Como buena derecha el PAN insiste en defender a la muerta reforma de Pemex

Tomados de La Jornada, El Fisgón, Helguera, Hernández y Rocha y El Universal, Naranjo.

Como es costumbre en el PAN las mentiras van por delante y son las únicas, porque el resto son verdades a medias, que al final se traducen en mentiras.

En 2004 el pelele Felipe Calderón Hinojosa se quejó de que su jefe, el ladrón Vicente Fox Quesada, lo regañara por su destape en Jalisco para la candidatura a la presidencia de 2006. Con una pequeña antelación de dos años y cuando era un mediocre secretario de Energía e hizo negocios a favor de su amigo Juan Camilo Mouriño, actual secretario de Gobernación del gobierno usurpador. En ese entonces la principal crítica al corrupto Fox Quesada fue que se entrometiera en asuntos del partido.

Cuatro años después el espurio Calderón Hinojosa utilizó al impuesto presidente del PAN –fue un dedazo del pelele Calderón Hinojosa- Germán Martínez para retirar de la coordinación del Senado al “hombrecito” Santiago Creel Miranda. No cabe duda que los bocones caen por su propio pie.

Sin ir más lejos ayer el usurpador Calderón Hinojosa volvió a las contradicciones. Del respeto a las “instituciones” pasó a denostar los foros en el Senado de la República que tratan sobre la privatización del petróleo. Desde España –donde fue a cerrar la venta de los hidrocarburos- dijo que “se han discutido otras cosas, cosas ideológicas, se han discutido cosas históricas, se ha discutido de que si el proyecto inicial del presidente Cárdenas contemplaba o no este tipo de figuras que hemos propuesto (...) que si regresa a la propuesta original del presidente Cárdenas que sí preveía inversión complementaria para Pemex con empresas especializadas”.

Hoy concluyó el décimo foro donde se han tratado desde un principio el fondo de las iniciativas y en todos ellos se ha concluido que además de ser privatizadoras carecen de rumbo, de visión de una industria integral. Los propios funcionarios de Pemex aseguraron que hay gran cantidad de problemas y de malas decisiones, que fueron tomadas sin la menor mala fe, argumentaron.

En el “debate” de hoy hubo consenso en que la separación de la paraestal en divisiones fue el principio del desmantelamiento de la industria petrolera del país. Su autor: el ratero Carlos Salinas de Gortari, quien hoy también está detrás del nuevo intento privatizador.

Para salvar la cara los testaferros del espurio Calderón Hinojosa, se desgañitaron señalando que precisamente un “consejo” subsanaría esta deficiencia. Sin embargo, los expertos –todos- explicaron que al dividir a Pemex, se multiplicaron los trámites burocráticos y de esta manera hicieron ineficientes las partes de una cadena productiva que debería ser única y no dividida. El foros pasados los panistas defendieron lo contrario, justo que esa división hacía más eficiente a Pemex. Una mentira total. El proyecto privatizador ni siquiera toca el asunto, sólo habla de un consejo superior que “decidirá” lo mejor para la parestatal, pero como se dijo hoy hay más de 3 mil reglas internas –sólo en la parte de exploración y extracción- que hace materialmente imposible la conducción única.

Tan mal les va en sus encuestas particulares que ahora son férreos defensores de la no privatización de Pemex, cuando hace sólo unas semanas decían que esos temas eran transnochados. Tampoco les ha ido bien en los temas técnicos. La propuesta del pelele Calderón Hinojosa no contempla la manera en que la paraestatal sea más eficiente y productiva. Todo se basa en vender, en que capital privado –principalmente extranjero- se haga cargo de todos los procesos productivos, desde la exploración y extracción hasta el refinado y transporte, es decir la venta de todo. Por eso pusieron en lugar del “hombrecito” a un patán llamado Gustavo Enrique Madero Muñoz, quien en su primer declaración a los medios de comunicación como flamante coordinador de los senadores del PAN, minimizó los foros aprobados por el Senado al decir que lo expuesto ahí tan sólo son “puntos de vista”, por lo que dijo se dará a reporteros un certificado “de expertos en energía” por “chutarse” los foros “a los que estamos trayendo puras lumbreras”. Al final, aseguró serán los “legisladores electos”, quienes votarán la reforma. Lamentablemente para ellos, dicho proyecto está muerto políticamente. Pero como buenos representantes de la derecha siguen aferrados a darle respiración de boca a boca. Es patético.


El siguiente análisis fue tomado de la revista Proceso.



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GAP, despojo a México

jorge carrasco araizaga

México, D.F., 11 de junio (apro).- En su gira por España, Felipe Calderón busca la consolidación de ese país como el segundo inversionista extranjero en México, con ofrecimientos para aumentar su participación en los sectores energético y de infraestructura.

Hasta ahora, las empresas españolas tienen inversiones por 26 mil millones de dólares en México, contra los 103 mil millones de dólares de empresas estadunidenses.

El crecimiento de las empresas españolas en el país ha sido el más significativo en la última década hasta llegar a las 2 mil 740 que existen en la actualidad (Proceso 1649), pero su participación ha tenido un costo mayor para el país.

A manera de ejemplo basta con lo que ha ocurrido con los doce aeropuertos del Pacífico entregados al Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), que en 1998 se hizo de esas terminales con irregularidades solapadas por el gobierno de Ernesto Zedillo y cuya investigación ha quedado en vanos intentos de algunos legisladores, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

Aunado a las facilidades con que se dio la concesión, de 50 años renovables a otro periodo igual, el gobierno de Vicente Fox le garantizó al GAP un millonario negocio al subvaluar las acciones del grupo antes de lanzarlas a los mercados de valores de México y Nueva York.

La operación bursátil, efectuada en febrero de 2006, representó pérdidas para el Estado mexicano por 9 mil 905 millones 559 mil 800 pesos, cerca de mil millones de dólares.

El despojo y la entrega irregular de la concesión prorrogable hasta por un siglo fueron documentados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión de la Cuenta Pública del 2006.

El órgano fiscalizador, que depende de la Cámara de Diputados, pide incluso se finquen responsabilidades administrativas a los funcionarios del gobierno de Fox que permitieron esa operación.

Además de algunos legisladores federales que han buscado la revocación de la concesión, ahora el ayuntamiento de Tijuana promueve la misma acción por la negativa del Grupo a pagarle 164 millones de pesos por impuesto predial. La controversia se encuentra ahora en tribunales.

Las irregularidades iniciaron en 1998 cuando el gobierno de Zedillo decidió desincorporar la mayoría de los aeropuertos administrados por Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). Uno de los beneficiaros fue el GAP, de capital español mayoritario.

Según la ASF, la decisión de desincorporar esos aeropuertos se realizó sin respetar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ni la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, al darle trato a los aeropuertos como si no fueran entidades paraestatales, lo que allanó su venta.

La entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, hoy de la Función Pública, fue omisa en su “responsabilidad de vigilar el cumplimiento de la normatividad que regulaba la enajenación de títulos” propiedad del gobierno federal.

Una segunda irregularidad identificada por la ASF fue que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en 1999, al tiempo de autorizar la venta de 15% del capital del GAP a un socio estratégico privado, inició un proceso para la desincorporación del mismo grupo, contrario a lo establecido por la ley. En todo caso, dice, esa decisión debió haber sido tomada por la Secretaría de Hacienda y no la SCT.

Peor aún es lo que la ASF detectó en la venta de 85% de las acciones del GAP. El gobierno de Zedillo, a través de la SCT, a cargo de Carlos Ruiz Sacristán, pactó con Nacional Financiera (Nafin), dirigida en ese momento por Carlos Sales Gutiérrez, un precio mínimo de venta equivalente a 50% del valor contable de las acciones del grupo.

Pero ese acuerdo fue modificado por el gobierno de Fox para bajar aún más el valor de las acciones. En 2005, la SCT a cargo de Pedro Cerisola decidió, junto con Nafin, que el precio fuera de 30% del valor contable.

Ese precio, dice la ASF, se ajustaría después al alza, en función del importe neto de recursos que obtendría Nafin al vender esas acciones a inversionistas privados mediante su colocación en los mercados de valores de México y Nueva York.

La emisión tuvo lugar el 24 de febrero de 2006 mediante una oferta pública internacional. El 30% se asignó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y el 70% al New York Stocke Exchange.

El precio final de la colocación fue de 22.03 pesos por acción en el mercado nacional y de 21 dólares por un instrumento financiero conocido como ADS en el mercado internacional.

El importe obtenido por el gobierno federal fue de 10 mil 503 millones 620 mil 200 pesos, equivalente a mil millones 441 mil 600 dólares.

Destacó la ASF: “El precio de la acción estuvo subvaluado de origen, por lo que resultó tan atractivo que todas se vendieron el mismo día en que se colocaron en los mercados…, y no se dio el supuesto que dijeron los promotores de la venta de que ‘el precio real de la compañía sería determinado por los mercados’”.

La operación dejó en claro para la Auditoría que “no se cuidaron las mejores condiciones para el Estado”, ya que al 31 de diciembre de 2005 –antes de su venta– el valor contable de cada acción era de 42.8 pesos.

Si las acciones se vendieron a 22.03 pesos, estima el ente auditor, “el erario federal dejó de percibir 9 mil 905 millones 559 mil 800 pesos, en el supuesto de que se hubieran vendido a 42.8 pesos”.

En el caso del NYSE el comportamiento de las acciones ha sido igual. Al 25 de enero pasado, el valor máximo de venta de los ADS fue de 57.63 dólares, contra los 21 con los que salieron al mercado. De acuerdo con la Auditoría, a octubre del año pasado las acciones del Grupo se cotizaban 37.7% por arriba de la oferta inicial.

El GAP asegura que la subvaluación fue responsabilidad de la administración foxista.

Ante esas maniobras, la ASF solicitó que la SCT aclare y justifique por qué el erario federal dejó de percibir casi mil millones de dólares en la venta de 85% de las acciones del GAP.


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La siguiente colaboración fue tomada de La Jornada.




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Por el plebiscito

Octavio Rodríguez Araujo

Hace muchos años un famoso priísta que se estaba estrenando en la oposición, primero en el Frente Democrático Nacional y luego en el Partido de la Revolución Democrática, me preguntó qué se sentía estar en la oposición. “Dímelo tú –le contesté–, yo siempre he estado en la oposición.” Él cambió y, según he podido ver a lo largo de los años, se ha sentido muy contento en la oposición, aunque no siempre ha sido consistente con lo que se supone que significa ser opositor, y menos de izquierda. Pero no pidamos peras a los olmos: la gente del poder siempre actúa según su conveniencia política en la pista donde más ventajas cree que puede obtener.

Unos años después de esa conversación se promovió una consulta ciudadana para la democratización del Distrito Federal. Se trató de un plebiscito para saber qué opinaban los ciudadanos de la capital de la República sobre la posibilidad de que su gobierno fuera electo y que se convirtiera en el estado 32, con su propio congreso local, como el que tienen las demás entidades federativas. Gobernaba Carlos Salinas de Gortari y el jefe del Departamento del Distrito Federal era Manuel Camacho. Su secretario de gobierno era Marcelo Ebrard, si mi memoria no me traiciona. Estos funcionarios, entonces salinistas, estuvieron en contra del plebiscito ciudadano. Sin embargo, éste se llevó a cabo y más de 300 mil mexicanos en edad de votar se expresaron a favor de una reforma que ahora usufructúa ni más ni menos que Ebrard.

Es de sabios cambiar de opinión, dice el refrán. Ahora Marcelo Ebrard, el mismísimo gobernante que impide que los habitantes con vehículos registrados en provincia (salvo del estado de México, Querétaro, Hidalgo y Puebla) entren al Distrito Federal entre las cinco y las once de la mañana, no sólo está de acuerdo en un plebiscito sobre el tema energético, sino que lo promueve en y fuera de la ciudad que gobierna. Está bien. Es un asunto que interesa a toda la población por la sencilla razón de que está en juego el futuro del país y de nuestra soberanía ya de suyo disminuida gracias a los gobiernos tecnocráticos neoliberales (del PRI y del PAN, indistintamente). Lo mismo debió hacer Salinas de Gortari con nuestro ingreso en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, pero no se hizo: se nos impuso y así nos ha ido.

Es interesante observar que muchos que apoyaron el plebiscito de 1993 sobre la democratización del Distrito Federal son ahora opositores al que se pretende llevar a cabo sobre el estatus de Petróleos Mexicanos y nuestro petróleo. Algunos de estos ahora opositores –la mayoría, comenzando por los gobernante– son del Partido Acción Nacional, los mismos que en 2000 estaban a favor de las figuras de plebiscito y referendo, incluso con la participación del IFE que ahora objetan. Se oponen porque saben que de realizarse el plebiscito es muy probable que la mayoría de quienes se expresen esté en contra de los planes de Felipe Calderón en relación con Pemex. Otros fueron más lejos, como el economista Reyes Heroles, director de Pemex, quien no sólo se opone al plebiscito, sino que se ha botado la puntada de emular a Porfirio Díaz opinando que se trata (el del petróleo) de un problema suficientemente complejo (como siempre lo ha sido el de la democracia) como para ser comprendido por el pueblo mexicano. El flamante director de Pemex, sombra pálida de otro del mismo nombre y apellido que engrandeció a la empresa, no sólo desdeña al pueblo mexicano, sino que olvidó un dato importante e insoslayable en este país y en cualquiera que se pretenda democrático: que la soberanía radica en el pueblo y que una democracia es, por definición, la voluntad del pueblo y no la de un grupito de supuestos expertos.

Entre más aceptación popular tiene la idea del plebiscito más oposición genera y, como siempre, precisamente de quienes se verían afectados por los negocios que han prometido a empresas trasnacionales sin importarles la soberanía del país ni el futuro de los mexicanos.

Cierto es que Pemex es una empresa (organismo público descentralizado del Estado) que ha sido mal administrada, que su sindicato goza de privilegios astronómicos y corruptos, que se ha abusado de ella para fines no precisamente populares y que, por lo mismo, requeriría una restructuración en serio. Esto no es novedad, pero también es cierto que dicha restructuración tendría que dejarse para después, para cuando se haya asegurado que la empresa y su nutriente estratégico queden en manos nacionales. Un próximo gobierno que, además de legitimidad, sea nacionalista, podrá sanear la empresa, aunque no será fácil, pues son muchos los intereses creados en su seno y acumulados a través de décadas de corrupción. El problema futuro es de dónde saldrá ese próximo y necesario gobierno nacionalista, que además de ser legítimo sea democrático y con memoria histórica. Pero ésta es otra cuestión sobre la que también se ha escrito y se escribirá mucho.

Por ahora, aunque sus resultados no estén garantizados en uno u otro sentido, lo que importa es el plebiscito, independientemente de quiénes sean los que lo promueven. Apoyémoslo y participemos, pero que no se confundan sus principales promotores: tenemos muchas críticas sobre lo que están haciendo al margen del tema energético.