Diagnóstico: un Estado débil*

Tomado de La Jornada, Hernández.

Marcela Turati



CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- Al concluir su misión como representante en México de la Oacnudh, Alberto Brunori hizo un balance de su estancia en el país, donde, dice, encontró impunidad generalizada porque las procuradurías de justicia son “cuellos de botella”, regiones en las que el Estado es débil, defensores de derechos humanos y periodistas desprotegidos, y una sociedad civil que se está fortaleciendo.

Tras año y medio al frente de esa oficina de la ONU en el país, el politólogo italiano comparte con Proceso sus observaciones sobre la situación mexicana:

“Pensaba encontrar un Estado fuerte, donde la institución ha estado presente, y me sorprendió mucho descubrir cómo algunas entidades federativas tienen situaciones muy diferentes a las que uno se puede imaginar de México en su conjunto, como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Chihuahua. Es decir, estados donde hay una conflictividad elevada y con problemas en las entidades federativas, más que en el nivel federal (…).

“Es posible encontrar una democracia que todavía no se ha consolidado, no se ha cumplido; un caciquismo local de poderes como, se dice, sucedió en San Juan Copala, donde aparentemente grupos armados circulan libremente en el territorio, y todos saben quiénes son pero nadie hace nada. Pareciera que no hay suficiente control del Estado. También me preocupan Durango y Tamaulipas, y en alguna medida Michoacán, por la situación de seguridad y de los periodistas.”

Encontró una constante nacional: la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos y los periodistas, pues de 128 casos de agresiones, amenazas o asesinatos contra el gremio que documentó su oficina, un 98% se mantienen impunes.

En sus viajes por México se entrevistó con víctimas de violaciones a sus derechos humanos: “Veo en común la impunidad, como en los casos de Acteal, Creel y de los defensores de Guerrero. La impunidad es transversal: veo en todos frustración y que no siempre encuentran respuesta en las autoridades, particularmente en las de procuración de justicia. Se ve como que las puertas se cerraran y eso hace que las familias se la pasen dando vueltas (…). Los familiares entran a este vals entre autoridades federales y estatales de procuración de justicia, van de un lado a otro porque no se sabe nunca de quién es la competencia y eso contribuye a la impunidad. Al final te cansas, pierdes la esperanza de conseguir justicia”.

El politólogo considera que la reforma al sistema penal en sí misma no garantiza que se acabe con la impunidad, si se mantienen la corrupción y las complicidades: “Puedes cambiar mil veces el sistema penal, pero no termina con la impunidad y eso es lo que a mí me asusta”.



Visita a la tropa



El estilo de Brunori al frente de la Oacnudh fue palpar los problemas sobre el terreno, hablar con los protagonistas y entrevistarse con las autoridades responsables de atenderlos. Una persona cercana a él comentó a esta reportera que su retiro se debía a presiones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la que le molestó una inspección que hizo de las condiciones de los soldados que actuaron en Juárez dentro de la Operación Conjunta Chihuahua.

Brunori niega esta versión. Explica que el cargo era temporal (llegó como reemplazo de Amérigo Incalcaterra) y las estrictas reglas de la ONU determinan que no puede permanecer más de 18 meses en él. Su siguiente misión será en Guatemala, país al que le ha dedicado 10 años de su vida y de donde su esposa es originaria. “Mi relación con la Sedena ha sido institucional, y mi salida, reitero, se debe a una situación más interna, aunque entiendo que es difícil comprenderla”.

Afirma que en su visita de enero pasado a Juárez pidió que le permitieran ver las condiciones en las que viven los soldados para entender cómo se organizan para la lucha anticrimen, pero no tuvo tiempo para realizarla.

“Vi el cuartel, pero no vi dónde están acuartelados. Entiendo que están en exmaquilas, en condiciones que yo no he visto pero, me cuentan, son infrahumanas. (Quería) imaginar qué implica estar bajo esos calores para gente de Oaxaca, de Guerrero, de todos lados, y qué implican esas condiciones a la hora de operar”, dice.

Considera que el Estado mexicano tiene el reto de acelerar el fortalecimiento de la policía porque la participación del Ejército en tareas de seguridad pública debe ser temporal, ya que su entrenamiento no fue para estar en la calle.

La Oacnudh pretende colaborar con la PF y la Sedena para incorporar una perspectiva de derechos humanos a sus programas, hacer recomendaciones que permitan mejorar su actuación y abrir canales que les permitan hablar sobre los casos que le preocupan a la oficina.

Defensores de los derechos humanos, consultados por Proceso, señalaron que Brunori tuvo menos exposición a los medios de comunicación que su antecesor (Incalcaterra criticaba duramente la militarización y fue removido por presiones), pero con su estilo conciliador logró contactos de alto nivel con el gobierno mexicano: fue recibido varias veces por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y entabló una relación con el Ejército.

Al preguntarle su opinión sobre la lucha antinarco del gobierno federal, señala que le gustaría ver un enfoque de derechos humanos más presente en toda la política de seguridad, y a los defensores más protegidos, además tendría que eliminarse la figura jurídica del arraigo y replantear el tema de justicia militar.

Señaló que, si bien en algunas entidades el crimen organizado es causante de la violencia, el Estado tiene el deber de defender la vida de sus ciudadanos y procurar justicia para todos:

“Aunque la víctima resultara narcotraficante, no por eso se tiene que dejar de investigar, porque se viola el derecho a la verdad. Además, la presunción de inocencia siempre vale, no se puede uno fácilmente lavar las manos diciendo que era un narco. En algunos casos tendrán elementos cuando lo dicen, pero en buena parte de los casos parece que no son investigados.”

–Las autoridades han dicho que de los 22 mil asesinados, presume que 90% eran narcos. ¿Qué opina de esto?

–Eso genera una cultura de violencia, se mueren y fácilmente se piensa que está bien que se hayan matado entre sí, porque así quedamos libres de ellos. Así no se resuelve el problema en ninguna parte del mundo (…). Tiene que haber una investigación completa de todos los casos para deslindar quién era (narco), quién no, y quien sí lo fuera no necesariamente se merecía morir así. Tampoco me parece admisible que se lleven vidas de inocentes.



Preocupación



Brunori tiene 44 años, cursó la carrera de Ciencias Políticas en Pisa y Maestría en Estudios Latinoamericanos en la UNAM. Desde 1997 trabaja en la ONU: en el Alto Comisionado para los Refugiados en México y en Panamá, en la Misión de Verificación en Guatemala, en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en ese mismo país y en una Misión de Asistencia en Afganistán.

Quizás la iniciativa más importante que concretó en México es el mecanismo de protección para defensoras y defensores de los derechos humanos y periodistas, que el Estado se comprometió a asumir y se construye con la participación de organizaciones sociales. Entre otras medidas, plantea hacer campañas sobre la importante labor de los defensores y los periodistas, establecer mecanismos para atender a los amenazados e investigar de manera especial las agresiones contra ellos.

“Si tenemos redes de defensores de derechos humanos reconocidos, protegidos para hacer su trabajo, quienes tienen un mecanismo que eventualmente les otorga medida cautelar y lo necesario, se puede romper la brecha de la impunidad, de eso estoy convencido (…). Si no le apostamos a los defensores de derechos humanos estamos fritos”, sostiene Brunori.

De su recorrido por México, se lleva varias imágenes: “Por la emotividad puedo citar Acteal, los familiares de los dos defensores (encarcelados) en Guerrero. Recuerdo cuando estuvimos sentados en un patio, conversando sobre lo que había pasado, o la señora que vi hoy, que habló del su niña desaparecida y se ve completamente desprotegida. Las familias de la masacre de Creel, donde no se termina de detener a los responsables. Pero cada tragedia duele”.

En general, dijo que encontró buena recepción a nivel federal, donde retomaron su propuesta de las medidas de protección para defensores, y en algunas entidades federativas. En otras, como Guerrero o Chiapas, le fue difícil llegar a acuerdos para defender a los defensores.

También percibió que la sociedad civil tiene escasos espacios de diálogo con las instituciones estatales y federales. “Se les cierran las puertas a los pueblos indígenas, a las víctimas, y no saben a quién recurrir”. Y llamó su atención que los derechos de los indígenas “parece que no están en la agenda nacional”, particularmente el derecho a ser consultados, la propiedad del territorio, el acceso a los recursos naturales, como vio en Chihuahua, Oaxaca, Guerrero y Chiapas.

Se interesó por el feminicidio y la reparación de daños, así como por los derechos sexuales reproductivos, tema en el que halló fuertes resistencias, contrarias a los estándares internacionales. Su última visita será a Quintana Roo, donde indagará el caso de una niña de 10 años que fue violada y no tuvo acceso a los servicios de salud.

–¿Con qué sensación se va de México? ¿Preocupado?

–Con esperanza de que se pueden hacer varias cosas a partir de la mejor protección del defensor y de los periodistas, que son pilar del Estado democrático. Le invierto mucho a esa esperanza. ¿Que me voy preocupado? Sí, por supuesto.

*Tomado de la revista Proceso.