En defensa del cabrón irresponsable*

Tomados de La Jornada, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Miguel Ángel Granados Chapa

MÉXICO, D.F., 22 de febrero.- Ajeno ya al PAN, refrendado en su cargo por un reticente y nada entusiasta espaldarazo del presidente de la República, el secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont demoró en mostrar la lealtad que le reconoce Felipe Calderón. Frente a la insólita, tremenda, apabullante acusación del diputado panista Manuel Clouthier Carrillo, quien llamó al Ejecutivo “cabrón irresponsable… que no tuvo el tamaño de hacer lo que le correspondía por mandato”, es decir, de emprender la guerra al cártel de Sinaloa, Gómez Mont descalificó de modo virulento sus apreciaciones. Las llamó “falsas”, “irresponsables” y “moralmente condenables”.

El domingo 14 Proceso ofreció una singular, demoledora entrevista de Álvaro Delgado a Clouthier Carrillo, en que el hijo mayor de Maquío denuncia la falta de acción gubernamental contra el narcotráfico en su natal Sinaloa: “El gobierno federal habla de una guerra contra el narcotráfico que en Sinaloa no se ha visto. Se ha golpeado a todos los cárteles y no ha sido proporcional con el de Sinaloa. ¡Eso es evidente!”

No sólo eso. El antiguo director de los diarios Noroeste, de Culiacán y Mazatlán, ve en su tierra “cosas muy extrañas”, como la compra de terrenos propiedad del exgobernador Antonio Toledo Corro, en cuya época (1980-1986) florecieron en esa entidad bandas de narcotraficantes como la de Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo, emparentado con el exgobernador que como secretario de la Reforma Agraria bajo López Portillo hizo grandes negocios (con los que favoreció a sus allegados y a no pocos periodistas) a través de un programa nacional de desmonte que cuenta entre las grandes estafas nacionales. Fonatur compró a Toledo Corro 2 mil hectáreas, a un costo de mil 200 millones de pesos para establecer un desarrollo turístico.

Clouthier consideró ese hecho “muy emblemático y sospechoso”. Y se pregunta si no había otros terrenos: “¿Cuál es el mensaje que se está mandando al sinaloense y a la comunidad mexicana. ¡Para mí eso es extrañísimo… ¿Qué tipos de arreglos hay allí, qué cosas extrañas están sucediendo. No tengo respuestas. Tengo preguntas que me veo obligado a formular públicamente.”

Sin embargo, Clouthier no tenía sólo interrogaciones, sino también contundentes denuncias. Se refiere a la “camarilla mafiosa en el poder”, que “actúa aliada con el crimen organizado”. E implica en esa camarilla no sólo a los gobernantes priistas de Sinaloa (los dos más recientes, y Jesús Vizcarra, el que viene), que ahora cuenta según su visión con la complicidad del gobierno federal.

Álvaro Delgado realizó esa entrevista a Clouthier el jueves 11. En la víspera el secretario de Gobernación había renunciado a su militancia panista y había quedado en el limbo. Pretendió ocultar sus razones tras una endeble discreción profesional pero pronto tuvo que admitir que la decisión panista de gestar alianzas opositoras al PRI contrarió su propia estrategia de entendimiento con el partido antaño dominante y en trance de serlo de nuevo. Entre ambigüedades se reconoció autor de una promesa que no podía haber formulado en nombre del PAN, la de abstenerse de formar coaliciones con el PRD, y su partido lo hacía quedar mal ante el PRI, que había cumplido su parte del pacto aprobando el paquete económico de 2010.

La entrevista con Clouthier apareció el domingo, como queda dicho y saben los lectores de Proceso y ni ese día, ni el lunes, el martes y el miércoles siguiente preocupó a Gómez Mont, más interesado en establecer su propio derrotero que en defender al Presidente de la grave acusación lanzada no por un seguidor de López Obrador o por este mismo sino por el actual jefe de una familia que dio al PAN un singularísimo candidato presidencial, y él mismo es legislador federal y eventual candidato a la gubernatura sinaloense (aunque por ahora haya declinado serlo). En medio de especulaciones sobre la durabilidad de su encargo como secretario de la política interior que abandona su propio partido tras generar desconfianza en el principal interlocutor, por fin el martes 16 fue confirmado en su cargo.

En una entrevista de circunstancias ante una televisora local de Puebla, Calderón, visiblemente fatigado tras una gira y desatento a su expresión al punto de repetir la palabra clave dos veces en tres líneas, el Presidente definió a su colaborador: “Es un hombre leal, un secretario de Gobernación que cumple su encomienda, como se dice entre abogados, a su leal saber y entender, es decir, con plena voluntad, que goza además de toda mi confianza”. Desde Los Pinos se emitió un comunicado con ese párrafo, que quizá más que a beneficiar a Gómez Mont estaba destinado a deslindar al propio Calderón de las percepciones de que había incurrido en un juego doble al cabo del cual hizo pagar las consecuencias al secretario de Bucareli.

Confirmado en su cargo, Gómez Mont escribió apenas el miércoles 17 la carta a Clouthier llena de rotundos reproches e información que buscaba contradecir al diputado. A pesar del carácter abierto y público de la declaración del hijo de Maquío, Gómez Mont prefirió responder en privado, pues su oficina no presentó la carta en formato oficial, dentro de un comunicado.

Clouthier, en cambio, siguió su táctica de gritar sus inconformidades. Dio una entrevista el jueves 18 a Adriana Pérez Cañedo. Dijo estar “helado” y “tristísimo” ante la respuesta de Gómez Mont, a quien señaló como defensor de oficio del gobierno de Culiacán, que había preferido guardar silencio. En su respuesta, el secretario rechazó que el gobierno federal se abstuviera de combatir al narcotráfico en Sinaloa. Aportó nombres y cifras de detenidos que avalan su afirmación. Y concluyó con una tontería: “no es con descalificaciones como se combate el narcotráfico” (pues no, y nadie lo pretende). Y contraacusó diciendo que “las acusaciones falsas e infundadas en nada contribuyen a un esfuerzo colectivo como nación, que merece y necesita el compromiso de todos los mexicanos”.

Ese último párrafo inquietó a Clouthier: “me está dando la razón… me está diciendo que Sinaloa es intocable. Desde el momento en que él se convierte en defensor de oficio del gobierno estatal pues, caramba, digo yo: ahora sí me cargó el carajo”.

*Tomado de la revista Proceso.

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Secretarios en conflicto**


John M. Ackerman

La negociación de Fernando Gómez Mont para intercambiar el alza en los impuestos por las elecciones en Oaxaca implica una franca violación tanto a la Constitución como a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LFRSP). Asimismo, los subsidios otorgados por la Secretaría de Agricultura a empresas de Francisco Mayorga, titular de la dependencia, su padre y sus hermanos, constituye un abierto atropello a la legalidad del país. Ambos funcionarios tendrían que presentar su renuncia o, al menos, separarse temporalmente de sus cargos para que la Secretaría de la Función Pública, el Instituto Federal Electoral y la Procuraduría General de la República realicen las investigaciones correspondientes.

Uno de los logros más importantes de la histórica reforma electoral de 2007 fue la inclusión de tres nuevos párrafos en el artículo 134 de la Constitución que buscan evitar la intervención indebida de funcionarios públicos en los procesos electorales. Específicamente, el párrafo séptimo de este artículo hoy señala que los servidores públicos tienen “en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”.

Este texto legal busca acabar con la muy conocida tradición del régimen de partido de Estado, que si bien dio inicio con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha sido continuada religiosamente por el Partido Acción Nacional (PAN), de confundir los asuntos públicos con los intereses del partido. La utilización por parte del secretario de Gobernación de su cargo, y los recursos que le corresponden, para apoyar al PRI y afectar los intereses de los partidos de izquierda en Oaxaca, violenta directamente la disposición constitucional arriba señalada, como bien ha sido advertido por Miguel Ángel Velázquez. No existe diferencia legal alguna, por ejemplo, entre este abuso y la utilización de programas sociales para favorecer al partido político en el poder.

Es cierto que el Congreso aún no ha aprobado la ley reglamentaria que daría forma a esta nueva disposición constitucional. Sin embargo, las autoridades del país tienen la obligación de cumplir en todo momento con la Carta Magna, de acuerdo con el principio de supremacía constitucional plasmado en el artículo 133, y la LFRSP ya castiga con una posible destitución, inhabilitación o sanción económica al servidor público que desvíe recursos públicos o haga un uso indebido de su cargo.

El caso del secretario de Agricultura es igual de grave e incluso podría implicar responsabilidades penales. La LFRSP prohíbe explícitamente la intervención de cualquier funcionario público en “la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios” (artículo 8, fracción XI). Asimismo, el Código Penal Federal castiga hasta con 12 años de cárcel al funcionario que cometa el delito de “ejercicio abusivo de funciones” que implica el otorgamiento de “contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones, efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público” o a su familia (artículo 220).
Francisco Mayorga podrá alegar que no era funcionario público cuando a él y su familia se le otorgaron los apoyos de Procampo. No obstante, hoy sí lo es y cualquier acción legal realizada para ratificar o dar continuidad a estos apoyos desde la Secretaría de Agricultura podría ser causa de responsabilidad para su titular.

Estos casos son apenas dos ejemplos más de los múltiples conflictos de interés que han caracterizado al gabinete de Felipe Calderón. Todos recordarán el nombramiento del yerno de Elba Esther Gordillo como subsecretario de Educación, los turbios negocios de Luis Téllez, los ilegales contratos de Juan Camilo Mouriño y el conspicuo perfil del actual secretario de Desarrollo Social. Frente a todo ello, urge una reforma en la materia, que no solamente castigue la utilización indebida de los cargos y recursos públicos, sino que también se oriente a prevenir los conflictos de interés.

Antes de aceptar cargos, los funcionarios públicos de alto nivel tendrían que realizar una extensiva declaración de sus intereses y relaciones personales, políticas y de negocios. También habría que obligarlos a deshacerse de inversiones y relaciones potencialmente contaminantes para su desempeño antes de poder recibir su nombramiento. En los casos más extremos, tendría que prohibirse abiertamente el nombramiento de personas con vínculos históricos con el sector que tendrían la responsabilidad de regular o administrar. Se recomienda la lectura del nuevo libro de Irma Eréndira Sandoval, Corrupción y transparencia: debatiendo las fronteras entre Estado, mercado y sociedad (Siglo XXI Editores/IIS-UNAM) para una contribución imprescindible sobre este tema.

En este contexto, es de celebrar que la coalición de los partidos de izquierda (PRD, PT y Convergencia) hayan incluido la ratificación del gabinete en su iniciativa de reforma política. Uno de los puntos más importantes que el Congreso de la Unión tendría que revisar en el proceso de auscultación de las propuestas para secretarios de despacho debería ser precisamente la existencia de los posibles conflictos de interés. Por el bien del país, hagamos votos para que así suceda.

http://www.johnackerman.blogspot.com/

**Tomado de La Jornada.