Estado corrupto atenta contra los mexicanos

Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores.

La ilegalidad y prepotencia campean en las administraciones PRIANistas. Hoy como ayer la violación a los derechos humanos y a las garantías consagradas en la Constitución son letra muerta, sin importar quien ocupe Los Pinos. De nada sirven las leyes si no se aplican y en cambio se tuercen para beneficiar a los poderes fácticos o a sus amigos.

De nada sirve llamar a respetar las “instituciones” si las mismas atentan contra los principios constitucionales y sirven de dique para contener y reprimir el malestar social ante la grotesca desigualdad, donde unos pocos poseen todo y la mayoría carece casi de todo.

Los causes “institucionales” hace décadas que dejaron de funcionar cuando los “gobiernos revolucionarios” optaron por corromper los movimientos y líderes sociales a fin de que ya “institucionalizados” sirvieran para “legitimar” cualquier decisión, imposición o saqueo.

La represión a los movimientos sociales como el de la APPO o la resistencia civil, no dejan más que ánimos exacerbados, impotencia y en algunos de los casos la senda de la guerrilla, ya que de otra manera el Estado les garantiza una sola cosa: la muerte. Sin exagerar hay suficientes hechos –todos ellos documentados- donde la impunidad y la barbarie van de la mano. Donde el Estado mexicano hace uso de todo su poder para aniquilar a quienes se atreven a desafiarlo. Utiliza lo que por ley le está negado, la tortura, detención ilegal, el asesinato, para acabar con sus opositores. Un Estado que violenta el marco de la ley no puede pretender colocarse por encima del acuerdo político que le dio vida y razón de ser.

La decisión de los jueces al determinar que existió genocidio en los casos del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971, pero no existen culpables los coloca al margen de lo que están obligados a aplicar y defender: la ley.

Son tan cínicos, que ni siquiera pueden juzgar al genocida Luis Echeverría Alvarez, quien al parecer seguirá los pasos del dictador chileno Augusto Pinochet y morirá tranquilamente en su cama, mientras las familias de miles de desaparecidos durante la “guerra sucia” en México claman justicia, y exigen al menos conocer el destino final de sus hermanos, esposos, padres, hijos. ¿Ante esos hechos cómo pedir a los movimientos sociales que acudan a los cauces “institucionales”, si las “instituciones” son corruptas? ¿Entonces, cuál México de leyes?


El siguiente material fue tomado de la revista Proceso.

http://www.proceso.com.mx/

La nueva guerra sucia

josé gil olmos

México, D.F., 18 de julio (apro).- Nadie sabe de ellos no obstante que ya tienen un mes y medio desparecidos. Nadie sabe el paradero de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, y ninguna autoridad se hace responsable.

La gravedad del asunto es que, con este hecho, se hace evidente el inicio de una nueva guerra sucia, pero con las mismas tácticas de entonces: persecución, tortura y desaparición de disidentes políticos, una práctica ilegal que el PAN vienen a repetir como gobierno, al igual que lo hizo el PRI durante 40 años.

Felipe Calderón ha comenzado a dar muestras de ser un político intolerante, de oídos cerrados a la oposición política. Su voluntarismo es más que evidente cuando se presentan hechos como la desaparición de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), que acusó a los cuerpos de seguridad del Estado de la detención y tortura de dos de sus más importantes militantes.

El problema de esta actitud es lo que ha provocado; esto es, que por primera vez, quizá desde hace una década, los grupos guerrilleros se han unido para defender a sus dos compañeros y han anunciado que harán actos de hostigamiento en demanda de que sean presentados con vida.

La Brigada Mixta Guillermo Prieto; las Milicias Insurgentes Ricardo Flores Magón; el Comité Clandestino Revolucionario de los Pobres-Comando Justiciero 28 de Junio; el Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos; las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP), y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), ya anunciaron, en comunicados, que participarán en la campaña nacional de hostigamiento militar en demanda de la aparición con vida de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.

Dichas agrupaciones ya dieron muestras de su capacidad militar. El año pasado, algunas de ellas fueron las responsables de los bombazos en las sedes del PRI, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y antes en contra de las sedes de Banamex.

Por la respuesta del EPR y de las otras organizaciones guerrilleras, los dos detenidos, principalmente Alberto Cruz, son dos dirigentes históricos de importancia, por el tiempo de militancia –más de 30 años--, como por la información que pueden poseer.

La Secretaría de Gobernación, la PGR y el gobernador de Oaxaca, ya se deslindaron de toda responsabilidad sobre la detención de los dos eperristas. Sólo falta que el Ejército hable y, al parecer, ellos fueron los autores de la detención y retención de los guerrilleros.

Según la información que se filtró hace dos semanas, Alberto y Edmundo fueron detenidos en Oaxaca y fueron torturados en las instalaciones de la PGR en la capital del estado. Pero de ahí habrían salido gravemente lastimados por la tortura a que fueron sometidos y transportados a las instalaciones del Campo Militar Número Uno en la ciudad de México.

Esta información no ha sido desmentida por la Secretaría de la Defensa Nacional y eso hace presumir que los datos proporcionados por el EPR y organizaciones civiles, no están tan alejados de la realidad.

En la década de los 70, la desaparición era práctica común que el Ejército ejecutaba en contra de los guerrilleros que detenía. Se tiene un registro no oficial de más de 500 desaparecidos en esa época, así como de mil 200 muertos.

La Liga Mexicana de Derechos Humanos (Limedhh) presentó recientemente un informe de 26 desaparecidos en los sexenios de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón. El número no se compara pero, aunque fuera un solo caso, la práctica de la desaparición forzosa por causas políticas va en contra de todo desarrollo democrático.

Felipe Calderón está incurriendo en un grave error en el trato que les está dando a los guerrilleros. Primero los califica irresponsablemente como “terroristas” cuando es evidente que existe una diferencia enorme entre un guerrillero que usa la violencia para generar un cambio de gobierno, pero sin lastimar a la población civil, que un terrorista que precisamente busca provocar terror entre la población.

Ahora manifiesta que desconoce el paradero de los dos guerrilleros desaparecidos desde el 25 de mayo pasado. Como jefe de las Fuerzas Armadas éste argumento resulta irrisorio y hasta insultante, porque toda acción que realizan los militares se le reporta y, sobre todo, cuando se tratan de hechos como la detención de dos guerrilleros importantes.

Es por eso que si alguien sabe donde están los dos guerrilleros del EPR, es el Presidente de la República. De eso no hay duda.


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La colaboración fue tomada del periódico La Jornada.

http://www.jornada.unam.mx/

Más sobre el EPR

Octavio Rodríguez Araujo


Los grupos guerrilleros existen, y el EPR es uno de éstos. En general, con algunas excepciones, han surgido por la falta de voluntad de los gobiernos para atender las muchas y crecientes demandas de trabajadores mexicanos, tanto de la ciudad como del campo. Cuando las instituciones no funcionan a favor de la mayoría de la población o cuando son usadas para reprimir a los movimientos sociales, como es el caso presente del nefasto gobierno de Ulises Ruiz en Oaxaca, los sectores inconformes de la sociedad intentan otros métodos de lucha, obviamente al margen y en contra de las instituciones.

Sin embargo, los grupos guerrilleros, aun los surgidos con justificación plena, como los más conocidos en Guerrero y Morelos en el pasado, no siempre llevaron o llevan a cabo acciones que realmente hayan favorecido o favorezcan a la población que han pretendido representar. No pocos de esos grupos guerrilleros han actuado con frecuencia más por voluntarismo de sus dirigentes que por presión social. La estrategia contestataria armada en México hasta la fecha no ha logrado la ampliación de las bases de apoyo en su favor, con lo que no quiero decir que esos apoyos sean inexistentes. Aun así, muchos de los grupos guerrilleros han quedado aislados y no sólo por la represión gubernamental en su contra, también porque en lugar de sumar suelen restar, a veces por sectarismo y otras veces porque la represión alcanza a la población civil ajena a la estrategia armada.

El caso del EZLN debe verse por separado, por dos razones fundamentales: a) no surgió como un grupo guerrillero típico, sino como un ejército popular localizado en una región de Chiapas, y b) porque atendió el llamado de amplios grupos sociales de no continuar por la vía armada (enero de 1994), aunque no renunciara a sus armas. Las restas que ha sufrido a lo largo de 13 años no han obedecido al rechazo de su lucha, sino a los errores sectarios y soberbios de Marcos. Pero ésta es otra historia.

Aceptando, sin conceder, que los sabotajes a instalaciones de Pemex fueron realizados por el EPR, uno tiene que preguntarse si tales acciones beneficiaron a obreros y campesinos, las principales víctimas de las políticas neoliberales del gobierno y del capitalismo que éste defiende, y si con esos sabotajes han sumado gente a su lucha y a su estrategia supuestamente a favor del socialismo.

En política -y la estrategia armada no por ser armada deja de ser política- siempre se debe saber, por anticipado, quién se beneficia de una acción determinada. Los trabajadores lo han aprendido bien desde hace más de un siglo, razón por la cual se habla de huelgas legítimas y de huelgas locas. Estas últimas han sido siempre las que, por irreflexiva voluntad de sus líderes, han conducido a derrotas de la clase obrera en lugar de beneficiarla. ¿Quién se ha beneficiado de los sabotajes a los ductos de Pemex? ¿Los trabajadores (y sus familias) de las empresas que fueron afectadas por la falta de energéticos derivados del petróleo? Definitivamente no. Al contrario. No pocas empresas han usado los hechos como pretextos para reducir el número de trabajadores, para suspender salarios porque la producción se ha visto afectada, para demandar al gobierno mayor protección policiaca y militar en sus instalaciones, para exigir que el gobierno reprima la inconformidad social en el país, y para tratar de influir en la opinión pública y que ésta acepte la pertinencia de una mayor militarización que "ponga orden" en el país no sólo para combatir el narcotráfico, sino también "el terrorismo" (que estrictamente hablando no es tal, ni cosa parecida).

Los gobernantes, bisoños que son (además de derechistas), no entendieron ni han entendido una ley elemental de la física: que toda acción provoca una reacción. Si encarcelan o desaparecen a sus opositores, armados de rifles o de piedras, le echan gasolina a la hoguera y no resuelven nada con su política. Están equivocando de todas todas su estrategia. Lo que deberían hacer, ya que le robaron la elección a López Obrador, es también robarle su divisa de campaña: "Primero los pobres", y actuar en consecuencia. "El presidente del empleo y de las manos limpias" ya debería entender que existe un México mayoritariamente depauperado, con muy pocas esperanzas de mejorar su situación y que está molesto con su presente. Y un pueblo molesto puede enojarse fácilmente y pasar a acciones de rebeldía y enfrentamiento para las cuales no habrá medidas democráticas que valgan ni instituciones que sirvan. La mano dura, aunque sea con baños de legalidad, lo único que provocará será mayor rencor social y, por lo mismo, mayor rebeldía. Ulises Ruiz, cerrado como es y obviamente de muy pocas luces, es un magnífico ejemplo de lo que no se debe hacer. ¿Calderón quiere emularlo?

La desesperación es mala consejera. Cierto es, como sugería al principio, que muchos grupos guerrilleros han actuado con frecuencia por voluntarismo más que por atención a una demanda social, pero que el gobierno no haga cuentas alegres, porque podría llevarse la sorpresa de que, cada vez más, ciertos sectores populares vean a aquellos como sus héroes "que enfrentan al gobierno" y a éste como un verdadero enemigo que debe combatirse mediante cualquier medio, pues ya se ha llegado al punto en que millones de personas no tienen nada que perder.