SSP: desviación de dinero y equipo*

Tomados de La Jornada, El Fisgón, Hernández y Rocha.

ÁLVARO DELGADO

Una investigación de la Secretaría de la Función Pública documenta el desvío y sustracción de recursos económicos y materiales de las Fuerzas Federales de Apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública federal. Pese a que fueron suspendidos provisionalmente de sus cargos, ninguno de los involucrados ha sido sancionado todavía e incluso algunos ya están de nuevo en funciones.

Una presunta red de corrupción al más alto nivel opera en la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), que encabeza Genaro García Luna, de acuerdo con numerosas evidencias recogidas por las instituciones encargadas de combatir esas conductas delictivas en el gobierno de Felipe Calderón.

Conforme a numerosas quejas presentadas desde 2007 ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), y notificadas también a la Presidencia de la República, altos mandos de la Policía Federal Preventiva adscritos a las Fuerzas Federales de Apoyo se habrían coludido para, entre otros negocios, desviar recursos destinados a viáticos y alimentos para la tropa, así como para el mantenimiento vehicular y abastecimiento de gasolina.

Como operadora principal de esta red de servidores públicos bajo investigación -cuyo lucro rebasa los 600 millones de pesos, según estimaciones de la SFP- ha sido señalada Mónica Jeanete Rodríguez Hernández, quien fue secretaria técnica del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la 58 Legislatura de la Cámara de Diputados, cuyo coordinador era precisamente Felipe Calderón.

Abogada de profesión y militante panista, Rodríguez Hernández ascendió pronto en el escalafón de la Policía Federal Preventiva (PFP) desde su ingreso, en abril de 2005: de subdirectora de adquisiciones del Centro Administrativo y de Servicios (CAS), con grado de subinspectora, pasó a directora general adjunta de Administración y Enlace, con grado de inspector jefe.

Apenas en abril de 2008, el general retirado Rodolfo Cruz López, coordinador y comisario general de las Fuerzas Federales de Apoyo de la SSP, le dio el grado de inspector general y la nombró su coordinadora de asesores, como lo acredita una circular firmada por él y dirigida a todos los mandos de la corporación:

"Se hace del conocimiento de todos los integrantes de la División de Fuerzas Federales que, con fecha 1 de abril del año en curso, la inspector general Mónica Jeanete Rodríguez Hernández es designada coordinadora de asesores del titular, a quien se le guardarán las atenciones correspondientes a su cargo, debiendo remitir todos los trámites administrativos y operativos para su revisión y seguimiento, por lo que deberán informar las novedades que ocurran en sus diferentes áreas a su cargo en forma telefónica y escrita para ser consolidadas y comunicadas con oportunidad al suscrito."

Sin embargo, para cuando el alto funcionario federal le confirió tal poder, Rodríguez Hernández ya estaba sujeta a investigación por parte de la SFP, que recogió y verificó diversas anomalías denunciadas por personal en activo de la PFP a través del Órgano Interno de Control (OIC) de la SFP, cuyo titular es Edgardo Flores Campbell, excoordinador de giras de la campaña de Calderón.

Por ello, el propio Cruz López tuvo que acatar la suspensión de Rodríguez Hernández y otros siete funcionarios, según un oficio clasificado como "confidencial" que dirigió el 4 de julio al inspector general René Alberto Luna, director general de Administración y Enlace -justo el sucesor de la mujer-, con copia al secretario García Luna:

"Me refiero al procedimiento administrativo de investigación integrado por la Dirección de Responsabilidades del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública, en la que determina la suspensión de ocho elementos de esta Coordinación, en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos", expone en el documento.

Y añade: "En ese tenor, a los elementos identificados en la foja adjunta deberán suspenderse sus percepciones económicas, así como de inmediato deberán efectuar la entrega de aquellos bienes, identificaciones, equipo policial, documentos, valores e instalaciones que con motivo de su encargo hubieran tenido asignado, no pudiendo hacer uso o servirse de bienes de este órgano desconcentrado, por lo que una vez agotada la entrega, no podrán acceder a ninguna de las instalaciones de esta Policía Federal".

Además de Mónica Jeanete (mencionada en el documento firmado por Cruz López ya no como su coordinadora de asesores ni inspectora general, sino sólo "inspector jefe"), fueron suspendidos el inspector general Alejandro Ortiz Ávila y el inspector jefe Federico Rivas Valdés.

Los otros sujetos a esa medida son el inspector Alejandro Zapata Meza, el subinspector Fausto Eduardo Arenas Castillo, la sargento segundo Cristina Mendoza Guerrero (cuyo segundo apellido correcto es González), el sargento segundo Isaac Álvarez Hernández y la cabo Edith Candia Pérez.

De acuerdo con la información recogida por la Secretaría de la Función Pública, cuya copia obtuvo Proceso, los ocho formarían parte de la red de corrupción que opera en la secretaría que encabeza García Luna.
Pura impunidad

A seis meses de que el Órgano Interno de Control emitió la suspensión contra los ocho servidores públicos, con base en numerosas evidencias aportadas por personal de la propia dependencia, en el sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados de la Secretaría de la Función Pública no existe ninguna pena por esta investigación para cualquiera de ellos, al menos hasta el pasado 2 de enero.

Sólo se registra una amonestación pública del OIC contra Alejandro Zapata Meza, impuesta en julio de 2007, pero por abuso de autoridad en un expediente de 2006, y otra contra Isaac Álvarez Hernández por negligencia administrativa, en mayo de 2008.

Aunque Mónica Jeanete Rodríguez Hernández no ha reasumido su puesto y existen versiones en los corrillos en el sentido de que está arraigada, varios de los implicados ya regresaron a la institución.

El inspector general Ortiz Ávila -el de mayor jerarquía entre los investigados- no sólo retomó su plaza como si nada, sino que le fue entregado el mando del quinto agrupamiento, a pesar de que también está relacionado en una violación cometida por un subordinado suyo el 25 de enero de 2004 en Ciudad Juárez, Chihuahua, y de que su hijo, Alejandro Antonio Ortiz Hernández, ingresó a la corporación aun siendo desertor del Ejército.

Otro que está de vuelta en su cargo es el subinspector Fausto Eduardo Arenas Castillo, quien fue suspendido por equivocación, ya que el sujeto a investigación es su padre, el sargento segundo Fausto Arenas Quiroz, actual responsable de mantenimiento de la Coordinación de Fuerzas Federales de Apoyo, quien presuntamente se benefició en obras de pintura para el comedor de la base Constituyentes, en 2006.

De acuerdo con la investigación de la SSP, Arenas Quiroz -aún siendo servidor público- ganó el concurso para pintar el comedor del que era responsable su hijo, a un costo de 70 mil pesos.

Un año después se le señaló también como responsable de remodelar el departamento de Mónica Jeanete con recursos y personal de la PFP. De hecho, según la misma investigación, la mujer tenía su propio servicio doméstico con personal policiaco: Anelly Josefina Franco Pineda y Ana Cecilia Reyes Pineda, adscritas a la Dirección de Reacción y Alerta Inmediata.

El sargento segundo Isaac Hernández Moreno regresó como subdirector de Recursos Materiales, lo que no ha ocurrido con la cabo Edith Candia Pérez, encargada del comedor de base Contel.

Quien también sigue suspendido es el inspector general Federico Rivas Valdez, director adjunto de Comando y Control. Uno de sus subordinados, el oficial Felipe Valdés González, director de Recursos Materiales y Transportes, estaría involucrado en la red, aunque no es mencionado como parte de esta investigación.

"Su único mérito es ser agachón y firmón de facturas de gasolina que el inspector Federico Rivas le proporciona", dice un mensaje que envió a la Presidencia de la República un mando en activo de la PFP, cuya identidad está protegida por la Ley Federal de Transparencia.

Valdés González es responsable del mantenimiento vehicular, gasolina, armamento, vestuario y equipo de protección, y su superior directo era Rivas Valdez, quien en su declaración patrimonial registró la compra de una camioneta Hummer modelo 2008, con un precio de casi medio millón de pesos.

Según un documento que adjunta pruebas, Federico Rivas Valdez recibió de Mónica Jeanete 1 millón de pesos para darle mantenimiento a vehículos en el operativo Veracruz Seguro, pero se habría quedado con la mayor parte de esos recursos: "A muchos vehículos no les hicieron nada y comprobaron gastos con los mismos", dice la queja.

Otra que sigue suspendida es la sargento segundo Cristina Mendoza González, quien luego de ser cajera de Wal-Mart y vendedora de mostrador de Nutricentro asumió la Dirección de Finanzas de las Fuerzas Federales de Apoyo, gracias a su amistad con Mónica Jeanete.
En febrero de 2008, el esposo de Mendoza González, Francisco Javier Reséndiz Cruz, presentó una queja contra ambas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el OIC por valerse de 12 elementos de la PFP para ingresar con violencia a su domicilio y sustraer un vehículo. Luego se desistió.

Una hermandad

La red de relaciones descubierta en las Fuerzas Federales de Apoyo es el primer paso para establecer la mecánica para la comisión de numerosos actos de corrupción que, en muchos casos, han sido acreditados por la Secretaría de la Función Pública, aunque hasta ahora no ha sancionado a nadie por ello.

"En la Coordinación de Fuerzas Federales hay muchísima corrupción en todos los aspectos, y si uno trata de corregirla, automáticamente el mando lo trata de aplastar. Si uno reclama, lo congelan", dice un mensaje dirigido a Calderón en abril de 2008, y advierte: "Han convertido a la Policía Federal en corrupta y prepotente".

Con base en los testimonios de personal de todos los niveles, cuya identidad la SFP mantiene bajo reserva amparada en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Mónica Jeanete Rodríguez Hernández es señalada como la principal responsable de diversas acciones de corrupción.

Las acusaciones en su contra tampoco son nuevas. Por ejemplo, con anterioridad se comprobó que, mientras tuvo el control de los insumos para la alimentación de las Fuerzas Federales de Apoyo, la funcionaria solicitaba a proveedores (como Sinergia, S.A. de C.V., y Garrobos, S.A. de C.V.) diversas canonjías al margen de las licitaciones, que sus representantes entregaban sin chistar porque se cobraban facturando de más los productos que surtían.

Por esa causa se le retiraron esas atribuciones, que pasaron al Centro Administrativo y de Servicios (CAS). Sin embargo, el general retirado Rodolfo Cruz López le volvió a dar la misma responsabilidad en noviembre de 2007.

Según la denuncia que investigó la SFP, la funcionaria también aumentaba artificialmente la cantidad de personal ("estado de fuerza") que recibía alimentos, como lo comprobó el área de Asuntos Internos de la SSP.

"La licenciada Mónica indirectamente vuelve a tomar las riendas y es cuando se abre la pauta para solicitar cantidades exorbitantes (de insumos) y fuera de licitación", establece una de las quejas. "Nuevamente vuelve a tener trato directo con los proveedores, en especial con Carlos Salinas, de Sinergia, y les pide que le facturen a CAS cantidades que nunca llegaron (...) La Lic. Mónica dio la orden de solicitar insumos para siete días con un estado de fuerza de entre mil 600 y mil 800 elementos, cuando no entraban más de 600 gentes, ya que la mayoría de las Fuerzas Federales se encontraban desplegadas en distintos puntos y que a estos mismos se les hacía llegar dinero para poder tomar sus alimentos."

En otro episodio, se le menciona en el documento que describe "un robo" cometido también en noviembre de 2007, con motivo de las inundaciones en Tabasco:

"Cuando se solicita la intervención de las Fuerzas Federales a ese estado, se van primeramente 400 elementos (...) la Lic. Mónica solicita a CAS, mediante Edith Candia, insumos para 400 gentes la primera semana, pero para el segundo pedido aumenta misteriosamente a 900 personas, cuando únicamente siguen siendo 400."

Además, al hacer el primer pedido a CAS, se solicitaron mil 500 kilos de costilla de cerdo y mil 500 kilos de pulpa de res, cuando deberían haber sido piezas, un error del que se percatan hasta que el proveedor advierte de la enorme cantidad.

El documento añade: "También existe un archivo en la computadora que se encuentra en la Dirección de Alimentación en la que actualmente están trabajando en un proyecto llamado 'Torre', en donde maquillan las cifras para que cuadren todos estos desfalcos, como el que se dio durante el cumpleaños de la Lic. Mónica".

En efecto, el 4 de marzo de 2008, Mónica Jeanete Rodríguez Hernández cumplió 32 años de edad y lo celebró con una taquiza para 400 personas, en la Base Contel, animada con mariachis.

Tal como lo acreditó la SFP, las provisiones que amparaban las facturas nunca llegaban y, cuando así ocurría, eran extraídas de las bodegas por las noches para comercializarlas en el mercado de La Merced o en la Central de Abastos.

Uno de los testigos de esto es el subinspector Jesús Cifuentes Torres, director del Servicio de Alimentación en la base Contel, a quien Rodríguez Hernández lo obligaba a firmar facturas para amparar las malversaciones y, cuando se negó, recibió presiones hasta que presentó su renuncia.

Estas prácticas se repetían en las bases Constituyentes, Bombas y Conafrut, donde se extraían víveres para ser comercializados en vez de utilizarse en la alimentación del personal, que además sufre la falta de higiene en la elaboración y consumo de los alimentos.

La Secretaría de la Función Pública cuenta con pruebas de estas y otras anomalías por haber filmado varios días la salida de provisiones, habitualmente por la noche o madrugada, de la base Contel para enviarlas al mercado de La Merced, donde Mónica Jeanete tenía contactos.

El propio general retirado Cruz López tuvo conocimiento de estas irregularidades y, en un documento fechado el 5 de agosto de 2008, solicitó un informe pormenorizado sobre las normas sanitarias, de higiene y nutrimentales de los alimentos proporcionados en las instalaciones de Contel, Constituyentes y Bombas, así como en torno a las condiciones de los comedores:

Hasta donde se tiene conocimiento, nada ocurrió, como tampoco se sancionó el envío de carne caduca a Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, Tabasco y Baja California, a razón de mil kilos para cada una de las plazas, como consta en diversos oficios elaborados por los mandos de los agrupamientos.

*Tomado de la revista Proceso.