Ruta al desastre económico y social

Tomados de La Jornada, El Fisgón, Hernández y Rocha y El Universal, Naranjo.

El año que está por finalizar acaba con saldos completamente negativos para la mayoría de los mexicanos. Las noticias sobre el empeño de bienes en el Monte de Piedad, por no tener para los gastos de la cena de fin de año, la reducción en el número de vacacionistas –pese a que esa industria tendrá un repunte del 6 por ciento- y la falta de compradores en el comercio informal y formal, dan una idea de que a pesar de los miles de millones de pesos en vales otorgados a los burócratas la situación económica de las familias es mala.

¿A quién favorecen las mentadas “reformas” fiscal y electoral? Esas que traerían paz y prosperidad y que por lo mismo no podrían ser postergadas bajo riesgo de que México se hundiera en un caos. Definitivamente no a los más de 100 millones de mexicanos que padecen la falta de empleo, los trabajos mal pagados, el aumento en el costo de la vida y por si esto fuera poco, la inseguridad incrementada por la militarización del país que trajo consigo la violación sistemática de los derechos humanos y el ataque a organismos nacionales encargados de su defensa.

Las perspectivas para el próximo año con la entrada en vigor de las mentadas “reformas” que dejarán en la impunidad a los grandes empresarios de siempre, que mantendrán el dispendio y corrupción de los mismos políticos corruptos de siempre y la aprobación de una “reforma” judicial que hará “legal” la violación de los derechos fundamentales del hombre, son terriblemente alarmantes. Sin contar con la avaricia de los empresarios y comerciantes oligopólicos que aumentarán aún más los precios con la entrada en vigor del gasolinazo. ¿Entonces, qué hay que festejar? ¿La represión, el desempleo y la carestía? ¿La impunidad garantizada por la mafia de siempre?

A continuación algunos párrafos de noticias que tratan lo anterior.


Las organizaciones no gubernamentales denunciaron el 26 de febrero que entre las 9:20 y 9:30 de la mañana fue arrojada una nota al Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con el siguiente mensaje: “Disfruta tu último día. Te mataremos; estoy buscándote y ya te encontramos”.

El 9 de abril, en Monterrey, Nuevo León, fue torturado y asesinado en sus oficinas Santiago Rafael Cruz, de 29 años de edad, quien era organizador de asalariados migrantes y trabajaba para la oficina del Foro Laboral del Obrero Campesino.

Cruz tenía apenas mes y medio en esa oficina y antes había estado cuatro años en Ohio, Estados Unidos, ya que su labor consistía en ayudar a los trabajadores agrícolas que cada año viajan desde México hacia Carolina del Norte como trabajadores huéspedes.

El Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) difundió el 11 de julio una alerta relacionada con el activista ambiental Santiago Pérez Alvarado, quien además es promotor de derechos humanos, que “fue acusado de secuestro por defender los recursos naturales de los pueblos indios y campesinos en el estado de México”. La detención de Pérez Alvarado ocurrió el 4 de julio y fue remitido a la prisión de Temascaltepec, donde un juez le dictó auto de formal prisión acusándolo de secuestro.

El siguiente caso se registró el 19 de junio, y tiene que ver con Cristina Auerbach Benavides, quien asesora a familiares de mineros muertos en Pasta de Conchos.

Auerbach Benavides es integrante del Equipo Nacional de Pastoral Laboral y fue amagada por dos hombres armados en el estacionamiento de su casa, de donde se llevaron su camioneta, documentos importantes sobre el mencionado caso y una memoria USB con copia del expediente de la mina.

El 23 de agosto, Amnistía Internacional difundió una alerta por el acoso y agresiones en contra de Fair Pineda, abogado del Frente Amplio Opositor, y Armando Mendoza Ponce, quienes se oponen al proyecto minero en Cerro San Pedro, San Luis Potosí. “El organismo indicó que consideraba que la vida de Pineda y Mendoza estaba en peligro, ya que fueron perseguidos la madrugada del 5 de agosto y desde entonces se intensificaron los acosos contra ellos”.

El 8 de noviembre fue detenido “arbitrariamente” Manuel Olivares, director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, organización integrante de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos. La detención ocurrió en Chilapa, Guerrero, debido a que el activista participó en un bloqueo vial para exigir a las autoridades respuesta a las demandas de redes de agua potable, revestimiento de caminos y comisarías municipales.

Melanie del Carmen Salgado López, integrante de la organización de derechos humanos Comité Cerezo, “fue agredida y amenazada por un desconocido el 12 de diciembre pasado, cuando se dirigía a su casa”. Anteriormente ya había recibido amenazas por correo electrónico y su domicilio había sido asaltado y registrado en mayo de 2006.

El indígena tzeltal Juan Méndez Hernández, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, denunció que el 27 de agosto llegó a su domicilio un desconocido, “quien preguntó por mí, y como le respondieron que no me encontraba les dijo a mis hijos que me advertía que tuviera mucho cuidado porque me iban a matar y que ello ocurriría entre el 7 y el 8 de septiembre”.

La más reciente agresión ocurrió el 20 de diciembre pasado y fue dirigida contra el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, de la diócesis de Saltillo, Coahuila, donde dos hombres sometieron a Mariana Villarreal Contreras, del área jurídica de la agrupación, a quien encerraron en el baño; los individuos, quienes llevaban guantes y el rostro cubierto, revisaron los expedientes de los casos de defensa de derechos humanos seguidos por el obispo Raúl Vera.

La Jornada, 27 de diciembre de 2007.



La excesiva oferta de crédito a través de tarjetas bancarias, principalmente en la época navideña, implica un riesgo de sobreendeudamiento que podría elevar la deuda personal hasta 39 por ciento.

El director regional de la aseguradora de crédito Coface, Bart Pattyn, señaló lo anterior y subrayó que en México los intereses por deuda bancaria "son muy altos".

"En época navideña abunda la oferta de crédito en las diferentes tiendas. Eso está bien, pero por cuánto tiempo? Los bancos van a cobrar con base en intereses que van de 33 a 39 por ciento; rango en que se puede incrementar la deuda de la tarjeta de crédito", indicó.

Bart Pattyn enfatizó que quienes usen la tarjetas de crédito o incluso otra manera de obtener préstamos, en un futuro casi inmediato se convertirá en deuda más intereses, por lo que debe cubrirse lo más rápido posible.

Reiteró que "sí hay un riesgo latente de caer en un sobreendeudamiento. No tan cercano, pero vamos hacia la dirección de caer en insolvencia".

Puntualizó que en el pasado muchas personas acudían al crédito hipotecario para pagar deudas bancarias, sin embargo, a veces "la deuda es mayor al valor de la casa, por lo que es claro que no es el camino para salir de la deuda. Lo mejor es no gastar más de lo que se puede pagar".

El Financiero, 27 de diciembre de 2007.


Los vales de despensa que otorgan las empresas a sus trabajadores sí se gravarán a partir del próximo año con el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) a una tasa de 16.5%, afirmó José Antonio Crespo Barnetche, director de Mercadotecnia de la firma Accor Services.

“Efectivamente, en 2008 se van a gravar los vales que se consideran de previsión social, en este caso, los de despensa. El vale de gasolina es un gasto y el restaurante es un servicio y no se gravan”, expuso.

Sin embargo, en entrevista con EL UNIVERSAL, aseguró que a la empresa le convendrá asumir el costo del IETU, ya que si lo traslada al empleado los costos que pague de seguridad social se elevarán 30%, expuso el especialista.

“Si das los vales en efectivo, esos recursos forman parte de la base gravable del trabajador, entonces la empresa tendrá que pagar toda la carga social que ello conlleva: Infonavit, Seguro Social, cesantía y vejez, prima vacacional adicional, etcétera. Toda la carga representa un pago adicional de 30%”, planteó el directivo de Accor Services.

Añadió que la empresa tendrá que hacer el ejercicio de continuar con el otorgamiento de vales y cargar con el IETU de 16.5% o trasladar los vales de despensa a efectivo con un costo de 30% para su nómina.

El Universal, 27 de diciembre de 2007.