Democracia simulada impunidad real

Tomados de La Jornada, Helguera, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

La impunidad, corrupción y saqueo fueron los signos que marcaron más de 70 años de regímenes priístas. Son los mismos signos de los gobiernos panistas. El país no ha mejorado, mucho menos alcanzado o iniciado el camino democrático que tanto pregonan los que se benefician con el actual sistema de poder que garantiza enormes ganancias para unos pocos y pobreza para más del 95 por ciento de los mexicanos.

En el entramado se encuentran jueces, magistrados, senadores, diputados, gobernadores, secretarios de estado, grandes empresarios, medios electrónicos e impresos de comunicación, etc. Todos ellos defienden el actual esto de las cosas, porque les reporta beneficios y “exclusividad” que de otra manera sería imposible detentar.

Se rasgan las vestiduras y atacan a quienes osan criticar el caduco sistema político mexicano y el capitalismo voraz nacional e internacional. Levantan su dedo para señalar a quienes se oponen a la venta al mejor postor de las playas del país, de sus energéticos, de su territorio.

No tienen empacho en actuar con cinismo al cambiar de bandera y de opinión las veces que sean necesarias, sin importar que la postura reciente contradiga radicalmente a la anterior. Carecen de toda dignidad y congruencia porque al único dueño que reconocen es el dinero. En manos de estas lacras sociales estamos los mexicanos y buena parte del mundo. Todos aglutinados para defender la globalización y la “libre empresa”, mientras ésta no se oponga a sus intereses, de lo contrario caerá bajo el peso de sus millones y bajo la tutela de complicidades “legales” y políticas. Si no existe “ley” en que ampararse para su latrocinios para eso están en sus nóminas los “legisladores” que al momento crearán una nueva ley dictada desde las oficinas empresariales o clericales.

Y no es exagerado lo antes expuesto, basta revisar algunas informaciones de hoy para tener un ejemplo irrefutable de lo escrito.



Organismos de defensa de los derechos humanos en México presentarán en audiencia pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el informe la Situación de la Libertad de Expresión en México.

Según un comunicado de prensa, los organismos alertan por qué México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo por parte de poderes locales y el crimen organizado.


Desde el año 2000 hasta 2006, se registraron en México 27 asesinatos y cinco desapariciones de periodistas, pero el número aumenta en el presente año.

El organismo alerta que en la mayoría de los casos no hay culpables y únicamente en ocho de las investigaciones hubo detenciones, según el boletín publicado en la página de internet del Centro Nacional de Comunicación Social, A.C. (Cencos).

Los grupos firmantes consideran que uno de los aspectos más graves son los asesinatos, desapariciones y agresiones contra periodistas.

El Universal 18 de julio de 2007


Hasta el momento no existe ninguna vinculación entre los 205 millones de dólares incautados al empresario de origen chino, Zhenli Ye Gon, con el proceso electoral de 2006, aseguró el presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde Ramírez.

Diario Monitor 18 de julio de 2007



El empresario chino-mexicano Zhenli Ye Gong, afirmó que todos sus negocios son legales.

...a la pregunta por su relación con “Javier Alarcón”, donde destacó que durante la primera semana de mayo del 2006 donde tuvo una cita junto a otras dos personas donde uno le dijo Javier y otro Alarcón por lo que sabe que es Javier Alarcón.

“En mi casa tenemos videos y fotos donde podemos comprobarlo”, dijo este mediodía “hay fotos y videos de la gente que entró a mi casa”. Las pruebas las tiene guardadas con un amigo y serán reveladas en caso de que algo le suceda, agregó.

Milenio 18 de julio de 2007


Ante diputados federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la Secretaría de Gobernación (SG) se negó ayer a gestionar cualquier tipo de intervención para solucionar el conflicto en Oaxaca, y en cambio se reservó el derecho de determinar lo que considera ''urgente''.

Los legisladores aseguran que, de acuerdo con las imágenes difundidas por los medios de comunicación, en el enfrentamiento hubo participación de policías federales, estatales y municipales apostados en el cerro del Fortín, en la víspera de la Guelaguetza Popular, con saldo -según los diputados- de 60 detenidos, un muerto y varios heridos de gravedad. ''Estos hechos parecen los mismos del año pasado, las mismas prácticas de intimidación y represión contra la movilización social; por ello, no podemos ni debemos ser cómplices espectadores del quebrantamiento social de la entidad'', alertaron.

La Jornada 18 de julio de 2007



No se sabe a cuál de sus genios de marketing se le ocurrió la frase comprometedora, pero el hecho es que el autodenominado "presidente del empleo" camina a paso de tortuga en el cumplimiento de uno de sus principales compromisos de campaña.

Si el ritmo de generación de plazas en el sector formal se mantiene, en sus primeros 12 meses de estancia en Los Pinos la "continuidad" y su "presidente del empleo" habrían sumado poco más de 510 mil registros laborales nuevos en el IMSS, o lo que es lo mismo sólo el 42 por ciento de la demanda real, amén que sería un número de fuentes de trabajo 43 por ciento menor con respecto a 2006, año que tampoco fue la panacea en este sentido, aunque sí el "mejor" del "cambio".

A lo largo de lo que algunos llaman "el gobierno de Fox" se crearon, de acuerdo con cifras oficiales, poco menos de un millón 300 mil empleos formales en todo el sexenio (la gran mayoría eventuales), contra una demanda real de 7.2 millones de plazas. Si se mantiene la tendencia en la "continuidad", en el mejor de los casos se registrarían poco más de 3 millones de puestos de trabajo en el sector formal de la economía, con una demanda real igual a la del "cambio. Entonces, sólo en esas dos administraciones el déficit en este renglón se aproximaría a los 10 millones de empleos.

En 10 años, 12 millones de mexicanos demandaron empleo en el sector formal de la economía: sólo 3.8 millones lo lograron; alrededor de 5 millones emprendieron la ruta del norte y hoy los contabiliza el censo estadunidense o, en el peor de los casos, la estadística de indocumentados. El resto se maneja entre la informalidad y el desempleo.

Este último indicador, la desocupación abierta, avanza mucho más rápido que el discurso del "presidente del empleo", quien ahora está más preocupado por los "cuentos chinos" que por cumplir sus compromisos de campaña. Por cierto, si son "cuentos chinos", ¿por qué el inquilino de Los Pinos le dedica al tema tribuna y micrófono de Estado, y en plena gira del gerente de La Moncloa? Demasiado cuento para ser chino.

México SA, Carlos Fernández-Vega. La Jornada 18 de julio de 2007


Como dije la impunidad, corrupción, avaricia y mentiras son los signos que marcan las derechas PRIANistas, a los ojos de todos y con el cinismo por delante.


Los siguientes materiales fueron tomados de la revista Proceso.

http://www.proceso.com.mx/

Contrainsurgencia Ciega

José Gil Olmos

Pese a que las explosiones en los ductos de Pemex en el Bajío –cuya autoría se atribuyó el grupo guerrillero EPR– provocaron grandes pérdidas económicas, el

gobierno federal parece más ocupado en sacarle raja política al asunto que en solucionar las fallas de sus aparatos de inteligencia. Por su parte, defensores de

derechos humanos y exguerrilleros denuncian que también se está criminalizando toda clase de activismo social, lo que en vez de detener esos brotes de violencia podría enconarlos.

En sus 13 años de existencia, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) no había emprendido acciones de tanta magnitud como los sabotajes a los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Guanajuato y Querétaro, entidades gobernadas por el PAN.

A raíz de esos actos que los guerrilleros denominaron de “hostigamiento quirúrgico”, más de 100 empresas se declararon en paro técnico y padecieron pérdidas millonarias, según reportes de organizaciones empresariales del Bajío, zona donde no se conocía la presencia del grupo armado.

Al mismo tiempo que se adjudicó los atentados, el EPR reclamó que fueran presentados con vida dos de sus compañeros detenidos el 25 de mayo pasado por la policía en Oaxaca.

Los ataques provocaron que el gobierno de Felipe Calderón recurriera a 5 mil soldados del Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal (CFAF), creado hace un año por órdenes de Vicente Fox y que al parecer está capacitado en contrainsurgencia. Además, se implantó un operativo de seguridad adicional en todas las instalaciones estratégicas federales.

Sin embargo, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República (PGR) negaron que tuvieran en su poder a los eperristas reclamados por la organización guerrillera.

Como grave error califica a esta negativa Felipe Edgardo Canseco Ruiz, exintegrante del Partido Revolucionario Obrero Clandestino-Unión del Pueblo (PROCUP), creado hace 43 años y antecesor directo del EPR. Afirma que, tras un análisis de los comunicados del grupo guerrillero, su ofensiva va a aumentar hasta que sean presentados sus compañeros Gabriel Alberto Cruz Bravo y Edmundo Reyes Amaya.

Canseco, quien es abogado y perteneció al comité de propaganda del PROCUP, estuvo ocho años en la cárcel, uno de ellos en el penal de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco, bajo el cargo de asociación delictuosa. Entrevistado con otros exintegrantes del PROCUP que ahora forman la organización Izquierda Democrática Popular (IDP), sostiene:

“Ellos no van a quedarse pasivos cuando han detenido a Alberto Cruz Sánchez, que llevaba por lo menos 35 años en la clandestinidad. Sólo por la edad de los dos detenidos, se presume que es gente con bastante experiencia dentro de la estructura del EPR, y lo que nos sorprendió fue la reacción tardía de sus compañeros para tratar de proteger la vida de los desaparecidos. Cuando a nosotros nos detuvieron, a David Cabañas y Ana María Vera Smith, en 1990, al tercer día (nuestros compañeros) ya estaban actuando en varios estados”.

Sin embargo, dice que posiblemente los altos mandos del EPR primero replegaron sus unidades y establecieron medidas especiales de seguridad, porque sabían que sus acciones desatarían la persecución, y luego planearon los ataques más importantes desde la creación del grupo en 1994.

“Hay una diferencia cualitativa en el accionar político militar del EPR, algo que no se había visto en toda su historia, como el sabotaje a los ductos de Pemex. Es una situación preocupante.”

Según datos extraoficiales, el EPR ha realizado medio centenar de ataques, entre ellos las explosiones de 1994 en Plaza Universidad y en las torres eléctricas de Topilejo y Veracruz, en solidaridad con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Para los organismos de seguridad del Estado, el EPR es la guerrilla más peligrosa por su conocimiento de los explosivos.

De acuerdo con fuentes de la PGR (citadas por el diario Reforma en su edición del viernes 13), en esta ocasión los guerrilleros podrían haber utilizado “ciclonita o exógeno”, empleados por grupos separatistas de Europa del Este.

Historia de familia

Desde el 2 de junio pasado, el EPR emitió un comunicado en el que denunciaba que sus compañeros Raymundo Rivera Bravo, de 55 años, y Edmundo Reyes Amaya, de 50, fueron detenidos el 25 de mayo entre las 20 y 22 horas en la ciudad de Oaxaca “en una acción fortuita de la policía” y estaban siendo torturados en las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR) por militares y miembros de la Agencia Federal de Investigación (AFI), así como por “agentes norteamericanos que fungen como asesores de la policía y el Ejército”.

El EPR responsabilizó de los hechos a Felipe Calderón y al gobernador Ulises Ruiz, y pidieron que sus compañeros fueran presentados con vida. Ni el gobierno federal ni el estatal respondieron.

El 20 de junio, en otro comunicado, los guerrilleros dieron a conocer las fotos de los detenidos. Para entonces ya se había filtrado la información de que “Raymundo Rivera” en realidad se llama Gabriel Alberto Cruz Sánchez y es uno de los fundadores del PROCUP y del EPR.

Gabriel es hermano de Tiburcio Cruz Sánchez, padre de los hermanos Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo Contreras, a quienes el gobierno de Vicente Fox culpó de haber perpetrado explosiones en sucursales bancarias en 2001 y los envió al penal de alta seguridad entonces denominado La Palma. Alejandro fue liberado el 28 de febrero, pero sus dos hermanos siguen presos.

Tiburcio Cruz se hacía llamar Francisco Cerezo Quiroz y, según declaraciones de sus hijos, daba clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Así mismo, la madre de los hermanos Cerezo supuestamente se llama Emilia Contreras Rodríguez, pero su nombre verdadero es Florencia Canseco Ruiz y es hermana de Felipe Edgardo Canseco. Ella fue maestra en Oaxaca y en el Distrito Federal. Al ser detenida seguía dando clases en Xochimilco.

El 13 de agosto de 2001 la policía y el Ejército detuvieron a los hermanos Cerezo en su casa, pero en realidad iban por sus padres, considerados como fundadores del EPR. Desde entonces los equipos de inteligencia federales reactivaron el seguimiento de todos sus parientes.

La familia Cruz está integrada por nueve miembros, que han sufrido hostigamiento, detenciones y represión desde la década de los setenta. Tiburcio y Gabriel fueron los únicos que se vincularon con las organizaciones armadas, principalmente con el PROCUP, aunque antes formaron parte de la Coalición Obrero Campesino Estudiantil de Oaxaca, creada en 1968.

Uno de sus hermanos, Castro Eugenio Cruz Sánchez, artista y exdirector de teatro de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), fue detenido en 1977 con su esposa. Fueron torturados e interrogados durante seis días para que revelaran dónde estaban Tiburcio y Gabriel. Lo mismo ocurrió en 1975 con Francisco Cruz, que tenía 13 años y cursaba la secundaria.

La detención de Gabriel es relevante porque se trata de un guerrillero histórico del PROCUP-EPR. Estudió en la Preparatoria 1 de la UABJO, fue líder estudiantil en 1970 y al año siguiente pasó a la clandestinidad. “En esa década, cada vez que ocurría una acción del PROCUP, la foto de Gabriel, Tiburcio y su esposa Florencia Canseco aparecían en los periódicos como los autores, aunque no lo fueran”, recuerda Felipe Edgardo Canseco.

Hoy esta persecución se mantiene como política de Estado, añade. Como ejemplo cita las recientes amenazas contra el Comité de los Hermanos Cerezo, dirigido por sus sobrinos Emiliana, Alejandro y Antonio. La noche del 26 de junio, Alejandro Cerezo abrió un mensaje de correo electrónico en el cual se aludía a su tío Gabriel Alberto Cruz:



Como están? calientitos? que pedos con los desaparecidos? familia? adorado tío? fabuloso padre? Asi son las cosas de la vida otra vez en pedos la family, ni modos los tenemos bien cercas a ustedes tres, a los de la palma y a tu querida familia, y a tu tiito cara de culito y a su amiguito habladorcito que no para y el otro también habla y habla, pero a lo mejor ya no hablan ya se quedan calladitos o ya les cargo la verga. Dile a papito y a mamita que no sean cobardes, que hagan sus mamaditas para que vean como los vamos a poner a ustedes desnuditos y bien cojiditos. Pobre de tio y zapatito se creían muy chingoncitos y cayeron como palomitas del sur.

Hasta luego amorcitos.

Desde la sierra del sur.

Sus verdaderos padres.



En la lectura de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), este mensaje fue elaborado por personas presumiblemente vinculadas con órganos de inteligencia del Estado, que implícitamente se atribuyen la detención de los dos eperristas.

El presidente de la liga, Adrián Ramírez López, dice que el mensaje forma parte de una campaña para vincular a organizaciones civiles y de derechos humanos con los grupos insurgentes. “La Limeddh recuerda que en el pasado reciente, de l994 a 2000, ocurrieron decenas de detenciones y desapariciones en las que por varios días, semanas y meses fueron torturadas personas tratando de vincularlas con los movimientos insurgentes”, advierte.

Sigue la guerra sucia

La Limeddh también ha documentado al menos 26 detenciones, desapariciones y presentaciones de supuestos guerrilleros durante las administraciones de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón. David Cabañas, hermano del jefe guerrillero Lucio Cabañas, recuerda que en las últimas cuatro décadas la guerra sucia provocó mil 250 desapariciones; 650 en Guerrero. Aún peor: de éstas, 400 fueron en el municipio de Atoyac y 126 las padeció la familia Cabañas.

“El gobierno hoy habla del estado de derecho pero no es cierto, por eso ocurrieron las explosiones: porque desaparecieron a los dos militantes del EPR... El llamado del gobierno del cambio en realidad no ha cambiado nada, al contrario, ahora actúa de manera más cruel y brutal, superando en muchos aspectos a los gobiernos anteriores”, señala David Cabañas.

También Pablo Torres Hernández y Hermenegildo Torres Cruz, exmiembros del PROCUP y quienes estuvieron presos durante siete años cuando los acusaron de atentar contra bancos y otros negocios en 1991, advierten que el Estado nunca ha dejado de perseguir a quienes alguna vez participaron en la lucha armada. Incluso, dice Pablo Torres, en el diario Milenio se publicó que una organización en Chicolapan, formada para buscar una vivienda digna, tiene vínculos con la guerrilla.

“Dadas las características del actual régimen de derecha, que criminaliza y reprime toda protesta social, es probable que quieran inmiscuirnos ahora que comenzó a actuar el EPR. Pero estamos ajenos a la actividad de los grupos armados insurgentes”, aclara Hermenegildo Torres.

Al impulsar su iniciativa de reformas a los códigos penales que propone la detención arbitraria y cateos a domicilio sin orden judicial, Calderón comete el error de optar por la represión, opina Felipe Edgardo Canseco; “lo único que está haciendo es aumentar el encono y alentar las contradicciones sociales.

“Estamos seguros de que si el gobierno hubiera sido sensible a la demanda reiterada de distintos sectores sociales de que presentaran con vida a los dos militantes eperristas, de ninguna manera estaríamos viviendo el escenario de nuevas formas de hacer actividades político-militares de la guerrilla mexicana.”

Déficit de inteligencia

Después de que el EPR se adjudicó en un comunicado la autoría del sabotaje a los ductos de Pemex en Guanajuato y Querétaro el 5 y el 10 de julio, el gobierno de Calderón tuvo que reconocer que no fueron accidentes. Esa declaración fue considerada por el PRD y Andrés Manuel López Obrador como artimaña para desviar la atención del escándalo de la supuesta extorsión de panistas y gente del expresidente Fox al empresario Zhenli Ye Gon.

A su vez, los panistas acusaron al EPR de ser un grupo terrorista vinculado al PRD y a la organización vasca ETA.

Felipe Edgardo Canseco rebate: es absurdo considerar que la actuación del EPR es una cortina de humo, porque no oculta los graves problemas que enfrenta Calderón, como el narcotráfico, las ejecuciones, la oposición a la ley del ISSSTE, la inestabilidad de Oaxaca, las dificultades para consumar la reforma hacendaria y las propias acusaciones del empresario chino.

Y acerca de que son terroristas, señala que es un intento de justificar la política represiva del Estado, que además ya demostró su fracaso porque hoy existen más grupos guerrilleros que hace 30 años y están presentes en 22 estados, incluyendo Querétaro y Guanajuato.

Erubiel Tirado, investigador especializado en seguridad nacional, señala que las actuaciones del EPR descubrieron el déficit, el desmantelamiento y colapso de los aparatos de inteligencia del Estado, como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que se ha convertido en una agencia al servicio de intereses particulares del grupo que gobierna al país, “en un trampolín o en una instancia de investigación política, pero no de seguridad nacional”.

Destaca que el Cisen está en manos de Guillermo Valdés, exdirector de la empresa Grupo de Economistas y Asociados-Investigaciones Sociales Aplicadas (GEA-ISA), la encuestadora que siempre favoreció al PAN y que formó parte del cuarto de guerra de Calderón durante la campaña presidencial.

“No esta ahí porque tenga una visión de Estado para resguardar o manejar los trabajos de seguridad nacional”, advierte Tirado, y recuerda el ridículo caso del año pasado, cuando se robaron un cajero automático de las instalaciones del Cisen.

En su opinión, el EPR “ya demostró que tiene la capacidad de afectar el suministro de gas en cuatro estados y ocasionar un daño económico, afectando al gobierno y a la sociedad civil. Se trata de una acción guerrillera inédita, de gran magnitud, y por eso hacen mal el Cisen y la Secretaría de Gobernación al tratar de distraer la atención acusando de complicidades a ciertos grupos políticos con el EPR, sin tomar en cuenta las fallas internas, que son más graves y serias”.


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¿Cuentos chinos?


jenaro villamil

México, D.F., 17 de julio (apro).- Un día después de que El Universal dio a conocer una larga misiva, de 17 cuartillas, escrita presuntamente por el empresario chino Zhenli Ye Gon y en vísperas de la “bomba informativa” anunciada por los abogados de éste personaje, prevista para mañana, el presidente Felipe Calderón volvió a subirse al ring para decretar que lo dicho por el fabricante e importador de pseudoefedrina es una “versión ridícula”; “es un cuento chino decir que ese dinero iba a ser para la campaña de 2006”.

Con un gesto de sorna y acompañado por el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, Calderón también asumió funciones de juez y adelantó un veredicto de una investigación que, hasta donde se sabe, aún está en curso: “Este señor estará tras la cárcel”.

Si el contrataque de Calderón es producto también de una asesoría de Dick Morris, el estratega de comunicación política norteamericano que tuvo la modestia de compararse con Maquiavelo y escribir El Nuevo Príncipe, realmente no estamos ante un cuento chino, sino ante un enredo de dimensiones imparables.

En primer lugar, porque han sido los propios integrantes del gabinete de Calderón –destacadamente el procurador Eduardo Medina Mora y el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón-- quienes han colocado el tema en la agenda de todos los medios de comunicación, principalmente en la televisión.

En segundo término, si el señor Ye Gon no ha demostrado hasta ahora sus dichos, ¿por qué tanto nerviosismo y una reacción tan desmesurada por parte del titular del Ejecutivo que, por cierto, olvidó que nuestro país tiene relaciones con China y cualquier referencia xenófoba puede tener implicaciones negativas en materia comercial y diplomática? ¿O estamos acaso en la ruta foxista de romper relaciones diplomáticas no sólo con Cuba y Venezuela, sino también con la potencia asiática porque uno de sus ciudadanos ha resultado incómodo?

Un principio elemental de comunicación política es la ponderación. En el escándalo de Ye Gon, las autoridades mexicanas han hecho todo para enredar y acrecentar el caso. La segunda intervención pública de Calderón en relación con este caso, sólo despierta suspicacias y genera el efecto contrario al esperado.

En tercer lugar, la pregunta fundamental sobre el destino de los 205 millones de dólares incautados por la procuraduría y que después “aparecieron” en el Bank of América, “por razones de seguridad”, también han generado nuevas sospechas. Cualquier estudiante de derecho penal sabe que si no existe una orden de un juez ningún bien o dinero constitutivo de un presunto delito puede ser utilizado. ¿Desde cuándo millones de dólares que constituyen parte de un presunto delito de narcotráfico son depositados como si fueran fondos de inversión? ¿Por qué no se ha informado puntualmente cómo se hizo el traslado de Banjército a la banca norteamericana?

Son demasiadas preguntas hilvanadas como para que Zhenli constituya un simple “cuento chino”.

Por si fuera poco, las misivas del empresario nacido en Shangai también revelan que, en su caso, fue una práctica “normal” destinar dinero a campañas políticas y que él se ostentaba como “senador honorario del partido mexicano PRI”. Incluso, Zhenli menciona que tiene dos credenciales expedidas por el Senado y reconoce que, en los últimos dos años, “hice un esfuerzo por ayudar a financiar exitosamente la campaña del PRI al gobierno del estado de Veracruz”.

La segunda parte de la misiva de Zhenli es un relato pormenorizado sobre la famosa incursión de la Agencia Federal de Investigaciones en su domicilio y cómo decomisaron más de 200 millones de dólares. El empresario niega todo vínculo con el narcotráfico, pero sí confirma que está en proceso de construcción una fábrica de su propiedad en el estado de México.

Dos párrafos de esa misiva constituyen el punto fundamental del escándalo político-electoral del caso:

“La enorme cantidad de efectivo en mi casa es de fuente desconocida, fondos secretos subterráneos de Javier y Luis (sic), con el propósito como ellos lo dijeron de usarlo en la elección presidencial mexicana, usando el dinero y las armas a su disposición. Ya tenían toda clase de preparativos.

Una vez que la campaña de su partido político fue derrotada, podrían usar el dinero en sus manos para acosar el mercado de dinero de México; destruir el orden económico de México; usar sus armas para perseguir actividades terroristas; crear inestabilidad social y agitación; forzar al nuevo gobierno con base en una administración incompetente para lograr su meta de un cambio de régimen. Si su campaña ganaba, podrían usar mi casa como el sitio de lavado de dinero a través de su gobierno a nombre de un decomiso antidrogas; limpiar su dinero subterráneo, protegiendo sus intereses”.

Si todo esto es un tremendo “cuento chino”, la única manera de deshacer el entuerto es una investigación clara, puntual y transparente sobre la ruta del dinero, no sobre la ruta de un escándalo imparable.

jenarovi@yahoo.com.mx