2009 y la política pública*

Tomados de La Jornada, Hernández y Rocha.

León Bendesky
leon@jornada.com.mx

2009 venía ya muy anunciado. Pero la manera en que se desenvuelvan las cosas en los meses siguientes es por su misma naturaleza incierta. En ese marco, este año es aun más grande la necesidad de una política pública inteligente, en sus miras, objetivos, definiciones y formas de aplicación.

Los indicadores del final del año muestran que la recesión en la economía mundial se sigue profundizando. La producción industrial en Estados Unidos cayó en diciembre a su nivel más bajo desde 1980 y el índice de actividad manufacturera (del Institute for Supply Managers) que mide las nuevas órdenes de productos, tuvo su nivel más bajo desde que se creó en 1948. Aún no se toca el fondo.

En esa misma dirección va la actividad productiva en la mayoría de los países. El efecto adverso en México será muy directo, pues las exportaciones de ese sector son las más relevantes.

Las intervenciones que desde hace meses ha hecho el gobierno de Bush no han logrado frenar la tendencia recesiva. Ahora se advierte que esas medidas, aplicadas primordialmente en el sector financiero, han sido erráticas e inefectivas.

Este es, sin duda, un aspecto muy significativo del papel de la política pública. Es más, no hay evidencia aún de que las acciones que han tomado vayan al centro de los problemas que significan el congelamiento del crédito y la forma en que se transmite por el sistema económico.

Esas medidas tampoco han afectado el entono institucional de las normas y regulaciones que tienen que ver con el funcionamiento de los mercados. Esto es muy patente en el caso de los reguladores de los mercados financieros y el de las calificadoras de crédito.

Y no se puede argumentar que eso es lo mejor que se puede hacer en un escenario de crisis tan fuerte o, cuando menos, cualquier argumento al respecto es insuficiente y poco convincente técnicamente pero, sobre todo, en términos políticos. Este es el terreno en el que necesariamente tiene que ubicarse la discusión y el quehacer político en medio de la crisis.

En la teoría económica se insiste mucho en que debe crearse el entorno propicio de los incentivos que guíen el comportamiento de los distintos agentes, sean éstos inversionistas, consumidores o trabajadores. Cuando esos incentivos son perversos se provocan desajustes severos que, en situaciones de crisis como la actual, hacen más resistentes las opciones para una recuperación.

Así, no se ha provocado la reacción esperada de que los bancos presten los enormes fondos públicos que se han inyectado en sus balances, tampoco se ha frenado la caída del consumo de las familias y las proyecciones de inversión y de creación de empleos son muy pobres.

La gente que tiene recursos se refugia en aquellos instrumentos financieros que considera menos riesgosos, principalmente la deuda gubernamental, y acepta las pérdidas. Esta situación no es sostenible. Los que no tienen cómo protegerse aun de esa manera precaria sólo ven como se evaporan sus ahorros, el valor de sus activos y sus fondos de pensiones, también sus empleos e ingresos corrientes. En este caso está la mayoría de la población.

El catálogo de los incentivos perversos que se crearon en los años recientes es en verdad muy extenso. Este asunto tiene que integrarse de modo serio en la forma en que se analiza el desempeño de los mercados y se aplica la política económica. Esta crisis tiene una enorme dimensión social que no puede ser relegada de ninguna consideración seria de lo que ocurre.

Los incentivos favorables están ahora ausentes y no se advierte aún cuáles son, ni cómo ni cuándo puedan funcionar. Un aspecto que no se discute suficientemente es el caso de los incentivos que tienen los responsables de la política pública.

No es claro que los funcionarios públicos tengan incentivos propicios. En parte eso tiene que ver con las visiones que todavía mantienen acerca de cómo opera el conjunto del sistema económico-social, lo que hace que no se pondere adecuadamente la dimensión de la ruptura que se ha provocado.

Igualmente, prevalece aún un estrecho entramado de relaciones de poder que previene la instrumentación de acciones más decisivas. Ahí está el caso del reporte que el gestor de fondos Harry Markópolus envió a los reguladores financieros en Estados Unidos, desde hace 10 años, sobre las actividades de Madoff y el gran fraude de su pirámide de inversiones y el entramado de relaciones que involucraba. Fue ignorado.

No menos relevante es el asunto de las consecuencias legales de las medidas que involucran el uso de los fondos públicos y las responsabilidades presupuestarias. Este es un aspecto que en México requiere de mucha más atención de la que usualmente se le da.

No hay evidencia de que en términos políticos y aun legales, las autoridades hacendarias y monetarias tengan los incentivos adecuados para ejercer las acciones de intervención que son necesarias en el campo financiero hoy en el país. Esto puede comprometer severamente las medidas que en el ámbito público exige la previsible ampliación de la recesión económica. El Ejecutivo y el Congreso enfrentan así un fuerte dilema que puede ser clave en el entorno de fragilidad política que prevalece.

*Tomado de La Jornada.