progressif

viernes, julio 06, 2007

Nuevo pacto social para Baja California




Tomados de La Jornada, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores.


jaime cleofas martínez veloz*

México, D.F., 5 de julio (apro).- La actual crisis electoral de Baja California es la expresión de un largo y sinuoso camino de descomposición, donde el Estado mexicano y las fuerzas políticas locales tienen, cada una de ellas, una parte alícuota de corresponsabilidad.

Los altos estándares de vida que caracterizaron a nuestra entidad durante los años ochenta y noventa, han caído dramáticamente: tenemos hoy los más bajos índices en matrícula preescolar, en eficiencia terminal de bachillerato, en número de habitantes por atención médica; y punteamos los estados con mayor incidencia delictiva, personas con adicciones y mortalidad por enfermedades infecciosas.

Ante esta realidad, no hay posibilidad que el PAN eluda su responsabilidad como partido gobernante. Las cifras no mienten. Sin embargo la corresponsabilidad y la complicidad o, en el mejor de los casos, la complacencia del PRI es indiscutible. Emplazado a constituirse como una alternativa de poder, el priismo naufragó, entre la visión cortoplacista y la ambición trepadora de sus sucesivas directivas locales. Sin rumbo ni horizonte, abjuró de su plataforma y reivindicaciones históricas, y se convirtió en un cortesano de las políticas gubernamentales panistas.

La aparición electoral de la figura de Jorge Hank en el 2004, se concatenó, con una cada vez más generalizada opinión de desencanto de la población con respecto al PAN.

Frente a una ciudadanía decepcionada o harta de la política, Jorge Hank, aprovechó el momento y con una circunstancia favorable, aceitó la maquinaria electoral de su partido y logró un apretado triunfo sobre el PAN en el municipio de Tijuana. No obstante los resultados de su gobierno son magros, o mejor dicho, infumables: inestabilidad, corrupción, frivolidad y mayor inseguridad. A pesar de ello, su presencia electoral en la actual contienda, sólo es explicable gracias a los pésimos resultados de las diferentes administraciones panistas y al despliegue de una ostentosa e insultante campaña electoral. Los topes de campaña son simples enunciados y cifras ridículas ante el derroche financiero del que se hace gala.

En este escenario, la presencia de la izquierda ha sido marginal y desarticulada. Confinada a los espacios de representación plurinominal, ha existido como referente anecdótico, alejada de la disputa de poder y, salvo contadas excepciones, sólo ha aparecido ocasionalmente como aliada formal o informal de alguna de las dos fuerzas en disputa, según sea el caso. La incapacidad de los partidos que integran el Frente Amplio Progresista (FAP) para concretar una coalición habla por sí misma de la incapacidad de la izquierda para procesar sus diferencias.

Sin embargo, la población fronteriza por su propia conformación pluricultural y su actitud ante la vida, contiene segmentos sociales con una disposición y simpatía hacia los proyectos políticos liberales, democráticos, nacionalistas y de izquierda.

El triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas en el 88 y la significativa votación de Andrés Manuel López Obrador en el 2006, demuestra que existe una veta enorme para empujar hacia la creación de un modelo de gobierno diferente. La condición es la definición de un rumbo claro y una acción política coherente, articulada y efectiva en favor de un Estado social, democrático y de derecho. Quienes simpatizamos o militamos en la izquierda tenemos la palabra.

En este contexto se produce la crisis electoral que cada día genera un mayor nivel de incertidumbre entre la población bajacaliforniana. La cancelación del registro de la candidatura de Jorge Hank es la expresión del concierto de desatinos que caracteriza a la clase política del estado. La aprobación de lo que hoy se conoce como ley antichapulín es, en realidad, una modificación que se plasmó en la Constitución política estatal. En mi opinión es una disposición que contradice la Carta Magna, conculca los derechos políticos de los ciudadanos y nunca debió ser aprobada. Sin embargo en su momento dicha reforma constitucional fue considerara por los propios priistas como una acción vanguardista en materia electoral. Lejos estaban de conocer que el destino los alcanzaría con su aventurerismo legislativo.

Con Jorge Hank a la cabeza, acostumbrados a desenvolverse en un marco donde las leyes, en la mayoría de los casos, son una especie de adorno folclórico, los priistas no midieron, ni sus alcances, ni su circunstancia. Rodeado de aduladores y acríticos empleados, Hank se lanzó a la aventura electoral pensando que su nombre y sus relaciones, lo podían todo; menospreció a sus adversarios y apostó a la desmemoria colectiva.

El problema se complica cuando la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha sentado jurisprudencia en el sentido de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación “carece de competencia para pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de leyes”. Si este antecedente se impone el Tribunal rechazará la impugnación de Hank al dictamen de la autoridades estatal electoral.

La vía del amparo en materia de derechos políticos electorales no ha procedido hasta la fecha, por lo que el único recurso, desde el punto de vista jurídico, que tiene Hank es recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Desconozco los alcances de los litigantes de Hank, pero la red jurídico-electoral que atrapó su candidatura se creó con antelación, y con la participación firme y decidida de muchos que ahora son sus empleados o asesores. Aunado a lo anterior, en días pasados el Tribunal Estatal Electoral rechazó otras candidaturas a diferentes cargos de elección popular por no cumplir con diversas disposiciones de carácter legal. Lo cual profundiza la crisis bajacaliforniana.

En el plano jurídico Hank y el PRI están atrapados en su circunstancia. De ratificarse la sentencia del tribunal estatal, en el ámbito federal, la única opción que tienen, es en el plano de lo político. Sus simpatizantes, hablan de la necesidad de la participación del PRI en la reforma fiscal, apuestan doble contra sencillo que en el ámbito federal lograrán lo que no pudieron en el plano estatal. La ilusión los encandila.

Calderón tiene antes que cualquier otra necesidad, la de legitimarse como presidente después del cuestionado proceso electoral que le permitió al acceso al poder, y ha hecho de la cruzada contra la inseguridad, su instrumento o pretexto de legitimación. En este escenario el posible ascenso de Hank al Gobierno de Baja California, se leería como una muestra de debilidad o fracaso de la política legitimadora calderonista. O dicho de otra manera, un posible triunfo de Jorge Hank en Baja California, sería en demérito del proceso de legitimación de Calderón.

De confirmarse la cancelación de la candidatura de Jorge Hank, tiene dos opciones: reconocer el fallo y esperar mejores tiempos o llamar a la movilización política. Desconozco cuál vaya a ser su postura. Sin embargo, independientemente de lo que el PRI defina, la situación social de Baja California podrá verse convulsionada si no se cuenta con una respuesta adecuada de las diferentes fuerzas políticas, en especial del Partido Acción Nacional, y un reconocimiento de que por la ruta seguida hasta hoy es imposible un desarrollo armónico y futuro alentador para las nuevas generaciones, condenadas hasta hoy a la desesperanza, las adicciones y en el mejor de los casos empleos con bajísimos salarios.

La ruptura del tejido social está presente desde hace largo rato y amenaza con agudizarse, lo cual significa que el deterioro será cada vez más grave y los conflictos sociales no tardan en estallar. Desconozco cuál sea la forma en que se expresen, pero no es posible descartar la violencia política como una de sus manifestaciones. Es decir, proceda o no el recurso para restituir la candidatura de Jorge Hank, la crisis en la gobernabilidad bajacaliforniana ya está presente y amenaza con una profundización mayor.

La necesidad y el compromiso de un nuevo Pacto Social en Baja California es un imperativo impostergable. Un nuevo Pacto Social y una nueva reforma electoral, que garantice elecciones equitativas y transparentes, donde los aparatos de gobierno dejen de sustituir a las organizaciones partidarias; donde no se trate de que los partidos que hoy gastan poco, gasten más, sino de que sólo se invierta lo indispensable para difundir las proyectos y el currículum de los candidatos; donde quienes aspiren sepan con toda claridad los requisitos legales para acceder a un cargo de representación popular; donde la ciudadanía tenga acceso a la información financiera y al informes de monitoreo de los medios de comunicación; donde se formulen instrumentos para medir los compromisos de los candidatos y sus resultados en el ejercicio de la acción gubernamental; donde se erradique para siempre, la perversa tentación, de quien está en el poder, juegue con ventaja, tal como lo hacen hoy el PAN y el PRI.

Un nuevo Pacto Social, que ponga en el centro de su contenido el desarrollo cultural, económico, político y social de nuestro pueblo. Sólo una sociedad con cultura y valores democráticos puede construir y conservar normas de convivencia. El PAN, como partido en la oposición contribuyó en forma importante al avance de la democracia en el estado, sin embargo como gobierno reprodujo todas las formas de hacer política que criticaba y dejó en el abandono sus postulados opositores. Se convirtió en un viejo PRI de color azul.

Más allá de la situación crítica que se ha generado con la cancelación de las candidaturas que fueron rechazadas por el Tribunal Estatal Electoral, urgen mecanismos de diálogo entre todas las fuerzas políticas. Independientemente de las cuestiones legales, en el imaginario colectivo existe la percepción de que el PAN intenta ganar las elecciones por la vía de la descalificación, eso no le sirve ni al PAN y mucho menos a la sociedad, urgen acuerdos que tracen una ruta de trabajo, que conjugue la aspiración ciudadana con la actividad de las instituciones, que están vuelvan a ser las instancias en el que el pueblo se reconozca, se exprese y se desarrolle.

Nosotros seguiremos realizando nuestra campaña, con todas las ganas y con los recursos que la vida nos ha otorgado, donde la experiencia y la formación son baluartes insustituibles. En mi caso, lo que yo haga es mi responsabilidad, me asesoro de personas con conocimiento en cada una de las áreas de la actividad política o institucional, pero al final de cuentas la responsabilidad de mis actos los asumo con todas sus consecuencias. Mis padres me heredaron un ejemplo de entrega, trabajo y sinceridad, y eso vale más, que todos los millones de dólares del mundo.

Somos el único partido que ha presentado hasta ahora un Programa de Trabajo y que a pesar de las provocaciones y las campañas ostentosas de nuestros adversarios, hemos podido avanzar en la mente y los corazones de los tijuanenses.

Por ello adelanto que al margen de los resultados electorales, cuando menos por ahora, el PRD ha obtenido una victoria moral, como inicio de una nueva etapa, donde dejaremos de ser para siempre, una organización marginal. Hoy más que nunca estamos y estaremos presentes en todos y cada uno de los temas de interés de los tijuanenses, quienes durante la presente campaña nos han abierto sus hogares y sus corazones.

Por ello establecemos el compromiso de redoblar nuestros esfuerzos y en esta segunda etapa de la campaña consolidaremos los avances logrados y ampliaremos significativamente nuestra presencia en la población que amablemente nos ha recibido, nos ha apoyado y con la cual estamos sumamente comprometidos a entregarles resultados positivos de nuestra actividad política.
*Candidato del PRD a la Presidencia Municipal de Tijuana