Los Pinos encabezaron una campaña tan insistente y chocante que parecía que el nuevo "peligro para México" se llamaba Martín Esparza, por antidemocrático, bravucón e indomable frente al aire autoritario que se respira en Los Pinos.

Luego del golpe que hizo recordar el asalto al cerro del Chiquihuite, en diciembre de 2002, perpetrado por TV Azteca, ahora resulta que el SME no sólo era antidemocrático sino prácticamente el único responsable del atraso tecnológico de Luz y Fuerza del Centro (LFC), del "peso financiero" que representaba para la Secretaría de Hacienda mantener a esta compañía paraestatal.

Los jilgueros presidenciales han olvidado un elemento fundamental en esta nueva y obsesiva campaña mediática, llena de datos mañosamente acomodados y de verdades a medias: si tan responsable era el SME, ¿por qué no tomaron antes las medidas correctivas? ¿Acaso el SME es más pernicioso que el mismo sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex), o que esa joya de la democracia sindical llamada SUTERM, dirigida durante décadas por La Güera Rodríguez Alcaine? ¿Por qué entonces, en lugar de la requisa y la toma de las instalaciones de Luz y Fuerza a manos de la Policía Federal, no aplicaron una auditoría? ¿Por qué ahora la Secretaría de Hacienda descubre que sí tiene recursos para pagar la quiebra de la empresa?

El asunto no es sindical ni de eficacia económica. El tema es de intereses corporativos y de alianzas políticas. Cada día se va prefigurando el verdadero objetivo de este golpe policiaco-militar: tomar el control de una compañía que puede representar un jugoso negocio para quienes obtengan la concesión de la instalación de las redes de fibra óptica en el área del Valle de México, el mercado más importante, por volumen poblacional y por nivel de ingresos, para el negocio del triple play, es decir, la transmisión de datos, audio y video a través de una red alterna.

En este caso, la red de fibra óptica de Luz y Fuerza del Centro ahora es de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En entrevista con la reportera Rosalía Vergara en la última edición de Proceso, Martín Esparza aporta elementos suficientes para dimensionar el nivel de los intereses en juego:

"Es un negocio, es una oportunidad para las empresas eléctricas porque además de la red de fibra óptica de mil 100 kilómetros, LFC cuenta con una cobertura de uno por ciento del territorio nacional. Tenemos una fibra para usos propios y capacidad de excedente. Podemos poner a disposición de la sociedad en general el servicio de voz, imagen e Internet (triple play) con una respuesta muy rápida".

El SME y el director de Luz y Fuerza del Centro, Jorge Gutiérrez Vera, presentaron ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el 30 de junio de 2009, un título de concesión para operar la red de fibra óptica y ofrecer los servicios de triple play.

Ahora sabemos o intuimos que este desafío de un sindicato y de la empresa paraestatal afecta los intereses de quienes andan tras un negocio que está valuado en 6 mil millones de dólares, si tomamos en cuenta el nivel de licitación de la CFE de sus dos pares de fibra óptica.

Estamos hablando de la poderosa trasnacional española Telefónica –dirigida por Francisco Gil Díaz, exsecretario de Hacienda--; de Cablevisión –propiedad de Televisa y con un mercado dominante en el Distrito Federal---; de Telmex, el gigante telefónico al que la SCT no le ha dado aún el cambio de título de concesión para que pueda competir en el triple play contra Televisa y Telefónica y, por supuesto a otros jugadores intermedios.

Entre esos jugadores intermedios se menciona a la compañía WL Comunicaciones que obtuvo en 1999 del exsecretario de Comunicaciones y Transportes durante el zedillismo, Carlos Ruiz Sacristán, una concesión para operar servicios de este tipo en la LFC.

El círculo se puede cerrar si recordamos que durante la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, quien jugó un papel fundamental fue el entonces presidente de la Cofetel, Javier Lozano Alarcón. El actual titular del Trabajo, efectivamente, está más interesado, desde entonces, en los negocios derivados de la convergencia tecnológica que de la democratización sindical.

Esparza declara en la misma entrevista que la compañía WL Comunicaciones –cuyos accionistas son dos destacados empresarios del panismo--, acudió a los servicios del despacho de Diego Fernández de Cevallos para frenar que el negocio por venir en el Valle de México se le otorgara a la paraestatal y al sindicato.

La huella de Fernández de Cevallos ha estado presente en las últimas y más polémicas decisiones adoptadas por el gobierno de Felipe Calderón. Por eso no extraña que su aliado, exsocio y actual secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, aparezca en conferencias de prensa y en entrevistas con Televisa, argumentando más como un integrante del Consejo de Administración de una gran empresa por venir y no como el responsable de la política interior y de la gobernabilidad del país.

No es la eficacia del servicio de energía eléctrica lo que importa detrás de la medida adoptada frente al SME. Los apagones que se están registrando en delegaciones como Milpa Alta, en municipios mexiquenses como Atizapán y Ecatepec, o en entidades como Hidalgo y Puebla, nos habla de que la medida fue adoptada sin pensar en el servicio y en los consumidores, sino en el control corporativo de la empresa para los negocios por venir.

Comentarios: jenarovi@yahoo.com.mx

*Tomados de la revista Proceso.