Onésimo: transa, hasta con los cadáveres*

Tomados de La Jornada, Hernández y Helguera y El Universal, Naranjo.

Rodrigo Vera



Por enésima vez, Onésimo Cepeda es señalado como un negociante sin escrúpulos. Ahora, el empresario Guillermo de Velasco, su pariente político, dice que mediante prestanombres el obispo de Ecatepec maneja la empresa de servicios funerarios Grupo CIF y hace valer sus contactos con funcionarios para ampliar su clientela. Afirma que incluso el prelado hizo que lo detuvieran ilegalmente a raíz de un pleito judicial.



Onésimo Cepeda, el polémico obispo de Ecatepec, es al parecer el verdadero dueño del Grupo Certificados Integrales Funcionales (Grupo CIF), una influyente empresa que ha logrado obtener contratos para prestar servicios funerarios a varios gobiernos estatales y a muchas dependencias federales, incluida la Presidencia de la República.

Debido a que por su investidura de obispo está legalmente impedido para realizar actividades mercantiles con fines de lucro, Onésimo Cepeda puso como presidente de la empresa a su primo político Alberto Monroy Calva, mientras que al hijo de éste, Alberto Monroy Cepeda, lo nombró apoderado. Ambos son los principales prestanombres utilizados por el prelado.

Sin embargo, al descubrirse que el Grupo CIF estaba desviando dinero del fideicomiso donde se depositaban las aportaciones de su vasta clientela, un juez le ordenó a la empresa que mostrara cuentas claras y exhibiera toda la documentación relativa a sus contratos. Pero Onésimo Cepeda está utilizando todas sus influencias políticas para no acatar la decisión judicial, por lo que, se sospecha, intenta ocultar un cuantioso fraude.

Guillermo de Velasco Mendívil, presidente de Fiducia, afianzadora que le manejaba el fideicomiso al Grupo CIF pero que decidió dejarlo al detectar las irregularidades, lanza la señal de alerta:

“Los clientes del Grupo CIF están en grave peligro; totalmente desprotegidos y sujetos a operaciones terriblemente riesgosas, a una gran contingencia. Ya se los advertí a algunas dependencias gubernamentales que tienen contratos con esa empresa. Es mi obligación hacerlo.”

–¿En qué consiste ese riesgo?

–En que la empresa no cumpla con los servicios funerarios que está ofreciendo a sus clientes. Ya hubo irregularidades en el fideicomiso que nosotros le manejábamos, y actualmente no sabemos si hay otro fideicomiso. Tal vez lo tenga en alguna casa de bolsa, no lo sé. En la publicidad actual de la empresa, dice estar respaldada por la casa de bolsa Vector.

“Además se hace llamar Grupo CIF, pero a un grupo lo conforman varias empresas y este no es el caso. Es más, en su publicidad, la empresa da como domicilio de sus oficinas la calle Enrique Rébsamen número 333, en la colonia Del Valle de la Ciudad de México, pero ahí no hay nada. Ni a nosotros, como fiduciaria, nos notificó cuál era su verdadero domicilio. Grupo CIF además opera como si fuera una aseguradora, pero sin serlo, lo cual viola la Ley de Seguros.”

–¿Dentro de qué figura encaja entonces el Grupo CIF?

–No lo sé, tal vez como una proveedora de servicios o como una comercializadora. Todo es muy atípico… y muy peligroso. Es como las famosas pirámides; les empieza a llegar mucho dinero que está sustentando a la cúpula, pero cuando se corta el flujo o pasa cualquier otra cosa, todo se desploma como un castillo de naipes.

“Los clientes (de CIF) son empleados de las secretarías de Estado, de la Presidencia de la República o de los gobiernos estatales. Imagínese si la Secretaría de Hacienda, por poner un caso, tiene a 400 empleados metidos ahí y de pronto se da cuenta de que no tienen ninguna garantía. O si de pronto mueren 100 policías judiciales del Estado de México y el Grupo CIF no puede darles servicio funerario. ¿Qué va a pasar?”

Sin embargo, en sus promocionales el Grupo CIF asegura que “ofrece protección funeraria a perpetuidad, al adquirir nuestro certificado integral funerario”. Éste incluye, dice, “el pago de todos los gastos asociados con el deceso, así como el ataúd o urna en caso de inhumación o cremación, el título de propiedad de la gaveta o fosa”. Además, el Grupo CIF se encarga de “los trámites legales”, del “traslado al velatorio seleccionado” y del “arreglo estético” de los cadáveres.

Asegura que da “servicio y atención en la República Mexicana y el extranjero” los “365 días del año y las 24 horas del día”. Cuenta con tres planes: “Topacio”, “Rubí” y “Diamante”, cuyos precios son distintos porque dependen de la calidad del “panteón, funeraria, ataúd o urna elegida”. Los costos varían, ya sea si son pagos al contado o a distintos plazos.

Reza su slogan: “Grupo CIF resuelve su futuro y el de su familia ante lo inevitable. Déjelo todo en nuestras manos. Todos llegamos a nuestro destino, de usted depende la forma”. Y por índice alfabético da una larga lista de las dependencias gubernamentales que ya tienen empleados adscritos al Grupo CIF, entre ellas la Presidencia y 17 secretarías de Estado, así como los gobiernos estatales de Puebla, Hidalgo, Morelos y el Estado de México.

La lista incluye a la UNAM, la UAM, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad de Chapingo, El Colegio de México, El Colegio de Michoacán, El Colegio de la Frontera Sur y El Colegio de la Frontera Norte. También aparecen Pemex, la Lotería Nacional, el IMSS, algunas instancias policiacas, hospitales, bancos, editoriales y televisoras, entre otras.

“No sabemos cuánto dinero esté ingresando al Grupo CIF, porque nadie está regulando a la empresa –dice Guillermo de Velasco–; tampoco sabemos cuántos clientes tiene en total ni quiénes son. Lo cierto es que (CIF) es una intermediaria en la venta de servicios. Se muere una persona y contrata todos los servicios funerarios respectivos, recibe ganancias por todos lados.”

–¿No dispone entonces de almacenes con féretros, de flotillas de carrozas fúnebres, de velatorios, de empleados distribuidos en todo el país?

De Velasco ríe, y contesta:

–No, no, nada de eso. El famoso Grupo CIF, que no ha de tener más de 10 empleados, contrata todos los servicios funerarios. O bien, si los deudos lo prefieren, les puede dar el dinero para que sean ellos quienes personalmente contraten esos servicios. Aquí lo importante es quién está realmente detrás del negocio. Y muchos elementos nos llevan al obispo Onésimo Cepeda, quien no puede dar la cara porque legalmente está impedido para dedicarse a este tipo de actividades.

–¿Qué lo hace suponer tal cosa?

–Primero necesito relatar cómo surgió el Grupo CIF. En 1999, el obispo terminó de construir la catedral de Ecatepec y quería comercializar sus criptas entre la feligresía local. El encargado de hacerlo fue su primo político, Alberto Monroy Calva, esposo de una prima hermana de Onésimo, María Guadalupe Cepeda. A Alberto yo lo conozco muy bien, pues era consejero y accionista de mi empresa, Fiducia.

“Alberto se acerca conmigo y me pide que lo ayude a comercializar esas criptas. Yo acepto. Recuerdo que pensaban vender mil criptas, el tamaño de cada una era de un metro cúbico, muy grande, por lo que les propusimos que cada cripta podía dividirse en cuatro y así lo hicieron; finalmente vendieron 4 mil criptas.”

–¿Onésimo estaba detrás de Alberto?

–¡Claro! Yo los ayudé a desarrollar su esquema de comercialización mediante certificados funerarios. Pasa el tiempo, se venden las criptas de Ecatepec y el negocio empieza a extenderse poco a poco a todo el país. Así surge el Grupo CIF, presidido por Alberto Monroy Calva y cuyo apoderado era un hermano del obispo, Enrique Cepeda Silva.

“Pero a Enrique lo sacan del negocio en 2008 y lo sustituye un sobrino del obispo, Alberto Monroy Cepeda, hijo de Alberto Monroy Calva. Albertito es un joven abogado fiscalista, treintañero, que actualmente es quien da la cara en los negocios de Onésimo. El muchacho es tan cercano al obispo que, se dice, vive con éste en su residencia de Bosques de las Lomas.

“Albertito se ha convertido en un próspero empresario. Trae hasta coche blindado, siempre escoltado por otro automóvil con guaruras. ¿Usted cree que él solo pudo llegar a tanto? ¡Pues no! Es el operador y el hombre más cercano a Onésimo.”

–¿No era rico ya ese joven?

–No, no; él y su padre provienen de la clase media. Don Alberto Monroy Calva, por ejemplo, era el gerente del club de golf de San Gaspar, en Cuernavaca. Pero hasta ahí. A los dos Albertos nadie los conoce. Nadie.

“Para impulsar al Grupo CIF se necesitan sobre todo influencias, muchas influencias, y éstas solamente las tiene el obispo. ¿A poco cree que los dos Albertos pueden llegar a las secretarías de Estado y a la Presidencia a vender sus servicios funerarios? ¡Qué va! No les abrirían ni las puertas.

“Todo esto se lo digo con perfecto conocimiento, ya que la esposa de Alberto Monroy Calva es hermana de mi esposa y, por lo tanto, Albertito también es mi sobrino.”

–¿Entonces la esposa de usted también es prima hermana del obispo Onésimo Cepeda?

–¡Sí, señor! El papá de mi esposa, don Rodolfo Cepeda Villarreal, y el papá del obispo, don Onésimo Cepeda Villarreal, eran hermanos.

–Por lo tanto, usted es primo político del obispo.

–Sí, soy primo político de Onésimo, es correcto. Pero yo no lo escogí.

–Dado su parentesco, ¿usted mantuvo una estrecha relación con Onésimo Cepeda?

–No, nunca. Jamás he tenido relación con el obispo.



Un enemigo peligroso



Entrevistado en las oficinas de Fiducia, en el sur de la Ciudad de México, Guillermo de Velasco juega con su puro entre los dedos, le da una prolongada fumada y luego asegura que él se limitó a manejarle el fideicomiso al Grupo CIF, guardando su distancia con el obispo:

“Le explico cómo funcionaba el esquema. Se vendía un certificado funerario, el cual estaba garantizado con una fianza. Esta fianza, a su vez, estaba garantizada con el fideicomiso, adonde entraban los pagos que hacían los clientes. De manera que mi función era garantizar los servicios ofrecidos.”

–¿Y empezó a detectar irregularidades?

–Sí, al empezar la comercialización a nivel masivo, vimos que faltaba información, que no se constituían correctamente las garantías y se desviaba el dinero de los clientes que debía depositarse en el fideicomiso. Entonces le reclamamos al Grupo CIF, pidiéndole los dictámenes actuariales necesarios para sustentar las garantías de los servicios funerarios. Pero la empresa se negó a darnos la información.

Ante esto, prosigue De Velasco, Fiducia recurrió a un arbitraje en 2006 –que previamente se había pactado para dirimir posibles controversias–, y el laudo arbitral determinó que el Grupo CIF debía entregar la documentación requerida, además de reintegrar al fideicomiso 4.5 millones de pesos que había desviado de él.

Con tal de no acatar este laudo, el Grupo CIF probó todos los recursos legales a su alcance para revertir el fallo, hasta que en septiembre de 2008 el juez 15 de lo Civil en el Distrito Federal volvió a ordenarle que entregara la documentación requerida y la misma suma de dinero. CIF solamente reintegró el dinero, pero hasta la fecha no ha entregado la documentación exigida.

“El Grupo CIF debe entregar físicamente los contratos que, se supone, están garantizados; también las pólizas de seguro de sus clientes; y el cálculo actuarial, en el que se determina el monto mínimo de la reserva de los clientes”, aclara De Velasco.

–¿El grupo está obligado a entregar esa documentación?

–Claro, lo obliga la orden del juez. Ahí está la sentencia que la empresa está desacatando. En resumen, lo que el Grupo CIF no quiere informar es cuántos clientes tiene, quiénes son éstos y dónde está el dinero que pagan mensualmente. Ignoramos si los están robando.

–¿Se esconde un fraude?

–No podemos saberlo. Lo único que puedo asegurar es que sus clientes están totalmente desprotegidos. Y ya se lo hemos advertido a algunas instancias gubernamentales, donde se comercializaban estos servicios entre sus funcionarios.

De Velasco muestra una serie de cartas dirigidas a las contralorías de dependencias públicas y de gobiernos estatales de Puebla, Morelos, el Estado de México e Hidalgo, donde les informa que, desde junio de 2004, Fiducia “dejó de emitir garantías a favor de los clientes” del Grupo CIF, por lo que se deslinda de “cualquier responsabilidad”. También muestra algunos desplegados de prensa dirigidos a “todos los clientes” de la empresa, en los que hace el mismo deslinde.

En represalia, De Velasco fue arrestado sorpresivamente el pasado 22 de marzo, junto con Leticia Ramos, abogada de Fiducia. El Grupo CIF los acusó de fraude procesal, supuestamente derivado del arbitraje de 2006, pero no se les comprobó el delito y fueron puestos en libertad cuatro días después.

“Onésimo Cepeda movió todas sus influencias para encarcelarnos de manera ilegal –afirma De Velasco–. Fue un arresto totalmente arbitrario, ni siquiera se nos notificó. Y todo porque somos un obstáculo para los oscuros intereses económicos del obispo, quien se siente invulnerable y realiza estas acciones gangsteriles. Actualmente temo por mi seguridad y la de mi familia.”

–¿Cómo sabe que el obispo estuvo detrás de su arresto?

–Porque sus mismos abogados lo dijeron: “Molestaron a Onésimo”. El arresto fue una reacción arrogante y exagerada del obispo, fue un mensaje para decirnos: “Vean con quién se meten”. Es un hombre malvado que está abusando de su investidura. ¡No hay quien lo pare!

–¿Quién podrá controlar al Grupo CIF?

–Pues nosotros lo intentamos y ya ve cómo nos fue, nos metieron a la cárcel.

*Tomado de la revista Proceso.