Estatua cae, el ladrón Fox no

Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores.

Los acontecimientos durante las últimas semanas han girado en torno a la escalada de precios por el “gasolinazo” que aún no entra en vigor y por el cinismo de ratero bolcón de Guanajuato, Vicente Fox Quesada. El linchamiento mediático contra éste y su usurpador Felipe Calderón Hinojosa contrasta con la indolencia del pelele.

No ha frenado la ilegalidad de los medios de comunicación que defienden sus intereses privados desde una concesión pública. En cambio si ha cerrado las radios comunitarias, todas ellas críticas –de un modo u otro- del sistema y de su personero en turno.

Nada ha hecho contra la corrupción documentada de las familias Fox-Sahagún, y todavía más, sigue la misma línea. Qué se puede esperar de quien fue impuesto para asegurar la riqueza e impunidad de los poderes fácticos. Nada podría venir de quien tiene claro su objetivo: acumular su fortuna personal, de sus amigos y familiares en le menor tiempo posible.

Así las cosas no veremos la caída de ningún pez gordo ni flaco, ya que el PRIANismo prefiere el pago de anuncios publicitarios –donde se dice que se solucionan todos los males del país- a enfrentar la realidad de su decadencia.



A continuación dos reportajes tomados de la revista Proceso.



http://www.proceso.com.mx

El rencor “abandonados”


Jenaro Villamil

El “abandono” en que, según los concesionarios de la radio y la televisión, los ha dejado el presidente Felipe Calderón, es más que un reproche. El reclamo sigue cobrando forma de revancha, de venganza, como en el caso de TV Azteca, que bombardea a su auditorio con reclamos al gobierno calderonista. Muy poco han logrado en el ánimo de los concesionarios las débiles señales conciliatorias del presidente.

La noche del martes 9, en el salón Chapultepec del Hotel Camino Real, el dueño de Grupo Radio Fórmula, Rogerio Azcárraga Madero, pidió la palabra para advertirle a sus colegas de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) que si el presidente Felipe Calderón no respondía en su discurso del día siguiente al reclamo de entrega de “combos” –estaciones adicionales en FM para cada uno de los propietarios de AM– y de seguridad jurídica para refrendar las concesiones de los radiodifusores, “quiere decir que nos está abandonando”.

“Nos abandonó en la reforma electoral. Los legisladores nos quitaron el 30 por ciento de nuestros ingresos, que son los gobernadores y presidentes municipales. Si no nos dan las combos, va a haber más permisionados y se va a acabar el espectro”, continuó Azcárraga Madero, en medio de los aplausos de la mayoría de los asistentes a la conferencia de la 49 semana de la CIRT.

Pariente en tercer grado de la familia Azcárraga de Televisa, el dueño de Radio Fórmula recordó que estuvo en “la polémica” sesión del 11 de septiembre con los senadores. “Les dije: la televisión tiene todo y nosotros no tenemos seguridad jurídica. Ellos se comprometieron a arreglar el 66 por ciento de las AM. Eso dijeron en el Senado. Si el Ejecutivo mañana no lo hace podemos acudir al Senado”, remató, en medio de otra ovación de afiliados de la CIRT.

El alegato de Azcárraga Madero, uno de los cinco empresarios más fuertes de la radio en México, reflejó el recelo entre los concesionarios de medios electrónicos con Felipe Calderón, pero también el sigiloso divorcio que se percibe entre los radiodifusores, divididos entre sí por el otorgamiento de las combos, y las dos grandes cadenas de televisión en el país: Televisa y TV Azteca, cuya estrategia para frenar la reforma constitucional en materia electoral resultó fallida.

Sólo la televisora del Ajusco, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, mantiene el tono de confrontación que impuso desde el 11 de septiembre contra el Senado. Incluso retiró de la fuente al reportero que cubría los eventos de Calderón. El 12 de septiembre, en la reunión de la CIRT, el conductor Sergio Sarmiento propuso un “referéndum por la libertad”.

Además, el noticiario Hechos equiparó la reforma electoral con la matanza del 2 de octubre de 1968, la descalificó como una “legislación chavista”, en referencia al mandatario venezolano Hugo Chávez, y las dos señales nacionales de la televisora –los canales 7 y 13– transmitieron entre el 4 y 5 de octubre un largo spot, de más de un minuto, en el que criticó el salario de los senadores. El desafío provocó una condena de las juntas de Coordinación Política del Senado y la Cámara de Diputados.

Antes de acusar de “abandono” a Calderón, los noticiarios de TV Azteca decidieron ignorar los actos del primer mandatario, y ya no transmiten ninguna actividad del Senado de la República.

Televisa, menos explícita que TV Azteca, atenuó su confrontación con el Senado y moderó su cobertura informativa de los eventos de la Presidencia de la República y del Congreso.

La coincidencia más clara en la 49 semana de la CIRT fue que ni Emilio Azcárraga Jean ni Ricardo Salinas Pliego asistieron a la comida que tradicionalmente tienen los concesionarios con el presidente. El discurso de Calderón se transmitió diferido: una hora y media después en las dos señales de menor audiencia, Canal 5, de Televisa, y Canal 7, de TV Azteca, a diferencia de lo que ocurría tradicionalmente, cuando el discurso se transmitía en vivo, en cadena nacional y en los canales de mayor rating.

En su cobertura, TV Azteca adoptó un estilo parecido al que impuso cuando el conductor Francisco Stanley fue asesinado en junio de 1999, es decir, bombardeo con transmisiones condenatorias durante 12 horas ininterrumpidas. El propio Salinas Pliego salió a cuadro entonces para exigir que se suspendieran los procesos electorales en el país y desafiar al gobierno capitalino de Cuauhtémoc Cárdenas.

Desde entonces, la segunda televisora, que cuenta con cerca del 30 por ciento de la audiencia, no ha dudado en utilizar la pantalla para impulsar campañas lo mismo en contra Francisco Gil Díaz, de la Ley del Mercado de Valores, y de Isaac Saba, empresario que se asoció con Telemundo, que en contra de los ministros de la Suprema Corte y de los exsenadores Manuel Bartlett y Javier Corral. En estos tres últimos casos, se sintonizó con los contenidos de Televisa.

El antecedente más belicoso de TV Azteca fue el Chiquihuitazo. El 27 de diciembre de 2002, un comando armado financiado por la televisora tomó las instalaciones del Cerro del Chiquihuite y suspendió las transmisiones de Canal 40. Ese fue el primer desafío claro de TV Azteca al gobierno federal, encabezado entonces por Vicente Fox. La respuesta del presidente cuando se le reclamó que actuara para frenar el ataque fue su célebre frase “¿y yo por qué?”.

La mayoría de los observadores y especialistas en medios coinciden en que una de las pocas referencias claras en el discurso de Felipe Calderón en la 49 semana de la CIRT fue la alusiva a las “tomas de instalaciones”, como la que utilizó TV Azteca para emprender la ruta del desafío a la legalidad.

“Ya no hemos permitido ni permitiremos que por la fuerza se tomen instalaciones de radio o televisión por parte de personas o de grupos. Nunca más una toma violenta de una estación o de un negocio lícito en el país”, afirmó Calderón.

El rostro de Ernesto Vidal, vicepresidente de TV Azteca, se ensombreció tras esa referencia. Ni el reconocimiento de la CIRT a la conductora Lilly Téllez le alegró el día. Consultado al término del evento, Vidal negó que la referencia de Calderón hubiera estado dirigida a la empresa. “No, fue un buen mensaje en su contexto. Es un nuevo acercamiento”, afirmó el funcionario de Salinas Pliego, que antes trabajó para la fundación Vamos México, de Marta Sahagún.

Otros concesionarios afirmaron que la referencia presidencial era un mensaje para la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que tomó en Oaxaca dos estaciones de Grupo Radio Centro, pero también admitieron que la sombra del Chiquihuitazo ha rondado entre los miembros de la CIRT ante el “abandono” presidencial.

Desencuentro y ambigüedades

El “abandono” que se le reprocha a Calderón está justificado para los concesionarios. El último encuentro entre dirigentes de la CIRT y el mandatario horas antes de que el Senado aprobara la reforma electoral ocurrió en el hangar presidencial, el 13 de septiembre pasado.

Los representantes de la CIRT le pidieron al presidente frenar o vetar esos cambios, que prohíben la compra de tiempo aire para fines de propaganda política o electoral. Calderón les dijo que esa no era la forma de hacer una cita con el titular del Ejecutivo y que, en todo caso, la reforma era una atribución del Senado.

Aprobada en esa instancia legislativa, ratificada por la Cámara de Diputados y por 30 congresos estatales, la reforma minó la cohesión interna en la CIRT y, junto con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia en contra de la Ley Televisa, puso fin a la “luna de miel” entre las dos grandes televisoras y el gobierno federal.

A este distanciamiento se suma la ambigüedad y el desencuentro entre los principales organismos reguladores. El enfrentamiento nada oculto entre la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), encabezada por Héctor Osuna, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dirigida por Luis Téllez, le añadió el ingrediente de la incertidumbre jurídica a la relación entre los empresarios de los medios y el gobierno federal.

Tan sólo entre 2009 y 2011 vencen cerca de 70 concesiones de radio; no se ha definido el estándar de transición digital para la radiodifusión y existe un litigio en tribunales por la conformación de los cinco comisionados de la Cofetel.

El optimismo de los tiempos del decretazo quedó atrás. Hace cinco años, el 10 de octubre de 2002, el vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez, entonces dirigente de la CIRT, anunció el “regalo” de un decreto presidencial que reducía el 12.5 del tiempo fiscal y abortaba el proceso de reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión. Para la historia quedó la foto de Gómez besándole la mano a Marta Sahagún, la primera dama y la operadora consentida de las grandes televisoras.

Cinco años después, Felipe Calderón no abandonó por completo a los concesionarios, pero tampoco fue muy preciso a la hora de comprometerse. La “línea” política para la mayoría de los asistentes al discurso del miércoles 10 fue que la ventanilla correcta “para lograr la transición digital” de las radiodifusoras, y para “la renovación de las concesiones” es el titular de la SCT, Luis Téllez.

Fue a Téllez al único que le dio instrucciones precisas el mandatario. Tres días antes el titular de la Secretaría Comunicaciones y Transportes les dijo a los concesionarios que no se confundieran, que él era el responsable de la regulación y no la Cofetel. En el mismo foro, Héctor Osuna le reviró que, “de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la Cofetel quien tiene todas las atribuciones regulatorias en materia de radio y televisión”.

A cambio, Téllez le lanzó un guiño al duopolio televisivo. En contradicción con los ministros de la Suprema Corte de Justicia que criticaron la concentración existente en las concesiones de televisión, el secretario de Comunicaciones y Transportes reiteró: “nunca he reconocido que hay monopolios. Hay competencia en la industria de la radio y la televisión”.

El presidente en turno de la CIRT, Enrique Pereda, concesionario de Radiorama, le recordó a Calderón que la radio y televisión comerciales transmiten 448 campañas gratuitas, con 27 millones de spots en radio y 1.5 millones en televisión.

A cambio, Pereda le pidió a Calderón su apoyo “para que las estaciones en AM puedan hacer la transición digital hacia FM para evitar un mayor rezago”.

En respuesta, el presidente afirmó que conocía muy bien los problemas que muchos radiodifusores, “especialmente en la radio”, enfrentan a la luz de los cambios tecnológicos, y dio instrucciones a Téllez para que “presente una propuesta que permita definir de una buena vez los parámetros y las políticas públicas para lograr la transformación digital considerando la situación diversa que guardan las radiodifusoras en el país”.

En el seno de la CIRT tres grandes grupos radiofónicos han planteado su oposición al otorgamiento “por decreto” de estaciones de FM a los que sólo poseen AM: el Grupo Imagen, propiedad de Olegario Vázquez Raña; el Grupo Radio Centro, de los hermanos Aguirre, y Multivisión, de la familia Vargas.

Ejecutivos de estas empresas argumentaron que las combos sólo han reforzado la discrecionalidad y que no queda claro si debe haber una contraprestación o no al Estado.

La asociación Radio Independiente, liderada por Roque Chávez y que agrupa a más de 200 pequeñas estaciones de AM, ha declarado que si no se definen apoyos a estas emisoras para la transición digital, éstas podrían escindirse de la CIRT.

La ruta de la nueva ley

Calderón no expresó ninguna posición clara sobre la redacción de la nueva Ley Federal de Radio y Televisión, que se analiza en el Senado y será dictaminada por tres comisiones, presididas por el priista Ángel Aguirre, el panista Alejandro Zapata Perogordo y el perredista Carlos Sotelo.

Este último, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, consideró que el de Calderón fue “un discurso de compromiso, pero no comprometedor” porque “no adelantó ningún posicionamiento del Ejecutivo ante la nueva legislación”.

–Puede argumentar que él respeta las decisiones del Legislativo –se le indicó.

–Sí, pero hay un planteamiento de la Suprema Corte de Justicia en su sentencia. Ellos (los ministros de la Corte) mencionan la necesidad de mayor competencia, de pluralidad. El hecho de que Calderón no haya otorgado nuevas concesiones, después de que la Corte resolvió, habla de una actitud, de una disposición a no actuar.

–El secretario Téllez afirmó ante los concesionarios que no hay monopolios en televisión y radio. ¿Qué opinión le merece esta posición?

–Alguien miente, entonces: o miente la Suprema Corte o miente Luis Téllez. La resolución de la Corte recibió un reconocimiento prácticamente unánime de la nación al reconocer el problema de la concentración.

Desde el pasado miércoles 10 la llamada comisión del grupo plural inició consultas con expertos en materia jurídica, en telecomunicaciones, en competencia y en derecho a la información sobre los enfoques necesarios para la nueva ley en la materia.

La tarde del jueves 11 asistieron al Senado el comisionado presidente de la Cofetel, Héctor Osuna, y el titular de la Comisión Federal de Competencia, Enrique Pérez Motta. Ahí externaron sus posiciones, que difieren en lo que respecta a las prácticas monopólicas prevalecientes en la radio y la televisión.

En paralelo, los diputados Raymundo Cárdenas, Ramón Pacheco, José Alfonso Suárez del Real y las diputadas Claudia Cruz Santiago, Aleida Alavez y Mónica Fernández presentaron una “propuesta integral en materia de telecomunicaciones y radio y televisión”.

En esa propuesta subrayan la necesidad de “evitar la concentración monopólica de las frecuencias” y fortalecer a los cerca de 480 medios comunitarios, indígenas y de interés social que existen en el país.

Reiteran que las reformas de la impugnada Ley Televisa “fomentan el monopolio en las concesiones del espectro radioeléctrico”, y los estudios de la Comisión Federal de Competencia, la Cofetel y la SCT advierten sobre “el peligro que representa el que un área prioritaria del país esté dominada por los intereses de dos empresas”.




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Fox y Calderón rematan las playas


Patricia Dávila

Después de que el gobierno de Vicente Fox remató a precios de ganga más de 8 millones de metros cuadrados de la nación, el de Felipe Calderón no sólo lo imita, sino que ofrece las superficies a precios irrisorios, a plazos de tres años y en cómodas mensualidades. Se trata, en su mayoría, de predios ubicados en las playas más codiciadas de México, que son prácticamente regalados a los más ricos empresarios del país por Fonatur.

En beneficio de grandes empresarios, el panismo en el gobierno está acabando con uno de los más valiosos recursos del patrimonio nacional: las playas de los centros turísticos más cotizados del país.

Luego de que, por medio del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), el presidente Vicente Fox entregó a precios de ganga enormes extensiones de las más codiciadas zonas turísticas, su sucesor, Felipe Calderón, está vendiendo lo que queda a precios irrisorios que llegan a los 6.93 pesos el metro cuadrado.

Para cerrar las operaciones de compraventa, Fonatur ha recurrido incluso al despojo y amenaza de ejidatarios que reclaman los terrenos como suyos, mientras la institución los pone en manos de poderosos empresarios, como Jacobo Sacal Hob y Antonio Nazif Zacarías, Eduardo Sánchez Navarro (dueño de grupo Questro), Ricardo Benjamín Salinas Pliego (dueño de TV Azteca) y Carlos Slim, propietario de Telmex.

Bajo el argumento oficial de convertir ciertas áreas en Centros Integralmente Planeados (CIP), empresarios nacionales y extranjeros fueron (y son) privilegiados con la entrega de terrenos a los precios más baratos del mercado y, en algunos casos, a largo plazo y en comodísimas mensualidades.

Además, Fonatur destina 350 millones de pesos anuales al mantenimiento de esos CIP, donde los potentados erigen sus emporios comerciales, turísticos e inmobiliarios para acrecentar sus fortunas.

En su primer informe de gobierno, el presidente Fox destacó, entre los programas de creación, consolidación y relanzamiento de los CIP impulsados por el Fonatur, cuatro proyectos:

El mantenimiento y actualización de CIP de Cancún, Ixtapa y Los Cabos; relanzamiento de Huatulco y Loreto; lanzamiento e impulso al proyecto de Escalera Náutica del Mar de Cortés, y lanzamiento del megaproyecto CIP Costa Maya.

Con este pretexto, fueron vendidas playas de Cancún, Quintana Roo; Ixtapa, Guerrero; Los Cabos y Loreto, Baja California Sur; Huatulco, Oaxaca, y otras cercanas a las mismas. Así, pese a que no formaban parte de los proyectos, Fonatur remató playas como las de Litubú, Nayarit; Vista Pelícanos, Guerrero, y Napolo, Baja California Sur.

En el sexenio de Vicente Fox se vendieron 3 mil 167 lotes (8 millones 476 mil 599.81 metros cuadrados) de suelo habitacional, comercial, turístico, residencial, hotelero, unifamiliar, de campo de golf o de club de playa, por un total de 6 mil 567 millones 816 mil 862 pesos.

La administración de Calderón inició con la misma tendencia de venta. Con Manuel Gómez Mont como director general, el Fonatur ha vendido, del 21 de diciembre de 2006 a la fecha, 25 lotes, por los cuales ha obtenido 206 millones 370 mil 301 pesos.

Pero es claro que, en los últimos nueve meses, Fonatur ha puesto los precios más bajos del mercado inmobiliario: En Vista Pelícanos, Ixtapa, por ejemplo, vendió hasta en 6.93 pesos el metro cuadrado, es decir, siete centavos más barato que un kilo de tortilla del lugar, a precio fijado por el propio Calderón.

Lo que está ocurriendo con los terrenos propiedad de la nación en México ocasionó inclusive un llamado de alerta por parte de la asociación ambientalista Greenpeace. Alejandro Olivera, coordinador de la campaña de Océanos y Mares de la organización, denunció que Fonatur “extorsiona y amenaza a ejidatarios para favorecer a empresarios, como parte de su política de vender a precios irrisorios zonas costeras a desarrolladores turísticos.

“En el sexenio anterior y lo que va de éste –precisó–, Fonatur ha utilizado métodos intimidatorios en contra de los dueños originales de terrenos de playa en las costas del Pacífico y el mar Caribe, para luego venderlos por debajo de su valor catastral, sin tomar en cuenta el daño que ocasiona a las comunidades y medio ambiente.”

Los despojos

En San José del Cabo, Baja California, Fonatur comercializó 123 lotes, equivalentes a una superficie de 512 mil 727 metros cuadrados, a cambio de 285 millones 230 mil 106 pesos. En este caso, uno de los compradores fue Carlos Gorshtein Udinsky, accionista de Hipotecaria Nacional, con un total de 6 mil metros cuadrados.

Desarrollo Marina Vallarta adquirió 44 mil 798 metros cuadrados; Arkhos Inmobiliaria, 6 mil; Construcciones JYF, 10 mil 371, y Promotora Caboley, mil 24 metros cuadrados.

En Loreto, otra playa de BCS, se vendieron 238 lotes, en su mayoría de 239 a 500 metros cuadrados. Aquí destaca la empresa Los Gallos de Loreto, que el 29 de junio de 2006 obtuvo en zona urbana 20 lotes, así como Clavos and Nails, que se quedó con 16 mil 705 metros, sólo que en zona para industria ligera.

Napolo es otra de las zonas de Baja California Sur que más ventas ha registrado: 168 lotes, con una superficie de 264 mil 100 metros cuadrados, a un precio de 75 millones 123 mil 166 pesos. La empresa beneficiada con los terrenos denominados “turísticos hoteleros densidad alta”, “condominios vertical alta” y “área comercial turística”, es TSD Loreto Partners, Sociedad en Comandita por Acciones de Capital Variable, con una superficie de 150 mil metros cuadrados. A su vez, Los Milagros de Nopolo adquirió 23 predios que van de los 185 a los 470 metros cuadrados.

Un ejemplo que ilustra los mecanismos de despojo en que ha incurrido Fonatur se encuentra en el Libro Blanco del proyecto Puerto Los Cabos, en Baja California Sur. Allí se califica de “invasores” a los ejidatarios, posesionarios legítimos de los terrenos, y se da cuenta del tono de las supuestas reuniones de “avenencia”.

Como en el siguiente párrafo: “Los Huerteros (ejidatarios) han sido muy intransigentes en las pláticas sostenidas, pero consideramos que se tiene los elementos suficientes como para iniciar un juicio en contra de ellos, que los obligue a recapacitar y así poder llegar a una negociación razonable, que permita recuperar esa superficie vital del terreno, que además de haber sido aportada al fideicomiso de Puerto Los Cabos, su restauración y cuidado son una condicionante al permiso otorgado por la Semarnat”.

El acta de esta reunión fue firmada por Gómez Mont, John McCarty y Eduardo Sánchez Navarro, dueño de Grupo Questro, el mayor desarrollador inmobiliario del puerto Los Cabos y para quien el director de Fonatur negoció los terrenos. Sánchez Navarro levantó también los complejos turísticos Cabo Real, El Dorado y Campestre San José, desarrollos con hoteles, condominios, residencias, áreas comerciales y campos de golf.

“Este es un ejemplo de cómo opera la política de Fonatur en el Proyecto Escalera Naútica, que toca 21 puntos del Golfo de California”, manifiesta a Proceso el coordinador de la campaña de Océanos y Mares de Greenpeace, Alejandro Olivera.



Huatulco y Cancún

Bahías de Huatulco, en Oaxaca, es otro de los Centros Integralmente Planeados promovidos por el Fonatur. Sólo en esta zona, en el sexenio de Vicente Fox se vendieron mil 66 lotes (1.4 millones de metros cuadrados) en 633 millones 774 mil 424 pesos.

Entre los compradores destacan Desarrollos Chahue, con 23 mil metros; Ricardo Benjamín Salinas Pliego, con 34 mil 945, y la compañía M.S. & JOY International, con más de 6 mil. El ayuntamiento de Santa María de Huatulco se quedó con 60 lotes.

Y también en este caso hubo despojos a ejidatarios. La zona llamada Punta Maguey, polígono de 63 hectáreas ubicado en la reserva ecológica Parque Nacional de Huatulco, fue entregada al empresario Agustín Pumarejo de la Serna para la instalación de un desarrollo turístico promovido por el mismo Fonatur. La entrega se hizo pese a que dichas tierras fueron expropiadas a los ejidatarios en mayo de 1989 y declaradas parque nacional el 24 de julio de 1998.

Así mismo, en Cancún, Quintana Roo, Fonatur comercializó mil 133 lotes por 3 millones 821 mil 949 pesos.

Dos de los beneficiados fueron Antonio Nazif Zacarías y Jacobo Sacal Hob, a quienes el portal de internet Latitud 21 incluye entre los “líderes de negocios en el Caribe mexicano”.

De acuerdo con el sitio, el constructor de la Plaza de las Américas, Sacal Hob, no tenía un proyecto ambicioso, sino la idea de un pequeño centro comercial con una tienda de autoservicio (Chedraui), una tienda departamental, Las Galas, y alrededor de 60 locales comerciales.

“Sin embargo –establece la página–, los desarrolladores de la plaza –incluido Fonatur–, con gran visión, efectuaron las adecuaciones y las inversiones necesarias (por el orden de los 60 millones de dólares) para expandirse y atender el mercado local.”

Los propios desarrolladores manifiestan:

“Estamos construyendo el centro comercial Cancún Mall, ubicado en la región 228, una zona densamente poblada y prácticamente sin ningún servicio de comercios organizados. También iniciamos Plaza Las Américas, Playa del Carmen, y acabamos de adquirir, conjuntamente con otro importante grupo de desarrolladores, el predio posterior a Plaza Las Américas Cancún, para establecer el Strip Center Cancún, de 20 mil metros cuadrados aproximadamente.”

En el caso del Pabellón Caribe, propiedad de Antonio Nacif Zacarías (comerciante acapulqueño), los trabajos empezaron en agosto de 2002 y finalizaron con la venta y entrega, en septiembre de 2003, de las 70 unidades que lo componen, tras una inversión de 3 millones de dólares.

A su llegada a Cancún, en el año 2000, la primera inversión de Nacif fue la construcción de casas y departamentos. Luego, tras aplicar un total de 6 millones de dólares en esta playa, convertida en un Centro Integralmente Planeado, en octubre de 2004 empezó la construcción de Plaza Nichupté, con una inversión de 3 millones de dólares, provista de 30 locales comerciales, restaurantes, 30 oficinas y 150 espacios de estacionamiento. Y no sólo eso, sino que en Puerto Aventuras erigió un edificio de 16 departamentos con una inversión de 2 millones de dólares.

La “Supermanzana IX, zona urbana 01” de Cancún resultó atractiva para Carlos Slim, quien, por medio de la empresa Alquiladora de Casas, filial de Telmex, compró 4 mil 130.53 metros cuadrados a 900 pesos el metro.

En la misma zona, 2 mil 807.14 metros fueron adquiridos por Homero Cárdenas Garza y Guillermo Prieto Treviño, este último presidente de la Bolsa Mexicana de Valores.

A su vez, Rómulo Farrera Escudero, quien dirige el Grupo Farrera, el cual distribuye marcas como GM, BMW, Nissan, Honda, Chrysler, Peugeot y Mitsubishi, compró 10 mil 551 metros.

Cerca de la “Supermanzana X, hospital Ángeles Cancún”, Olegario Vázquez Aldir –hijo de Olegario Vázquez Raña, propietario del Grupo Ángeles y del periódico Excélsior– obtuvo 25 mil 728 metros cuadrados, pero con un precio especial, aún más bajo: 310 pesos el metro.

En 2004, Jacinto Javier Olivera Iglesias se hizo, a su vez, de 15 mil 239.25 metros cuadrados en la “Supermanzana X”, pese a que ese mismo año era funcionario del Infonavit, dentro de la Comisión Consultiva Regional Sector Empresarial de Cancún.

Aparte de los empresarios mexicanos, Cancún atrajo a muchos extranjeros, principalmente españoles, como las empresas Hospiten México, Inmuebles Cantabria y Jocama.

Ixtapa y Litubú

En Ixtapa, Guerrero, se remataron 400 lotes, equivalentes a una superficie de 569 mil 184.39 metros cuadrados, por un importe de 463 millones 357 mil 163.28 pesos.

Paul David Carstens –donante de la Universidad Iberoamericana, consejero del Grupo IXE y del Grupo Bimbo– obtuvo 16 mil metros cuadrados, a 990 pesos el metro; en tanto que Adriana Calderoni Covarrubias, esposa de Alfredo Harp Helú, consiguió superficies tipo turístico residencial a precio de ganga: 578 pesos el metro cuadrado.

Pero el consorcio que se quedó con la mayor superficie fue Inmuebles Canta-bria, S.A. de C.V., compañía española que obtuvo cerca de 40 mil metros cuadrados a 975 pesos cada uno, tanto en zona turística residencial como turística residencial de densidad media.

Por lo que se refiere a las playas de Litubú, Nayarit, fueron entregadas a sólo tres consorcios. Ahí se vendieron lotes con una superficie de 494 mil 385 metros cuadrados por un total de mil 147 millones 552 mil 104 pesos. La mayor parte de estas áreas quedaron en manos de Servicios Financieros de Yucatán, Inmobiliaria Fadesamex y GA Litubú.

Pese a que uno de los argumentos para que Fonatur intervenga en la venta de terrenos propiedad de la nación es aumentar la disponibilidad de cuartos de hotel e incrementar el turismo, durante todo el sexenio de Vicente Fox la disponibilidad varió muy ligeramente e inclusive en algunas zonas turísticas disminuyó, según lo demuestran sus seis informes de gobierno; al mismo tiempo que el turismo nunca repuntó y, también en este caso, en algunas ocasiones fue a la baja.

Y, como si estos hechos no se hubieran registrado, continúa la venta de las mejores playas de México a precios de ganga, como puede verse en la página en internet del Fonatur, que actualmente oferta 274 lotes en los mejores centros turísticos. Según la página web, estos terrenos pueden adquirirse hasta en cómodas mensualidades a un plazo de tres años…