Desfiladero*
Tomados de La Jornada, El Fisgón y Helguera.
• EU acumula más tropas en la frontera, el narco sigue siendo el rey y la vía electoral está cancelada
Jaime Avilés
Felipe Calderón fijó el próximo 15 de abril como fecha límite para que la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos determinen dónde se construirá la nueva refinería que su gobierno (o como se llame) anunció hace un año, en respuesta a la movilización nacional encabezada por Andrés Manuel López Obrador contra la privatización de Pemex. ¿Por qué perdió tanto tiempo en tomar una decisión de extrema urgencia?
No hay que organizar paneles de debate, simposios de adivinos o rifas entre gobernadores para darse cuenta de que hay tres lugares idóneos para la nueva refinería. El mejor, sin duda, es Tuxpan, Veracruz, en el norte del Golfo de México, porque ahí llegan todas las gasolinas que compramos en el exterior y desde ahí se distribuyen al resto del país mediante una red de ductos creada para tal propósito. Lo lógico, por tanto, sería instalar la planta en ese sitio, pues su costo sería el más bajo comparado con el de las otras dos opciones ideales: Minatitlán y Salina Cruz.
Minatitlán, Veracruz, cuenta ya con una refinería que está en proceso de reconfiguración desde hace cinco años. Quienes saben de esto recomiendan aprovecharla y añadirle un segundo tren de refinación para duplicar de este modo su capacidad de generar gasolinas, diesel, turbosina, combustóleo y otros derivados del petróleo. El tren de refinación que ya tiene es, digamos en palabras sencillas, la sección de acabado final del producto. A México, en consecuencia, le saldría mucho más barato añadirle a la planta de Minatitlán ese segundo tren de refinación que edificar en cualquier otro punto una refinería completa de principio a fin.
Tal sería, por ejemplo, el caso de la tercera alternativa: Salina Cruz, Oaxaca, un lugar escogido por los expertos gracias a su ubicación estratégica, ya que las gasolinas y demás combustibles que allí se fabricaran podrían abastecer a toda la costa mexicana del Pacífico y contribuir al ahorro interno en la medida en que disminuirían los gastos de envío desde la costa del Golfo.
¿Por qué, se preguntan los sabios, Calderón se ha tardado tanto en iniciar la obra de la nueva refinería o, más aún, por qué se negó desde el principio a montar las tres refinerías que México requiere para dejar de importar gasolinas totalmente? La respuesta es obvia: aunque represente una inmensa sangría económica para el país, la compra de combustibles en el extranjero es un fantástico negocio para la mafia incrustada en el gobierno, en la industria paraestatal y en las empresas que a ésta sirven en la materia.
Desde los más altos niveles del Ejecutivo, pasando por Pemex y terminando en los contratistas que lo surten, la desaparición de la compra de gasolinas importadas significaría la pérdida de jugosas comisiones y mordidas que van a dar a cuentas secretas y multimillonarias en dólares.
Lo mismo sucede con el gas natural. Cada 24 horas Pemex quema un millón de pies cúbicos de este combustible en el megayacimiento de Cantarel y, en ese mismo lapso, adquiere 750 mil pies cúbicos en Altamira, Tamaulipas, y cerca de Tijuana, Baja California, a las empresas British y Sempra. La razón por la cual quema ese gas en el mar de Campeche es que, durante el sexenio de Marta Sahagún de Fox, Pemex inyectó nitrógeno en Cantarel para aumentar la presión en el fondo de los pozos de modo que el petróleo saliera más rápido. Sin embargo, el nitrógeno contaminó el gas natural, y los tecnócratas a las órdenes de la mafia panista, en vez de instalar una planta que separe el gas del nitrógeno, resolvieron simplemente quemar el gas… y comprarlo en la frontera norte. ¿Por qué? Porque para ellos también es un gran negocio, igual que el de las gasolinas importadas.
Si el principal derivado del petróleo en el mundo es la guerra, como decía Fontanarrosa, en México lo es la corrupción. Véase el caso del yacimiento de Chicontepec, donde el ingeniero Francisco Garaicochea, premio nacional de Ingeniería Petrolera, descubrió el siguiente absurdo que, el pasado miércoles, durante la conmemoración del 71 aniversario de la nacionalización de la industria, denunció Octavio Romero Oropeza, secretario para la austeridad republicana del gobierno legítimo de López Obrador.
Garaicochea demostró que, en 2007, el costo de producción de cada barril de petróleo extraído en Chicontepec era de 134 dólares, mientras su precio de venta era apenas de 62, lo que ocasionaba una pérdida de 72 dólares por barril. Vaya negocio, ¿no? Los únicos que obtuvieron fortunas con tales contratos fueron los ricos empresarios extranjeros, que cobraron por la perforación y extracción, y sus socios metidos en la industria nacional, dijo Romero Oropeza.
El gobierno (o lo que sea) de Calderón acaba de revelarnos que el paleocanal de Chicontepec es un yacimiento mucho mayor que Cantarel, pero tiene un problema: el petróleo que contiene se encuentra a una profundidad tal que ninguna tecnología existente en el mundo puede alcanzarlo y, según cálculos conservadores, pasarán varias décadas antes de que inventen los popotes capaces de succionarlo y traerlo a la superficie.
No obstante, ese campo ya fue concesionado a diversas firmas foráneas, que seguirán cobrando por chupar lo que puedan, a sabiendas de que cada pozo de Chicontepec tiene una producción inicial de 150 barriles diarios que, a los pocos meses, se reduce a 15. Por ello, Calderón y su director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles, han puesto en marcha un programa para perforar 16 mil pozos, a razón de mil 200 por año, durante 14 años, y lo harán, cueste lo que cueste, aun teniendo en cuenta que, cada día, 750 pozos de Chicontepec producen lo mismo que dos de Cantarel.
Como salta a la vista, mientras esta banda de asaltantes de las riquezas públicas se mantenga en el poder, el país no podrá comenzar a levantar cabeza. Hay que echarlos. Urge, es obvio…
Mañana, todos al Zócalo
El problema es quiénes y cómo van a sacar a Calderón del poder para propiciar el surgimiento de la cuarta República. No serán los panistas ni los priístas, cuyos líderes nacionales protagonizaron una vergonsoza reyerta en el cónclave de los banqueros en Acapulco. Tampoco los perredistas, cuyas elecciones internas del domingo pasado resultaron tan asquerosas como si las hubiera organizado el PRI de Salinas de Gortari, aunque en el DF los chuchos perdieran 14 de 16 delegaciones, tragando ríos de sopa de su propio chocolante mediante la compra de votos y el reparto de despensas. Sin partidos políticos confiables y con el instituto de la felación electrónica (ife) de rodillas ante Televisa, la vía electoral está cancelada por el momento y el abstencionismo del 5 de julio será histórico. Para colmo, Estados Unidos continúa acumulando tropas en la frontera norte y el narco sigue siendo el rey. La única salida viable que tiene México –y el que sepa de otra que avise– es el movimiento de López Obrador, que mañana se reúne otra vez en el Zócalo para definir nuevas acciones.
Para comunicarse con esta columna jamastu@gmail.com
*Tomado de La Jornada.
Jaime Avilés
Felipe Calderón fijó el próximo 15 de abril como fecha límite para que la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos determinen dónde se construirá la nueva refinería que su gobierno (o como se llame) anunció hace un año, en respuesta a la movilización nacional encabezada por Andrés Manuel López Obrador contra la privatización de Pemex. ¿Por qué perdió tanto tiempo en tomar una decisión de extrema urgencia?
No hay que organizar paneles de debate, simposios de adivinos o rifas entre gobernadores para darse cuenta de que hay tres lugares idóneos para la nueva refinería. El mejor, sin duda, es Tuxpan, Veracruz, en el norte del Golfo de México, porque ahí llegan todas las gasolinas que compramos en el exterior y desde ahí se distribuyen al resto del país mediante una red de ductos creada para tal propósito. Lo lógico, por tanto, sería instalar la planta en ese sitio, pues su costo sería el más bajo comparado con el de las otras dos opciones ideales: Minatitlán y Salina Cruz.
Minatitlán, Veracruz, cuenta ya con una refinería que está en proceso de reconfiguración desde hace cinco años. Quienes saben de esto recomiendan aprovecharla y añadirle un segundo tren de refinación para duplicar de este modo su capacidad de generar gasolinas, diesel, turbosina, combustóleo y otros derivados del petróleo. El tren de refinación que ya tiene es, digamos en palabras sencillas, la sección de acabado final del producto. A México, en consecuencia, le saldría mucho más barato añadirle a la planta de Minatitlán ese segundo tren de refinación que edificar en cualquier otro punto una refinería completa de principio a fin.
Tal sería, por ejemplo, el caso de la tercera alternativa: Salina Cruz, Oaxaca, un lugar escogido por los expertos gracias a su ubicación estratégica, ya que las gasolinas y demás combustibles que allí se fabricaran podrían abastecer a toda la costa mexicana del Pacífico y contribuir al ahorro interno en la medida en que disminuirían los gastos de envío desde la costa del Golfo.
¿Por qué, se preguntan los sabios, Calderón se ha tardado tanto en iniciar la obra de la nueva refinería o, más aún, por qué se negó desde el principio a montar las tres refinerías que México requiere para dejar de importar gasolinas totalmente? La respuesta es obvia: aunque represente una inmensa sangría económica para el país, la compra de combustibles en el extranjero es un fantástico negocio para la mafia incrustada en el gobierno, en la industria paraestatal y en las empresas que a ésta sirven en la materia.
Desde los más altos niveles del Ejecutivo, pasando por Pemex y terminando en los contratistas que lo surten, la desaparición de la compra de gasolinas importadas significaría la pérdida de jugosas comisiones y mordidas que van a dar a cuentas secretas y multimillonarias en dólares.
Lo mismo sucede con el gas natural. Cada 24 horas Pemex quema un millón de pies cúbicos de este combustible en el megayacimiento de Cantarel y, en ese mismo lapso, adquiere 750 mil pies cúbicos en Altamira, Tamaulipas, y cerca de Tijuana, Baja California, a las empresas British y Sempra. La razón por la cual quema ese gas en el mar de Campeche es que, durante el sexenio de Marta Sahagún de Fox, Pemex inyectó nitrógeno en Cantarel para aumentar la presión en el fondo de los pozos de modo que el petróleo saliera más rápido. Sin embargo, el nitrógeno contaminó el gas natural, y los tecnócratas a las órdenes de la mafia panista, en vez de instalar una planta que separe el gas del nitrógeno, resolvieron simplemente quemar el gas… y comprarlo en la frontera norte. ¿Por qué? Porque para ellos también es un gran negocio, igual que el de las gasolinas importadas.
Si el principal derivado del petróleo en el mundo es la guerra, como decía Fontanarrosa, en México lo es la corrupción. Véase el caso del yacimiento de Chicontepec, donde el ingeniero Francisco Garaicochea, premio nacional de Ingeniería Petrolera, descubrió el siguiente absurdo que, el pasado miércoles, durante la conmemoración del 71 aniversario de la nacionalización de la industria, denunció Octavio Romero Oropeza, secretario para la austeridad republicana del gobierno legítimo de López Obrador.
Garaicochea demostró que, en 2007, el costo de producción de cada barril de petróleo extraído en Chicontepec era de 134 dólares, mientras su precio de venta era apenas de 62, lo que ocasionaba una pérdida de 72 dólares por barril. Vaya negocio, ¿no? Los únicos que obtuvieron fortunas con tales contratos fueron los ricos empresarios extranjeros, que cobraron por la perforación y extracción, y sus socios metidos en la industria nacional, dijo Romero Oropeza.
El gobierno (o lo que sea) de Calderón acaba de revelarnos que el paleocanal de Chicontepec es un yacimiento mucho mayor que Cantarel, pero tiene un problema: el petróleo que contiene se encuentra a una profundidad tal que ninguna tecnología existente en el mundo puede alcanzarlo y, según cálculos conservadores, pasarán varias décadas antes de que inventen los popotes capaces de succionarlo y traerlo a la superficie.
No obstante, ese campo ya fue concesionado a diversas firmas foráneas, que seguirán cobrando por chupar lo que puedan, a sabiendas de que cada pozo de Chicontepec tiene una producción inicial de 150 barriles diarios que, a los pocos meses, se reduce a 15. Por ello, Calderón y su director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles, han puesto en marcha un programa para perforar 16 mil pozos, a razón de mil 200 por año, durante 14 años, y lo harán, cueste lo que cueste, aun teniendo en cuenta que, cada día, 750 pozos de Chicontepec producen lo mismo que dos de Cantarel.
Como salta a la vista, mientras esta banda de asaltantes de las riquezas públicas se mantenga en el poder, el país no podrá comenzar a levantar cabeza. Hay que echarlos. Urge, es obvio…
Mañana, todos al Zócalo
El problema es quiénes y cómo van a sacar a Calderón del poder para propiciar el surgimiento de la cuarta República. No serán los panistas ni los priístas, cuyos líderes nacionales protagonizaron una vergonsoza reyerta en el cónclave de los banqueros en Acapulco. Tampoco los perredistas, cuyas elecciones internas del domingo pasado resultaron tan asquerosas como si las hubiera organizado el PRI de Salinas de Gortari, aunque en el DF los chuchos perdieran 14 de 16 delegaciones, tragando ríos de sopa de su propio chocolante mediante la compra de votos y el reparto de despensas. Sin partidos políticos confiables y con el instituto de la felación electrónica (ife) de rodillas ante Televisa, la vía electoral está cancelada por el momento y el abstencionismo del 5 de julio será histórico. Para colmo, Estados Unidos continúa acumulando tropas en la frontera norte y el narco sigue siendo el rey. La única salida viable que tiene México –y el que sepa de otra que avise– es el movimiento de López Obrador, que mañana se reúne otra vez en el Zócalo para definir nuevas acciones.
Para comunicarse con esta columna jamastu@gmail.com
*Tomado de La Jornada.
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10:01 a.m.
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