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domingo, enero 01, 2012

El dinero sucio, sin grandes obstáculos*

Tomado de Monero Hernández.


Isaín Mandujano
Aun cuando la infiltración de los cárteles del narco en las campañas electorales no está documentada ministerialmente, la legislación actual tiene vacíos que impiden investigar a fondo el financiamiento de partidos o de candidatos con fondos privados. Experto en el tema, el jurista Oswaldo Chacón advierte acerca de ello y dice que como las campañas son cada vez más caras, la delincuencia organizada tiene más oportunidades de comprar apoyos en el poder…

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- En México existen las condiciones para que el dinero del crimen organizado financie las campañas político-electorales de 2012.

Según el jurista chiapaneco Oswaldo Chacón Rojas, autor del libro Dinero del crimen organizado y fiscalización electoral, aún no existen instrumentos legales eficaces para fiscalizar los millonarios fondos públicos asignados a los partidos y a sus candidatos. Pese a las reformas de 2007, que empezaron a aplicarse en los comicios federales de 2009, el financiamiento privado aún podría definir el resultado en las urnas.

Doctor en teoría política por la Universidad Autónoma de Madrid e investigador invitado del Departamento de Filosofía de la Queen’s University, en Ontario, Canadá, es autor también de Políticos incumplidos y la esperanza del control democrático.

Con base en esas investigaciones y en su propia experiencia como presidente de la Comisión de Fiscalización Electoral de Chiapas (Cofel), el especialista percibe amplias posibilidades de que el dinero del crimen organizado se canalice a las campañas para los comicios de 2012.

“De ser cierto este supuesto, muchos de los principios de toda democracia podrían estar siendo vulnerados”, dice en entrevista Chacón Rojas, quien el 28 de junio de 2011 alertó de ello a los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) y el 21 de diciembre a los diputados federales que integran la comisión especial encargada de vigilar el uso de los recursos federales, estatales y municipales en los procesos electorales.

Si bien no se han presentado evidencias ministeriales claras y precisas de que dinero del crimen organizado haya llegado a las campañas, dice el jurista, hay una suposición generalizada entre los políticos y la ciudadanía de que este fenómeno existe, “porque los pilares del mercado del financiamiento ilícito están presentes”.

Agrega que “están dadas las condiciones para que haya demanda de recursos de toda índole, porque se han encarecido las campañas político-electorales. Aunque se han reducido los tiempos para hacer campañas, los políticos desde mucho tiempo antes empiezan a construir candidaturas, y para ello empiezan a necesitar allegarse de recursos”.

Chacón Rojas indica que, aun cuando los partidos ya no pueden contratar espacios en radio y televisión, “hay evidencias de que existe un mercado negro para la contratación de publicidad en esos medios de manera simulada, lo que implica montos millonarios”. Explica: “Anteriormente éstos se podían fiscalizar, pero ahora es sumamente complicado hacerlo, ya que son operaciones debajo de la mesa”.

Además, advierte, una gran proporción de los fondos privados que mueven los partidos y candidatos se maneja fuera de sus registros contables y por lo tanto no se incluye en los informes de gastos que están obligados a presentar al IFE.

Chacón Rojas especifica que generalmente este financiamiento clandestino sirve para movilizar a electores y comprar su voto: “A eso se destinan cantidades millonarias, pues a ese procedimiento le apuestan los políticos para triunfar”.

Esta demanda de fondos coincide con la iniciativa de la delincuencia organizada para ofrecerlos, ya que necesita la impunidad para sus integrantes y el apoyo de los políticos que faciliten los negocios ilícitos; “en ese sentido se necesitan mutuamente”, dice el también integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Para él, la corrupción generalizada y la falta de control sobre los recursos públicos y privados prácticamente garantizan el cumplimiento de esos acuerdos ilegales.



Investigar, no sólo revisar



Para solucionar el problema que Chacón Rojas plantea en su obra Dinero del crimen organizado y fiscalización electoral, las instancias competentes del Estado, dice, deben investigar el patrimonio de la delincuencia organizada:

“Comúnmente se responsabiliza a las unidades de fiscalización de los órganos electorales de las tareas de blindaje (de campañas contra el dinero del narco), pero ellos no son una agencia ministerial investigadora ni son policías; son las aéreas de inteligencia y seguridad del Estado las responsables de investigar el patrimonio de la delincuencia organizada y con ello prevenir que esos fondos ingresen a las campañas.”

No obstante, en el libro admite claramente que “desde sus competencias como órganos fiscalizadores, (éstos) sí pueden contribuir, de mejor manera que como lo han hecho hasta ahora, en las acciones de blindaje”.

Explica que en el país hay un aparato institucional muy eficiente para investigar el flujo de dinero hacia las cuentas bancarias de los partidos, ya que éstos deben abrirlas para que ahí se les depositen el dinero público y el privado. A partir de la reforma de 2007, el IFE puede acudir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para que intervenga esos movimientos financieros.

“Pero normalmente los partidos y sus candidatos demandan mayores recursos que los fondos públicos y ese dinero no está siendo fiscalizado porque no entra a las cuentas bancarias. Ahí es donde tenemos el gran hueco legal, y es donde podría estarse infiltrando el dinero del crimen organizado.”

Como ejemplo menciona que el PAN reportó al IFE que su campaña de 2006 para presidente de la República se financió totalmente con dinero del Estado. “Notificó cero pesos de recursos privados, es decir, que Calderón pagó su campaña única y exclusivamente con fondos públicos”.

Para el experto, “sería absurdo pensar que los fondos públicos son suficientes para financiar las actuales campañas electorales. Lo único que esto revela es que no tenemos un mecanismo para regular esos fondos privados como se vigilan los públicos”.

Chacón Rojas propone también que se replantee la fiscalización electoral para rastrear evidencias de gastos mediante el monitoreo de medios y otros procedimientos de campo, pero durante el desarrollo de las campañas.

Considera que los partidos deben estar obligados a presentar públicamente sus informes de gastos para que tanto las instancias electorales como la sociedad conozcan cómo manejan su financiamiento. “Si no hacemos esto, al terminar la campaña los partidos se van a dedicar a cuadrar facturas y armar contratos hechos a modo. Es tal el cinismo que a veces reportan gastos hasta de un peso abajo del tope establecido”.

Para Chacón Rojas, otra forma de detectar los montos reales que se destinan a la promoción de los candidatos es que el IFE convierta a sus auditores en investigadores de campo, a fin de recoger evidencia de gastos. Para ello es necesario que la ley obligue a partidos y candidatos a informar al órgano electoral de los lugares y las fechas de sus actos de campaña, pero sobre todo se debe alentar la participación de los ciudadanos organizados en estas tareas, pues la autoridad no puede cubrir todas las actividades de todos los partidos.

En relación con la capacidad del IFE, comenta que el órgano autónomo tiene suficientes recursos para monitorear el gasto en radio y televisión, pero no puede ni tiene previsto monitorear pantallas de cine, pantallas electrónicas de calle, espectaculares e internet y redes sociales, que representan altos costos en una campaña.

Por eso propone que se elabore un padrón de proveedores obligatorio para todos los partidos, a fin de evitar que éstos cuadren facturas y adapten sus contratos al final de la campaña para cumplir sólo en papel con la legislación vigente.

En suma, indica, es primordial que se dé la relevancia debida a las tareas de fiscalización electoral, pues en la mayoría de los estados el procedimiento se reduce a la revisión de los documentos que presentan los partidos. “Si realmente queremos prepararnos para evitar el dinero del crimen organizado en las campañas, debemos tomar en serio la fiscalización”, resume.

Aun cuando en julio pasado se venció el plazo para realizar reformas en materia electoral, más que modificaciones a la ley se necesita voluntad política, dice Chacón Rojas.

En realidad, admite, la reforma de 2007 sentó las bases para la fiscalización; “ahora lo que hace falta es imaginación, creatividad, voluntad y muchas ganas de tomar el toro por los cuernos”. De modo que si en 2009 el IFE hizo importantes avances en fiscalización de recursos, en 2012 tendrá la oportunidad de hacer un uso eficaz de todos sus instrumentos para que el proceso electoral tenga credibilidad en términos de transparencia.

“De no llevar a cabo estas acciones, se mantendrá la sospecha de que nuestro proceso electoral puede estar inyectado con fondos ilícitos”, insiste.

*Tomado de la revista Proceso.

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