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miércoles, marzo 03, 2010

La tragedia de la guardería ABC, negligencia criminal*


















Tomados de La Jornada, El Fisgón, Hernández, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.



Jenaro Villamil

MÉXICO, D.F., 2 de marzo (apro).- El mismo día que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, se burlaba de Brasil --potencia económica emergente de América Latina—en un foro madrileño, diciendo que en México “no vendemos samba, sino proyectos”, el informe de la Comisión Investigadora del Poder Judicial sobre la tragedia que provocó la muerte de 49 infantes en la guardería ABC el 5 de junio de 2009, llevó al baile las aspiraciones del exdirector del IMSS que ya promovía su traslado de la avenida Xola al Palacio Cobián, en Bucareli.

El resultado de las investigaciones no deja lugar a dudas: 17 funcionarios federales y estatales –incluidos Molinar Horcasitas y el exgobernador priista de Sonora, Eduardo Bours-- son corresponsables de una serie de deficiencias criminales que caracterizan la operación de las guarderías subrogadas del Seguro Social a particulares, no sólo en Hermosillo, sino en otras partes del país.

Otros mencionados son el director Jurídico del Seguro social, Fernando Gutiérrez Domínguez; la coordinadora de Guarderías del IMSS, Dora García Kobeh, y el director de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto, Jesús Ignacio Navarro Zermeño, así como el presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara Camou, y sus principales funcionarios vinculados a la protección civil.

Los magistrados que investigaron todo el sistema de guarderías del Seguro Social señalaron que sólo 0.3%, es decir, 14 guarderías, de un total de 1,480 que han sido subrogadas en el país, cumplen con los requisitos elementales para garantizar la seguridad, la protección civil, el bienestar y el buen trato de miles de infantes que son literalmente “embodegados” en estos establecimientos que se han convertido en una red de jugosos negocios privados con fondos públicos.

En el caso específico de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, la investigación subraya lo que se publicó ampliamente en la prensa de todo el país: La falta de muros que dividieran la bodega de la guardería permitió que grandes cantidades de humo tóxico, gases y calor se concentraran entre el falso plafón y el techo de la estancia infantil, provocando la muerte por asfixia de casi medio centenar de bebés.

En los resultados de la auditoría practicada por Carlos Ronzón y Rosario Mota, se infiere que un accidente de las dimensiones trágicas de la guardería ABC se puede producir en más de 99% de los establecimientos subrogados por el IMSS en toda la República.

“Quedó probada la hipótesis de que en otorgamiento de contratos, supervisión y vigilancia de las guarderías existe desorden generalizado”, subrayó la magistrada Mota en la exposición de los resultados de la auditoría. El 49% de las guarderías carece de constancias de protección civil vigentes y sólo 407 tienen visto bueno de los cuerpos de bomberos.

El panorama descrito por los investigadores del Poder Judicial presupone una constante de negligencia criminal que, por supuesto, no se limita únicamente al exdirector del Seguro Social en el gobierno calderonista. Difícilmente el propio titular del Ejecutivo federal puede librarse del duro diagnóstico que se dio a conocer el 1 de marzo. A menos que a Felipe Calderón se le vuelva a ocurrir que la tragedia fue el resultado de un “pleito entre pandillas”.

La tragedia del ABC constituye, con mucho, una de las peores ocurridas en los últimos años por los siguientes elementos:

1. Se hicieron advertencias y denuncias suficientes sobre las irregularidades del esquema de subrogación de guarderías que desde la época de Santiago Levy, al frente del Seguro Social, se convirtió en una norma para repartir jugosos negocios a “niñeros” con el rostro de nepotismo.

2. Los hechos relatados por los padres de las víctimas hablan de un esquema de hacinamiento de infantes peor que el que ocurre en maquiladoras textiles o en sitios donde la explotación y la ganancia fácil se sobreponen por encima de cualquier condición humanitaria.

3. Se trató de bebés que murieron ante un accidente perfectamente evitable, si hubieran existido las más elementales condiciones de seguridad. La PGR y los gobernadores panistas se escandalizan porque parejas del mismo sexo puedan adoptar bebés, pero se hacen de la vista gorda ante los infantes que se “embodegan” en la mayoría de las guarderías del Seguro Social, otrora orgullo del Estado de bienestar mexicano.

4. Ante los resultados de la auditoría, difícilmente el pleno de la Suprema Corte de Justicia puede hacerse de la vista gorda o eximir de responsabilidades a los principales funcionarios mencionados. La sociedad mexicana, en especial la de Hermosillo, espera de los ministros no sólo una sanción jurídica, sino una modificación radical de este negocio criminal. ¿Qué medidas concretas va a adoptar el presidente de la República? No hay que olvidar que los resultados no son vinculantes, es decir, que no obligan a ninguna autoridad a actuar en contra de los responsables.

Email:jenarovi@yahoo.com.mx



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Freno al fundamentalismo*


Marta Lamas


MÉXICO, D.F., 2 de marzo.- Hace unos días Julio Frenk, actualmente director de la Escuela de Salud Pública de Harvard, hizo una oportuna declaración: “La ciencia es el antídoto contra el fundamentalismo”. Justamente Frenk, cuando fue secretario de Salud en el gobierno de Fox, tuvo que enfrentar la fe religiosa de Carlos Abascal, entonces secretario de Gobernación, en relación a la pastilla de la anticoncepción de emergencia. Frente al dogma católico, que se opone a toda intervención humana en los procesos de la procreación (pues considera que la mujer y el hombre no dan la vida, sino que son depositarios de la voluntad divina), Frenk esgrimió el argumento científico –la diferencia entre fecundación e implantación– y reivindicó la laicidad del Estado. Y aunque en esa ocasión ganó su postura, fue alarmante ver cómo un funcionario devotamente religioso priorizó su fe por encima del desempeño de su responsabilidad gubernamental.

El caso de Abascal, un foco rojo de la cada vez más urgente necesidad de refrendar el deslinde entre religión y gobierno, no ha sido el único. La “guerra santa” de la Iglesia católica tiene incrustados en el gobierno a algunos panistas que parecen antiguos cruzados o recientes cristeros, como Bernardo Fernández del Castillo o Paz Fernández Cueto, quienes desde el Jurídico de la Secretaría de Salud y la Cámara de Diputados hacen todo lo posible para obstaculizar la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos. Por eso la inclusión del concepto “laico” en la definición constitucional del Estado mexicano es lo más acertado que ha ocurrido en la política reciente en nuestro país.

Pese a la resistencia de algunos panistas, con esta reforma se refuerza el marco indispensable para la convivencia respetuosa. Nuestra Constitución consagra y garantiza la igualdad ante la ley, la libertad de conciencia, la de asociación y la de expresión, así como el derecho a la privacidad, que consiste en que ni el gobierno ni las Iglesias ni la sociedad se inmiscuyan en las decisiones íntimas de las personas. Para nuestra Constitución, todas las personas valen lo mismo, y todas tienen el mismo derecho a conducir su vida de la manera que elijan, respetando el derecho de las demás. Estas garantías constitucionales requieren la existencia de un Estado laico que no admita imposiciones religiosas a la decisión ciudadana. Por eso, para que las personas tomen decisiones con libertad de conciencia respecto a dos actividades íntimas de sus vidas –la sexualidad y la reproducción–, la laicidad del Estado se vuelve una forma de protección ante el acoso del fundamentalismo religioso.

No obstante que la separación del Estado mexicano de la Iglesia católica data de mediados del siglo XIX, el complejo proceso de limitar la injerencia de la institución religiosa sigue hasta la fecha. La jerarquía católica interviene cada vez más en las políticas públicas, y cada decisión política que le molesta o de la cual discrepa es motivo de campaña opositora, no sólo desde los púlpitos y confesionarios, como siempre lo ha hecho, sino ahora desde los medios de comunicación masiva. Con estrechas relaciones con grandes empresarios y dueños de cadenas televisivas, periódicos y radiodifusoras, los obispos aprovechan el peso simbólico que el catolicismo tiene en la cultura y expresan sus amenazas apocalípticas y su desprecio por todas las demás ideologías, a las que consideran falsas o equivocadas, pues sólo ellos se consideran en posesión de la Verdad.

La jerarquía católica ejerce su presión tanto sobre la libertad individual como sobre la política pública en un ámbito clave: la vida sexual y reproductiva de la ciudadanía. Para esa jerarquía la sexualidad es pecaminosa, y sólo se redime si se vuelve un medio para reproducir a la especie. La inmoralidad intrínseca de las prácticas sexuales sólo es expiable si éstas se hallan dirigidas a fundar una familia. Por lo tanto, la sexualidad no heterosexual, no de pareja, no coital, sin fines reproductivos y fuera del matrimonio es definida como anormal, enferma o moralmente inferior. De ahí también su homofobia, alentada por su ignorancia ante los planteamientos científicos en materia de sexualidad humana. Justamente la comprensión distinta de la condición humana que se da en la modernidad democrática se deriva de un saber científico sobre la sexualidad. Y este conocimiento ha otorgado a la homosexualidad un estatuto ético igual que el de la heterosexualidad, lo cual ha reformulado muchas cuestiones, entre ellas la aceptación del matrimonio civil entre personas del mismo sexo.

Es un hecho que el fundamentalismo religioso tiene costos altísimos para el conjunto de la sociedad, y que la práctica de tolerar a los intolerantes se vuelve a la larga un problema. La derecha religiosa y la derecha política (muchas veces indistinguibles) se refuerzan para seguir frenando los temas de política sexual. Por eso en México distintos sectores de la sociedad civil y de la sociedad política se aliaron para introducir esta explicitación de “Estado laico”, pues con ella se refuerzan los principios de una democracia moderna y pluralista: racionalidad y respeto a la diversidad.

*Tomados de la revista Proceso.

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