Victoria Schussheim, “Excélsior” y el cardenal Rivera*

Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores.

Miguel Ángel Granados Chapa


MÉXICO, D.F., 22 de agosto.- Victoria Schussheim escribía en el “nuevo” Excélsior desde hace cinco años, cuando lo adquirió el señor Olegario Vázquez Raña, en una operación que está todavía sub júdice porque los cooperativistas que fueron los dueños han denunciado como fraudulenta esa compraventa. Antropóloga, traductora, editora y chef sobresaliente, Victoria escribía cada semana su columna El hilo negro, aparecida en la sección Comunidad de aquel diario.

El miércoles 11 de agosto su texto fue rechazado. Se refería a la declaración del cardenal Norberto Rivera Carrera sobre el fallo de la Suprema Corte que declaró constitucional la reforma al Código Civil que definió el matrimonio no ya como la unión de un hombre y una mujer, sino como la de dos personas, lo que abrió la posibilidad del matrimonio entre personas del mismo sexo. “Aberrante”, dijo el arzobispo primado de México de esa sentencia, y sobre esa calificación construyó la autora su argumento contrario a la posición del purpurado.

El motivo para no publicar su columna, es decir para censurarlo, parece benévolo o inocuo. Se le dijo a la escritora que por política de la empresa “no aceptaban que un colaborador criticase a otro”, y que Rivera Carrera escribía habitualmente en la sección editorial, sólo que por ahora estaba en receso, pero “pronto volvería a escribir”.

Un espíritu libertario como el de Victoria Schussheim no toleró la censura y abandonó las páginas del diario que de ese modo le expresó irrespeto a ella y a la libertad de expresión. Como un modo de derrotar esa cerrazón, con autorización de la afectada reproduzco en estas páginas lo que los lectores de Excélsior no pudieron conocer. La columna se titula Yo aberro, tú aberras, y dice así:

«... Pero viera usted qué tal aberra él, el arzobispo primado de México, el del cabello milagrosamente ennegrecido por obra y gracia de L’Oreal, Norberto Rivera. “Aberrar”, que suena feísimo como verbo, sobre todo si uno lo conjuga (cosa que, según la Real Academia, tiene pleno derecho a hacer), quiere decir, simplemente, “Desviarse, extraviarse, apartarse de lo normal o usual”. Y “aberrante”, por lo tanto, no es algo tremendo, terrible, inspirado por el maligno, sino simplemente “diferente”. De modo que Newton, Galileo y Einstein eran “aberrantes”. Y Picasso, El Greco o Goya, por mencionar sólo algunos españolitos, también. Y Jesús... bueno, Jesús ni se diga. Él sí que se desvió de lo que era normal y usual en sus tiempos. Tanto que lo crucificaron.

«Y el que anda crucificando ahora, en nombre de lo que decidió que es “la” moral, y que escasamente, si acaso, tal vez sea “su” moral, es Rivera. Mire algunas de las cosas que dice: “Estas ‘uniones de facto’ o legaloides... son intrínsecamente inmorales. Falsos derechos”, afirma, frente a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de reconocer la legalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo.

«Tengo que repasar la Constitución. ¿No era éste un país laico? ¿Y “laico” no quería decir “Independiente de cualquier organización o confesión religiosa”? ¿Por qué entonces una organización religiosa ataca las decisiones de una de las tres ramas del gobierno? ¿Qué diríamos si el Dalai Lama opinase al respecto? ¿O, sin ir tan lejos, si lo hiciese un rabino mexicano, o hasta un evangelista?

«Y, sobre todo, ¿por qué dice tales sandeces a nombre de la propia institución a la que pertenece? ¿Cómo podemos aceptar que afirme que nuestro máximo tribunal efectúa “un ataque a la familia con ‘intereses oscuros’, que pretenden orillar al país ‘herido por la violencia y la descomposición social, a su ruina’?”.

«¡Mofles! Las bodas gay y las decapitaciones entre narcos al mismo nivel. Cosas veredes, Sancho.

«Y eso no es todo, qué va. Resulta que (como se habla de adopción) se trata de “conceder falsos derechos que, por si fuera poco, afectarán a niños inocentes, a quienes se les negará el derecho de tener un padre y una madre para su adecuado desarrollo moral y psico-afectivo” (el guión por cortesía del purpurado, o a lo mejor del periodista, sepa).

«Y aquí es donde la puerca tuerce el rabo. Feamente. Al margen de que yo no soy quién para saber si el adecuado desarrollo moral y etcétera depende de tener un padre y una madre (tampoco creo que sea Rivera quien tenga al respecto la última palabra), resulta que en este bendito país nuestro un porcentaje in-men-so de la población no tiene padre. Casi literalmente. Por lo menos no padre conocido, ni padre que viva en contacto con sus hijos. O porque nunca dio la cara, o porque se largó, o porque tiene otra familia. O, si acaso, porque se fue de ilegal. Resulta entonces que toda esa gente, esos millones y millones de mexicanos, no han tenido el desarrollo moral y psicoafectivo correspondiente.

«Qué notable. ¿Cómo le habrá hecho el propio cardenal para desarrollarse tan bien en ausencia de padre? Porque el suyo, que se llamaba Ramón, se fue a Estados Unidos a trabajar para poder mantener a la familia. O al menos eso dice su ficha de Wikipedia (en inglés). ¿Hablará por la herida? ¿Será él también, pobrecito, alguien “herido por la violencia y la descomposición social”?»

No fue Rivera Carrera el único cardenal que acusó el golpe de la Corte. Lo hizo con más fiereza el arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez. No contento con descalificar la decisión del tribunal constitucional, se lanzó contra sus autores. Dijo que el jefe de Gobierno Marcelo Ebrard e ignorados “organismos internacionales” habían “maiceado” a los ministros para que se manifestaran como lo hicieron. El ponente en el procedimiento judicial, Sergio Valls, rechazó con rudeza la insinuación insidiosa del clérigo nacido en Yahualica, y en una suerte de voto de censura sus compañeros hicieron suyo el agravio y el rechazo. Pero no fueron más allá. En cambio, Marcelo Ebrard inició una acción civil contra el lenguaraz cardenal (y contra el vocero de Rivera Carrera, el sacerdote Hugo Valdemar que tuvo la desvergüenza de considerar que la reforma al Código Civil hace más daño a la sociedad que el narcotráfico).

Pero, con toda la gravedad del insulto que Sandoval Íñiguez asestó a los miembros de la Corte y al jefe del Gobierno del DF, afirmaciones del cardenal sobre el sector social directamente beneficiado con la reforma de marras son más dañinas y peligrosas. En tono desdeñoso, de mofa abierta, se refirió a “lesbianas y maricones”, y con criterio aldeano adivinó que los hijos adoptivos de personas pervertidas como son los homosexuales serán inexorablemente pervertidos como sus padres, porque los verán realizar “sus prácticas” y no sabrán a quién llamar mamá y a quién papá.

El torpe criterio así expuesto cae muy claramente en los supuestos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. La fracción XXVII de su artículo 9 establece claramente que “incitar al odio, violencia, rechazo, burla, difamación, injuria, persecución o la exclusión” es un acto discriminatorio. Por ello, el órgano encargado de aplicar esa ley, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Conapred, inició una investigación a partir de quejas recibidas al respecto.

No irá muy lejos en su indagación, y menos aún en el establecimiento de medidas correctivas, no sólo porque el cardenal es incorregible, sino porque la ley no cuenta con dispositivos para sancionar a los bocones, salvo su exhibición como tales ante la sociedad.

De cualquier modo, por escaso que sea el alcance de la intervención del Conapred, lo que pueda hacer al respecto enseñará a Sandoval Íñiguez que no puede denigrar a persona alguna por su preferencia sexual porque no faltan fanáticos que oyendo las descalificaciones cardenalicias las traduzca en hechos, en agresiones contra sus destinatarios. No se tolere que el arzobispo de Guadalajara predique la homofobia.

*Tomado de la revista Proceso.


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El nuevo peligro para México**


John M. Ackerman

La guerra sucia rumbo a las elecciones presidenciales de 2012 ha iniciado ya y las autoridades federales una vez más demuestran su tibieza y parcialidad a la hora de imponer el estado de derecho. Van ocho días desde la abierta e ilegal intervención de la Iglesia católica en la esfera política-electoral y tanto el Instituto Federal Electoral (IFE) como la Secretaría de Gobernación (SG) se han hecho de la vista gorda, limitándose a emitir escuetos pronunciamientos burocráticos que no les comprometen a nada. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) también se ha quedado inmóvil. Tal como ocurrió en la antesala de las elecciones de 2006, hoy de nuevo se confirma que los poderes fácticos, y no las instituciones democráticas, son los que realmente mandan en el país.

La ley no deja lugar a dudas. El artículo 130 de la Constitución explícitamente señala que los ministros de culto no podrán “realizar proselitismo en favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna”. El artículo 353 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) prohíbe a las iglesias “la inducción a la abstención, a votar por un candidato o partido político, o a no hacerlo por cualquiera de ellos”. El artículo 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público también castiga la realización por parte de la Iglesia de “proselitismo o propaganda de cualquier tipo en favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna”. Mientras tanto, el artículo 404 del Código Penal Federal impone una multa de hasta 500 días de salario mínimo a los ministros de culto que “induzcan expresamente al electorado a votar en favor o en contra de un candidato o partido político”.

Al demonizar al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y llamar explícitamente a “los bautizados” a votar en las próximas elecciones “para evitar que algunos políticos y partidos sigan atentando contra la fe y la moral”, el arzobispado primado de México anuncia el inicio de una nueva guerra cristera que, en su perversa redición de 2006, buscará impedir haiga sido como haiga sido la llegada a la Presidencia de la República de algún candidato de izquierda.

Habría que celebrar la valentía de Marcelo Ebrard para defenderse públicamente de las acusaciones infundadas del cardenal Juan Sandoval Íñiguez. Compensa de manera importante el vacío de poder y la pasividad institucional a escala federal.

Sin embargo, esta acción legal desafortunadamente también ha personalizado una lucha que debe ser institucional y colectiva. El conflicto central no es entre Ebrard y Sandoval, sino entre la Iglesia católica y las instituciones democráticas del país. Si bien la denuncia del jefe de Gobierno implica un importante “hasta aquí” en el terreno simbólico ante los abusos de la iglesia, el juez civil que conozca de la denuncia no abordará en absoluto el asunto de la defensa del Estado laico, sino únicamente el tema del posible daño moral a Ebrard.
La acción legal de Ebrard también podría tener el efecto colateral de desalentar futuras denuncias en materia de corrupción de parte del ciudadano de a pie. Si bien no debemos permitir la descalificación de las instituciones sin sustento, y menos cuando viene de parte la Iglesia católica, tampoco deberíamos cerrarle la puerta a la expresión pública de sospechas fundadas respecto del desempeño de nuestras autoridades gubernamentales. La corrupción es uno de los delitos más difíciles de castigar, precisamente porque los que lo cometen normalmente cubren sus pasos de manera sumamente cuidadosa. De ninguna forma podemos exigir que el ciudadano tenga plenamente comprobada la existencia de un soborno antes de poder denunciar un posible desfalco al erario. Al contrario, habría que alentar por todas las vías posibles la presentación de denuncias, incluso de manera anónima, de posibles actos de corrupción.

Las instituciones que tienen que actuar, y pronto, en el caso actual son el IFE, la SG y la Fepade. Gobernación, por ejemplo, puede multar tanto al cardenal como al arzobispado con hasta 20 mil días de salario mínimo e incluso ordenar la clausura de uno o varios templos de culto. La Fepade tiene facultades de multar con hasta 500 días de salario mínimo.

Es cierto que el IFE actualmente se encuentra limitado en sus facultades de sanción directa en la materia. Este vacío legal debería corregirse en una eventual modificación correctiva a las reformas electorales de 2007-2008. Sin embargo, desde ahora los consejeros electorales tienen la obligación de señalar de manera contundente que la participación de la Iglesia en la política nacional podría llegar a poner en riesgo la validez de la elección presidencial de 2012. Una simple remisión burocrática del expediente a Gobernación sería una gran irresponsabilidad de parte de los consejeros electorales. Todos debemos tener muy claro que toda elección debe cumplir con los principios constitucionales básicos y desde luego la intervención indebida de la Iglesia podría llevar a la nulidad de los comicios.

Si las instituciones no actúan de manera expedita y contundente ante este evidente ataque al estado de derecho por la Iglesia católica, el legado de impunidad e ilegalidad será muy difícil de borrar después. Podríamos estar seguros que las elecciones de 2012 serán aún más descarnadas y conflictivas que las de 2006, algo que nuestra incipiente democracia quizás simplemente no pueda soportar.

http://www.johnackerman.blogspot.com/

**Tomado de La Jornada.