Verdadera cara del alto clero católico

Tomados de La Jornada, Rocha y Hernández y El Universal, Helioflores y Naranjo.

La historia sobre las violaciones sexuales a menores en Estados Unidos y México cerró un capítulo al aceptar la aquidiócesis de Los Angeles un arreglo extrajudicial para finalizar las 570 demandas pendientes. El acuerdo estipula el pago de 660 millones de dólares, la cantidad más grande pagada por este tipo de delitos por la Iglesia católica en el mundo.

También –y aunque no se llegó a juicio- quedó aceptada la culpabilidad de los sacerdotes acusados, entre ellos el cardenal Roger Mahony. El trato incluye la apertura de los archivos de la arquidiócesis, los que se podrán utilizar en el juicio por complicidad y encubrimiento contra el cardenal primado de México Norberto Rivera Carrera.

Aunque al final no se llegó a recluir en la cárcel a los 220 sacerdotes –como debería ser, ya que son delincuentes- el arreglo permite compensar a las víctimas de forma parcial y ejemplifica la manera en que la “justicia” puede ser comprada en el país que se autodenomina como la “mejor democracia del mundo”.

En comparación en México ni siquiera se puede llegar a este tipo de sanción debido a la corrupción y complicidad de partidos políticos como el PRIAN o el Verde Ecologista, además de la protección de jueces y magistrados. En pleno siglo XXI es imposible siquiera que estos sacerdotes del alto clero católico –que viven en la opulencia y el lujo- sean tocados con el pétalo de una consignación ante un juez.

Es tan grande el poder real que tiene la Iglesia, que con todo cinismo mienten, acusan, desatan agresiones contra quienes piensan diferente a ella y utilizan de forma sistemática a los medios –cómplices también- para aplastar cualquier tipo de oposición.

Para Bernardo Barranco, investigador del Colegio de México, Rivera Carrera buscará llegar a un arreglo económico al igual que Mahony y en caso de fracasar tendrá que instrumentar una defensa más seria que la que ha manifestado hasta ahora, pues el arreglo de el cardenal de Los Angeles hace prever que éste sea llamado a declarar en contra de su homólogo mexicano.

Esperamos desde este espacio que por esta vez la arquidiócesis mexicana, Carrera Rivera y su vocero Hugo Valdemar cumplan con la palabra empeñada hace meses de no llegar a ningún tipo de arreglo económico, se defiendan en los tribunales y demuestren –como dicen estar seguros- su inocencia.

Es poco probable, pero sería lo más digno y congruente después de haber acusado a las víctimas –hoy compensadas en Estados Unidos con más de dos mil millones de dólares (sumados los arreglos de otros estados)- de buscar sólo el beneficio económico a través de la calumnia y mentira.



La siguiente información fue tomada del diario La Jornada.

http://www.jornada.unam.mx/

Acuerdo para indemnizar a víctimas de curas pederastas incluye a 2 mexicanos



El pacto cierra caso contra el cardenal Mahony, pero sigue el juicio contra Rivera

SANJUANA MARTINEZ ESPECIAL PARA LA JORNADA



El acuerdo por 660 millones de dólares aprobado ayer por el juez de la Corte Superior de California, Haley Fromholz, incluye a los dos mexicanos que interpusieron denuncias el año pasado ante dicha instancia.

El pacto representa la mayor cantidad pagada por la Iglesia católica por abusos sexuales de sacerdotes y beneficia a Joaquín Aguilar y Jon Doe (nombre utilizado para preservar su identidad), quienes interpusieron denuncias el año pasado, ante la Corte Superior de California, contra el sacerdote pederasta mexicano Nicolás Aguilar Rivera y sus presuntos encubridores, los cardenales Roger Mahony y Norberto Rivera, afirmó, en entrevista con La Jornada, Lee Bashforth, portavoz de la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales de Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés) en Los Angeles.

Aseveró que con ese arreglo extrajudicial se cerrará únicamente el caso contra el cardenal Roger Mahony, pero continuarán los otros dos juicios civiles. "De esta manera, esperamos que las víctimas mexicanas obtengan justicia contra aquel que abusó sexualmente de ellos y contra quien protegió al perpetrador. El cardenal Rivera, en México, y el cardenal Mahony, en Los Angeles, conspiraron para mantener secretos, con el fin de proteger al depredador. El proceso contra Mahony se cierra, pero continúa el juicio contra Rivera".

La compensación económica y el monto han sido confirmados por el abogado Jeff Anderson a las víctimas mexicanas. Sin embargo, los litigantes informaron que los pagos individuales variarán, de acuerdo con la gravedad y la duración del abuso, y que los defensores recibirán hasta 40 por ciento de lo que se obtenga.

El acuerdo beneficia a más de 500 víctimas y cierra un total de 570 demandas interpuestas contra la arquidiócesis. Bashforth dijo que cada abogado, en los distintos casos, se hará cargo de entregar las correspondientes compensaciones a sus clientes. "No he hablado con ellos, pero estoy seguro de que lo han hecho sus abogados para mantenerlos al tanto del acuerdo. Espero que se encuentren felices", declaró.

"Este es el resultado apropiado", dijo el juez Fromholz, informó la agencia Associated Press. "Llegar a un arreglo fue lo correcto, y lo hicieron personas sumamente talentosas y abnegadas en un trabajo que duró muchísimo tiempo", agregó.

Ray Bouchet, uno de los principales abogados de las víctimas, pidió a éstas que acudieron ayer a la Corte Superior de California y se pusieran de pie. Les agradeció su valor: "sé que es muy difícil para la mayoría de las víctimas, cuyas cicatrices son muy profundas, y sé que muchos no van a perdonar jamás al cardenal".

Desde el domingo, en conferencia de prensa antes de la misa, Mahony externó su mea culpa y pidió perdón a las víctimas: "ofrezco disculpas a cualquiera que haya sido ofendido, que haya sufrido abusos. No debió haber pasado y no volverá a pasar".

El pacto incluye también la obligación de la arquidiócesis de Los Angeles de abrir los expedientes de los curas pederastas para determinar el camino de traslados que vivieron, protegidos por sus superiores eclesiásticos durante años. "Ese es el siguiente paso. Será el juez quien determinará cuáles expedientes serán abiertos. Todavía no sabemos nada, pero esperamos que con esa apertura podamos llegar a la verdad de todos los asuntos", expresó Bashforth.

Añadió: "es una mezcla agridulce de emociones. Por una parte, hay un poco de alivio al ver que el proceso termina. Por otra, asumimos que no será posible saber toda la verdad, porque es algo que sólo se consigue a través de los juicios", afirma Bashforth, de 37 años, quien fue víctima de un sacerdote a los siete años de edad.

"El perdón que ha pedido Mahony a las víctimas no significa nada", dice con la voz entrecortada. "El no está apenado por lo que ha pasado, sino por salvarse a sí mismo. El cardenal es un criminal, y tendrá que vivir durante mucho tiempo con la vergüenza de sus delitos de haber protegido a los sacerdotes que abusaron de los niños. El es parte del problema. Por tanto, sus manos están manchadas de sangre."

La arquidiócesis tendrá que hacer frente a dicho pago multimillonario vendiendo propiedades y pidiendo préstamos, aunque una investigación del periódico Los Angeles Times reveló que las inversiones que actualmente posee la Iglesia de esa ciudad son del orden de los 4 mil millones de dólares.

Carlos Pérez Carrillo, víctima del sacerdote mexicano-estunidense Juan Salazar, afirmó en entrevista que se siente sumamente confundido por el resultado del acuerdo. "Me siento muy melancólico por la cantidad económica que nos van a dar, porque no hay ninguna cifra que pueda regresarme mi infancia o mi familia desintegrada, porque mis padres se divorciaron, o todos los traumas que he tenido que pasar durante el transcurso de mi vida", apuntó.

Consideró que el pacto da legitimidad a las víctimas de sacerdotes frente a la sociedad: "tuve la suerte de declarar contra mi perpetrador en Dallas, Texas, donde lo encontramos. Le dieron cadena perpetua, y por lo menos él nunca jamás podrá dañar a otros niños".

El acuerdo cierra 570 demandas que estaban pendientes contra la arquidiócesis y cubre los crímenes de 220 sacerdotes y empleados que cometieron abusos sexuales en los pasados 70 años: "me siento contento por las víctimas mexicanas. Aquí están incluidos todos: mexicanos, latinoamericanos, estadunidenses, mujeres, hombres. Es algo muy grande, pero para el hispano es muy importante porque los que somos hombres, que podemos salir a la luz pública, podemos ayudar a otras víctimas".

Para Pérez Carrillo, las disculpas ofrecidas por Mahony llegan tarde: "no creo que sus disculpas sean sinceras. Más bien, no le quedó otra. Estoy muy al tanto de los abusos cometidos por sacerdotes en México, donde la gente aún tiene miedo de salir a la luz pública para denunciar a esos perpetradores, porque en ese país la Iglesia aún tiene mucho poder. Lo del cardenal Rivera sigue pendiente, y es una esperanza conocer toda la verdad".

Ayer un grupo de víctimas se congregó a las afueras de la Corte Superior de California. "Es muy duro estar aquí", dice, en entrevista, Steven Sánchez, víctima y director de SNAP en Glendale, California. "Hay gente que está feliz, pero otras no. Es una mezcla de emociones. El dinero será repartido, pero será diferente en cada caso".

El caso de Manuel Vega, víctima en Los Angeles, ha servido para que el Senado de Estados Unidos aceptara la modificación de las leyes sobre la prescripción de los delitos. Explica que el acuerdo se dio precisamente por las circunstancias particulares de algunas de las 500 víctimas: "me siento contento porque ya se acabó, pero también triste. Si no hacíamos el acuerdo algunos iban a perder los casos. También hay algunos de víctimas que eran muy débiles y no iban a poder seguir con los procesos. Por tanto, por el bien de todos, aceptamos el acuerdo, sobre todo quienes sí queríamos ir a la Corte, pero decidimos que era lo mejor para la mayoría".

Vega fue abusado durante años por el sacerdote mexicano Fidencio Silva, quien al ser denunciado por decenas de víctimas fue transferido a México, donde lo encontraron hace algunos años oficiando en una parroquia de San Luis Potosí. "Lo más triste de todo es que él sigue libre, haciendo daño a los niños. Si ustedes lo encuentran por favor avísenme, porque yo quiero ir hasta allí para tomarme un café con él y preguntarle ¿por qué hizo daño a tantos? ¿Por qué tanta maldad? ¿Cuáles eran sus motivos? ¿Por qué tanta perversidad?"

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El siguiente reportaje fue tomado de la revista Proceso.

http://www.proceso.com.mx/

Con todo, contra el Estado laico



Rodrigo Vera

Apenas un mes después de que Felipe Calderón visitó al Papa Benedicto XVI y abordó con el pontífice el tema de la libertad religiosa, el aparato eclesiástico mexicano –el cardenal Rivera Carrera, la Conferencia del Episcopado y el Colegio de Abogados Católicos– decidió echar toda la carne al asador. Impulsar reformas constitucionales entre cuyos propósitos destaca uno insólito: que el gobierno destine a la Iglesia una parte de la recaudación fiscal para atender a sus pobres, desprotegidos, ancianos y enfermos…

La jerarquía católica mexicana ya tiene lista su iniciativa de reformas constitucionales en materia religiosa, en las que pide, entre otros puntos, instrucción religiosa en las escuelas públicas, que sus sacerdotes puedan “asociarse con fines políticos” y que un porcentaje de los impuestos que recauda el Estado se destine a las arcas de la Iglesia.

Elaborada por los especialistas del Colegio de Abogados Católicos –un organismo de defensoría y apoyo jurídico al clero–, la iniciativa propone la supresión del Estado laico, ya que es “impositor (sic) de un sistema de pensamiento único” que se caracteriza por su “racionalismo radical”, y reclama cambios sustanciales en los artículos 3º, 24 y 130 de la Constitución.

A través del senador panista Federico Döring, la Iglesia emprende un “cabildeo político” para conseguir el respaldo del Congreso de la Unión. Por lo pronto, se planea crear una comisión especial en el Senado que impulse estas reformas.

Armando Martínez, presidente del Colegio de Abogados Católicos y principal artífice de la iniciativa, dice a Proceso: “Nos iremos primero por la vía del Senado. Será un trabajo de cabildeo político, de negociación y sensibilización. Ya tenemos algunas pláticas ahí. El senador Federico Döring ya tiene acercamientos con algunos obispos, pues ha manifestado voluntad de modificar la Constitución”.

En estos días “entregaremos nuestra propuesta a los legisladores. Y así como el secretario de Hacienda acaba de ir al Congreso a presentar su reforma fiscal, también iremos nosotros a presentar nuestra reforma para trascender el Estado laico”.

Por su lado, Döring explica la mecánica a seguir: “Yo he platicado ya con varios senadores. Y la idea es crear una comisión especial y plural para el próximo período ordinario de sesiones. Esta comisión realizará foros de consulta y pondrá el tema en el debate público. Lo sacará incluso de la esfera religiosa para ponerlo en una esfera social.

“Algunos puntos serán viables y otros no. Yo mismo tengo algunas reservas. Calculamos que, en un año máximo, estaremos turnando la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, que será la que dictamine.”

Döring señala que ha tenido encuentros con el presidente del Episcopado, Carlos Aguiar Retes, y con el cardenal Norberto Rivera Carrera, a quien le atribuye tener mayor injerencia en la actual propuesta.

“Con el Episcopado y el cardenal hemos avanzado un poco. También me he reunido con otros miembros del Consejo Interreligioso, en el que hay gente de otras iglesias, pues mi compromiso es empujar el tema con todos ellos”, dice el legislador.

Armando Martínez habla sobre el respaldo de la jerarquía a la iniciativa:

“En las modificaciones al artículo 130, que piden derecho a la libertad de expresión de los sacerdotes, hay un consenso por parte de los obispos con quienes he platicado. Todos piden a gritos que ningún sacerdote sea llevado a la Inquisición del Estado por el solo hecho de expresarse libremente.”

En la sala de su domicilio particular –decorada con crucifijos y reproducciones de cuadros religiosos del Greco y Rafael–, exclama:

“¡Cuál tolerancia! ¡Es una falsa tolerancia la del Estado laico! Un modo de opresión a la realidad religiosa. Junto con Cuba, México es uno de los países más restrictivos en materia de libertad religiosa. Aquí es un tabú tocar a Benito Juárez. Respetamos la separación Iglesia-Estado que él instauró. Pero sí pedimos dejar ese laicismo que no es más que un adoctrinamiento de Estado.”

El especialista extiende luego ante el reportero el texto de la iniciativa, en cuya argumentación se recalca:

La característica esencial de la laicidad implica que el poder político no invada el terreno del poder religioso, ni el religioso el del político; sin embargo, en nuestra sociedad el laicismo se muestra como impositor (sic) de un sistema de pensamiento único, que no respeta la necesaria diferenciación entre los dos planos.

La iniciativa menciona igualmente los “fueros de poder y privilegios” que para la “clase política” representa el Estado laico, del que destaca estas características:

Impone su racionalismo radical y su religión secular, como principio exclusivo de integración social. Cualquier referencia a otros principios está abocada a ser declarada irracional y condenada a la exclusión.

Propone después que el apartado I del artículo tercero constitucional –que actualmente se refiere a la educación laica– quede de la siguiente manera:

I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de religión, dicha educación será aconfesional; sin embargo, en la educación básica que imparta el Estado se podrá, a solicitud de los padres o tutores, impartir educación religiosa en las escuelas públicas, de acuerdo a la solicitud de estos mismos y respetando la no imposición de la misma.

En el artículo 24 amplía la “libertad de culto” –como está ahora– con la inclusión del derecho a practicar “integralmente” la religión:

Todo hombre es libre para profesar la religión que más le agrade y para practicarla integralmente siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley.

El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna.

Y plantea que en el artículo 130 –apartado e– se estipule lo siguiente:

e) Los ministros podrán asociarse con fines políticos.

Podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa y en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones.

No podrán agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios.

Armando Martínez advierte que, por ser reglamentaria del artículo 130, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público deberá representar “un cambio muy drástico”.

Indica que, entre otros aspectos, esta ley incluiría la llamada objeción de conciencia. “Aquí quedaría reglamentada la objeción de conciencia, porque ésta implica vivir integralmente la libertad religiosa. Es decir, será válido si un médico no quiere practicar un aborto, o si un legislador no quiere aprobar una ley porque su conciencia se lo impide”, puntualiza.

Y agrega que la nueva Ley de Asociaciones Religiosas podría, inclusive, ser también la reglamentaria del artículo 24 constitucional, que actualmente carece de reglamentación.

Otra de las propuestas, prosigue Armando Martínez, es que un porcentaje de los impuestos recaudados por el Estado sean destinados a las iglesias.

“Sería una pequeña proporción de los impuestos que se pagan al fisco los que irían a las iglesias, que a su vez deben ser transparentes en el uso y destino de los recursos.”

–¿Una especie de diezmo con la intermediación del Estado?

–Mire, la Iglesia cumple un papel social que el Estado no le reconoce: atiende a los pobres y desprotegidos, a los migrantes, a los ancianos, a los enfermos. Por ejemplo, 25% de los enfermos de sida en el mundo son atendidos por la Iglesia. Como contribuyentes, ¿por qué no destinar entonces una parte de nuestros impuestos a esta labor social, vía financiamiento de Estado?

“Esto quedaría brevemente estipulado en la Ley de Asociaciones Religiosas. Y, ya más a detalle, en alguna de las distintas leyes de la miscelánea fiscal, o inclusive en una ley que trate exclusivamente sobre este impuesto especial. Es precisamente lo que ahorita estamos consultando con los expertos.”

–¿Y dónde quedará la propuesta del clero de poseer medios de comunicación masiva?

–Este tema forma parte de la libertad de expresión, por lo que se reglamentaría en la misma Ley de Asociaciones Religiosas. Actualmente ya se trasmiten por cable programas televisivos religiosos. Debe darse, pues, el siguiente paso.

–¿Y la propuesta de que los ministros de culto ocupen cargos de elección popular?

–Aunque sería deseable, en la iniciativa no incluimos esa propuesta por razones históricas y porque implica un cambio cultural muy fuerte. No quisimos irnos hasta la cocina. Además, el mismo Código de Derecho Canónico impide a los sacerdotes ocupar esos cargos. De modo que dejamos ese candado tal como está.

“Retroceso de 150 años”

Fue el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, quien el pasado domingo 8 preparó el terreno para presentar la iniciativa, al demandar que se reforme la Ley de Asociaciones Religiosas por violar las garantías de los ministros de culto. “Si queremos que México sea un país democrático, no puede negárseles a los religiosos el derecho de criticar”, manifestó.

Y se quejó: “No podemos opinar sobre los partidos políticos; tampoco podemos reunirnos para asociarnos con fines políticos. Y aclaro: no es que la Iglesia esté buscando asociarse políticamente, pero independientemente de ello, las leyes no tienen por qué contradecirse y prohibirnos una actividad a la que tiene derecho cualquier otro ciudadano”.

Indicó que “los ministros de culto, como cualquier otro ciudadano, legisladores, periodistas, intelectuales, estudiantes, amas de casa, etcétera, tenemos derechos fundamentales, entre ellos el de reunión y de libre expresión”.

Al día siguiente, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) dio a conocer un boletín de prensa en el que se sumó al cardenal:

“El reconocimiento del derecho a la libertad religiosa implica necesariamente que los ciudadanos puedan ejercerlo en sus actividades privadas y públicas. Por ello, es contrario a la dignidad humana restringirlo al culto o impedir su ejercicio en campos como la educación pública, los medios de comunicación o la participación cívico-política.”

El máximo organismo de la jerarquía católica agregó:

“Cuando la Iglesia exige la libertad religiosa, no solicita una dádiva, un privilegio, una licencia que depende de situaciones contingentes, de estrategias políticas o de la voluntad de las autoridades, sino que está pidiendo el reconocimiento efectivo de un derecho inalienable.”

Y dio su respaldo a la iniciativa “que busca que nuestra legislación garantice el derecho de todos los mexicanos a la plena libertad religiosa”, la cual pretende que se incluya en la reforma del Estado.

Fue precisamente el de la libertad religiosa uno de los temas que el Papa Benedicto XVI abordó con el presidente Felipe Calderón durante el encuentro que ambos sostuvieron en el Vaticano el pasado 4 de junio.

Algunos analistas aseguraron entonces que el pontífice presionaría a Calderón para que se modificara la Constitución en ese terreno. Pero quedaba la duda de si esa maniobra sería instrumentada mediante una iniciativa presidencial o valiéndose de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso (Proceso 1595).

Ahora, según parece, es la segunda opción la que gana terreno.

Armando Martínez indica al respecto: “El Papa está muy preocupado por los países que, como México, padecen una opresión en su libertad religiosa. Inclusive, ya trató el tema con los obispos mexicanos que fueron a verlo a Roma en la pasada visita Ad limina. ¡Caray!, no es posible, por ejemplo, que la Secretaría de Gobernación tenga una oficina destinada al control de las asociaciones religiosas y realice espionaje de Estado”.

Egresado de la Universidad Anáhuac –de los Legionarios de Cristo–, donde hizo una licenciatura en derecho y un doctorado en políticas de desarrollo, Armando Martínez estudió también derecho canónico en la Universidad Pontificia de México y en la Complutense de Madrid. Actualmente es director de la Escuela de Derecho de la Universidad del Pedregal, manejada por los lasallistas. También es abogado matrimonialista en el Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de México.

En noviembre de 2005 fundó el Colegio de Abogados Católicos, que actualmente –dice– afilia a 33 miembros y tiene sus oficinas en la parroquia de la Sexta Vicaría de la Arquidiócesis de México, a cargo del obispo auxiliar Jonás Guerrero. El imponente templo es un alarde arquitectónico de estilo modernista –con cafeterías, jardines y galerías de arte sacro– que se yergue frente a Perisur.

Comenta Martínez que el colegio lleva la defensa penal de sacerdotes acusados de pederastia y otros delitos. Lo mismo brinda asesoría jurídica para que la Iglesia enfrente la actual agenda legislativa que va contra sus principios: la legalización de las sociedades de convivencia, la despenalización del aborto en la Ciudad de México y, próximamente, el debate sobre la eutanasia.

De ahí que, ahora, el Colegio de Abogados Católicos haya elaborado esta iniciativa.

Recalca el abogado que el propósito fundamental de la reforma es “pasar de un Estado laico a un Estado aconfesional, donde se respeten todas las confesiones religiosas. Es un replanteamiento filosófico del Estado mexicano”.

La iniciativa, a su juicio, es realmente “ciudadana” porque se someterá a la discusión no sólo de los legisladores, sino también de otros “actores políticos”, “pensadores”, ministros de culto de las “demás iglesias” y del pueblo mismo.

Döring –quien siendo diputado, en la pasada legislatura, ya había presentado una propuesta para reformar el artículo 24– estima que será incluso una reforma por las “libertades de las minorías religiosas, pese a que se piensa que sólo beneficiará a la Iglesia católica”.

Recuerda que la iniciativa condensa aquellos ofrecimientos de campaña de Vicente Fox –el famoso ‘decálogo’– que no se concretaron, y que surgieron de un consenso previo con las iglesias.

Sin embargo, la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas de México (Confraternice) –que aglutina a 250 agrupaciones evangélicas– ha venido rechazando la iniciativa mediante comunicados de prensa.

Su máximo líder, el pastor Arturo Farela Gutiérrez, advierte tajante:

“Con esa iniciativa, la Iglesia católica intenta recuperar los espacios de poder político y económico que tuvo antes de las reformas juaristas del siglo XIX. Propone, pues, un retroceso de 150 años.”

–¿Las Iglesias evangélicas ya fueron consultadas?

–No, para nada. Jamás se tomó el parecer de los 25 millones de evangélicos del país. No es realmente una iniciativa ciudadana. Fue elaborada por ese colegio de abogados que tiene mucha cercanía con el Arzobispado de México.

“Claro, también hay legisladores de ultraderecha que quieren que la católica sea la religión de Estado. Concuerdan con la postura del Papa Benedicto XVI, quien acaba de decir que la Iglesia católica es la auténtica, lo cual es ofensivo para las iglesias anglicana, metodista, luterana y para las iglesias evangélicas, puesto que todas ellas fundamentan sus enseñanzas en la figura de Jesucristo, quien no estableció su Iglesia en Roma, sino en Jerusalén.”

–¿Ve posibilidades de que la iniciativa se apruebe?

–Es poco probable que se den esas reformas. Es más, creo que ni siquiera obtendrá el apoyo de todos los legisladores del PAN. El avance democrático no tiene reversa.