Avaricia puede más que el diálogo por México

Tomadas el 28 de septiembre de 2008 en el zócalo de la Ciudad de México.

Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores.

Desde que hace más de 2 años que comenzó el movimiento de resistencia civil en contra del fraude electoral de 2006, quedó claro que era pacífico y que representaba los intereses de la mayoría de los mexicanos.

Convocado con apenas 15 días de anticipación y sin el uso de publicidad en medios electrónicos, decenas de miles de ciudadanos se dieron cita para colmar por enésima ocasión el zócalo de la Ciudad de México. Pese a los augurios catastrofistas de que nadie asistiría y de que el movimiento estaba “quebrado” económicamente, se tuvo una de las concentraciones más abundantes de los últimos meses.

Para tener un comparativo está la marcha contra la inseguridad bautizada como “Iluminemos México”, convocada por los grandes empresarios del Consejo Coordinador Empresarial, las televisoras –Televisa y TV Azteca- y las radiodifusoras. Durante 25 días a toda hora y no sólo en anuncios publicitarios, sino en programas de espectáculos y en noticieros se llamó a la ciudadanía a decir basta de impunidad. El número de participantes fue similar al de ayer 28 de septiembre de 2008.

Con todos los recursos de las clases mejor favorecidas del país y con el gran aparato publicitario desplegado durante 25 días el resultado fue una concentración carente de consignas, que al final retomaron la del Alejandro Martí: si no pueden, renuncien. Misma que ya no aparece en ningún medio de desinformación de la radio o la televisión.

Pese a todo el movimiento de resistencia civil pacífica sigue adelante y ahora ha entrado en la vertiente de llegar a acuerdos con los corruptos PAN y PRI, si es que de verdad quieren lo mejor para México y para los mexicanos.

Ayer desde la plaza pública más grande del país se ofreció el diálogo con la condicionante de retirar del Congreso cualquier proyecto de privatización del petróleo y colocar en primer lugar en la agenda política nacional el combate a la pobreza, el desempleo y la inseguridad.

Hoy como en otras ocasiones los poderes fácticos representados por los medios electrónicos y la mayoría de los impresos hicieron oídos sordos. Para ellos no existió ningún llamado al diálogo y a resolver los complejos problemas del país. Mucho menos existieron las decenas de miles de ciudadanos que acudieron al llamado, con todo y que tuvieron en contra el miedo engrandecido por los merolicos de siempre, por los que siembran el odio desde sus espacios en radio, televisión y prensa escrita.

No esperamos que atiendan al llamado del diálogo, pues el dinero que está en juego con la privatización del petróleo es mucho y su avaricia es más. Tal y como sucede en Estados Unidos, donde las empresas financieras –no sólo los bancos- han llevado a la quiebra a esa nación y a grandes quebrantos económicos a muchas otras –todas ellas ricas- en su imparable codicia. Estos, los de aquí, son malas calcas de los de allá. Los iguala su mezquindad.


El siguiente material fue tomado de la revista Proceso.

http://www.proceso.com.mx/

Jalisco: las entrañas de la narcopolicía


GUADALAJARA, JAL.- Policías municipales y estatales, así como personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJ), enviaron a la Presidencia de la República un documento en el que denuncian que el secretario de Seguridad Pública de la entidad, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, y sus principales colaboradores están relacionados con la delincuencia organizada.

Casi un centenar de policías acudieron a las oficinas de Proceso Jalisco en Guadalajara y entregaron una copia de su denuncia. Afirman que también enviaron el documento a los congresos local y federal para "desenmascarar" a Nájera.

En el documento, titulado La otra cara de Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, se incluyen los nombres de funcionarios de la PGJ y de la Secretaría de Seguridad Pública que presuntamente reciben dinero del hampa, y se describe cómo se supone que colaboran con los cárteles del Milenio y de Sinaloa.

Entre otros indicios de los supuestos víncu-los ilícitos, se afirma que Nájera asistió a una fiesta en San Juan de Ocotán, municipio de Zapopan, acompañado de los directores de la Policía Estatal y la Preventiva, Alejandro Solorio Aréchiga y Fernando Andrade Vicencio. Ahí -sostienen-, los funcionarios se reunieron con capos del narcotráfico como Juan José Esparragoza El Azul, El Matrix e Ignacio Nacho Coronel Villarreal, lugarteniente de Joaquín El Chapo Guzmán.

En esa ocasión, añaden los denunciantes, funcionarios y narcotraficantes fueron custodiados por elementos estatales, "quienes retiraron a los policías municipales de Zapopan".

Formaban parte del grupo Ricardo Trejo González y Miguel Ambriz López, exfuncionarios del cuerpo antimotines, quienes renunciaron debido a que en el registro de llamadas del celular de un presunto zeta se encontraron los números telefónicos de ambos.

Al actual director de Antimotines, Óscar Reséndiz Ugalde, quien fue escolta de Nájera Gutiérrez cuando encabezó la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalajara, le atribuyen el control "de los distribuidores de droga de San Juan de Dios".

En su documento, los policías aseguran que el tercer comandante José Martín Muñoz Loza y el director de la policía auxiliar, Hernán Guízar, reciben pagos mensuales en dólares de los narcotraficantes asentados en Jalisco. Agregan que Julio Sánchez Flores, jefe de escoltas de Nájera Gutiérrez, se encarga de recoger ese dinero.

Los agentes inconformes narran también que el 24 de marzo de 2006, en el cruce de las calles José Arteaga y Carlos A. Carrillo, colonia Echeverría, de Guadalajara, fue asesinado el policía Martín Mercado Trujillo. Al jefe de grupo que inició la investigación lo quitaron del caso y lo sustituyeron por Alfonso Contreras, hombre de confianza de Nájera, quien cuidó que su nombre no apareciera en las pesquisas.

Entre los colaboradores de Nájera acusados de corrupción se encuentra el comandante Luis Gaeta, quien "durante seis años como encargado de la zona 5 de Guadalajara controlaba las 'tienditas' de narcomenudeo".

De igual forma, en el documento se revela que el director general del Centro de Comunicaciones, mejor conocido como 066, Héctor Navarro Nava, "informa a los narcotraficantes sobre operativos para que huyan antes de que llegue la policía".

Otro funcionario señalado es el titular de la Dirección General de Prevención y Rea-daptación Social (Digpres), José González Jiménez, quien, se asegura, desde que llegó al cargo ha otorgado muchas facilidades a delincuentes de alta peligrosidad.

Como parte de esta red delictiva se incluye a varios policías acusados de "robar vehículos y remarcarlos", así como de extorsionar a los distribuidores de drogas con base en las denuncias anónimas recibidas en Preventel, que ellos atienden. Se trata de los agentes Juan Aguilar Cruz, Arturo Anguiano Martín del Campo El Golondro, El Oaxaca, y Fernando López Flores El Lobo, que "es el encargado del grupo y quien entrega la mensualidad al jefe de escoltas de Nájera".

"Delincuencia protegida"


Los elementos de la PGJ señalan que el comandante de Homicidios Intencionales y Asuntos Especiales, Miguel Hernández Cuéllar, le regaló una camioneta Hummer a su jefe, Marco Antonio El Bambam Venegas Mendoza, coordinador de la Policía Investigadora. En la denuncia se indica que a este jefe policiaco los narcotraficantes le pagan su cuota en dólares.

El propio Hernández Cuéllar recibe camionetas de lujo -agregan- a cambio de no investigar ciertos homicidios, e incluso "se quedó con el dinero de dos personas (a las) que mataron sobre Mariano Otero y Félix Cornejo, en el paso a desnivel".

Y cuando la policía encontró en una camioneta Lobo un cadáver que traía la foto de un narcotraficante conocido como El Señor de los Caballos, en la calle Inglaterra, el comandante Hernández Cuéllar recibió un pago por no investigar más el homicidio.

El oficial, añaden, cobró 2.5 millones de pesos por desviar las investigaciones sobre la ejecución múltiple de abogados en la colonia Providencia, perpetrada el pasado 13 de marzo.

En ese caso, Hernández Cuellar "culpó de los hechos a unos sujetos que detuvieron en una camioneta Explorer en Zapopan", y el comandante Alberto Rayas se molestó porque no recibió su parte del dinero, por lo cual pidió al subprocurador "A", Jorge David Delgadillo Báez, que ordenara el cambio de varios jefes de grupo de Homicidios.

A raíz de esa presión, añaden los elementos de la PGJ, el comandante Hernández Cuéllar fue enviado a Tlajomulco de Zúñiga, donde empezó a recibir "200 mil pesos mensuales por parte de Los Zetas". En este municipio el oficial tiene otra ventaja: "su hermano tiene un rancho al lado de una propiedad del narcotraficante y actual regidor Quirino Velásquez", aseguran.

Y ofrecen detalles sobre otros delitos cometidos por elementos de seguridad bajo la protección de altos mandos estatales:

"En el área de homicidios y secuestros se dedican a ejecutar personas y a darles levantones utilizando vehículos particulares, de los que no remiten y se quedan con ellos, aun cuando están inmiscuidos en homicidios o secuestros. Todos los homicidios son negociados cuando son del narcotráfico."

Revelan que hay cuartos donde a los detenidos los desnudan, les vendan los ojos, los amarran de pies y manos, les ponen una franela en la boca y les echan agua para que sientan que se ahogan.

Ahí mismo, prosiguen, "los golpean para que se declaren culpables. Aunque hay cámaras de video, no funcionan, para que no quede grabada la tortura. Si los detenidos cometieron un delito, les echan tres o cuatro averiguaciones para que bajen las estadísticas. Los que torturan son los de las áreas de homicidios, secuestros y vehículos robados. A los detenidos los conducen a casas de seguridad y los sacan por la Calle 16, donde no existe control de entrada y salida".

Los policías inconformes aseguran que "la intención de esta denuncia es dar a conocer a la opinión pública la verdadera cara del funcionario que está al frente de la Secretaría de Seguridad Pública", y enfatizan que las mismas irregularidades se cometen en la PGJ.

Consideran que no se debe de llamar "delincuencia organizada a lo que en realidad es delincuencia protegida. Detrás de un gran capo hay un gran policía, detrás de un gran policía hay una gran autoridad ministerial y detrás de ambos hay un gran político o grupo de políticos corruptos".

Ante esta grave situación, demandan al presidente Felipe Calderón la "presencia de las autoridades federales para salvaguardar la seguridad en las calles, mientras se realiza una verdadera depuración a los cuerpos de policía".

A su vez, piden al gobernador de Jalisco que abra una investigación contra Nájera y que "lo retire inmediatamente del cargo, so pena de que sea el propio Emilio González Márquez el nuevo capo, que permite y protege y controla a los grupo de narcotraficantes asentados en el estado".

Finalmente, a los diputados y partidos políticos les solicitan "que fijen inmediatamente su postura respecto de los hechos y se desmarquen públicamente de cualquier grupo delictivo".