Un país que se diluye*

Tomados de La Jornada, Helguera, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores.

Axel Didriksson

MÉXICO, D.F., 25 de febrero.- En el proceso de vaciamiento, de ausencia de sentido en las perspectivas de largo plazo, el país parece como los ríos de agua sucia que causan pérdidas irreparables, humanas y materiales, pero sobre todo de generaciones enteras de jóvenes que ya no tienen confianza en la educación y viven a la deriva.

Es este el peor signo de la actual ingobernabilidad, pues la pérdida progresiva de las funciones del aparato del Estado y del sistema escolar se traduce en los inenarrables episodios de violencia y degradación que ocurren. La violencia generalizada que hace posible la actual ingobernabilidad es directa pero también indirecta. Así, además de manifestarse hasta en el asesinato de jóvenes departiendo alrededor de sus logros escolares o grupales, se expresa en la falta de políticas de gobierno para prevenir y solucionar lo más elemental de la seguridad de todos desde alguna racionalidad, o en el hecho de que, cuando esas políticas se emprenden, siempre llegan tarde o se dirigen en contra de la libertad (por ejemplo, contra la sexualidad de cada quien), aduciendo juicios morales o religiosos. Y todo ello, en un ambiente de demagogia y corrupción política.

En el fondo lo que se expresa es una violencia indirecta generalizada contra el sentido de la educación que forma o debiera formar para la defensa de los derechos humanos y la integridad emocional, cultural e intelectual.

La escuela mexicana está golpeada por la violencia que se deriva de esta pérdida de sentido de las políticas de gobierno. Hay hostigamiento verbal y hasta golpes en las aulas, mientras que los excluidos del sistema educativo no encuentran ninguna otra perspectiva que la ilegalidad o el crimen organizado: Con sus errores gramaticales, todas las “narcomantas” ponen de manifiesto dicha exclusión educativa.

Es una descomposición que a estas alturas abruma, sobre todo cuando se la ve desde la perspectiva de los educadores. Uno de ellos, Fernando Reimers, como si se refiriera a México, señala: “Cuando la escuela, los educadores y la sociedad no actúan decididamente para romper el ciclo de reproducción de la pobreza; cuando aceptan como inevitable, como un hecho natural, que aquellos estudiantes que han nacido en las comunidades de menores recursos tendrán por ello significativamente menos oportunidades de desarrollar su talento, es ésta aceptación cómplice de una forma de violencia indirecta. Otro aspecto de esta violencia lo constituye la utilización de los recursos que la sociedad asigna a la educación para fines distintos que el de promover el aprendizaje de los estudiantes. Cuando los sindicatos de maestros se hacen cómplices o promueven el bajo desempeño profesional de los profesores, o cuando los administradores públicos abusan para fines personales de la confianza que el Estado les asigna, son éstas formas de violencia indirecta contra aquellos en la sociedad que tienen menos voz para resistirla”. (Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, Metas Educativas 2011, página 135, 2009.)

En otras palabras, se incrementa la desconfianza hacia quienes tienen a su cargo el manejo de las políticas educativas cuando no saben adónde dirigir los recursos para la educación, o cuando, al aplicarlos, procuran obtener beneficios para sí mismos o para alguien en particular, de modo que su gestión tiene resultados políticos exitosos para ellos, pero no para mejorar la calidad y la cobertura del sistema educativo.

En suma, mientras los jóvenes no tienen ninguna otra salida que la pobreza y la ignorancia, pues la educación que reciben –cuando la reciben– se les escurre como el agua entre los dedos, el país también se nos diluye.

*Tomado de la revista Proceso.


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La frontera**


Luis Javier Garrido

La crisis institucional en que la oligarquía en el poder ha hundido a México, al entregar el control de recursos e instituciones a Washington y al capital trasnacional e instaurar un sistema de poder cada vez más despótico –mal disfrazado de transición democrática”–, ha llegado a sus extremos el cuarto año del gobierno entreguista de Felipe Calderón, que está siendo puesto en evidencia todos los días como acontece con el caso de Ciudad Juárez.

1. Los hechos están a la vista de todos, pues la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos reformulada por George W. Bush y que Barack Obama ha hecho suya, ha tendido a controlar de manera más directa la frontera con México, incluso desde territorio mexicano, de la misma manera que las costas y el espacio aéreo mexicanos, de ahí que desde 2006 el Departamento de Estado haya impuesto a Calderón las políticas de violencia y de una falsa guerra contra el narcotráfico a fin de hacer posible, entre otras cosas, un mayor control de Washington de los aparatos de represión o “de seguridad” de ambos lados de la línea fronteriza.

2. El clima de terror que el gobierno calderonista ha creado y exacerbado en Ciudad Juárez y la zona fronteriza, utilizando a las fuerzas armadas y a los grupos paramilitares que ha creado a semejanza de los de Colombia, obedece, como se sabe, a esas exigencias estadunidenses tanto como a su propia necesidad de supervivencia política, y eso es parte de lo que se ha evidenciado tras la masacre de los jóvenes estudiantes el 31 de enero que desnudó al gobierno calderonista, hechos sobre los cuales el propio Calderón no ha podido dar una explicación creíble, según se vio en su balbuceante entrevista del 23 y 24 de febrero con Joaquín López Dóriga.

3. El artículo publicado por William Booth en The Washington Post (24/2/10), afirmando que Washington ha decidido una escalada en la participación de agentes estadunidenses en territorio mexicano para ayudar a la lucha “contra los dirigentes de los cárteles” en Ciudad Juárez, “la ciudad más violenta de México”, donde subraya que hubo más de 2 mil 600 ejecutados en 2009, es ahora un nuevo indicador de que la violencia desatada por el gobierno panista acatando los designios del Departamento de Estado ha tenido un objetivo preciso. De acuerdo con la nota, Estados Unidos va a crear en Ciudad Juárez un centro de mando con analistas y agentes de inteligencia para trabajar, se dice, junto con los agentes mexicanos “entrenados por la FBI y la DEA”.

4. Las señales de que el gobierno de Barack Obama tiene como un objetivo central de su política de seguridad interna hacer más directo su control sobre la frontera con México desde territorio mexicano, las confirmó Janet Napolitano, su secretaria de Seguridad Interna, quien el mismo día 24, al comparecer ante el Comité de Seguridad Interna y Asuntos Gubernamentales del Senado estadunidense, expresó que “el imperio de la ley” se ha perdido en Ciudad Juárez, una urbe de millón y medio de personas, que se halla, hizo hincapié, al otro lado de un puente “de nuestra frontera”.

5. ¿A quién puede sorprender, por consiguiente, que en estos días en que el Senado de Estados Unidos decide el presupuesto y las políticas sobre México se produzcan nuevas matanzas como las de la frontera de Tamaulipas y de otros estados?
6. El anuncio público de esta escalada en la política de Washington hacia México no hace más que confirmar lo que ya se sabía: que agentes estadunidenses actúan en nuestro país desde hace años decidiendo las políticas del gobierno de facto calderonista sobre el narcotráfico y que las fuerzas armadas no hacen otra cosa que actuar bajo sus órdenes. El embajador Carlos Pascual al buscar matizar la información publicada no hizo más que refrendar desde Washington lo anterior ese mismo día, buscando minimizar el escándalo, pues asentó que Estados Unidos “no tiene agentes operativos” en México, lo cual quiere decir que sí tiene agentes de otro tipo y que las operaciones formales corren a cargo de las fuerzas armadas mexicanas y de la ahora llamada Policía Federal. Tenemos individuos “que son asesores técnicos”, dijo Pascual, y agregó que ahora buscan tener en México “consejeros”, según informó La Jornada el jueves 25. De manera que Calderón, quien ahora sólo es asesorado por Washington, en el futuro va a ser aconsejado.

7. Que el gobierno panista no tiene más proyecto nacional que hacer de México un protectorado estadunidense no es un secreto ya para nadie y Arturo Sarukhán, quien es formalmente embajador de México en Estados Unidos, pero en los hechos se presenta como un personero más de Washington, quiso contribuir a confirmar la situación al afirmar el mismo 24 que para el gobierno mexicano, que como se sabe violenta de continuo la Constitución General de la República, “el marco jurídico vigente” permite esta coordinación de ambos países: es decir, que funcionarios estadunidenses operen en territorio nacional como “consejeros”, lo que, para no ser menos, refrendó la Secretaría de Gobernación ese mismo día por la noche en un boletín.

8. La Cumbre de Cancún, que buscaba generar al gobierno panista de México otra imagen, no logró sus propósitos, pues en el continente todo mundo reconoce a México como un país satélite de Estados Unidos y este nuevo escándalo no hace más que evidenciar la realidad.

9. La entrega del país, que se empezó a llevar a cabo de manera encubierta desde hace 25 años y que a lo largo de los dos sexenios panistas se ha hecho de manera cínica y abierta, es responsabilidad, sin embargo, tanto de los gobiernos del PRI como de los del PAN. La afirmación que hizo el día 23 Carlos Salinas de Gortari en un seminario efectuado en el Centro Espinosa Iglesias de que la quiebra de bancos en 1995 fue “por seguir directivas de Estados Unidos” y de que hay que “mexicanizar” los bancos pretende a) levantar al PRI con una aureola de falso nacionalismo, pero también b) dejar sentado que su mafia pretende apoderarse de un grupo bancario, aunque no logra ocultar que fue Salinas quien privatizó la banca mexicana siguiendo instrucciones de Washington y que él ha sido el principal entreguista y traidor a México de nuestra historia reciente, junto, desde luego, con el panista Felipe Calderón.

10. El desafío que tiene México para el futuro inmediato no se le oculta ya a nadie en este 2010: el país no podrá salir de la crisis si el Estado no logra recobrar su poder soberano de decisión, y eso sólo lo podrá hacer un gobierno surgido del pueblo.

**Tomado de La Jornada.