Firme la consulta ciudadana sobre Pemex

Desde hace años se ha denunciado la política entreguista de los gobiernos del PRI, que han sido superados por los del PAN. En diversos foros, expertos y analistas políticos alertaron sobre la forma en que las cúpulas políticas, eclesiásticas y empresariales de México se coludieron para privatizar y vender todo.

Cuando los grandes ganaderos e intermediaros –importadores- quisieron hacer fortuna, el gobierno desmanteló Conasupo y brindó protección a unos cuantos acaparadores para que importaran lo que quisieran de granos, semillas, forraje y productos cárnicos y lácteos. En poco tiempos se formó un oligopolio que hasta la fecha padecemos. El mismo caso se dio en las telecomunicaciones, se dejó en posición dominante a Telmex y ahora es el monopolio que impone sus precios y tarifas, y a quien no le guste, pues se aguanta.

Cuando quisieron hacer negocios con las playas y litorales, de forma arbitraria vendieron playas y zonas protegidas. Los extranjeros, principalmente españoles y canadienses, construyeron complejos hoteleros y de tiempo compartido, despojando a la nación y a las comunidades de su patrimonio ancestral.

El caso de la industria petrolera es significativo, porque desde un principio, los gobiernos priístas quisieron revertir la expropiación. Modificaron las leyes para poco a poco realizar una privatización en áreas y sectores prohibidos. Ahora el 30 por ciento de la electricidad que se consume en el país es vendido por empresas españolas, de cada 10 litros de gasolina que se usan, 4 son comprados en el extranjero y el 64 por ciento de los productos derivados del petróleo son importados. No se ha invertido en los procesos de refinación y se ha castigado fiscalmente a Pemex, hasta el hecho de cobrarle más del 100 por ciento en impuestos, para llevarla a la quiebra.

Tan seguros están de que la voluntad ciudadana no cuenta, que los cínicos PRIANistas dan como un hecho la probación de las reformas privatizadoras enviadas al Congreso por el usurpador Felipe Calderón Hinojosa. Ningunean a la ciudadanía, porque saben que cada vez está más consciente de que las corruptas instituciones mexicanas tendrán que ser cambiadas más temprano que tarde.

Confían en la desmeroria de los mexicanos y la desinformación propiciada por los medios electrónicos como una estrategia de Estado. Pero ya se acabaron los tiempos en que se imponía el saqueo sin ninguna consecuencia, como en el caso del Fobaproa. Poco a poco pero de manera firme y decidida la ciudadanía se organiza desde abajo. De poco les valdrá a los partidos políticos y a los poderes fácticos tratar de venderles otra vez espejitos prometedores de tiempos futuros mejores. La consulta pública y ciudadana sobre la privatización del petróleo se acerca, ese será el primer round.



A continuación una colaboración tomada de la revista Proceso.



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Legislar contra la gente


Miguel Ángel Granados Chapa

Presentada a menudo como un timbre de orgullo de la coalición PRI-PAN (en ese orden), encabezada (en ese orden también) por el senador Manlio Fabio Beltrones y el presidente Felipe Calderón, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es un manifiesto ejemplo de cómo legislar contra la gente sin que los afectados puedan defenderse.

Originada en la necesidad gubernamental de cuadrar las cifras fiscales, la ley de seguridad social de los empleados públicos fue un logro legislativo, digno de figurar en el libro de los récords: en sólo 15 días (del 16 al 31 de marzo de 2007), se presentó el proyecto de ley, fue aprobado por los diputados y los senadores y apareció en el Diario Oficial. Para subrayar la prisa de la coalición gobernante, la pieza legal apareció en una insólita edición sabatina, el último día de marzo del año pasado.

Afectados rudamente en sus intereses sin haber sido notificados previamente, cientos de miles, millones de trabajadores al servicio del Estado se opusieron a la nueva legislación, que reemplazó el sistema solidario por las cuentas individuales para el retiro. Pese al costo fiscal que implica, a la larga se asestarán pensiones magras a quienes han dejado su vida en la labor burocrática. Y no obstante también las cuantiosas erogaciones adicionales, que mostrarían una mejora instantánea de los servicios médicos a los empleados públicos, esa nueva condición sólo se aprecia en la propaganda oficial, pero no en la atención a los derechohabientes y beneficiarios.

En un fenómeno jurídico sin precedente, gracias al saber legal y sentido práctico de organizaciones como la Unión de Juristas de México, cientos de miles de trabajadores estatales demandaron amparo contra la ley, en dos turnos: uno que concluyó en mayo del año pasado, contra la entrada en vigor de la ley; y otro en enero pasado contra actos de aplicación de la ley. En la primera ronda (según el diario Reforma, con datos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal) fueron admitidas 171 mil 412 demandas, suscritas por 598 mil 200 quejosos. En la segunda, se presentaron 52 mil 398 demandas, firmadas por 14 mil 800 quejosos a título individual, y el resto firmadas por un promedio de 40 personas cada una, lo que llevó el número de los quejosos a un millón 518 mil. En suma, alrededor de 2 millones de personas (cifra que resulta de ponderar el número de quienes demandaron amparo en los dos turnos) se expresaron formalmente contrarias a la ley en busca de la protección federal para que no les sea aplicada la norma atropellada, insolentemente aprobada en dos semanas, sin oír a los afectados.

Como un señuelo para que los empleados públicos aceptaran el nuevo régimen de pensiones, se estableció un bono aplicable a la cuenta individual de quienes elijan esa modalidad y no la hayan combatido a través del juicio de amparo. En el universo de dos millones y medio de personas que trabajan para el gobierno federal, apenas ha optado por el supuestamente ventajoso nuevo modo establecido por la ley el 5%, alrededor de 125 mil servidores públicos que, puede conjeturarse, son personal de confianza, susceptible de influencia directa por sus patrones. Tan lento ha sido el proceso de elección, de modo tan claro expresa el rechazo a la nueva ley, que ha sido preciso ampliar el término respectivo. Del 30 de junio, en que cerraba el plazo para la elección, se pasó a establecer el remoto 15 de noviembre como fecha límite para la opción.

Para manejar el cúmulo abrumador de demandas de amparo, y asegurar la homogeneidad de las sentencias –pues la diversidad de criterios se percibió en los autos de admisión de las peticiones de los afectados–, el Poder Judicial estableció un mecanismo singular. Se abrió primero uno y después otro juzgado de distrito auxiliares, que concentraron todos los casos. Ya se han emitido cerca de 300 sentencias de primera instancia, que serán revisadas directamente por la Corte sin pasar por tribunales de circuito. Todas las resoluciones negaron o desecharon el amparo. Sólo se ha acordado proteger a los quejosos contra los actos en que el ISSSTE niegue servicios a derechohabientes que no hayan cubierto cuotas, y eso porque se negó a los afectados el derecho de audiencia en el proceso de decisión de esas normas, criterio que en rigor debía servir para amparar a los quejosos respecto de muchas otras porciones de la nueva norma.

Tres ministros del tribunal constitucional (su presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Sergio Valls y José Ramón Cosío), designados al efecto, se preparan ya para abordar el medio centenar de temas de constitucionalidad planteados en las 10 demandas de amparo de cuya revisión se ocuparán. Si bien esos escritos iniciales fueron formulados una vez y multicopiados, hay cerca de cien modelos de demanda distintos, lo que producirá resultados igualmente diferentes. Sentarán con ello jurisprudencia que permitirá la resolución mecánica y rápida del total de los juicios de garantías.

El martes y jueves próximos la Corte celebrará dos audiencias públicas (como las que organizó respecto de la Ley Televisa o las que está efectuando en torno de la despenalización del aborto en el Distrito Federal), en que escuchará los argumentos de los promotores del amparo y de los titulares de las autoridades responsables (o sus representantes). A partir del lunes 16 los ministros discutirán los proyectos de sentencia, que se espera sea emitida antes del fin de este mes.

Las resoluciones judiciales validarán la prepotencia del Ejecutivo y el Congreso, y se consumará así el atropello de legislar contra la gente.