¿Una reforma fiscal para los pobres?*

Tomados de La Jornada, Hernández y colaboración de Di Constanzo.

Mario Di Costanzo

La reforma hacendaria presentada por el equipo económico de Calderón no contiene disposiciones que vayan a mejorar la administración tributaria ni tampoco el gasto público, ni mucho menos que acaben con los paraísos fiscales que gozan las grandes empresas, por lo que no restaura la equidad tributaria en el país.

De esta manera y contrario a lo anterior, en materia tributaria la reforma atenta gravemente contra las personas físicas y más aún contra aquellas que perciben menores ingresos, por ello es altamente regresiva y de ser mayoriteada por el PRI y por el PAN daría la posibilidad de recurrir al derecho de amparo en virtud de que contraviene lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución.

Así, en materia de manejo de impuestos no se advierten medidas estructurales que modifiquen el funcionamiento del Sistema de Administración Tributaria, tales medidas deberían de incluir el asunto de transparencia fiscal (quién paga y cuánto paga), modificaciones al órgano de gobierno del SAT, compromisos y metas de recaudación, etcétera.

En materia de gasto público no se incluyen disposiciones que reduzcan el gasto corriente, en especial no se establece nada respecto de las remuneraciones y prestaciones de los funcionarios públicos ni de los gastos superfluos.

La creación del Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas Públicas resulta obsoleto en virtud de que las actividades de evaluación que realizará y las recomendaciones que llevará a cabo son competencia y atribución de la Cámara de Diputados en la revisión de la cuenta pública, labor que lleva a cabo a través de la Auditoría Superior de la Federación.

De hecho resulta absurdo que sea un organismo emanado del Poder Ejecutivo quien vaya a evaluar las políticas instrumentadas por el propio Poder Ejecutivo, y mucho menos se advierte el destino de la recaudación adicional, ni tampoco qué sucederá con la carga tributaria a Pemex.

Por lo que se refiere a las propuestas fiscales (impuestos) se puede afirmar que mantienen los regímenes de excepción que han permitido que los grandes contribuyentes permanezcan intocables y eludan volúmenes importantes de impuestos, lo cual no mejora la equidad fiscal, perjudicando con ello a las pequeñas y medianas empresas y a las personas físicas.

Así, por ejemplo, de ser aprobada la propuesta calderonista, las personas que reciban ingresos diferentes a salarios, y que perciben por ejemplo 20 mil pesos mensuales de ingresos tengan un incremento en su carga fiscal hasta de 2.72 por ciento, lo que equivale a pagar 544 pesos más de lo que pagan en la actualidad, o bien una persona que recibe 35 mil pesos mensuales pagará 848 pesos más de lo que paga ahora.

Sin embargo, una persona que gana 500 mil pesos al mes tendrá un incremento en su carga fiscal de sólo 0.17 por ciento, y al pagar sólo 848 pesos más de lo que actualmente paga, esta situación es altamente desproporcionada si lo comparamos con las personas que se encuentran en rangos de entre 15 y 40 mil pesos mensuales de ingreso.

Otro elemento importante es que al eliminar el crédito al salario y sustituirlo por el subsidio al empleo se afectará también a los trabajadores de menores recursos y con menos prestaciones, ya que estos trabajadores estarían recibiendo menos efectivo en relación con la ley actual.

De esta manera, un trabajador que percibe dos salarios mínimos (3 mil pesos) y que con la ley actual recibe un crédito al salario de 274 pesos, recibe un ingreso neto de 3 mil 274. Sin embargo, con la propuesta de la nueva ley, y a pesar de tener el subsidio al empleo recibirá 3 mil 237 pesos, es decir, 37 pesos menos que ahora, esta situación se mantiene hasta los trabajadores que perciben hasta 8 mil pesos mensuales, ya que estos últimos recibirán hasta 151.33 pesos menos que lo que perciben ahora.


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Hice todo lo legalmente posible para ayudar a Monitor: Calderón


"Lo que estuvo fuera del alcance del gobierno" fue evitar la huelga de los trabajadores, dice

Afirma que no se sintió agraviado por Gutiérrez Vivó; "siempre me consideré bien atendido en su espacio"

CLAUDIA HERRERA BELTRAN



Afuera de las instalaciones de Diario Monitor continuaron las muestras de apoyo a José Gutiérrez Vivó Foto: Víctor Camacho


Manifestaciones ciudadanas en apoyo a Grupo Monitor Foto: Víctor Camacho Belmopan, Belice, 30 de junio. Mi gobierno hizo todo lo que legalmente fue posible para auxiliar a Monitor; no es cierto que se le haya cancelado la publicidad oficial, respondió el presidente Felipe Calderón a los señalamientos del cierre de ese espacio radiofónico a causa de un bloqueo publicitario de las autoridades federales.

Señaló que al contrario de lo que se dice, desde diversas dependencias del gobierno federal dio toda la publicidad que pudo al Grupo Monitor. Y negó tener algún agravio con su director general, José Gutiérrez Vivó, pues dijo que siempre se sintió bien atendido.

En conferencia de prensa conjunta con el primer ministro de Belice, Said Musa, el mandatario mexicano aseguró inclusive que se hicieron gestiones con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Hacienda para negociar los adeudos de la empresa. Pero lo que "estuvo fuera del alcance del gobierno" fue evitar el emplazamiento a huelga de los trabajadores de la compañía.

El viernes pasado, el periodista José Gutiérrez Vivó, director general de Grupo Monitor, anunció la salida del aire del noticiario radiofónico y lo atribuyó a la insolvencia económica de la empresa originada por un bloqueo publicitario impuesto desde el gobierno de Vicente Fox y mantenido durante el de Calderón.

En la última transmisión de su programa señaló que Monitor no había cumplido con sus deberes económicos con sus trabajadores, "porque la publicidad no llega, y no llega (...) porque hay indicaciones de que no llegue. Recuerde que es un boicot económico".

Calderón señaló que lamenta profundamente el fin de la programación de Monitor y le externó al dueño de la empresa su admiración y respeto.

Señaló que personalmente no tiene ningún agravio, "ni de lejos ni remotamente", con el dueño de Monitor.

Aprecio a Gutiérrez Vivó

"Contra lo que muchos piensan, yo siempre me consideré bien atendido en este espacio televisivo y radiofónico; jamás hubo un señalamiento de reproche o de sesgo en la información relativa a mí por parte de él, como ocurre o ha ocurrido en algunas ocasiones en ciertos medios", afirmó.

"A Gutiérrez Vivó, hasta cierto punto, siempre lo consideré objetivo en sus comentarios personales y verdaderamente lamento el fin de sus transmisiones", insistió el michoacano.

Consideró así que el creador de Monitor es un gran periodista, uno de los más distinguidos en el país; "siempre lo he apreciado y lo sigo apreciando", expresó.

Para demostrar que su gobierno sí auxilió ese espacio radiofónico, señaló: "hablamos con el IMSS para buscar un proceso de negociación que permitiera enfrentar el problema administrativo que tenía de cuotas pendientes.

"Hablamos también con la Secretaría de Hacienda para que buscara mecanismos para evitar que la carga fiscal adeudada desde hace tiempo al gobierno pudiera implicar un problema para esa empresa", añadió.

Insistió en que dentro de los límites legales que está escrupulosamente obligado a respetar, hizo lo que estuvo de su parte.

Se mostró confiado en que la gran capacidad y la reconocida trayectoria de Gutiérrez Vivó permitirán que pronto, así dijo desearlo, encuentre un espacio para seguir realizando su labor periodística.


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El erario, arma para restringir la libertad de expresión: CIDH

"La publicidad oficial no puede ser usada como castigo"


BLANCHE PETRICH

El relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Ignacio Alvarez, alerta sobre un mecanismo de "censura sutil" que en América Latina está ganando terreno y dibujando un paisaje de creciente intolerancia de los gobiernos hacia los medios críticos e independientes y hacia la información que perciben como negativa: el uso del erario para castigar o premiar a empresas periodísticas mediante la asignación arbitraria de cuotas de publicidad oficial.

Alvarez, abogado venezolano que se encuentra en México para asistir a un acto académico, reconoce que este fenómeno también lo ha observado aquí. "Es simplemente una forma de censura. De muchos países de la región se reciben quejas sobre medios con una línea oficialista a los que se les asigna más publicidad de los gobiernos, independientemente de su audiencia o tiraje. Puede haber medios con una audiencia mayor, pero una línea más crítica, que reciben mucho menos publicidad."

En la perspectiva de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión del sistema interamericano, el estado de los medios de comunicación en México es motivo de preocupación constante y prioritaria desde hace más de una década, tanto por el alto número de asesinatos de periodistas y de denuncias de agresiones y acoso contra los informadores -mucho más graves y frecuentes en los estados que en la ciudad capital- como por las restricciones indirectas a la libertad de expresión.

"Hemos visto casos -indicó- en los que se usa el poder de manera que aparentemente es legal, pero la causa última es restringir la libertad de expresión."

Señala que la legislación de la Organización de Estados Americanos (OEA) tiene un capítulo específico donde se establece que no se puede usar el erario para castigar o premiar a los medios por su línea editorial, y se menciona como un ejemplo concreto la asignación de publicidad oficial. "Es una forma de censura", reitera en entrevista.

Como parte de la intervención de la relatoría ante esta situación que Ignacio Alvarez llama de "censura tenue", la CIDH impulsa medidas de transparencia. "Los estados tienen que crear legislaciones para evitar que la publicidad oficial se use como medida para reprimir indirectamente la libertad de expresión. Hay una diferencia con el pasado reciente, cuando con gobiernos represivos y autoritarios los métodos eran brutales. Ahora hay métodos más sutiles, más modernos, digamos. No hay una radiografía exacta de la situación, porque además es muy fluida, cambiante. Pero sí podemos afirmar que se está viendo una creciente intolerancia a la crítica, a la información negativa, y las autoridades están utilizando distintas maneras de orden público para coaccionar. El diagnóstico es preocupante, porque es una práctica generalizada."

Advierte que los gobiernos y los informadores "tienen que repensar esto como un problema de intolerancia. Es necesario diseñar legislaciones que impidan ese ejercicio arbitrario de los recursos públicos como parte de las reformas a las distintas leyes de medios."

Por otra parte, el funcionario reiteró lo que ha expresado en ocasiones anteriores: la preocupación central de la relatoría respecto a los casos de asesinatos, amenazas y agresiones a periodistas mexicanos. "Cuando el narcotráfico asesina a un periodista, no hay una responsabilidad directa del Estado en el crimen. Pero su obligación sí es prevenir e investigar y sancionar cuando se produce esta violación. Por eso en México sí hay responsabilidad del gobierno. Hay una situación de vulnerabilidad total de los periodistas y hay autocensura debido a la incapacidad del Estado de garantizar la libertad de expresión".

Alvarez cita que, en medio del balance negativo, hay algunas señales alentadoras, como la reforma legal reciente que elimina la injuria como delito que amerita una sanción penal.

Otra "señal positiva" fue la creación de la fiscalía especial para ilícitos contra periodistas en la Procuraduría General de la República, pero "en la práctica no tiene competencia para conocer delitos cometidos por el crimen organizado, que es el grueso del expediente. Es decir, no tiene competencia para los hechos fundamentales. Ya con eso sería suficiente para poner en tela de duda la efectividad de esa medida, a pesar de toda la buena voluntad que la pueda haber precedido.
"Además, a la fiscalía no se le dan los recursos económicos y el apoyo político que requiere. De hecho se dio la renuncia del fiscal David Vega. Sin conocer los detalles que lo llevaron a renunciar, entiendo que no se resolvió ningún caso durante su gestión, no por falta de voluntad de él, sino por cuestiones prácticas que se lo impidieron. Es importante no sólo hacer gestos de esta naturaleza que en apariencia están bien sino buscar que sean efectivos en la práctica".

*Tomados del periódico La Jornada.