Comenzó fraude electoral de 2009

Tomados de La Jornada, El Fisgón, hernández y Rocha y El Universal, Helioflores.

La sólida economía del “barco de gran calado” que está preparado para afrontar el vendaval hace agua desde hace meses. En contra de las declaraciones triunfalistas de los ayudantes del pelele Felipe Calderón Hinojosa de que todo va bien y las consecuencias de la debacle financiera de Estados Unidos serán mínimas en México, están varios indicadores.

El principal es el llamado riesgo-país que se ubicó ayer en 240 puntos. Hace dos años en septiembre de 2006 este indicador impuesto por las calificadoras internacionales era de 86 puntos. Es decir que con el usurpador en Los Pinos el riesgo país creció más del 200 por ciento en poco más de 2 años. Otro indicador es la baja en el crédito al consumo que se ubicó casi 16 por ciento menos que en el mismo mes de hace un año. Uno más es la devaluación del peso frente al dólar que ayer cerro en 11.15 pesos.

Por si faltara algo la Bolsa Mexicana de Valores perdió la víspera 6.4 por ciento por la recesión económica en Estados Unidos, hoy apenas pudo recuperar un 3.23 por ciento, bajo la promesa de que el próximo jueves aprobarán el millonario paquete de rescate financiero. Aunque este sea el caso, los efectos no serán de manera inmediata y según analistas la caída del mercado de valores mexicano seguirá al igual que la devaluación del peso frente al dólar.

En vez de proteger la economía familiar el rapaz desgobierno del espurio Calderón Hinojosa ha decido aumentar el precio de los combustibles cada semana causando el incremento de precios y servicios en un afán de crear un caos mayor al que se suma la criminal inseguridad.

En medio de tan explosivo caldo de cultivo el desprestigiado IFE multó hoy al PRD con 57 millones de pesos por los plantones de 2006 que se hicieron para protestar por el fraude electoral de ese año, que llevó al usurpador Calderón Hinojosa a Los Pinos. No es casualidad que esa “institución”,que ha dejado de ser ciudadana para convertirse en un apéndice de los partidos políticos, imponga la multa a un día de que inicie oficialmente la temporada electoral que renovará la Cámara de Diputados el próximo año. Tampoco lo es que trate de darle un tinte “democrático”, cuando en la misma sesión maratónica –comenzó a las 16:00 horas del lunes y terminó a las 06:00 horas de hoy martes- descartó imponer cualquier sanción o “condena verbal” al Consejo Coordinador Empresarial por su descarada intromisión en el proceso electoral de 2006. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró improcedentes los juicios de amparo promovidos por estos empresarios, que violan la ley al no pagar impuestos, pero regresó varios de ellos a los tribunales unitarios para que “resuelvan” si son procedentes las quejas o no. Así, les da vida para entrometerse de nuevo en la “vida institucional” que buscará que el PAN consiga la ansiada mayoría legislativa, para poder privatizar todo a su gusto y conveniencia.

A manera de colofón tanto el PAN como el PRI rechazaron el diálogo propuesto por Andrés Manuel López Obrador el pasado domingo en el zócalo de la Ciudad de México. Representantes de ambos partidos dijeron que es inviable su propuesta porque “pretende imponer condiciones”, porque “andan buscando una salida airosa” pues saben que hay consenso entre el PAN y PRI para sacar adelante “la reforma que se pudo, no la que el presidente quería”. Sus declaraciones confirman lo que se ha denunciado desde marzo en el sentido de que ya estaban de acuerdo para privatizar Pemex y que no cejarán en su intento. Desde ese entonces también estaba claro y el domingo quedó ratificado que de llevar a delante sus planes de saqueo a la nación enfrentarán una resistencia civil pacífica, pero organizada y decidida a impedírselos. Basta de tanto corrupto, tanto saqueo y tanta impunidad.


A continuación una colaboración tomada de la revista Proceso.

http://www.proceso.com.mx/

Fraude en Transparencia

John M. Ackerman


A partir de la aprobación de las reformas al artículo sexto constitucional el año pasado, entre los políticos y servidores públicos ha entrado una especie de arrepentimiento colectivo en el que hoy se busca por todos los medios posibles evadir la aplicación de las nuevas disposiciones constitucionales. Uno de los ejemplos más emblemáticos de este sabotaje fue la decisión del Congreso del Estado de Querétaro de desaparecer el instituto de transparencia de la entidad y trasladar sus funciones al organismo autónomo responsable de los derechos humanos.

Con ello los diputados locales buscaban cumplir formalmente con el nuevo requisito constitucional de contar con "órganos u organismos especializados e imparciales con autonomía operativa, de gestión y de decisión" para vigilar la aplicación de las leyes de transparencia. Sin embargo, en los hechos, la reforma implicaba un retroceso porque el acceso a la información quedaba en manos de un organismo con un mandato y una agenda pública totalmente diferente a la de un instituto de transparencia.

El pasado 23 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló la polémica reforma de Querétaro basándose en una interpretación integral y garantista de la nueva disposición constitucional. La ministra Margarita Luna Ramos, ponente del proyecto de sentencia, fue clara: "Un instituto, sobre todo de acceso a la información, debe de mantenerse de manera autónoma e independiente respecto de cualquier otra dependencia."

Tal afirmación es quizás una perogrullada, pero lamentablemente el sentido común no siempre prevalece entre nuestros políticos y servidores públicos. A nivel federal, los organismos e institutos responsables de tutelar nuestro derecho de acceso a la información típicamente están subordinados a los mismos sujetos obligados que tienen la encomienda de vigilar. Ello tendría que haber cambiado con las reformas al artículo sexto constitucional, pero lamentablemente varias de las instituciones más importantes del país caminan en sentido contrario.

Por ejemplo, el pasado 20 de agosto, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó un nuevo reglamento de transparencia que dejaría todas las decisiones sobre acceso a la información cómodamente "en familia". De acuerdo con la propuesta, que afortunadamente no fue sometida al pleno sino turnada a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para su estudio y dictaminación, el órgano garante de la Cámara ("la Junta de Revisión") se integraría por nada menos que el presidente de la Mesa Directiva, el presidente de la Junta de Coordinación Política y el secretario general de la Cámara.

Es muy difícil imaginar en qué sentido este organismo podría ser "imparcial" y "autónomo" cuando estas personas son las mismas que integran las cabezas legal, política y administrativa de la Cámara de Diputados. Aún más, en un evidente conflicto de intereses, dos de ellos (el presidente de la Junta y el secretario general) simultáneamente formarían parte del Comité de Información de la Cámara, la instancia cuyas resoluciones la Junta de Revisión tiene la responsabilidad de revisar.

El Instituto Federal Electoral (IFE) dice estar muy preocupado por recuperar la confianza de los ciudadanos de cara a las elecciones de 2009. Sin embargo, su órgano garante tampoco cuenta con la independencia necesaria, ya que el nuevo reglamento indica que se conformaría por un consejero electoral, el contralor del mismo IFE y un "experto externo". La mayoría de votos en el órgano lo tienen los participantes internos y seguramente a los consejeros del IFE no les costará mucho trabajo encontrar un buen amigo a quien invitar como "experto externo".

El colofón es que, a pesar de que el pasado 14 de agosto se publicó el acuerdo correspondiente, hasta la fecha el Consejo General no se ha tomado la molestia de nombrar a los integrantes de su órgano garante. En franca violación de la Constitución, actualmente no cuenta con un órgano de revisión de sus obligaciones en materia de transparencia.

La Suprema Corte recientemente modificó su normatividad en materia de transparencia para adecuarla a las reformas al artículo sexto. Sin embargo, parece que a los ministros se les olvidó hacer caso a sus propios criterios sobre el particular. El organismo garante de la Corte no cuenta con ninguna independencia, ya que está integrado por tres ministros del mismo pleno: Juan Silva Meza, Genaro Góngora y Olga Sánchez Cordero, tres personas de la más alta honorabilidad pero que desafortunadamente serán juez y parte en materia de transparencia.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Banco de México han ignorado olímpicamente las reformas al artículo sexto constitucional. Mantienen intactos sus antiguos reglamentos de transparencia, todos con órganos de revisión integrados enteramente por funcionarios de las mismas instituciones. El caso de la CNDH es quizás el más grave, ya que el "órgano garante" es una sola persona, el primer visitador de la institución.

Habría que señalar que los principales responsables de que impere esta situación son los señores legisladores federales que no han estado dispuestos a aprobar la nueva Ley Federal de Transparencia, a lo cual están obligados por las reformas constitucionales del año pasado. Frente a este vacío legal e irresponsabilidad política habría que celebrar el reciente fallo de la Suprema Corte en el caso de Querétaro, así como demandar que los otros sujetos obligados también reformen sus marcos normativos para garantizar una revisión verdaderamente imparcial, especializada y autónoma de las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública.