Se suman cientos de miles de votos al rechazo del plan del PAN y PRI de venderPemex

Tomados de La Jornada, Hernández y Helguera y El Universal, Naranjo.

Con la participación ayer domingo de casi 400 mil personas en la consulta sobre la reforma petrolera, han expresado su opinión más de 3 millones de mexicanos en edad de votar, la inmensa mayoría de los cuales –entre 85 y 90 por ciento- se pronunciaron por el rechazo a la privatización de Pemex y a las actuales iniciativas del PAN y PRI que se discuten en el Congreso de la Unión, por considerarlas lesivas para el país.

Para los medios paleros del pelele Felipe Calderón Hinojosa no fueron relevantes las cifras y evitaron darlas. Mejor utilizaron la “baja” participación –393 mil personas-, pero nada dijeron, de que ya no eran estados gobernados por el PRD, sino todo lo contrario y de que además la mayoría se pronunció en contra. A los testaferros del usurpador Calderón Hinojosa les parecen “pocos” tres millones de ciudadanos.

Oficialmente el espurio Calderón Hinojosa asaltó Los Pinos con el 35 por ciento de los votos. Siguiendo la misma lógica el 65 por ciento no lo quiere ahí. El destino pues del pelele debería ser la calle a decir de los sesudos lectores de noticias de la radio y televisión. ¿Por qué ninguno de ellos lo pide, lo exige? Simplemente porque se trata de un golpe mediático en contra de los millones de mexicanos –constantes y sonantes- que están dispuestos a luchar en contra de los ladrones “institucionales” de siempre.

Como parte de esta campaña está el llamado a que el próximo 30 de agosto se lleve a cabo una “marcha nacional” en contra de la inseguridad, principalmente por el lamentable secuestro y posterior muerte de Fernando Martí, pero que, coincidencias políticas, pretende efectuarse un día antes de la movilización de la CND en contra de la privatización del petróleo. Los convocantes son las fachadas empresariales –México Unido, Yo influyo, Por un país mejor, etc.- mismas que urdieron y pagaron el fraude electoral de 2006 y que ahora quieren su tajada del pastel por la venta de Pemex. Poco les ha interesado en años anteriores y meses recientes el incremento en los asesinatos y secuestros de miles de personas. Ahora usan la muerte de Martí para llevar agua a su molino con el descarado oportunismo que caracteriza a la derecha nacional.

Un ejemplo de los intereses creados por la clase política, empresarial e “institucional” mexicana es la pensión que reciben los ex ministros jubilados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cada uno de los 35 beneficiados cobran casi 170 mil pesos mensuales libres de polvo y paja, además cuentan con un seguro de gastos médicos mayores, chofer y ayudante. También reciben más de 200 mil pesos de aguinaldo cada año. Algunos de los “afortunados” en recibir esta pensión sólo habían laborado en el cargo por dos años. Estos datos habían permanecido resguardados por la decisión del entonces presidente de la Corte Mariano Azuela y los ministros Sergio Aguirre Angiano y Juan Díaz Romero. Aguirre Angiano rechazó hace unas semanas las peticiones de justicia y amparo del máximo tribunal para no recibir pensiones de hambre una vez que terminaran su vida laboral, millones de burócratas igual que él. Aguirre Angiano consideró que estaba bien que se incrementaran los años de trabajo y se redujeran sus percepciones de estos trabajadores al servicio del Estado, que en promedio serán de 6 mil pesos al mes, luego de 35 años de trabajo o setenta de edad.

El puede decidir que millones sobrevivan con salarios de hambre, pues él tiene garantizada una pensión por demás escandalosa. Su pensión mensual será el equivalente a 9 años de salario de un obrero promedio. Esa es la “justicia” mexicana, esos son los que se encargan de “impartirla” y este es el México de las “instituciones” y leyes. Esos mismos son los que están de acuerdo en la venta de Pemex, ellos tratarán a toda costa de evitar que el movimiento nacional para salvar el petróleo lo consiga. No les importa tomar como bandera la muerte de un niño a manos de feroces delincuentes prohijados por la corrupción que ellos mismos han construido y fortalecido. Así están las cosas.


La siguiente colaboración fue tomada de La Jornada.

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La captura del INEG

John M. Ackerman

El cambio de Eduardo Sojo de la Secretaría de Economía al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEG, hoy sin la “I” de informática) podría ser una excelente jugada política para el antiguo coordinador de políticas públicas de Vicente Fox. En lugar de ser el responsable de navegar la economía mexicana por las turbulentas aguas que se acercan, prefiere observar la catástrofe desde el cómodo escritorio de las oficinas del instituto estadístico en Aguascalientes. En lugar de ser señalado como el responsable de lo que seguramente será el rotundo fracaso de la actual administración para reactivar la economía nacional, opta por un espacio desde donde reconstruir su prestigio profesional.

Pero habría que recordar al ex secretario de Economía que lo que fácil llega, fácil se va. El nuevo INEG no es “una entidad autónoma, con una importancia equivalente al Banco de México”, como ha afirmado Calderón, sino un apéndice más del Poder Ejecutivo federal. El Presidente de la República no solamente designa a los miembros de la junta de gobierno y de entre ellos elige a su presidente, sino que también puede remover a cualquier integrante cuyas posiciones llegaran a ser incómodas para el gobierno. Calderón contará con la unilateral atribución de separar de su cargo a un miembro de la junta simplemente por haber “actuado deliberadamente en exceso o defecto de sus atribuciones”. Al parecer, Sojo no se liberará tan fácilmente de su antiguo jefe.

Si el Congreso aprueba a Sojo y los otros cuatro integrantes de la junta de gobierno que propone Calderón, estará entregando las estadísticas del país en bandeja de plata al supremo Poder Ejecutivo y a una nueva edición de los “tecnócratas” de antaño. Enrique de Alba Guerra, José Antonio Mejía y Mario Rodarte todos cuentan con trayectorias profesionales íntimamente ligadas con el sector privado (ITAM, BID, Centro de Estudios Económicos del Sector Privado) y estudiaron sus posgrados en economía y estadística en Estados Unidos. La otra propuesta, Mario Palma, es una de las personas más cercanas a Sojo, y fungió como su oficial mayor en la Secretaría de Economía.

No hay visión de Estado o pluralidad entre las propuestas. Con la típica cerrazón de la actual administración, Calderón nunca pensó en considerar a los múltiples cuadros altamente capacitados egresados de o adscritos a las universidades públicas y las organizaciones civiles del país.

Pero la tendencia que hoy atestiguamos de capturar al INEGI con la inclusión de incondicionales no debería tomar a nadie por sorpresa. Desde la redacción y aprobación de la nueva ley del instituto, el PRI y el PAN han buscado sacrificar la autonomía de este nuevo organismo del Estado mexicano.

Ya desde el año pasado un estudio elaborado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a petición de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, encontró una serie de errores graves en el dictamen de la nueva norma. Además de las múltiples intromisiones en la autonomía del instituto, la ley viola varias disposiciones del nuevo artículo 6º constitucional en materia de transparencia, permite la intervención ilegal del Banco de México en las actividades exclusivas del INEG y concentra el poder de manera desproporcionada en el Poder Ejecutivo federal en violación del pacto federal.

A pesar de los contundentes resultados de esta investigación auspiciada por la propia Cámara de Diputados, los legisladores del PAN y el PRI prestaron oídos sordos y decidieron aprobar el dictamen sin modificar una coma. Por otro lado, el grupo parlamentario del PRD, que votó en contra de la nueva ley y había demostrado un importante interés por defender la autonomía del nuevo instituto, también dejó pasar la oportunidad de presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de la nueva legislación.

Después de la aprobación de la ley, Calderón dilató más de un mes en publicarla en el Diario Oficial; posteriormente dejó vencer el periodo transitorio de 90 días para el nombramiento de los nuevos integrantes de la junta y ahora sorpresivamente entrega sus propuestas a la Comisión Permanente, aprovechándose de la época vacacional para colocar a sus cercanos.

La “captura” de Estado es un término que generalmente se utiliza cuando un órgano regulador del mercado (como la Comisión Federal de Telecomunicaciones o la Comisión Federal de Competencia) se subordina al interés de las empresas dominantes en lugar de defender la libre competencia y el interés público. Un regulador capturado se pone al servicio de los monopolios en lugar del pueblo. También existe “captura” cuando algún otro órgano del Estado que debe comportarse con autonomía e independencia, como el INEG, el IFE, el Banco de México o la CNDH, se subordina ante intereses ajenos a su propio mandato.

Para evitar una nueva captura de nuestros órganos autónomos, lo mínimo que debe hacer la Comisión Permanente es remitir los nombramientos al periodo ordinario de sesiones para una amplia discusión sobre los méritos y trayectorias de las propuestas, así como las urgentes modificaciones a la nueva ley del INEG.