"Legalidad" de las derechas PRIANistas
Tomadas de La Jornada y Milenio. El góber precioso Marín Torres y el pelele Calderón Hinojosa.
Tomados de La Jornada, El Fisgón, Hernández, Helguera y Rocha y El Universal, Naranjo.
Informe sobre un infame contubernio
Miguel Ángel Granados Chapa
Recomendados por el gobernador Mario Marín, el 12 de julio de 2005 los abogados del empresario Kamel Nacif fueron recibidos por la procuradora general de Justicia de Puebla, Blanca Laura Villeda Martínez. Iban a presentar una denuncia de hechos contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro, residente en Cancún, por difamación y calumnia, a juicio de su cliente cometidos en la escritura del libro Los demonios del Edén, publicado en marzo del mismo año en la Ciudad de México.
Diligente en cumplir instrucciones de su jefe el gobernador, la procuradora envió de inmediato a los abogados del empresario ante el director de Averiguaciones Previas, Luis Guillermo Ascensión Serna, quien a su vez los condujo ante la agente del Ministerio Público especializada en delitos electorales, Rosa Aurora Espejel Prado, para que recibiera la denuncia correspondiente. El pliego de consignación fue presentado el 10 de agosto siguiente. Fue la última tarea realizada por la agente, pues debido a su escasa carga de trabajo y tras la atención al caso recomendado, fue cambiada de adscripción el 18 de ese mes.
A mediados de octubre, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Guillermo Pacheco Pulido, un viejo político que ha sido legislador, alcalde y notario, recibió en su oficina a Kamel Nacif, su amigo Hanna Nakad y su abogado Arsenio Farell Campa. Pacheco encargó el asunto de esos señores a la juez quinto penal, Rosa Celia Pérez González, quien dictó orden de aprehensión el 18 de octubre. Ese mismo día, el comisario del juzgado, Moisés Vázquez Ruiz, que habitualmente entrega ese género de órdenes a la Dirección Jurídica de la Procuraduría –así lo hizo en 252 ocasiones durante 2005 y 2006–, llevó la orden contra Lydia Cacho directamente a la oficina de la procuradora Villeda.
(Hasta ese momento Kamel Nacif no tenía prisa. Por eso su influencia ante los altos funcionarios no se manifestaba en aceleración de los trámites. Pero como su intención al denunciar a Lydia Cacho era, además de castigarla, inhibirla o desprestigiarla respecto del juicio de extradición que en Arizona se seguía contra su protegido Jean Succar Kuri, cuando las necesidades procesales de éste lo urgieron, él apremió a las autoridades que tan deferentes se manifestaban ante su persona.)
Al mediodía del 16 de diciembre los agentes Jesús Pérez Vargas y José Montaño Quiroz, de la Policía Judicial poblana, y Miguel Mora Olvera, de la de Quintana Roo, detuvieron en Cancún a la periodista. Los dos primeros habían sido comisionados por la procuradora para efectuar la captura y partieron de Puebla el 14 de diciembre. No viajaron solos al Caribe. Además de ellos a bordo de un Cavalier, al menos ocho personas más los acompañaron, algunos en una camioneta Liberty, color blanco, propiedad de Nacif, como actuaban en su esfera también los acompañantes de los agentes judiciales. (El propio empresario había buscado al procurador quintanarroense, Bello Melchor, para asegurarse del éxito de la operación. Una decena de agentes judiciales de Cancún contribuyeron a ella, escoltando al convoy procedente de Puebla para que saliera rápidamente del balneario caribeño.)
La presidenta del Tribunal Superior de Quintana Roo telefoneó a su homólogo poblano para informarle del cumplimiento de la orden de aprehensión. Durante las 22 horas siguientes, Lydia Cacho vivió un verdadero infierno, víctima de tortura psicológica y maltrato, hasta que fue internada en el penal de San Miguel a las diez horas cuarenta minutos del 17 de diciembre y puesta a disposición de la juez Pérez González, quien consultó telefónicamente a su jefe el presidente del tribunal, quien fijó el monto de la fianza, 70 mil pesos, inusual cantidad para el tipo de delitos de que se trataba.
(El 18 de diciembre, Nacif telefoneó a Marín para congratularse ambos del éxito de la concertación fraguada meses atrás. “Ya ayer le acabé de dar un pinche coscorrón” a la periodista, dice el funcionario, a quien el textilero llama “góber precioso” y explica que el telefonema es “para darte las gracias por lo que hiciste”.)
El 3 de enero, Lydia Cacho apeló al tribunal contra el auto de formal prisión. Pero para encargarlo a una sala a modo, su asunto se incluyó en la lista del día anterior, 2 de enero. Se dijo que habiendo sido el único documento recibido el 3, era práctico acumularlo con los de la víspera. Pero resulta que en la lista del 3 aparecen 36 asuntos turnados a las salas penales.
Salvo las expresiones entre paréntesis, la narración de los hechos anteriores descansa en el informe presentado ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el martes 26 de junio por el ministro Juan N. Silva Meza, quien encabezó la comisión encargada por el Pleno de investigar los hechos denunciados por Lydia Cacho, cuya versión sobre lo acontecido fue claramente ratificada por la indagación del supremo tribunal.
Con base en ese informe, la Comisión Silva Meza presentó a los ministros 10 conclusiones, de las que aquí nos importan cinco, pues de las restantes, y de los precedentes que dieron lugar a ellas, nos ocuparemos posteriormente, dada su propia importancia, relacionada con la pederastia y la pornografía infantil, los temas que dieron origen al libro de Lydia Cacho por el cual se la puso en la picota. Dada la naturaleza de la indagación constitucional, las conclusiones no forman parte de una sentencia, sino meras consideraciones, como se evidencia en su redacción:
“Primera. Sí existió concierto de autoridades de los estados de Puebla y de Quintana Roo, para violar derechos fundamentales de la periodista Lydia María Cacho Ribeiro, violando además los principios democráticos de federalismo y división de poderes, en especial el principio de independencia judicial (...) Tercera. Corresponderá al Congreso de la Unión la decisión definitiva sobre la procedencia o no del juicio político que corresponde instaurar a un alto funcionario de la Federación, como lo es el gobernador constitucional del estado de Puebla, licenciado Mario Plutarco Marín Torres. Cuarta. Por lo que ve a la responsabilidad de las autoridades que participaron directa o indirectamente en la componenda del gobernador con el empresario al que auxilió, tocará a la legislatura de cada entidad iniciar el procedimiento que corresponda contra el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, Guillermo Pacheco Pulido, así como en contra de los procuradores generales de Justicia de los estados de Puebla y Quintana Roo. Quinta. Al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, sin la participación de los involucrados, le toca decidir sobre la conducta de los funcionarios judiciales, en lo particular la juez quinto penal con residencia en la capital del estado de Puebla, Rosa Celia Pérez González, en términos del artículo 17 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial de dicha entidad. Sexta. Al Ministerio Público de los estados de Puebla y Quintana Roo, el ejercicio de las acciones penales que correspondan por la colusión de autoridades y por los delitos contra la administración de justicia que se consideren cometidos.”
La Corte aplazó la aprobación del informe de la Comisión Silva Meza. Independientemente de las causas de esa decisión y de sus efectos, el dictamen tiene un valor por sí mismo, por la contundencia de los datos resultantes de la investigación, y porque partió de reconocer la trascendencia de la conversación telefónica entre Nacif y Marín, clave de toda la trama, y que escuchamos todos desde su transmisión en el programa Hoy por hoy de Carmen Aristegui, el 14 de febrero de 2006.
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El cierre de Monitor y el síndrome de Poncio Pilatos
jenaro villamil
México, D.F., 3 de julio (apro).- “Se nos murió Monitor, estamos tristes… Que el destino le cobre la cuenta a cada quien por lo que ha hecho”. Con estas palabras, el periodista José Gutiérrez Vivó remató a las 10:00 de la mañana del 29 de junio un total de 41 mil 100 emisiones de su programa radiofónico con 33 años de historia y se convirtió así en el primer medio de comunicación que desaparece en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
Un día después, Calderón Hinojosa, ante la insistencia de los reporteros, negó que su gobierno estuviera involucrado en el cierre de Monitor. Incluso, dijo que había hecho todo lo posible para que se resolviera el litigio que mantiene con el Grupo Radio Centro.
Sin embargo, no expresó ningún compromiso con su administración por apoyar con publicidad o, mínimo, en alguno de los espacios de la radio pública, para que continuara el programa de Gutiérrez Vivó. Simplemente, trató de librarse del golpe.
A la indignación de miles de radioescuchas que seguían con fidelidad a Monitor y a la desazón de los trabajadores de los medios de comunicación que ven en esta situación un signo ominoso de los “tiempos calderonistas”, se suma la conjura del silencio de las dos televisoras más importantes (Televisa y TV Azteca) en torno a este hecho. La indignación que mostraron por el acto arbitrario con que Hugo Chávez acabo con Radio Caracas Televisión (RCTV) en Venezuela, no se tradujo en un mínimo gesto de solidaridad y de condena a uno de los espacios radiofónicos más emblemáticos en las últimas tres décadas en México.
No pocas voces susurraron que Gutiérrez Vivó se lo tenía merecido por “haberse vuelto lopezobradorista”, como si adoptar una posición editorial fuera razón suficiente para justificar boicots publicitarios y para que la justicia mexicana pasara por alto el laudo de la Corte Internacional de Comercio con sede en París que claramente le dio la razón al empresario y periodista de Inforred en su litigio contra Grupo Radio Centro. Cuando los prejuicios pueden más que los principios, estamos realmente en un clima de silenciamiento sumamente preocupante. Y esto es una herencia directa del foxismo.
Desde meses antes, Gutiérrez Vivó había acusado al gobierno de Vicente Fox de haber ordenado una campaña de boicot publicitario en contra de Monitor y extendió su acusación en contra de los responsables de comunicación del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
El 6 de diciembre de 2006, al recibir el Premio Nacional de Periodismo que otorga el Club de Periodistas, el director general de Grupo Monitor relató que recibió un mensaje de Max Cortázar, jefe de Comunicación Social de Felipe Calderón, quien le advirtió: “Están castigados. Vamos a ver cómo se comportan. Si quieren difundir nuestra información bien, si no, también.”
En entrevista con Proceso, Gutiérrez Vivó reiteró que las presiones para sacarlo de la frecuencia 102.5 de FM, para evitar que Grupo Radio Centro le pagara poco más de 21 millones de dólares fue producto de un acto de censura del gobierno de Fox.
“¿Cómo se le hace para sacar del aire a alguien? ¿Cómo se le hace para no pagarle una indemnización que se le pagaría hasta el más humilde? Se hace con el favor del poder. Entonces, creo que está muy claro que Vicente Fox, y lo digo con toda conciencia, es un antidemócrata que es capaz de acallar medios de comunicación con hechos concretos. Y nosotros somos un hecho concreto”, afirmó Gutiérrez Vivó.
También acusó la existencia de “agujeros negros” en el circuito de la justicia mexicana que le han permitido al Grupo Radio Centro evitar pagarle los 21 millones de dólares ordenados en el laudo de la Cámara Internacional de Comercio de París.
Seis meses después, en su última emisión en las frecuencias 1320 y 1520 de AM, informó que se veía obligado a culminar con su noticiario radiofónico y con sus transmisiones televisivas en el canal 52, de Multivisión, porque “la publicidad no llega y no llega porque hay indicaciones de que no llegue. Es un boicot económico”.
Apenas unas horas antes de que Gutiérrez Vivó anunciara que así culminaban 33 años de un noticiario que marcó un estilo en la radio mexicana, el presidente Felipe Calderón presumía que en su gobierno existe libertad de expresión, pero que se debe lograr “un balance entre libertad de expresión y responsabilidad, un balance de independencia, de libertad y de apertura”.
Flanqueado por los concesionarios de Televisa, TV Azteca y Multivisión, Calderón presumió durante la entrega del premio “Principios” a los mejores contenidos de radio y televisión que en el país se había reducido “el clima de crispación y rencor que fue sembrado e inoculado en un segmento de la población”.
Sin embargo, hasta el viernes 29 de junio la oficina de Comunicación Social de la Presidencia no había emitido ninguna reacción ante el cierre de Monitor, pionero en las mesas de análisis político y en el concepto de la “red vial”. Fue un día después que Calderón reaccionó con la estrategia de Poncio Pilatos. Se lavó las manos y evadió la responsabilidad de apoyar a un espacio informativo plural que representa fuentes de empleo para muchos profesionales de la radio.
Un comunicado enviado por el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) advirtió que “el cierre del espacio radiofónico es un triunfo para los grandes grupos políticos y económicos, que acaparan las frecuencias radiofónicas atendiendo sus intereses, haciendo a un lado el fin primordial de un medio de comunicación que es informar objetiva e imparcialmente con respeto del derecho constitucional de libre expresión”.
“Caro pagó Gutiérrez Vivó el desafío a la ‘pareja presidencial’, que vinculaba a la estación con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y que intentó acallar a la radioemisora, violentando desde el poder el derecho a informar y ser informado”, subrayó el Cencos.
En la mayoría de los espacios radiofónicos matutinos y vespertinos de todo el país se expresaron muestras de solidaridad y de preocupación por el cierre de Monitor, pero la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, el organismo cúpula de los concesionarios no había emitido ninguna reacción.
--¿Qué tanto influye en la situación de Monitor la recomposición de los grupos mediáticos a partir de la convergencia tecnológica y de la Ley Televisa? –se le preguntó a Gutiérrez Vivó en el Club de Periodistas en diciembre pasado.
--Eso es muy importante. Recordemos que parte del convenio era eliminar a los medios incómodos para ellos, no para la sociedad, y entonces, para hacerlo, creo que si uno revisa la ley, sólo tendrán acceso en momentos por venir un grupo que tendrá el capital y los contactos, y también la docilidad necesaria para servir a un solo hombre y no servir a los 105 millones de mexicanos, para servir a ese hombre como se sirve a un amigo.
Sobre su relación con Felipe Calderón, Gutiérrez Vivó recordó en ese entonces que durante el último día de campaña, el entonces candidato presidencial del PAN pidió asistir a Monitor. Antes de entrar a la cabina, con un café en la mano, Calderón le dijo: “estoy aquí contrario a lo que mis asesores me dijeron”.
“¿Por qué?, le pregunté. ‘Porque me dijeron que no viniera. Pero como sé quiénes son ustedes y los escucho desde los once años, aquí estoy’, respondió.”
Para Gutiérrez Vivó estaba muy claro lo que sucedía y advirtió que Calderón aún estaba a tiempo de que “lo conviertan en rehén de interés de no se quién o de quiénes porque ni siquiera llegamos en Monitor a la categoría de enemigos del presidente de la República”.
Por lo visto, estos intereses pueden aún más que la voluntad y la aspiración de sostener un clima de libertad de expresión.
Es un signo ominoso el cierre de Monitor, pero más preocupante es la conjura del silencio que hace invisible lo que en otras partes del mundo es señalado como un pésimo expediente para el derecho a la información.
Email: jenarovi@yahoo.com.mx
Como es de conocimiento público la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) investigó las violaciones a los derechos humanos de la periodista Lidia Cacho Ribeiro, por parte de autoridades de los gobiernos de Puebla y de Quintana Roo. El ministro Ponente Juan N. Silva Meza concluyó que la investigación encargada a él por el máximo tribunal del país arroja culpabilidad para los funcionarios señalados.
En su ponencia del martes 26 de junio de 2007 ante el pleno de ese cuerpo colegiado expresó lo siguiente:
“...el acervo probatorio recabado por esta Comisión, contando con la eficiente colaboración de particulares, se constituyó por: grabaciones de diversas conversaciones telefónicas;
diversas publicaciones periodísticas; diversos informes rendidos por autoridades del Estado de Puebla, video que contiene la grabación del momento de la detención de la periodista Lydia María Cacho Ribeiro; audio que contiene una entrevista televisiva con Kamel
Nacif Borge; audio de entrevista periodística con la Juez Quinto Penal del Estado de Puebla; copia certificada de diversos expedientes personales de servidores públicos, que tuvieron relación con la detención y procesamiento de la periodista citada (...)
“El procesamiento de todos esos medios de convicción llevó a la Comisión Investigadora a tener por acreditadas las hipótesis a verificar señaladas por este Tribunal Pleno, pues demuestran que sí existió concierto de autoridades de los Estados de Puebla y de Quintana Roo para violar derechos fundamentales de la periodista Lydia María Cacho Ribeiro, transgrediendo además los principios democráticos de federalismo y división de poderes (...)sí existe violación reiterada y sistemática de derechos fundamentales en perjuicio de
menores de edad, constituyendo tal vez, un serio problema que el Estado mexicano, con urgencia deberá atender (...)
“En efecto, los diversos medios de convicción que ustedes ya conocen, revelan entre otras muchas cosas lo siguiente: 1.- La conducta o actitud deliberada de las personas que rindieron testimonio ante la Comisión y que de alguna manera tuvieron vinculación directa o indirecta con los hechos materia de la investigación, en lo concerniente a la vertiente relacionada con el Estado de Puebla: concierto de autoridades, al conducirse en forma
falaz, al narrar los acontecimientos sin apegarse a la realidad en que se sucedieron, ello con el propósito de ocultar la información o desviar la investigación para disipar la intervención del gobernador de esa entidad federativa, de modo que no se llegara a conocer la verdad respecto del concierto de acciones de los funcionarios estatales, gobernador, procurador y presidente del Tribunal Superior de Justicia, así como la participación de particulares, con el objetivo de violar en forma grave, los derechos fundamentales de Lidia María Cacho Ribeiro. (...)”
Por ello el ministro propuso al pleno se votará a favor o en contra de las siguientes conclusiones:
PRIMERA.- SÍ EXISTIÓ CONCERTO DE AUTORIDADES DE LOS ESTADOS DE PUEBLA Y DE QUINTANA ROO PARA VIOLAR DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERIODISTA LIDIA MARÍA CACHO RIBEIRO VIOLANDO ADEMÁS LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS DE FEDERALISMO Y DIVISIÓN DE PODERES EN ESPECIAL EL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA JUDICIAL.
SEGUNDA.- SÍ EXISTE VIOLACIÓN REITERADA Y SISTEMÁTICA DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN PERJUICIO DE MENORES DE EDAD.
TERCERA.- CORRESPONDE AL CONGRESO DE LA UNIÓN LA DECISIÓN DEFINITIVA SOBRE LA PROCEDENCIA O NO DEL JUICIO POLÍTICO QUE CORRESPONDE INSTAURAR A UN ALTO FUNCIONARIO DE LA FEDERACIÓN COMO LO ES EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE PUEBLA,
LICENCIADO MARIO PLUTARCO MARÍN TORRES.
CUARTA.- POR LO QUE VE A LA RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES QUE PARTICIPARON DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN LA COMPONENDA DEL GOBERNADOR CON EL EMPRESARIO AL QUE AUXILIÓ, TOCARÁ ANALIZAR A LA LEGISLATURA DE CADA ENTIDAD FEDERATIVA INICIAR
EL PROCEDIMIENTO QUE CORRESPONDA CONTRA EL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA, GUILLERMO PACHECO PULIDO, ASÍ COMO EN CONTRA DE LOS PROCURADORES GENERALES DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS DE PUEBLA Y
DE QUINTANA ROO.
QUINTA.- AL PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA, SIN LA PARTICIPACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS, DECIDIR SOBRE LA CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES EN LO PARTICULAR LA JUEZ QUINTO PENAL CON RESIDENCIA EN LA CAPITAL DEL ESTADO DE PUEBLA, ROSA CELIA PÉREZ GONZÁLEZ, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 17 FRACCIÓN V DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA DICHA ENTIDAD.
SEXTA.- AL MINISTERIO PÚBLICO DE LOS ESTADOS DE PUEBLA Y DE QUINTANA ROO, EL EJERCICIO DE LAS ACCIONES PENALES QUE CORRESPONDAN POR LA CORRUPCIÓN DE AUTORIDADES Y POR LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA QUE SE CONSIDEREN COMETIDOS.
SÉPTIMA.- CORRESPONDERÁ A TODAS LAS INSTITUCIONES DEPENDIENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, AL IGUAL QUE LA DE LOS ESTADOS, ASÍ COMO LAS ENCARGADAS DE LA DEFENSA DE LOS MENORES, INVESTIGAR, COMBATIR Y PERSEGUIR CON TODA LA FUERZA E INGENIO DEL ESTADO CUALQUIER ACTO DE PEDERASTIA, EXPLOTACIÓN Y PORNOGRAFÍA INFANTIL, PARA ESE EFECTO Y DADO QUE SE TRATA DE UN SECTOR QUE POR SU INCAPACIDAD ESTÁ IMPOSIBILITADO DE COMPRENDER DEL DAÑO O DE PARTICIPAR EN SU SOLUCIÓN, SE SUGIERE INFORMAR PERIÓDICA Y PÚBLICAMENTE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES, JUSTIFICÁNDOSE ÚNICAMENTE LA SECRECÍA O CONFIDENCIALIDAD DE LA VÍCTIMA Y LA DEL AGRESOR CUANDO POR RAZÓN DE GRADO O FORMA DE
PARTICIPACIÓN PUEDA CONOCERSE LA DE LA VÍCTIMA.
OCTAVA.- SE SUGIERE QUE LOS TRIBUNALES JURISDICCIONALES DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE TIENDAN A LA OBTENCIÓN DE ELEMENTOS DE CONVICCIÓN, PRIVILEGIEN LA ATENCIÓN A LOS DERECHOS DE LA VÍCTIMA PROCURANDO LA PARTICIPACIÓN CON PLENO DERECHO DE LOS ASCENDIENTES, LOS ASESORES PROFESIONALES Y LOS REPRESENTANTES JURÍDICOS.
NOVENA.- ES IMPORTANTE QUE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEDICADAS A LA ATENCIÓN DE LOS MENORES SE INTEGREN CON PERSONAL PROFESIONAL DE CARRERA, COMPROMETIDOS EN LA ATENCIÓN DE LOS MENORES, ESTÉN DEDICADAS AL SEGUIMIENTO INTEGRAL EN SU REHABILITACIÓN FÍSICA Y PSICOLÓGICA; ASÍ COMO EN LA ATENCIÓN CULTURAL OBLIGATORIA DEL ENTORNO DE LA VÍCTIMA, EN LA IMPLEMENTACIÓN, EJECUCIÓN Y PUBLICITACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA FAMILIA Y A LA DE LOS MENORES VÍCTIMAS.
DÉCIMA.- SE SUGIERE QUE LOS PODERES EJECUTIVOS, TANTO FEDERAL COMO DE LOS ESTADOS, PUGNEN POR EL ESTABLECIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS INSTITUCIONES ESPECIALES DE ATENCIÓN A LA SALUD, DE ESPARCIMIENTO, DE RECUPERACIÓN Y DE AYUDA FÍSICA Y
PSICOLÓGICA DE LOS MENORES, GARANTIZANDO SU SUBSISTENCIA CON PRESUPUESTOS SUFICIENTES A CARGO DEL ERARIO; ASÍ MISMO, ES RECOMENDABLE LA INMEDIATA EMISIÓN DE LEYES QUE GARANTICEN LA EJECUCIÓN DE LAS EXISTENTES Y LAS DE REGLAMENTACIONES INTERNACIONALES, CON PRECISIÓN DE OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES PARA LAS PERSONAS, EMPLEADOS O FUNCIONARIOS QUE INTERVENGAN EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN LA ATENCIÓN DE LOS MENORES.
RELEVANTE, RESULTA CONSIDERAR EL ESTABLECIMIENTO DE FISCALÍAS Y TRIBUNALES, O JUZGADOS ESPECIALIZADOS DE ATENCIÓN A LOS MENORES, CON PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN DEL DAÑO A LA VÍCTIMA, SU CONFIDENCIALIDAD Y TRATO DIGNO, CON PERSONAL E INSTRUMENTAL ADECUADO; IGUALMENTE, ES IMPORTANTE
EL ESTABLECIMIENTO DE INSTITUCIONES QUE SIRVAN PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD EN LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS Y A SUS FAMILIAS, AUN CUANDO AQUELLAS LLEGAREN A CUMPLIR LA MAYORÍA DE EDAD, PERO QUE RESIENTAN O SUFRAN UN DAÑO ESPECÍFICO EN SU SALUD.
Esas fueron las conclusiones de la comisión investigadora de esa instancia judicial. Aunque sus resolutivos no serán vinculantes, es decir obligatorios para las partes, si fue una investigación apegada a derecho y por tanto legal y legítima. De ahí que sus resolutivos aunque no sean obligados de ser cumplidos, si tienen la fuerza moral de las leyes al amparo de las cuales se investigó. Para el PRI los resolutivos son otra opinión más. Cosa más falsa, no se trata de opiniones, sino el resultado de una investigación judicial apegada a derecho, como ya quedo claro. La única dificultad de la Suprema Corte es que la Constitución le permite investigar los casos de violaciones graves a los derechos constitucionales, pero no le da un carácter obligatorio a los resultados.
Pero eso no significa que la investigación sea ilegal o una mera apreciación. Todo lo contrario es valida y legal, pero sin consecuencias inmediatas, Por eso mismo el proyecto presentado se refiere siempre a que suguiere a los diversos organismos encargados de aplicar la ley, que actúen en consecuencia.
Para la comisión investigadora no hay la menor duda de que todos los involucrados en el caso son culpables y deben iniciarse los procesos legales correspondientes para que se aplique en ellos la ley.
Aunque la mayoría de los ministros optaron por darle oxígeno al góber precioso Mario Marín Torres, el resultado no varía.
Por ello destaca el cinismo con el que el pelele Felipe Calderón Hinojosa se condujo ayer al tomarse la foto, destacada en la prensa nacional y del estado de Puebla, donde aparece el corrupto Marín Torres siendo ovacionado en Los Pinos. ¿Ese es el México de leyes que pregonan el PRIAN y los poderes fácticos? Tomémosle la palabra a los empresarios que nos animan en sendos comerciales a llamarles por su nombre: Corruptos y delincuentes.
A continuación dos análisis tomados de la revista Proceso.
En su ponencia del martes 26 de junio de 2007 ante el pleno de ese cuerpo colegiado expresó lo siguiente:
“...el acervo probatorio recabado por esta Comisión, contando con la eficiente colaboración de particulares, se constituyó por: grabaciones de diversas conversaciones telefónicas;
diversas publicaciones periodísticas; diversos informes rendidos por autoridades del Estado de Puebla, video que contiene la grabación del momento de la detención de la periodista Lydia María Cacho Ribeiro; audio que contiene una entrevista televisiva con Kamel
Nacif Borge; audio de entrevista periodística con la Juez Quinto Penal del Estado de Puebla; copia certificada de diversos expedientes personales de servidores públicos, que tuvieron relación con la detención y procesamiento de la periodista citada (...)
“El procesamiento de todos esos medios de convicción llevó a la Comisión Investigadora a tener por acreditadas las hipótesis a verificar señaladas por este Tribunal Pleno, pues demuestran que sí existió concierto de autoridades de los Estados de Puebla y de Quintana Roo para violar derechos fundamentales de la periodista Lydia María Cacho Ribeiro, transgrediendo además los principios democráticos de federalismo y división de poderes (...)sí existe violación reiterada y sistemática de derechos fundamentales en perjuicio de
menores de edad, constituyendo tal vez, un serio problema que el Estado mexicano, con urgencia deberá atender (...)
“En efecto, los diversos medios de convicción que ustedes ya conocen, revelan entre otras muchas cosas lo siguiente: 1.- La conducta o actitud deliberada de las personas que rindieron testimonio ante la Comisión y que de alguna manera tuvieron vinculación directa o indirecta con los hechos materia de la investigación, en lo concerniente a la vertiente relacionada con el Estado de Puebla: concierto de autoridades, al conducirse en forma
falaz, al narrar los acontecimientos sin apegarse a la realidad en que se sucedieron, ello con el propósito de ocultar la información o desviar la investigación para disipar la intervención del gobernador de esa entidad federativa, de modo que no se llegara a conocer la verdad respecto del concierto de acciones de los funcionarios estatales, gobernador, procurador y presidente del Tribunal Superior de Justicia, así como la participación de particulares, con el objetivo de violar en forma grave, los derechos fundamentales de Lidia María Cacho Ribeiro. (...)”
Por ello el ministro propuso al pleno se votará a favor o en contra de las siguientes conclusiones:
PRIMERA.- SÍ EXISTIÓ CONCERTO DE AUTORIDADES DE LOS ESTADOS DE PUEBLA Y DE QUINTANA ROO PARA VIOLAR DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERIODISTA LIDIA MARÍA CACHO RIBEIRO VIOLANDO ADEMÁS LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS DE FEDERALISMO Y DIVISIÓN DE PODERES EN ESPECIAL EL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA JUDICIAL.
SEGUNDA.- SÍ EXISTE VIOLACIÓN REITERADA Y SISTEMÁTICA DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN PERJUICIO DE MENORES DE EDAD.
TERCERA.- CORRESPONDE AL CONGRESO DE LA UNIÓN LA DECISIÓN DEFINITIVA SOBRE LA PROCEDENCIA O NO DEL JUICIO POLÍTICO QUE CORRESPONDE INSTAURAR A UN ALTO FUNCIONARIO DE LA FEDERACIÓN COMO LO ES EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE PUEBLA,
LICENCIADO MARIO PLUTARCO MARÍN TORRES.
CUARTA.- POR LO QUE VE A LA RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES QUE PARTICIPARON DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN LA COMPONENDA DEL GOBERNADOR CON EL EMPRESARIO AL QUE AUXILIÓ, TOCARÁ ANALIZAR A LA LEGISLATURA DE CADA ENTIDAD FEDERATIVA INICIAR
EL PROCEDIMIENTO QUE CORRESPONDA CONTRA EL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA, GUILLERMO PACHECO PULIDO, ASÍ COMO EN CONTRA DE LOS PROCURADORES GENERALES DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS DE PUEBLA Y
DE QUINTANA ROO.
QUINTA.- AL PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA, SIN LA PARTICIPACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS, DECIDIR SOBRE LA CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES EN LO PARTICULAR LA JUEZ QUINTO PENAL CON RESIDENCIA EN LA CAPITAL DEL ESTADO DE PUEBLA, ROSA CELIA PÉREZ GONZÁLEZ, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 17 FRACCIÓN V DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA DICHA ENTIDAD.
SEXTA.- AL MINISTERIO PÚBLICO DE LOS ESTADOS DE PUEBLA Y DE QUINTANA ROO, EL EJERCICIO DE LAS ACCIONES PENALES QUE CORRESPONDAN POR LA CORRUPCIÓN DE AUTORIDADES Y POR LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA QUE SE CONSIDEREN COMETIDOS.
SÉPTIMA.- CORRESPONDERÁ A TODAS LAS INSTITUCIONES DEPENDIENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, AL IGUAL QUE LA DE LOS ESTADOS, ASÍ COMO LAS ENCARGADAS DE LA DEFENSA DE LOS MENORES, INVESTIGAR, COMBATIR Y PERSEGUIR CON TODA LA FUERZA E INGENIO DEL ESTADO CUALQUIER ACTO DE PEDERASTIA, EXPLOTACIÓN Y PORNOGRAFÍA INFANTIL, PARA ESE EFECTO Y DADO QUE SE TRATA DE UN SECTOR QUE POR SU INCAPACIDAD ESTÁ IMPOSIBILITADO DE COMPRENDER DEL DAÑO O DE PARTICIPAR EN SU SOLUCIÓN, SE SUGIERE INFORMAR PERIÓDICA Y PÚBLICAMENTE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES, JUSTIFICÁNDOSE ÚNICAMENTE LA SECRECÍA O CONFIDENCIALIDAD DE LA VÍCTIMA Y LA DEL AGRESOR CUANDO POR RAZÓN DE GRADO O FORMA DE
PARTICIPACIÓN PUEDA CONOCERSE LA DE LA VÍCTIMA.
OCTAVA.- SE SUGIERE QUE LOS TRIBUNALES JURISDICCIONALES DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE TIENDAN A LA OBTENCIÓN DE ELEMENTOS DE CONVICCIÓN, PRIVILEGIEN LA ATENCIÓN A LOS DERECHOS DE LA VÍCTIMA PROCURANDO LA PARTICIPACIÓN CON PLENO DERECHO DE LOS ASCENDIENTES, LOS ASESORES PROFESIONALES Y LOS REPRESENTANTES JURÍDICOS.
NOVENA.- ES IMPORTANTE QUE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEDICADAS A LA ATENCIÓN DE LOS MENORES SE INTEGREN CON PERSONAL PROFESIONAL DE CARRERA, COMPROMETIDOS EN LA ATENCIÓN DE LOS MENORES, ESTÉN DEDICADAS AL SEGUIMIENTO INTEGRAL EN SU REHABILITACIÓN FÍSICA Y PSICOLÓGICA; ASÍ COMO EN LA ATENCIÓN CULTURAL OBLIGATORIA DEL ENTORNO DE LA VÍCTIMA, EN LA IMPLEMENTACIÓN, EJECUCIÓN Y PUBLICITACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA FAMILIA Y A LA DE LOS MENORES VÍCTIMAS.
DÉCIMA.- SE SUGIERE QUE LOS PODERES EJECUTIVOS, TANTO FEDERAL COMO DE LOS ESTADOS, PUGNEN POR EL ESTABLECIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS INSTITUCIONES ESPECIALES DE ATENCIÓN A LA SALUD, DE ESPARCIMIENTO, DE RECUPERACIÓN Y DE AYUDA FÍSICA Y
PSICOLÓGICA DE LOS MENORES, GARANTIZANDO SU SUBSISTENCIA CON PRESUPUESTOS SUFICIENTES A CARGO DEL ERARIO; ASÍ MISMO, ES RECOMENDABLE LA INMEDIATA EMISIÓN DE LEYES QUE GARANTICEN LA EJECUCIÓN DE LAS EXISTENTES Y LAS DE REGLAMENTACIONES INTERNACIONALES, CON PRECISIÓN DE OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES PARA LAS PERSONAS, EMPLEADOS O FUNCIONARIOS QUE INTERVENGAN EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN LA ATENCIÓN DE LOS MENORES.
RELEVANTE, RESULTA CONSIDERAR EL ESTABLECIMIENTO DE FISCALÍAS Y TRIBUNALES, O JUZGADOS ESPECIALIZADOS DE ATENCIÓN A LOS MENORES, CON PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN DEL DAÑO A LA VÍCTIMA, SU CONFIDENCIALIDAD Y TRATO DIGNO, CON PERSONAL E INSTRUMENTAL ADECUADO; IGUALMENTE, ES IMPORTANTE
EL ESTABLECIMIENTO DE INSTITUCIONES QUE SIRVAN PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD EN LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS Y A SUS FAMILIAS, AUN CUANDO AQUELLAS LLEGAREN A CUMPLIR LA MAYORÍA DE EDAD, PERO QUE RESIENTAN O SUFRAN UN DAÑO ESPECÍFICO EN SU SALUD.
Esas fueron las conclusiones de la comisión investigadora de esa instancia judicial. Aunque sus resolutivos no serán vinculantes, es decir obligatorios para las partes, si fue una investigación apegada a derecho y por tanto legal y legítima. De ahí que sus resolutivos aunque no sean obligados de ser cumplidos, si tienen la fuerza moral de las leyes al amparo de las cuales se investigó. Para el PRI los resolutivos son otra opinión más. Cosa más falsa, no se trata de opiniones, sino el resultado de una investigación judicial apegada a derecho, como ya quedo claro. La única dificultad de la Suprema Corte es que la Constitución le permite investigar los casos de violaciones graves a los derechos constitucionales, pero no le da un carácter obligatorio a los resultados.
Pero eso no significa que la investigación sea ilegal o una mera apreciación. Todo lo contrario es valida y legal, pero sin consecuencias inmediatas, Por eso mismo el proyecto presentado se refiere siempre a que suguiere a los diversos organismos encargados de aplicar la ley, que actúen en consecuencia.
Para la comisión investigadora no hay la menor duda de que todos los involucrados en el caso son culpables y deben iniciarse los procesos legales correspondientes para que se aplique en ellos la ley.
Aunque la mayoría de los ministros optaron por darle oxígeno al góber precioso Mario Marín Torres, el resultado no varía.
Por ello destaca el cinismo con el que el pelele Felipe Calderón Hinojosa se condujo ayer al tomarse la foto, destacada en la prensa nacional y del estado de Puebla, donde aparece el corrupto Marín Torres siendo ovacionado en Los Pinos. ¿Ese es el México de leyes que pregonan el PRIAN y los poderes fácticos? Tomémosle la palabra a los empresarios que nos animan en sendos comerciales a llamarles por su nombre: Corruptos y delincuentes.
A continuación dos análisis tomados de la revista Proceso.
Informe sobre un infame contubernio
Miguel Ángel Granados Chapa
Recomendados por el gobernador Mario Marín, el 12 de julio de 2005 los abogados del empresario Kamel Nacif fueron recibidos por la procuradora general de Justicia de Puebla, Blanca Laura Villeda Martínez. Iban a presentar una denuncia de hechos contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro, residente en Cancún, por difamación y calumnia, a juicio de su cliente cometidos en la escritura del libro Los demonios del Edén, publicado en marzo del mismo año en la Ciudad de México.
Diligente en cumplir instrucciones de su jefe el gobernador, la procuradora envió de inmediato a los abogados del empresario ante el director de Averiguaciones Previas, Luis Guillermo Ascensión Serna, quien a su vez los condujo ante la agente del Ministerio Público especializada en delitos electorales, Rosa Aurora Espejel Prado, para que recibiera la denuncia correspondiente. El pliego de consignación fue presentado el 10 de agosto siguiente. Fue la última tarea realizada por la agente, pues debido a su escasa carga de trabajo y tras la atención al caso recomendado, fue cambiada de adscripción el 18 de ese mes.
A mediados de octubre, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Guillermo Pacheco Pulido, un viejo político que ha sido legislador, alcalde y notario, recibió en su oficina a Kamel Nacif, su amigo Hanna Nakad y su abogado Arsenio Farell Campa. Pacheco encargó el asunto de esos señores a la juez quinto penal, Rosa Celia Pérez González, quien dictó orden de aprehensión el 18 de octubre. Ese mismo día, el comisario del juzgado, Moisés Vázquez Ruiz, que habitualmente entrega ese género de órdenes a la Dirección Jurídica de la Procuraduría –así lo hizo en 252 ocasiones durante 2005 y 2006–, llevó la orden contra Lydia Cacho directamente a la oficina de la procuradora Villeda.
(Hasta ese momento Kamel Nacif no tenía prisa. Por eso su influencia ante los altos funcionarios no se manifestaba en aceleración de los trámites. Pero como su intención al denunciar a Lydia Cacho era, además de castigarla, inhibirla o desprestigiarla respecto del juicio de extradición que en Arizona se seguía contra su protegido Jean Succar Kuri, cuando las necesidades procesales de éste lo urgieron, él apremió a las autoridades que tan deferentes se manifestaban ante su persona.)
Al mediodía del 16 de diciembre los agentes Jesús Pérez Vargas y José Montaño Quiroz, de la Policía Judicial poblana, y Miguel Mora Olvera, de la de Quintana Roo, detuvieron en Cancún a la periodista. Los dos primeros habían sido comisionados por la procuradora para efectuar la captura y partieron de Puebla el 14 de diciembre. No viajaron solos al Caribe. Además de ellos a bordo de un Cavalier, al menos ocho personas más los acompañaron, algunos en una camioneta Liberty, color blanco, propiedad de Nacif, como actuaban en su esfera también los acompañantes de los agentes judiciales. (El propio empresario había buscado al procurador quintanarroense, Bello Melchor, para asegurarse del éxito de la operación. Una decena de agentes judiciales de Cancún contribuyeron a ella, escoltando al convoy procedente de Puebla para que saliera rápidamente del balneario caribeño.)
La presidenta del Tribunal Superior de Quintana Roo telefoneó a su homólogo poblano para informarle del cumplimiento de la orden de aprehensión. Durante las 22 horas siguientes, Lydia Cacho vivió un verdadero infierno, víctima de tortura psicológica y maltrato, hasta que fue internada en el penal de San Miguel a las diez horas cuarenta minutos del 17 de diciembre y puesta a disposición de la juez Pérez González, quien consultó telefónicamente a su jefe el presidente del tribunal, quien fijó el monto de la fianza, 70 mil pesos, inusual cantidad para el tipo de delitos de que se trataba.
(El 18 de diciembre, Nacif telefoneó a Marín para congratularse ambos del éxito de la concertación fraguada meses atrás. “Ya ayer le acabé de dar un pinche coscorrón” a la periodista, dice el funcionario, a quien el textilero llama “góber precioso” y explica que el telefonema es “para darte las gracias por lo que hiciste”.)
El 3 de enero, Lydia Cacho apeló al tribunal contra el auto de formal prisión. Pero para encargarlo a una sala a modo, su asunto se incluyó en la lista del día anterior, 2 de enero. Se dijo que habiendo sido el único documento recibido el 3, era práctico acumularlo con los de la víspera. Pero resulta que en la lista del 3 aparecen 36 asuntos turnados a las salas penales.
Salvo las expresiones entre paréntesis, la narración de los hechos anteriores descansa en el informe presentado ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el martes 26 de junio por el ministro Juan N. Silva Meza, quien encabezó la comisión encargada por el Pleno de investigar los hechos denunciados por Lydia Cacho, cuya versión sobre lo acontecido fue claramente ratificada por la indagación del supremo tribunal.
Con base en ese informe, la Comisión Silva Meza presentó a los ministros 10 conclusiones, de las que aquí nos importan cinco, pues de las restantes, y de los precedentes que dieron lugar a ellas, nos ocuparemos posteriormente, dada su propia importancia, relacionada con la pederastia y la pornografía infantil, los temas que dieron origen al libro de Lydia Cacho por el cual se la puso en la picota. Dada la naturaleza de la indagación constitucional, las conclusiones no forman parte de una sentencia, sino meras consideraciones, como se evidencia en su redacción:
“Primera. Sí existió concierto de autoridades de los estados de Puebla y de Quintana Roo, para violar derechos fundamentales de la periodista Lydia María Cacho Ribeiro, violando además los principios democráticos de federalismo y división de poderes, en especial el principio de independencia judicial (...) Tercera. Corresponderá al Congreso de la Unión la decisión definitiva sobre la procedencia o no del juicio político que corresponde instaurar a un alto funcionario de la Federación, como lo es el gobernador constitucional del estado de Puebla, licenciado Mario Plutarco Marín Torres. Cuarta. Por lo que ve a la responsabilidad de las autoridades que participaron directa o indirectamente en la componenda del gobernador con el empresario al que auxilió, tocará a la legislatura de cada entidad iniciar el procedimiento que corresponda contra el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, Guillermo Pacheco Pulido, así como en contra de los procuradores generales de Justicia de los estados de Puebla y Quintana Roo. Quinta. Al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, sin la participación de los involucrados, le toca decidir sobre la conducta de los funcionarios judiciales, en lo particular la juez quinto penal con residencia en la capital del estado de Puebla, Rosa Celia Pérez González, en términos del artículo 17 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial de dicha entidad. Sexta. Al Ministerio Público de los estados de Puebla y Quintana Roo, el ejercicio de las acciones penales que correspondan por la colusión de autoridades y por los delitos contra la administración de justicia que se consideren cometidos.”
La Corte aplazó la aprobación del informe de la Comisión Silva Meza. Independientemente de las causas de esa decisión y de sus efectos, el dictamen tiene un valor por sí mismo, por la contundencia de los datos resultantes de la investigación, y porque partió de reconocer la trascendencia de la conversación telefónica entre Nacif y Marín, clave de toda la trama, y que escuchamos todos desde su transmisión en el programa Hoy por hoy de Carmen Aristegui, el 14 de febrero de 2006.
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El cierre de Monitor y el síndrome de Poncio Pilatos
jenaro villamil
México, D.F., 3 de julio (apro).- “Se nos murió Monitor, estamos tristes… Que el destino le cobre la cuenta a cada quien por lo que ha hecho”. Con estas palabras, el periodista José Gutiérrez Vivó remató a las 10:00 de la mañana del 29 de junio un total de 41 mil 100 emisiones de su programa radiofónico con 33 años de historia y se convirtió así en el primer medio de comunicación que desaparece en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
Un día después, Calderón Hinojosa, ante la insistencia de los reporteros, negó que su gobierno estuviera involucrado en el cierre de Monitor. Incluso, dijo que había hecho todo lo posible para que se resolviera el litigio que mantiene con el Grupo Radio Centro.
Sin embargo, no expresó ningún compromiso con su administración por apoyar con publicidad o, mínimo, en alguno de los espacios de la radio pública, para que continuara el programa de Gutiérrez Vivó. Simplemente, trató de librarse del golpe.
A la indignación de miles de radioescuchas que seguían con fidelidad a Monitor y a la desazón de los trabajadores de los medios de comunicación que ven en esta situación un signo ominoso de los “tiempos calderonistas”, se suma la conjura del silencio de las dos televisoras más importantes (Televisa y TV Azteca) en torno a este hecho. La indignación que mostraron por el acto arbitrario con que Hugo Chávez acabo con Radio Caracas Televisión (RCTV) en Venezuela, no se tradujo en un mínimo gesto de solidaridad y de condena a uno de los espacios radiofónicos más emblemáticos en las últimas tres décadas en México.
No pocas voces susurraron que Gutiérrez Vivó se lo tenía merecido por “haberse vuelto lopezobradorista”, como si adoptar una posición editorial fuera razón suficiente para justificar boicots publicitarios y para que la justicia mexicana pasara por alto el laudo de la Corte Internacional de Comercio con sede en París que claramente le dio la razón al empresario y periodista de Inforred en su litigio contra Grupo Radio Centro. Cuando los prejuicios pueden más que los principios, estamos realmente en un clima de silenciamiento sumamente preocupante. Y esto es una herencia directa del foxismo.
Desde meses antes, Gutiérrez Vivó había acusado al gobierno de Vicente Fox de haber ordenado una campaña de boicot publicitario en contra de Monitor y extendió su acusación en contra de los responsables de comunicación del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
El 6 de diciembre de 2006, al recibir el Premio Nacional de Periodismo que otorga el Club de Periodistas, el director general de Grupo Monitor relató que recibió un mensaje de Max Cortázar, jefe de Comunicación Social de Felipe Calderón, quien le advirtió: “Están castigados. Vamos a ver cómo se comportan. Si quieren difundir nuestra información bien, si no, también.”
En entrevista con Proceso, Gutiérrez Vivó reiteró que las presiones para sacarlo de la frecuencia 102.5 de FM, para evitar que Grupo Radio Centro le pagara poco más de 21 millones de dólares fue producto de un acto de censura del gobierno de Fox.
“¿Cómo se le hace para sacar del aire a alguien? ¿Cómo se le hace para no pagarle una indemnización que se le pagaría hasta el más humilde? Se hace con el favor del poder. Entonces, creo que está muy claro que Vicente Fox, y lo digo con toda conciencia, es un antidemócrata que es capaz de acallar medios de comunicación con hechos concretos. Y nosotros somos un hecho concreto”, afirmó Gutiérrez Vivó.
También acusó la existencia de “agujeros negros” en el circuito de la justicia mexicana que le han permitido al Grupo Radio Centro evitar pagarle los 21 millones de dólares ordenados en el laudo de la Cámara Internacional de Comercio de París.
Seis meses después, en su última emisión en las frecuencias 1320 y 1520 de AM, informó que se veía obligado a culminar con su noticiario radiofónico y con sus transmisiones televisivas en el canal 52, de Multivisión, porque “la publicidad no llega y no llega porque hay indicaciones de que no llegue. Es un boicot económico”.
Apenas unas horas antes de que Gutiérrez Vivó anunciara que así culminaban 33 años de un noticiario que marcó un estilo en la radio mexicana, el presidente Felipe Calderón presumía que en su gobierno existe libertad de expresión, pero que se debe lograr “un balance entre libertad de expresión y responsabilidad, un balance de independencia, de libertad y de apertura”.
Flanqueado por los concesionarios de Televisa, TV Azteca y Multivisión, Calderón presumió durante la entrega del premio “Principios” a los mejores contenidos de radio y televisión que en el país se había reducido “el clima de crispación y rencor que fue sembrado e inoculado en un segmento de la población”.
Sin embargo, hasta el viernes 29 de junio la oficina de Comunicación Social de la Presidencia no había emitido ninguna reacción ante el cierre de Monitor, pionero en las mesas de análisis político y en el concepto de la “red vial”. Fue un día después que Calderón reaccionó con la estrategia de Poncio Pilatos. Se lavó las manos y evadió la responsabilidad de apoyar a un espacio informativo plural que representa fuentes de empleo para muchos profesionales de la radio.
Un comunicado enviado por el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) advirtió que “el cierre del espacio radiofónico es un triunfo para los grandes grupos políticos y económicos, que acaparan las frecuencias radiofónicas atendiendo sus intereses, haciendo a un lado el fin primordial de un medio de comunicación que es informar objetiva e imparcialmente con respeto del derecho constitucional de libre expresión”.
“Caro pagó Gutiérrez Vivó el desafío a la ‘pareja presidencial’, que vinculaba a la estación con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y que intentó acallar a la radioemisora, violentando desde el poder el derecho a informar y ser informado”, subrayó el Cencos.
En la mayoría de los espacios radiofónicos matutinos y vespertinos de todo el país se expresaron muestras de solidaridad y de preocupación por el cierre de Monitor, pero la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, el organismo cúpula de los concesionarios no había emitido ninguna reacción.
--¿Qué tanto influye en la situación de Monitor la recomposición de los grupos mediáticos a partir de la convergencia tecnológica y de la Ley Televisa? –se le preguntó a Gutiérrez Vivó en el Club de Periodistas en diciembre pasado.
--Eso es muy importante. Recordemos que parte del convenio era eliminar a los medios incómodos para ellos, no para la sociedad, y entonces, para hacerlo, creo que si uno revisa la ley, sólo tendrán acceso en momentos por venir un grupo que tendrá el capital y los contactos, y también la docilidad necesaria para servir a un solo hombre y no servir a los 105 millones de mexicanos, para servir a ese hombre como se sirve a un amigo.
Sobre su relación con Felipe Calderón, Gutiérrez Vivó recordó en ese entonces que durante el último día de campaña, el entonces candidato presidencial del PAN pidió asistir a Monitor. Antes de entrar a la cabina, con un café en la mano, Calderón le dijo: “estoy aquí contrario a lo que mis asesores me dijeron”.
“¿Por qué?, le pregunté. ‘Porque me dijeron que no viniera. Pero como sé quiénes son ustedes y los escucho desde los once años, aquí estoy’, respondió.”
Para Gutiérrez Vivó estaba muy claro lo que sucedía y advirtió que Calderón aún estaba a tiempo de que “lo conviertan en rehén de interés de no se quién o de quiénes porque ni siquiera llegamos en Monitor a la categoría de enemigos del presidente de la República”.
Por lo visto, estos intereses pueden aún más que la voluntad y la aspiración de sostener un clima de libertad de expresión.
Es un signo ominoso el cierre de Monitor, pero más preocupante es la conjura del silencio que hace invisible lo que en otras partes del mundo es señalado como un pésimo expediente para el derecho a la información.
Email: jenarovi@yahoo.com.mx
posted by Liberation at
4:26 p.m.
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