Rescate de gigantes, abandono de indefensos*

Tomados de La Jornada, El Fisgón, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores.

JESUSA CERVANTES

En octubre del año pasado, el gobierno de Felipe Calderón anunció un programa especial para apoyar, ante la crisis en puerta, a las pequeñas y medianas empresas (Pymes).

Aunque la cifra prevista, de 147 mil millones de pesos, fue aumentada a 180 mil millones en febrero de 2009, esos recursos los han empezado a recibir, no las Pymes, sino algunos grandes consorcios que, de acuerdo con un estudio de la Cámara de Diputados, serán sus máximos beneficiarios.

Realizado en noviembre de 2008, y actualmente en poder del Senado, el estudio legislativo detalla que los primeros 147 mil millones de pesos quedarán distribuidos así: sólo 35 mil millones de pesos para las Pymes, 50 mil millones para grandes empresas y otros 62 mil millones para el sector vivienda, concentrado en las manos de enormes constructoras privadas.

Mientras que las Pymes no han recibido hasta ahora ni un peso, al día siguiente de que se anunció el programa, el 22 de octubre, los grandes empresarios del país empezaron a obtener cantidades que, a la fecha, suman por lo menos 17 mil 149 millones de pesos.

Se trata, dice el analista financiero Mario Di Costanzo, de un “Fobaproa empresarial”, consistente en que el gobierno, “en pocas palabras, compra la deuda de estas empresas”, ya que, “a través de Nacional Financiera (Nafin), las rescata o avala su deuda”.

Como ocurrió con el rescate de los bancos mediante el Fobaproa en 1995, “nada ni nadie puede asegurar que las empresas que hoy se están viendo beneficiadas con este programa liquidarán sus adeudos al gobierno”.

Pese a que el titular de Nafin, Héctor Rangel Domene, no ha hecho públicas las cifras entregadas alegando el secreto bancario, el documento de la Cámara de Diputados incluye algunos montos y nombres.

Para el 23 de octubre, por ejemplo, cinco firmas habían recibido en conjunto del gobierno federal un total de 5 mil millones de pesos: Soriana, Paccar, Ford Credit, Navistar y Factory Corporation –las cuatro últimas son Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofom)–, en tanto que “otras cinco compañías habían solicitado su acceso al programa (de garantías bursátiles)”.

Poco después, el 5 de noviembre, Nafin entregó otros 5 mil 70 millones de pesos repartidos como sigue: Cementos Mexicanos (Cemex), de Lorenzo Zambrano, mil 419 millones de pesos; Soriana, mil 50 millones; Arrendadora Banregio, 670; Almacenes Coppel, 656; El Universal, 90; Crédito Real, de los hermanos Chedraui, 400; Navistar, 335; Factoring Corp., 249, y Unifin, 201 millones de pesos.

El mismo informe señala que se han entregado créditos adicionales “sin garantía” a Telecom, de Carlos Slim, por 3 mil 900 millones de pesos; Soriana, 879, y El Universal, otros 100 millones de pesos. Value y Famsa han obtenido igualmente recursos cuyo monto se desconoce, en tanto que Vitro solicitó mil millones y Ferromex mil 200 millones de pesos.

Los recursos autorizados por Nafin hasta noviembre de 2008 para los grandes empresarios, indica el documento, sumaban 17 mil 149 millones de pesos, mientras que de los 35 mil millones destinados a las Pymes no ha salido nada.

Quebrantos para el erario

De acuerdo con el estudio de la Cámara de Diputados, el programa de “garantías bursátiles” se diseñó para que las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores y tienen vencimientos de emisiones en dólares puedan obtener un respaldo del gobierno. El objetivo, dice, es sanear y enfrentar su falta de liquidez, así como mejorar su calidad crediticia, deteriorada debido a la crisis financiera iniciada en Estados Unidos y a la desaceleración de la actividad económica mundial.

El problema es que quien puede quebrar con este programa es el gobierno, comenta Mario Di Costanzo.

“Estas operaciones pueden convertirse en un quebranto para el erario porque Nafin no recibe garantías una a una por estas operaciones, y las empresas pueden recurrir en cualquier momento al concurso mercantil o a la quiebra, como ya sucedió con Comercial Mexicana.”

Pese a que de esta forma se pretende apoyar a las firmas afectadas, entre otros factores por la devaluación del peso, Di Costanzo no encuentra lógica a tales desembolsos ya que, advierte, “el gobierno mexicano otorgará avales o garantías sobre la deuda de las empresas a cambio de nada. Y esto resulta incomprensible si consideramos que, recientemente, el paquete de apoyo aprobado en Estados Unidos requirió, entre otras cosas, de la aprobación del Congreso, y, desde luego, las firmas beneficiadas entregaron a cambio acciones de las propias empresas”.

Ilustra el absurdo con el caso del consorcio Vitro –donde el senador panista Gustavo Madero Muñoz es consejero propietario–, pues a pesar de que recibió un respaldo de mil millones de pesos, no pudo liquidar alrededor de 45 millones de dólares de los 293 millones que le reclamaban cuatro bancos.

Además de los 17 mil 149 millones ya entregados, el pasado 5 de febrero informó el director de Nafin y del Banco de Comercio Exterior, Héctor Rangel Domene, que el programa de garantías bursátiles se había renovado con otros 15 mil millones de pesos, sin aclarar si esa cifra forma parte de los primeros 50 mil millones o es un monto adicional.
“Ya renovamos –manifestó Rangel Domene en Monterrey– el programa de garantías bursátiles. El consejo autorizó 15 mil millones de pesos que corresponden a los vencimientos programados para los primeros seis meses (…) y asegurarnos que el mercado siga funcionando.”

Aún más, indicó que se analizarán las condiciones del mercado para ver si es necesario renovar el programa en la segunda mitad del año.

Las dudas se multiplican por el hecho de que el 14 de enero de 2009 expresó que el financiamiento para el sector privado llegará a 180 mil millones de pesos, es decir, 33 mil pesos más de lo anunciado por Felipe Calderón en octubre de 2008.

Entonces expresó Rangel Domene que los recursos serán aplicados a través de programas de financiamiento directo, garantías crediticias para pequeñas y medianas empresas, renovación de electrodomésticos en el hogar y apoyo a la industria automotriz.

El analista Mario Di Costanzo alerta sobre estas decisiones porque, “en pocas palabras, lo que está haciendo el gobierno es adquirir deudas de estas empresas, violando con ello la facultad constitucional del Congreso de la Unión para aprobar y mandar pagar deuda nacional”.

Recordó que, en relación con el Fobaproa, la propia Auditoría Superior de la Federación advirtió que “el Comité Técnico del Fobaproa actuó sin reglas de operación y con exceso de discrecionalidad para tomar decisiones en relación al rescate bancario (…) de cada una de las 25 instituciones que fueron rescatadas”.

Los coyotes

En contraste con los consorcios, las pequeñas y medianas empresas no han recibido los 35 mil millones de pesos previstos.

El Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo (PICE) dividió los 35 mil millones de pesos para las Pymes en dos rubros: líneas de fondeo por 23 mil millones de pesos para que los “intermediarios financieros” –bancarios o no bancarios– amplíen sus programas de apoyo crediticio, y líneas de fondeo por 12 mil millones para que los “bancos comerciales” aumenten sus programas de crédito a las Pymes.

El 19 de enero, Ricardo González Sada, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo no tener información de que los recursos ofrecidos estén fluyendo, y el 10 de febrero insistió: “No se actúa acorde con la magnitud de la crisis y de la franca recesión de la economía. Pareciera que la burocracia es el arte de hacer imposible lo posible”.

No obstante que el programa se amplió el 7 de enero, no fue sino hasta el pasado 2 de marzo cuando Felipe Calderón indicó que dichos fondos se harán llegar a través del programa México Emprende.

Las palabras del presidente fueron: “Estamos apoyando con todo a las Pymes porque son el corazón de nuestra economía (…) Nos planteamos la meta de generar, por la parte del crédito, en los próximos cuatro años, una derrama de crédito de 250 mil millones de pesos, una cifra sin precedente, orientada a las micro, pequeñas y medianas empresas del país”.
Pero hasta ahora las Pymes no ven nada.

Con el problema adicional que significa la forma de operar el presupuesto regular (Fondo Pyme) que la Cámara de Diputados autoriza cada año para impulsar a la pequeña y mediana empresas.

El primer escollo es que cada una de las Pymes que pretenda los apoyos debe recurrir a “un intermediario” que, en términos coloquiales, sería un “coyote” que recibe una comisión a cambio de hacer el trámite ante el gobierno.

El diputado federal del PRD y coordinador del área económica de su fracción, Alejandro Sánchez Camacho, comenta que por eso se constituyen fideicomisos, asociaciones, agrupaciones que muchas veces recurren a “Pymes fantasmas” para conformar una organización y solicitar dinero.

Esto se traduce en que no existe transparencia en la canalización de los recursos, por lo que ocho de cada 10 empresas financiadas con el Fondo Pyme fracasan en menos de un año.

“El fondo Pyme es un subsidio a fondo perdido; es decir, no se recuperará su inversión, pero lo más grave es que no se sabe quiénes son los beneficiarios, y, peor aún, por qué fueron seleccionados. El Fondo Pyme se ha convertido en un barril sin fondo de un grupo selecto de empresarios que, a través de diversas fundaciones que los propios empresarios presiden, transfieren los recursos del Fondo”, precisa el legislador Alejandro Camacho.

El Fondo Pyme tuvo en 2007 un presupuesto de 2 mil 743 millones de pesos; en 2008, de 3 mil 500, y en 2009, de 5 mil 500 millones de pesos. A esta última cifra habría que sumar los 35 mil millones ofrecidos por el presidente Calderón.

Uno de los organismos intermediarios que obtienen dichos respaldos para las Pymes es la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A.C. (Antad), que agrupa a empresas como Liverpool, Palacio de Hierro, Sears, Chedraui, Wal-Mart, Viana, ninguna de las cuales son pequeñas o medianas empresas. Otro, la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (Fumec), que de 2004 a 2007 recibió 365 millones de pesos.

“Esta fundación –denuncia el diputado– está señalada por los propios empresarios como coludida con altos funcionarios de la Secretaría de Economía para que le apruebe todos sus proyectos. La fundación exige a los empresarios 5% de los recursos del Fondo Pyme de sus proyectos, y los funcionarios condicionan la continuación del subsidio del fondo a que se conviertan en socios de los proyectos exitosos.”

Mientras tanto, pequeñas empresas como molinos, farmacias, talleres y todo tipo de fábricas y comercios en pequeño operan con grandes dificultades o desaparecen del mapa.

*Tomado de la revista Proceso.