En defensa del voto*

Tomados de La Jornada, El Fisgón y Rocha y El Universal, Naranjo.

ÁLVARO DELGADO


MEXICO, D.F., 8 de junio (apro).- El voto, por cuya vigencia efectiva se inició en México una revolución social hace exactamente un siglo y por cuya adulteración puede generarse un movimiento análogo, tiene un significado claro y radical: Apoyar o sancionar a quienes cumplen o traicionan sus compromisos con la sociedad.

Así, el voto es un puente --ciertamente efímero, pero contundente-- entre los ciudadanos y quienes los gobiernan y representan, que ratifica o retira la confianza de aquéllos conforme a los comportamientos de quienes deben estar sometidos a un escrutinio permanente y a una evaluación periódica.

De esto se trata la elección del 5 de julio. Y esto es lo que soslayan --deliberadamente o por ignorancia-- quienes llaman a anular el voto.

La convocatoria a abolir el sufragio, que por supuesto no debe ser de suyo anatematizada --aunque se trata de un fenómeno multifactorial que incluye maniobras desde los ámbitos del poder para escabullirse a la sanción popular--, parte de un aserto que es también conclusión: Todos los políticos y los partidos son iguales.

Y eso es falso: No todos son iguales, porque los hay peores.

No es sarcasmo: Convertir a todos los políticos y sus estructuras partidarias en siameses es muy popular --y a eso obedece este fenómeno del movimiento "anulista" y del "voto blanco"--, pero es al menos una imprecisión inaceptable.

Es como imponer el mismo nivel de responsabilidad del desastre económico de México al alcalde de Erongarícuaro, Michoacán, y a Felipe Calderón. El munícipe nada tiene que ver con las instrucciones que el otro individuo imparte en la conducción de la política económica del país.

¿Quién prometió generar un millón de empleos cada año y quién ofreció disminuir la pobreza de 15 millones de mexicanos y acabar con la pobreza extrema de 10? ¿Fue ese alcalde, algún gobernador, de cualquier partido político, o fue Calderón?

Y antes: ¿Quién ofreció crecer a tasas de 7% del Producto Interno Bruto y cambiar el modelo económico? Fue Vicente Fox con el respaldo del Partido Acción Nacional (PAN).

¿No ha sido el PAN, con Fox y Calderón, los continuadores de la misma política económica de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo? Ellos mismos se ufanan del mismo modelo.

¿El PRD, el PT, Convergencia y los otros partidos políticos harían exactamente lo mismo desde el Poder Ejecutivo? Quizás, pero sólo hasta que lo hagan podemos decir, en lógica elemental y con respeto a la inteligencia de las personas, que entonces sí son todos iguales.

Pongo estos ejemplos del Ejecutivo porque otra de las insuficiencias de la campaña para anular el voto es que concentra el repudio en la representación popular, particularmente la Cámara de Diputados, como si --otra vez-- el desastre que hay en el país es de su completa responsabilidad y, así, encubrir la ineptitud del gobierno federal.

A nivel de los partidos políticos hay, en efecto, abundantes pruebas de cómo éstos y sus cúpulas actúan con la lógica de facción, pero también es innegable que hay temas que los diferencian y que son los que deben concitar una reflexión previa a la decisión de votar o no votar, o votar con un tache para todos.

Por ejemplo, qué partido y políticos apoyan, auténticamente, la educación gratuita, laica y obligatoria y qué partidos conspiran, en los hechos, contra ella. Qué partidos y candidatos usan el presupuesto para instrumentar programas sociales o cuáles sólo los activan en época electoral.

Más aún: Qué partido político en el gobierno ha hecho que, por ejemplo, en una ciudad de un millón 200 mil habitantes, León, Guanajuato, haya sólo una preparatoria pública. Y qué partido político en el gobierno ha creado una preparatoria pública para cada una de las delegaciones en el Distrito Federal.

¿Es un llamado a votar por tal o cuál partido que ha hecho tales obras en el ejercicio de gobierno? No, sencillamente es discernir y no acogerse a la generalización que desinforma y deforma.

Qué partidos, candidatos y gobiernos defienden los derechos reproductivos de las mujeres y cuáles los conculcan. Qué partidos, candidatos y gobiernos respaldan a los emprendedores y quiénes, también en los hechos, matan la iniciativa particular.

Decir, al respecto, que todos son iguales es tanto como invocar que se ataque con todo el poder del Estado a los vendedores callejeros de artículos chinos sin considerar que éstos ingresan gracias a la magnífica corrupción en las aduanas, cuya responsabilidad tiene nombre y apellidos.

Decir que todos son iguales es convalidar, es claudicar ante el proyecto de facción vigente y ver como fatalidad la desesperanza, que paraliza y mata.

Yo voy a votar por quienes, pese a todo, defienden las causas en las que creo...

Comentarios: delgado@proceso.com.mx


*Tomado de la revista Proceso.

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Acciones irresponsables*


Bernardo Bátiz V.

No pueden ser acciones responsables las que combaten delitos o dicen hacerlo, mediante procedimientos claramente violatorios de principios elementales de derecho y preceptos constitucionales expresos. Me refiero a las detenciones plurales y simultáneas de servidores públicos en ejercicio, verdaderas razias o redadas, a partir de sospechas, pruebas más bien vagas y supuestos testigos protegidos o denuncias anónimas.

Del llamado michoacanazo se ha dicho, con razón, que es un caso en el que la Federación atropelló la soberanía del estado, puesto que sin solicitud del gobernador y sin siquiera informarle, fuerzas del gobierno central, compuestas por elementos del Ejército, de la Policía Federal y de la Procuraduría General de la República, fuertemente armadas y con los rostros de muchos de sus elementos cubiertos, incursionaron como si estuviéramos en guerra en diversas oficinas públicas, incluido el Palacio de Gobierno del estado.

La falta de aviso o de una mínima cortesía entre autoridades, pudo haber ocasionado una tragedia, si las fuerzas locales, como lógica reacción al ingreso de hombres armados a las áreas bajo su custodia, hubieran hecho uso de sus armas, lo que afortunadamente no sucedió.

Sobre la violación al sistema federal, ya se han dado algunos argumentos en pro y en contra; por supuesto, la Secretaría de Gobernación defiende la muy dudosa incursión como necesaria para evitar que se fugara información y por tanto también algunos de los buscados.

Por lo que a mí toca, me preocupa otro aspecto que no ha sido discutido con la misma amplitud: la violación a lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución. Según este precepto, una persona sólo puede ser detenida, esto es, privada de su libertad, en tres supuestos.

El primero es cuando a petición del Ministerio Público se ejecute una orden de aprehensión dictada por un juez; para ello se requiere que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley considere como un delito; en el caso de Michoacán esto no sucedió, puesto que con lo único que se pretendió justificar la detención de los servidores públicos fue con una orden de presentación dictada por un agente del Ministerio Público federal.

El segundo caso es cuando se trate de un delito flagrante, lo que significa que es posible apresar a un delincuente en el momento mismo en que está cometiendo el ilícito; la doctrina de derecho penal y la jurisprudencia han ampliado este supuesto a lo que se llama la cuasi-flagrancia, que es la detención inmediatamente después de que el delito se cometió y mediante la persecución inmediata del autor del hecho.
Finalmente, el quinto párrafo del artículo 16 constitucional autoriza la detención, sin orden de aprehensión, para casos de delitos graves y sólo en casos urgentes, ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia y siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de hora, lugar, o circunstancia, en dicho caso “el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención fundando y expresando los indicios que motiven su proceder”.

Agrega el precepto que en caso de urgencia o flagrancia deberá resolver el juez que reciba la consignación del detenido, no hay espacio constitucional para el arraigo, si la acción fue necesaria o no, en este caso, decretar la libertad con reservas de la ley.

Los detenidos en Michoacán y los detenidos en otras entidades del país no se encontraban en ninguno de los supuestos descritos; no había flagrancia, puesto que según las noticias y los boletines de prensa los apresados se encontraban en sus centros de trabajo desempeñando sus labores; no había caso urgente por las mismas razones y porque no daban trazas de evadirse y en último de los casos porque no era imposible solicitar a un juez la orden de aprehensión y, por supuesto, no hubo orden de ningún juzgador.

Estos hechos y otros indican que el régimen actual sigue empeñado en combatir la delincuencia, si es que en el caso se trata realmente de delincuentes, mediante acciones que restringen y atropellan garantías individuales; no podemos canjear seguridad por derechos humanos elementales. No hay que olvidar, es importante, que no solamente se encuentran estas garantías en nuestra Constitución, sino que forman parte de declaraciones y tratados de carácter internacional que México ha suscrito, pero que lamentablemente se encuentran olvidados y postergados.

Fue muy malo, y así lo hicimos notar en su momento, que en el artículo 21 constitucional, recientemente reformado, hayan equiparado a los policías con agentes del Ministerio Público, así en general, y que después se hayan confundido policías investigadoras con policías preventivas, y que con todo esto se haya trastocado nuestro sistema jurídico penal y de garantías individuales. Es irresponsable actuar de esa manera; la delincuencia hay que combatirla sin cometer delitos y especialmente sin violar derechos humanos.

jusbbv@hotmail.com

**Tomado de La Jornada.