Miedo a la voluntad popular; democracia simulada

Tomados de La Jornada, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflires.

Durante 2007 los empresarios de los medios electrónicos exigieron un referéndum para que se expresara la ciudadanía sobre la ley Televisa. En sus diversos desinformativos los dueños del dinero hicieron sentir su poder, mismo que fue capaz por enésima vez de frenar la nueva ley de medios. Todos los lectores de noticias insistieron en que la ley electoral viola los derechos constitucionales de libertad de expresión.

Diputados del PRD plantearon reformar la Constitución para incluir en ella el referéndum como obligación constitucional antes de tomar decisiones que afecten a los mexicanos de forma generalizada, como la privatización de los energéticos, el aborto, etc.

No aparece en el firmamento ninguna señal de que dicha propuesta vaya a ser apoyada por el PRIAN y mucho menos por los poderes fácticos, ya que de esa manera quedaría –con la ley en la mano- evidenciada su corrupción, avaricia y tráfico de influencias.

El actual sistema político mexicano les permite “negociar” –comprar- a los “legisladores” de todos los partidos políticos para que atiendan sus intereses.

Con el referéndum los ciudadanos tendrían la fuerza de su voz expresada en su voto para evitar el saqueo del país, la lesión de sus intereses como sus pensiones, su patrimonio y sus vidas. En una democracia real –lo la simulación que se vive en México- el referéndum sería lo más cercano a la voluntad del pueblo.

En teoría el estado se creó para la sana convivencia, el respeto y la seguridad de todos los integrantes de un país. En los hechos ha sido pervertido por el poder económico, para que el control político sirva a los intereses de los poderosos dueños del dinero. La democracia seguirá siendo una simulación mientras el interés de las mayorías no esté por encima del de los poderes fácticos. Sin menosprecio de los derechos de las minorías, que en un régimen democrático el Estado se encarga de salvaguardar.


En seguida un análisis tomado de la revista Proceso.

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Silencio cómplice


jorge carrasco araizaga

México, D.F., 20 de marzo (apro).- A casi un mes de que el ejército colombiano asesinara a cuatro mexicanos en territorio de Ecuador, el gobierno de Felipe Calderón ha guardado un silencio cómplice.

Con esa actitud, Calderón no sólo evita hacer una defensa –ni siquiera en el discurso– de los conciudadanos muertos por un ejército extranjero, sino que, de forma tácita, apoya la estrategia de política internacional del presidente colombiano Álvaro Uribe.

Asesor de Calderón en políticas antinarco, Uribe sabía que la ofensiva militar contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la provincia ecuatoriana de La Angostura tendría repercusiones internacionales.

Sus servicios de inteligencia, tanto civiles y militares, que contaron con información proporcionada por el gobierno estadunidense, sabían que en la base rebelde asentada en Ecuador se encontraban no sólo guerrilleros colombianos, sino ciudadanos de Chile y México.

Uribe sabía cuál sería uno de los efectos del ataque: comprometer a los gobiernos de esos países por la presencia de algunos de sus ciudadanos en campamentos de la guerrilla más antigua de América Latina, calificada como narcoguerrilla por el gobierno estadunidense.

Al mismo tiempo, dejó en evidencia ante el mundo el actual papel del gobierno Ecuador en el desarrollo de las FARC.

Pero Uribe dio un paso más todavía: desactivó el protagonismo del régimen de Hugo Chávez en la liberación de los colombianos secuestrados por las FARC.

El gobierno de Venezuela fue el promotor del segundo Congreso Continental Boliviariano que se realizó en Quito, a finales de febrero, y en donde los chilenos y mexicanos se reunieron con los contactos que los llevaron al campamento de las FARC en la frontera de Colombia y Ecuador.

Sin ascendencia política ni diplomática en América Latina, el gobierno de Calderón ha dejado en la OEA la búsqueda de una salida a esta crisis regional, pero nada ha hecho para salir en defensa de los mexicanos asesinados por militares colombianos.

A la reunión del Grupo de Río, en República Dominicana, llegó con argumentos jurídicos internacionales sobre el respeto de las fronteras nacionales, pero ninguno sobre el respeto a la vida de los mexicanos que se encontraban en el campamento de la guerrilla.

Aunque hasta ahora no hay una sola prueba que despeje por completo las dudas sobre la presencia de los cuatro universitarios, nada justificaba que Uribe recurriera a su asesinato.

El silencio deliberado de Calderón ha abierto el espacio a una ofensiva en contra de la Universidad Nacional Autónoma de México; pero también demuestra que en el fondo parece estar de acuerdo con esa acción. Por lo menos, no ha demostrado lo contrario.

jcarrasco@proceso.com.mx