Pasó lo que no iba a pasar, la crisis, la devaluación, el desempleo... Y la impunidad sigue

Tomados de La Jornada, El Fisgón, Helguera, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Durante la campaña política para la presidencia de la República se utilizaron anuncios publicitarios donde se aseguraba que de llegar Andrés Manuel López Obrador al poder ejecutivo habría una gran devaluación del peso con lo que se perdería el patrimonio de los mexicanos, volverían las crisis económicas que acabaron con la industria nacional y se generaría un gran desempleo, además de que más mexicanos tendrían que viajar a Estados Unidos para conseguir trabajo. Los precios de medicinas y alimentos, así como de combustibles, luz y gas se incrementarían dejando un saldo de desolación y pobreza en el país.

Ni dos años se han pasado del fraude electoral de 2006 que llevó a Los Pinos al espurio Felipe Calderón Hinojosa y la amenaza de los anuncios publicitarios –pagados por el Consejo Coordinador Empresarial- se han cumplido a cabalidad. El peso llegó a sufrir hoy una devaluación de más del 6 por ciento al cotizarse en 14 pesos en los bancos del país, para bajar hasta apoco más de 13 pesos por el anuncio del Banco de México (Banxico) de que vendería 2 mil 500 millones de dólares de las reservas nacionales.

Recordemos que desde hace meses los empresarios que exportan –son muy pocos, ya que México es una nación llena de monopolios y oligopolios- se quejaban del “super peso”, por lo que Banxico dejó de vender dólares como lo hacía desde hace años y de esta manera provocó una devaluación de la moneda. Parece que se les pasó la mano y ahora entran a recoger los platos rotos.

Es importante recordar que un gran número de productos alimentarios se importan, así como ropa y calzado, también la mayoría de productos relacionados con la tecnología son adquiridos en el extranjero. Todos ellos subirán de precio, porque se pagan en dólares.

Se trata pues de una devaluación de la moneda que se suma a la voracidad del desgobierno usurpador de Calderón Hinojosa que decidió aumentar el precio de los combustibles cada semana, a pesar de que el precio del petróleo va en picada y por lo tanto el precio de las gasolinas en Estados Unidos, también baja. Pero como es sabido en México nunca ocurre así, lo que sube ya no baja.

Por la tarde el responsable del desastre financiero mexicano Agustín “Tonina” Carstens y el culpable del Fobaproa –que este año quitará recursos financieros por 31 mil millones de pesos- Guillermo Ortiz “ofrecerán un mensaje de tranquilidad” con las medidas que tomarán para hacer frente a la crisis financiera en el mercado de valores y la estrepitosa devaluación del peso.

En días y semanas previos ambos funcionarios aseguraron que justo lo que está pasando no pasaría, que la economía mexicana era una roca inamovible. Qué se puede esperar de los transas del PAN y PRI. Siempre han saqueado a México y siempre han hecho que los mexicanos paguen sus nuevas fortunas.

En poco tiempo veremos a los nuevos millonarios del PAN y PRI lucir sus elegantes mansiones en Europa y Estados Unidos, su automóviles blindados y su ejército de guaruras, porque en el país continuará la violencia, la inseguridad, el crimen organizado, el narcotráfico y la impunidad. Pues la desigualdad y la pobreza serán cada vez más grandes. No son predicciones. Mientras el sistema político y sus “instituciones” sigan corruptas no se puede esperar nada bueno de ellas.


El siguiente análisis fue tomado de la revista Proceso.

http://www.proceso.com.mx/

País de riesgo

José Gil Olmos



MÉXICO, D.F., 7 octubre (apro).- En los últimos años México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. El crecimiento del crimen organizado es el mayor riesgo, pero también están algunas autoridades que ante cualquier cuestionamiento reaccionan con amenazas directas o disfrazadas en demandas judiciales.

Del 2000 a la fecha se tienen registrados 21 reporteros muertos y 7 desaparecidos, lo que convierte a México en el país de mayor riesgo de América Latina para ejercer esta actividad.

La violencia producto del narcotráfico ha sido la principal circunstancia en la se han visto involucrados los casos de los periodistas asesinados o desaparecidos, pero también los hay por razones políticas.

Relacionados con el narcotráfico, son ejemplares los casos de Alfredo Jiménez Mota, reportero del diario El Imparcial, de Sonora; Raúl Gibb Guerrero, director del diario La Opinión, de Poza Rica, Veracruz; Roberto Javier Mora García, subdirector del periódico El Mañana, de Nuevo Laredo, Tamaulipas; Francisco Ortiz Franco, del semanario Zeta, en Baja California; Francisco Arriata Saldierna, del diario El Regional, en Matamoros; y Gregorio Rodríguez Hernández, de El Debate, en Escuinapa, Sinaloa. Todos ellos asesinados en 2004.

Por aspectos políticos destacan los casos de Felicitas Martínez y Teresa Bautista, locutoras y reporteras de "94.9 FM La Voz que Rompe el Silencio" de la región Triqui, Oaxaca, que fueron asesinadas en una emboscada el 7 de abril pasado por los grupos caciquiles de la zona que estaban inconformes por las denuncias que se hacían.

Hasta la fecha ninguno de los expedientes de los periodistas muertos o desaparecidos ha sido resuelto por los gobernadores de sus respectivos estados ni por el gobierno federal. No hay responsables de estas agresiones; y ante este ambiente de indolencia oficial y de impunidad de los sicarios algunos medios decidieron no volver a tocar el tema del narcotráfico.

Pero no por eso han dejado de existir las presiones a las y los periodistas que, en un afán informativo, publicaron temas escabrosos para grupos o personajes políticos.

El caso de Lydia Cacho y los intentos de violación y amenazas de muerte por órdenes de Kamel Nacif, confabulado con el gobernador de Puebla, Mario Marín, luego de haber publicado la existencia de una red de pederastia en la que están políticos poderosos, ha sido el más conocido por la opinión pública nacional e internacional.

Sin embargo hay otros casos de periodistas amenazados que se han mantenido en confidencialidad por decisión de los directivos de los medios donde laboran.

Las amenazas contra los periodistas que se atreven a publicar noticias incómodas para los grupos del narcotráfico y contra autoridades -a veces íntimamente vinculadas--, es ya una constante. A veces esas amenazas no llegan a aplicarse pero son utilizadas para atemorizar e inhibir a los reporteros para que dejen de escribir sobre el tema. Estas amenazas van desde llamadas telefónicas hasta declaraciones en contra de los periodistas.

Este último caso es el de Anabel Hernández, reportera del semanario electrónico Reporte Índigo, que en últimas fechas ha publicado sendos reportajes de los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Genaro García Luna, que han estado involucrados en actos ilegales.

Con pruebas en la mano, Anabel fue quien reveló que siendo agente favorita de la Secretaría que encabeza García Luna, la "comandante Lore" fue una de las responsables del secuestro de Fernando Martí. Esto fue ocultado por el funcionario cuando las investigaciones apuntaban que habían participado agentes federales a su cargo.

Semanas después la reportera volvió a publicar otro escándalo de otro funcionario de la misma Secretaría. Se trata nada más y nada menos que del coordinador general de Inteligencia, Luis Cárdenas Palomino, quien en 1987 estuvo acusado de triple homicidio calificado. En ese entonces hubo órdenes de aprehensión que nunca se ejecutaron porque lo protegió Jesús Miyazawa, director de la Policía Judicial del Distrito Federal.

A raíz de estas publicaciones, diversas autoridades de la Secretaría a cargo de Genaro García Luna han dicho que se les hace extraño cómo la reportera ha conseguido la información e incluso deslizaron la especie de que grupos del crimen organizado eran quienes le suministraban los expedientes.

La sola mención de este tipo de sospechas pone en riesgo a la reportera, quien por no cejar en su búsqueda de información podría ser agredida y las autoridades aprovecharían la justificación de un ataque de cualquier grupo.

Ante esta posibilidad Anabel Hernández interpuso una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual le dio trámite e inició una indagatoria "por amenazas veladas que la intimidan, pueden afectar su seguridad y violar su derecho a la libre expresión".

La situación por la que atraviesa la periodista autora de los libros Fin de fiesta en Los Pinos y La familia presidencial --este último en coautoría con Areli Quintero--, es ilustrativa del difícil contexto que existe para el trabajo de los periodistas en el México de hoy. Situación que parece no tener una solución si vemos la displicencia con la que vienen actuando las autoridades federales y estatales en todos los casos de periodistas desaparecidos y, al mismo tiempo, la cultura de la impunidad que ha posado sus reales en los dos últimos gobiernos.