Televisa vs multivision*

Tomado de La Jornada, Hernández.

Jenaro Villamil

En la semana que termina, el caso de los 18 mexicanos detenidos en Nicaragua cuando transportaban 9.2 millones de dólares de origen desconocido en camionetas con logotipos de Televisa rebasó ya el simple encono mediático-profesional entre Televisa y Carmen Aristegui. Mientras la televisora busca ahora atribuir a motivaciones empresariales sus reportes sobre el caso difundidos en el espacio radiofónico de MVS, ella aclara: “Se quiere desacreditar a la periodista para desacreditar el todo”. En un virulento comunicado, la empresa de Emilio Azcárraga Jean optó de plano por descalificar las documentadas investigaciones de Aristegui con un simple calificativo: ella “miente”.

En menos de tres meses la detención en Nicaragua de 18 mexicanos que viajaban en seis camionetas con el logotipo de Televisa pasó de ser un caso judicial por presunto lavado de 9.2 millones de dólares y tráfico de estupefacientes en Centroamérica a un conflicto en el que sale a relucir hasta la disputa por el mercado de las telecomunicaciones en México. 

El pasado jueves 8, en un comunicado de cuatro cuartillas, el Grupo Televisa denostó, respondió a la información proporcionada en las últimas semanas por la periodista Carmen Aristegui, directora del noticiero matutino de MVS Radio, y defendió al vicepresidente de Información de la televisora, Amador Narcia, quien el mismo día fue reconocido con el galardón Antena CIRT, otorgado por el organismo cúpula de los concesionarios de radio y televisión. 

Grupo Televisa decidió pasar de la reacción al contragolpe. En el documento referido expuso cuatro puntos “aclaratorios”. Acusó de “difamación” y “mentira” a Carmen Aristegui (citada nueve veces en el texto) y defendió a Narcia, mencionado de nuevo en el caso ese mismo día. 

Un número telefónico a nombre de Narcia apareció en los registros de llamadas y en las agendas telefónicas de los detenidos, especialmente de Raquel Alatorre Correa, la presunta líder de la caravana detenida el 20 de agosto, según información publicada por el diario electrónico nicaragüense Confidencial. 

De acuerdo con este medio los mexicanos portaban cinco teléfonos celulares inscritos en Nicaragua. Desde éstos hicieron más de 30 llamadas a números que ya habían sido dados de baja, incluyendo uno que presuntamente era de la “oficina Televisa” (005215584217143), otro del “Lic. Amador Narcia” y uno más del consulado mexicano en Nicaragua, complementó MVS Noticias el jueves 8.

Ese mismo día los directivos de Grupo Televisa promovieron que Narcia fuera galardonado con el premio Antena CIRT en la pasarela anual de los concesionarios ante autoridades y legisladores. Además del directivo de Televisa fueron reconocidos el concesionario Francisco Aguirre Gómez, de Radio Centro, y Christian Martinoli, de TV Azteca.

Los “papelitos” de Narcia 

No es la primera vez que el nombre de Narcia se vincula con el expediente de la caravana en Nicaragua. Proceso publicó el pasado 7 de octubre (número 1875) que recibió en su redacción la copia de dos cartas firmadas por Amador Narcia Estrada, vicepresidente de Información Nacional de Televisa, dirigidas a las autoridades de Nicaragua y de Costa Rica para que “brinden la ayuda posible para la función que los compañeros reporteros y personal técnico portadores de ésta, puedan realizar la labor correspondiente”.

Uno de esos documentos, cuya copia tiene Proceso y que lleva estampado el logotipo de Televisa, informa que una de las unidades (con placas 886-XCR) es conducida por Rodolfo Jiménez Camacho y que su función es “grabar en diversas locaciones” de Nicaragua. El nombre coincide con uno de los detenidos en Nicaragua, quien dijo ser “conductor de unidad móvil”. Al ser detenido portaba una credencial de Televisa con folio B62271.2 

Otro oficio, fechado el 14 de agosto, dirigido a las “autoridades correspondientes” de Costa Rica, informa que una de las unidades (con placas 444-XCJ) es conducida por Julio César Alvarado Salas, “misma que tiene la función de grabar en diversas locaciones”.

Los documentos detallan el equipamiento de ambas camionetas que es el ideal para la transmisión satelital, para grabar, reproducir, editar y mezclar audio. Incorporan un sistema de protección satelital GPS Kenwood modelo KNA-631 N/S 5V001995, que poseen las unidades móviles de televisión comercial.

Grupo Televisa y Narcia consideraron apócrifos esos documentos y negaron cualquier vínculo con la caravana de los 18 detenidos. A través de su cuenta de Twitter el funcionario de la televisora afirmó: “Por supuesto, nada que ver con el tema de las camionetas de Nicaragua. Ya se ha dicho varias veces. La alusión hace propicio reiterarlo”. 

El 5 de octubre, en el noticiario nocturno de Canal 2, Televisa difundió que en enero de 2007 la policía preventiva de la Ciudad de México encontró en una bodega de la colonia Vallejo Poniente una camioneta “con falsos emblemas de Televisa”, la cual había sido adquirida en 2001 en Monterrey, Nuevo León, por Jesús Alvarado Torres, “quien tiene los mismos apellidos que Juana Alvarado Torres, líder de la banda detenida en Nicaragua con el nombre de Raquel Alatorre Correa”.

El jueves 8, el desmentido de Grupo Televisa fue dirigido sólo a Carmen Aristegui, a quien le dictó lecciones de periodismo para “verificar” y confirmar los números telefónicos. “Por supuesto, Televisa niega que el número telefónico sea de la empresa”, sentenció. 

“Los números celulares reales del Sr. Amador Narcia, por su responsabilidad informativa, los tienen cientos de reporteros y cientos de oficinas gubernamentales, federales y estatales de comunicación social. Un mínimo esfuerzo periodístico (se) hubiera dado fácilmente cuenta que ese número no es y nunca ha sido asignado al Sr. Amador Narcia”, abundó el comunicado firmado por Alejandro Olmos, vocero de la empresa. 

En tono admonitorio, Grupo Televisa continuó así su desmentido:

“La Sra. Aristegui mencionó unos documentos supuestamente de Televisa, encontrados en las camionetas retenidas en Nicaragua. Lo que no mencionó, lo que convenientemente olvidó informar, es que desde el 7 de octubre tanto Amador Narcia como Televisa Prensa, vía Twitter, señalaron que esos documentos son falsos, sus firmas son apócrifas, sus sellos describen áreas directivas inexistentes dentro de la empresa y la papelería es distinta a la que utiliza Televisa.” 

Es la segunda vez que el nombre de Amador Narcia aparece en un escándalo de Televisa con repercusiones internacionales. En diciembre de 2005, a raíz del telemontaje de la detención de la joven francesa Florence Cassez y de Israel Vallarta, presuntos líderes de una banda de secuestradores, se mencionó que el acuerdo entre la Agencia Federal de Investigación (AFI) y Grupo Televisa fue a través de Narcia, sin que se enteraran su jefe, el vicepresidente de Noticias, Leopoldo Gómez, ni el reportero Pablo Reinah, asignado a la cobertura de esta “exclusiva”. 

La detención de Cassez en el rancho Las Chinitas ocurrió después de un berrinche de Grupo Televisa porque las autoridades federales le “regalaron” a TV Azteca la exclusiva de la liberación del director técnico del Cruz Azul, Rubén Omar Romano. Narcia negoció con la gente de la AFI que se les diera otra detención. Acordaron que la operación sería transmitida en el espacio del noticiario matutino de Carlos Loret de Mola y el reportero asignado sería Reinah. 

Ante el escándalo detonado dos meses después por el montaje de la detención, Grupo Televisa decidió responsabilizar al reportero y mantuvo a su jefe, Amador Narcia. Un litigio ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le permitió a Reinah deslindarse de la responsabilidad exclusiva en el caso Cassez.

 

La guerra de las telecomunicaciones

 

Por primera vez desde que se inició el caso de la “caravana” de Nicaragua y después de reiterar varias veces en el noticiario estelar conducido por Joaquín López Dóriga que “las camionetas no son de Televisa y los detenidos no han trabajado o recibido pago alguno jamás, de parte de Televisa”, la empresa decidió deslizar una hipótesis en su comunicado contra Aristegui. 

Para la compañía de Emilio Azcárraga Jean la cobertura informativa de Aristegui “no es periodismo sino parte de una agenda con tintes corporativos relacionados con la disputa por el mercado de las telecomunicaciones en México”. 

Aristegui respondió en su espacio informativo, el 9 de noviembre, que “informar no es difamar” y que “nada de lo que aquí se ha informado carece de una referencia documental”. “Se quiere desacreditar a la periodista para desacreditar el todo”, sentenció la conductora. 

Incluso Aristegui relacionó la respuesta de Grupo Televisa con el episodio del desmentido del expresidente Miguel de la Madrid, quien le declaró a la periodista que se había arrepentido de haber nombrado como su sucesor a Carlos Salinas de Gortari. “Es la misma mecánica que ocurrió cuando entrevisté a De la Madrid. Hay un olor a Salinas”, reflexionó. 

Televisa no ha aclarado en qué consiste la disputa de telecomunicaciones que estaría detrás del caso de la caravana de Nicaragua ni menciona por su nombre a Grupo MVS, propiedad de la familia Vargas, que en los últimos tres años ha sostenido una guerra abierta con la empresa de Emilio Azcárraga Jean a raíz de la creación de Grupo Dish, compañía de televisión satelital de bajo costo que le arrebató buena parte del mercado que antes dominaba en 95% Sky, la filial más rentable de Televisa. 

En la segunda quincena de agosto se detonó una disputa entre Joaquín Vargas y las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por el anuncio de la “recuperación” de la banda 2.5 Ghz, detentada en su mayoría por MVS y que estaba en negociaciones para ofrecer servicios de internet en banda ancha de bajo costo y alta velocidad. 

Días antes de que Dionisio Pérez Jácome, titular de la SCT, decretara la cancelación del refrendo a MVS, directivos de Televisa, entre ellos Javier Tejado Dondé, escribieron que era necesario eliminar el “monopolio” de la banda 2.5 Ghz, manejado por la familia Vargas (Proceso 1868). 

El caso de la banda 2.5 Ghz se cruzó con otra operación más amplia y ambiciosa de Grupo Televisa: La fusión con Iusacell, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, su presunto competidor en TV Azteca. La sociedad entre ambas televisoras fue autorizada en junio de este año por la Comisión Federal de Competencia, bajo la condición de que antes del viernes 30 estuvieran listas las bases para la licitación de una tercera cadena de televisión digital. 

Y ahí es donde los funcionarios de Televisa han operado para dificultar que esas bases estén listas antes de ese plazo, según testimonios recabados por Proceso en las comisiones federales de Telecomunicaciones (Cofetel) y de Competencia. 

El comisionado de la Cofetel Gonzalo Martínez Pous declaró en la misma Semana Nacional de la CIRT –donde condecoraron a Narcia– que no estarían listas las bases de licitación para la televisión digital porque faltan las opiniones de la Secretaría de Hacienda sobre el precio de la contraprestación y el estudio de la Comisión Federal de Competencia sobre los límites de acumulación en el espectro.

Martínez Pous también ha defendido en la Cofetel que no es necesaria una “cadena nacional” sino quizá resulte más viable una serie de “cadenas regionales” de televisión digital, en sintonía con los intereses de TV Azteca y de Televisa, que no quieren una competencia nacional. Los otros comisionados han mantenido una posición ambivalente.

Las caravanas de las autoridades 

En el expediente del caso Nicaragua lo único que ha quedado claro es que antes de que empezara el juicio contra los 18 detenidos y fueran desahogadas las investigaciones ministeriales, las autoridades federales y capitalinas han respaldado la versión inicial de Grupo Televisa: Ninguna de las camionetas le pertenece y ninguno de los integrantes de la caravana tiene algún vínculo con la empresa. 

A pesar de la serie de indicios y versiones contradictorias, desde el principio el embajador de México en Nicaragua, Rodrigo Labardini, envió un comunicado al juez el 23 de agosto en el que aseguró que los detenidos “no son empleados, técnicos, presentadores o periodistas de la empresa Televisa, S.A.”.

Rodrigo Zambrana, fiscal del Ministerio Público de Nicaragua, incorporó esa comunicación del embajador como “prueba documental”, lo que provocó una airada protesta del equipo de abogados defensores, encabezado por Johana Fonseca (Proceso 1873).

No sólo el embajador y la cancillería en su conjunto, sino también la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y la Procuraduría General de la República (PGR) han respondido al guión que, desde un inicio, estableció Grupo Televisa para este caso: Las camionetas no son de la empresa y los detenidos no han trabajado o recibido pago alguno del corporativo. 

Ni siquiera la hipótesis de que un grupo del crimen organizado se hubiera infiltrado en la televisora o hubiera utilizado el logotipo y los nombres de apoderados y funcionarios de la empresa para registrar las camionetas ha sido plenamente acreditada por las autoridades ministeriales, a pesar de la existencia de indicios documentales y testimonios de por lo menos cinco de los 18 detenidos. 

Primero se negó la posibilidad de cualquier relación entre Televisa y las seis camionetas. Luego se divulgó que el consorcio sería propietario de por lo menos una de las seis Chevrolet tipo Van (Proceso 1871). Más tarde se determinó que las seis fueron registradas con documentación a nombre de Televisa. Y la PGJDF informó que existen al menos registros de 10 camionetas “irregulares” a nombre de la televisora, además de las seis incautadas en Nicaragua. 

El procurador capitalino Jesús Rodríguez Almeida aseguró que se tienen 10 vehículos “que obtuvieron la documentación de manera similar” a las seis camionetas detenidas en Nicaragua. Informó que analizan si estas unidades tienen relación con la denuncia hecha en 2007, cuando fue encontrada una camioneta con logotipos de Televisa y con equipos de comunicación muy similares a los de las unidades móviles de esta empresa. 

Televisa negó desde el 19 de septiembre, a través de El Noticiero de Joaquín López Dóriga, que tuviera algún vínculo con los trámites de alta vehicular realizados “con documentación apócrifa” en las oficinas de la Secretaría de Transporte y Vialidad. Mencionó que Raquel Alatorre Correa utilizó ilegalmente un poder notarial para realizar estos trámites. 

Un día después, el 20 de septiembre, la versión de Noticieros Televisa fue la siguiente: “Estas camionetas fueron posteriormente registradas a nombre de Televisa utilizando documentación apócrifa, presumiblemente sustraída de los archivos de la Setravi, en los que destaca una copia de un poder notarial vencido a favor del gestor que Televisa utiliza normalmente para realizar los trámites. El gestor ha declarado ante las autoridades que investigan el caso que no identifica los vehículos. El poder notarial no lo usa desde 2008”.

El reportero Homero Campa publicó en Proceso (edición 1873) que, de acuerdo con los documentos del expediente, los trámites de registro de las seis camionetas los realizó Armando Tavera Sánchez, representante legal de Televisa.

El 30 de septiembre el titular de la Setravi, Armando Quintero, afirmó que los funcionarios implicados en la documentación irregular de las camionetas podrían ser objeto de una sanción administrativa, pero indicó que “todos los involucrados son personas de base, sindicalizados, y hasta ahora no hay ningún funcionario público ni del más bajo nivel involucrado”.

El miércoles 7 el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alejandro Ramos, acabó por validar también la versión de Grupo Televisa.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público Federal “no existen elementos” que refieran que las camionetas pertenecen a Grupo Televisa, “lo que es una clara prueba de que fueron adquiridas por una persona de sexo femenino que se encuentra detenida en Nicaragua, además de que la empresa ya ha acudido a acreditar que no son suyas las camionetas”.

*Tomado  de la revista Proceso.