El perseguidor*

Tomados de La Jornada, Hernández, El Fisgón y Rocha.

JORGE CARRAZCO ARAIZAGA

Enfurecido por la publicación de un reportaje en la revista electrónica Reporte Índigo en el que la periodista Anabel Hernández informó sobre la construcción de una residencia con un valor estimado en 20 millones de pesos, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ordenó arrestar a cuatro personas y amenaza con presentar una demanda contra la reportera...

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) le pidió al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, tomar medidas de protección a favor de la reportera Anabel Hernández, a quien el propio funcionario pretende llevar ante la justicia civil por considerar que su trabajo periodístico ataca su privacidad y pone en riesgo la vida de sus familiares.

La petición de la CNDH es una consecuencia más del reportaje publicado por Anabel Hernández sobre la construcción de una residencia de García Luna estimada en 20 millones de pesos. En menos de una semana dos periodistas de la televisión por cable TVC y un vecino de García Luna, el profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM Roberto Vidal Méndez fueron detenidos por hechos relacionados con este asunto.

En lo que Anabel Hernández considera “una cacería de brujas” y “una agresión en escalada” del funcionario federal, Vidal Méndez fue detenido la mañana del jueves 2 por elementos de la Policía Federal Preventiva, dependiente de García Luna. De acuerdo con el profesor, los agentes le sembraron un arma de fuego y 25 mil pesos.

Vidal Méndez fue secretario de Seguridad Pública de Tabasco en el gobierno de Roberto Madrazo y uno de los críticos de García Luna. Es además testigo de la construcción de la residencia del funcionario federal, pues vive justo enfrente de la obra, en la colonia Jardines de la Montaña, al sur de la Ciudad de México.

La CNDH informó de la solicitud de las medidas cautelares luego de que la periodista interpusiera, el 31 de marzo, una queja ante el organismo por el anuncio hecho ese mismo día por García Luna de que la demandaría por el reportaje Construye Genaro García Luna su nueva residencia en Tlalpan, publicado la última semana de marzo por la revista electrónica Reporte Índigo en su edición 124.

El mismo 31 de marzo, García Luna declaró al periodista Salvador García Soto en su programa La Chuleta, que se transmite en Radio Fórmula, que un grupo de abogados privados está revisando el reportaje y, dijo, “pronto tendremos la demanda”.

Aseguró que se ponía a disposición de la justicia civil, “justo para que el juez, con lo que yo tengo acreditado de pruebas, califique lo que hay como una infamia en torno a mi persona”, pues, según él, está construyendo su residencia con recursos legales.

Y añadió que la información publicada por Anabel Hernández sobre sus bienes inmuebles, incluido su actual domicilio, “rebasa el esquema periodístico” y acusa a la reportera de escalar al ámbito personal y de “vulnerar a mi familia, mis hijos, que es un tema que está fuera de contexto”.

García Luna aludió a la serie de publicaciones de la periodista sobre él desde que trabajaba en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), así como de la época en que laboró en la Agencia Federal de Investigación (AFI) y su gestión en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

La periodista también ha incursionado en los antecedentes de colaboradores de García Luna, como el coordinador general de Inteligencia Policial para la Prevención del Delito de la SSP, Luis Cárdenas Palomino, quien en 1987 participó en el homicidio de un taxista en la Ciudad de México.

En noviembre pasado, Anabel Hernández publicó su libro Los cómplices del presidente, en el que señala que durante la campaña presidencial de 2006 García Luna realizó trabajos de espionaje a favor del entonces candidato del PAN, Felipe Calderón.

En sus declaraciones a García Soto, el titular de la SSP aseguró que al colocar su domicilio en internet, el reportaje de Anabel Hernández no sólo vulneró su seguridad personal y la de su familia, sino que implica un riesgo por “el combate frontal que tenemos contra el crimen”.

Ante el anuncio de la demanda, el mismo día de esas declaraciones la periodista interpuso una queja ante la Quinta Visitaduría de la CNDH, responsable del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos. La respuesta la obtuvo la noche del jueves 2, cuando el organismo informó sobre la solicitud al propio García Luna para que tome medidas cautelares no sólo a favor de la quejosa, sino también de su familia.
La CNDH le dio al funcionario de la SSP un plazo de tres días calendario para que responda si acepta o no la petición, aunque de acuerdo con funcionarios de la comisión podría llevarse más tiempo. De aceptarlas, deberá explicar en qué consisten.

En un comunicado de la CNDH, la Quinta Visitaduría explicó que la adopción de las medidas solicitadas obedece al “temor fundado de la periodista de Reporte Índigo de ser víctima de hechos contra la seguridad, la integridad física y la libertad de expresión de ella y sus familiares”.

Precisó: La periodista considera que está en riesgo su vida, la de su familia, la integridad de su hija y de manera particular su estado de gravidez como consecuencia de haber ejercido su derecho a la libertad de expresión, por lo que solicitó las medidas cautelares. Lo que se busca, dijo, “es evitar la consumación de hechos violentos de difícil o imposible reparación”.

Intimidaciones

A cargo de Mauricio Farah Gebara, la visitaduría añadió que de acuerdo con la quejosa, las declaraciones de García Luna en algunos noticiarios refieren que sus escritos “forman parte de una campaña orquestada por el crimen organizado”, además de dejar en claro su pretensión de demandarla por ataques a su vida privada y por poner en riesgo la vida de sus familiares.

En entrevista con Proceso, la periodista explica que las medidas consisten en pedirle a García Luna que “se abstenga de violar mis derechos y de hacer pronunciamientos que puedan incitar a que incluso terceros puedan tomar represalias en mi contra. Lo que le piden es que no viole mis derechos humanos y no coarte mi libre ejercicio periodístico”.
Autora también de publicaciones sobre los abusos de poder en el sexenio de Vicente Fox, dice que le asiste el derecho de tener protección de la PGR, pero “por razones obvias no es algo que piense”. La periodista cuenta con seguridad proporcionada por su empresa.

Asegura que tras la publicación del reportaje, García Luna “se inventó el rumor del supuesto atentado contra su familia y que por haber hecho públicas sus direcciones puede ser víctima de un delito”.

Sobre la denuncia, que de acuerdo con la periodista también ha sido anunciada por su coordinadora de asesores, Lissete Parra, asegura que no existe ninguna justificación. “No sé bajo qué concepto la pondría”.

Hasta la noche del viernes 3, ni la periodista ni la CNDH habían sido notificadas sobre la anunciada demanda.

“Mientras demanda o no, García Luna ya empezó una cacería de brujas”, dice Anabel Hernández con respecto a la detención de cuatro personas en relación con el reportaje. Las tres primeras fueron los reporteros Rosendo Alejandro Flores y Juan Lorenzo Jaime de la Torre, de la televisión por cable TVC, junto con el taxista que los transportaba. El cuarto fue el profesor universitario Roberto Vidal Méndez.

Los periodistas y el taxista fueron detenidos el 27 de marzo por la PFP cuando indagaban sobre una de las propiedades de García Luna en Paseos del Sur, en Tlalpan.

A pesar de haberse acreditado como periodistas y de tener el respaldado de su empresa, Flores y Jaime de la Torre permanecieron detenidos más de 15 horas. Los cinco agentes que los capturaron presentaron su parte informativo de dos cuartillas ocho horas después.
Los periodistas pasaron siete horas más detenidos en la delegación de la PGR en el Distrito Federal ubicada en Camarones. El agente del Ministerio Público federal tuvo que liberarlos pues no pudo acreditar la acusación de haber violado la Ley de Imprenta en relación con la vida íntima de un funcionario.

Las cámaras y los teléfonos les fueron confiscados, y de acuerdo con Anabel Hernández “se pudo corroborar que no había seguimiento contra la esposa de García Luna. Ellos dicen que nunca se encontraron con ella ni con su hija”.

Así mismo, acusa a García Luna de haber creado el rumor de que iban a atentar contra su familia. “Desató un escándalo. Los acusaron de llevar croquis sobre las propiedades del funcionario y querer perpetrar un atentado.

“Gracias a que el subdirector de Noticias dijo que eran reporteros, se paró el asunto. Pero ya se estaba diciendo que en 2008 encontraron a unos sicarios del cártel de Sinaloa que llevaban unos croquis iguales a los de los periodistas. En realidad, lo que los colegas llevaban eran hojas de la Guía Roji”, asegura la colaboradora de Reporte Índigo.
La detención más reciente, ocurrida el jueves 2 a las 9:30 de la mañana, fue la de Roberto Vidal Méndez, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Policías federales lo arrestaron cuando salía del programa de radio de Nino Canún.

De acuerdo con su abogado, Israel Trujillo, Vidal Méndez, un constante crítico del secretario, fue acusado de portación de arma y cohecho. Pero el acusado sostiene que tanto el arma como el dinero le fueron “sembrados” por la propia policía al mando de García Luna. Hacia la medianoche del viernes 3, se esperaba que Vidal Méndez saliera libre bajo caución. Sin embargo, su hijo Roberto Vidal Sánchez informó a la una de la madrugada del sábado 4 que “inexplicablemente se le negaba la libertad”, pese a que no se le acusa de delitos graves.

Vidal Méndez fue presentado ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), donde fue interrogado por elementos de esa dependencia entre las 9:40 horas de la noche del jueves 2 y las siete de la mañana del viernes 3.

El interrogatorio incluyó preguntas sobre un señalamiento en el que se menciona a Vidal Méndez durante las investigaciones sobre el atentado contra el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, el general Francisco Fernández Solís, en marzo de 2007.
La única falta del profesor “es vivir frente a la casa que está construyendo García Luna”, considera la periodista.

Y agrega: “Quizás el secretario piense o supone que este vecino fue el que dio la información; lo cual me parece absurdo porque tendría que detener a todos los vecinos de Jardines de la Montaña, o a los barrenderos y a la policía particular que vigila la colonia. Es una arbitrariedad y creo que es una escalada de la agresión que inició con la detención de los periodistas”.

Autora de Fin de fiesta en Los Pinos. ¿Hasta dónde llegó la corrupción de la familia presidencial?, Anabel Hernández considera que la agresión puede escalar aún más, pues el mensaje es que “todos aquellos que investiguen mis propiedades, a la cárcel. Eso es muy grave para los periodistas, máxime cuando se trata del secretario de Seguridad Pública, quien tiene el poder sobre la policía federal. Es como si el trabajo de rendición de cuentas estuviera prohibido”.

A lo largo de una semana, en vez de explicar los recursos con que está construyendo su residencia, lo que García Luna ha hecho es perseguir a quienes, según él, están queriendo sacar a la luz pública los bienes que no puede justificar, asegura Anabel Hernández.

Añade: “Es muy grave que la rendición de cuentas se tope con rumores sobre supuestos atentados”. Peor todavía, que se anuncien medidas judiciales, aunque “a mí no me preocupa la demanda. ¿De qué me va a demandar? En Reporte Índigo tenemos los documentos que avalan la investigación que hicimos. Lo que me preocupa son las detenciones arbitrarias”.
Insiste: La demanda no se justifica. “Si esa fuera la norma, no se habrían conocido casos de corrupción en el mundo como el de Watergate, el Irán-contras o Montesinos (en Perú)”.

Tomado de la revista Proceso.