Televisa y Telmex en 2011, la guerra de las galaxias*

Tomados de La Jornada, Hernández, El Fisgón y Rocha.


Jenaro Villamil

MÉXICO, D.F. (apro).- “Mire, ingeniero, quienes deciden lo que se hace en los contenidos de Televisa somos nosotros”, le respondió Emilio Azcárraga Jean a Carlos Slim durante aquella mañana del 3 de febrero de 2006.
–Es que ustedes hacen telebasura –se quejó el magnate, principal accionista de Grupo Carso (ver El Sexenio de Televisa, Ed. Grijalbo, pp.95-96).

Las tensiones entre Slim y el equipo de Azcárraga Jean no disminuyeron. Slim era, hasta entonces, el segundo accionista más importante de Televisa. En los últimos años fue desinvirtiendo hasta quedar con menos del 2% en todo el grupo, incluido Cablevisión, donde llegó a tener la cuarta parte. A su vez, los ejecutivos de la era Azcárraga Jean, conocidos como Los Cuatro Fantásticos, veían con recelo el interés de Slim por entrar a la televisión restringida. Para ellos, el poderío de Telmex, junto con el de Telcel, constituye una amenaza para sus planes, no sólo de negocios, sino políticos.

Pasaron cinco años de aquella reunión anticlimática para que, en febrero de 2011, después de varios litigios jurídicos, la disputa entre Grupo Televisa y Grupo Telmex, los dos gigantes en los medios electrónicos y las telecomunicaciones, abandonara los salones cerrados de los especialistas y se transformara en una abierta guerra mediática, publicitaria e informativa con dos “galaxias” o territorios de influencia claramente diferenciados: por un lado, las televisoras (Televisa y TV Azteca), aliadas un grupo de empresas de telefonía celular y fija de menor dimensión y de televisoras de cable dependientes (Canitec); del otro lado, Telcel-Telmex, en alianza coyuntural con MVS, con los medios impresos que no forman parte de la “galaxia Televisa” y unas cuantas estaciones de radio.

El pretexto de esta guerra fue lo de menos. En la primera semana de febrero de 2011 Grupo Carso decidió suspender sus anuncios en los cuatro canales de televisión abierta de Televisa, en protesta por el incremento del 20% de las tarifas. La empresa de Azcárraga Jean minimizó el impacto. Una semana después, TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, se sumó con un argumento tramposo: condicionó el contrato de publicidad con Grupo Carso a la disminución de las tarifas de interconexión en telefonía móvil y fija, ambas dominadas ampliamente por Telcel y Telmex.

Lo que pocos esperaban es que la alianza entre Televisa y TV Azteca fuera circunstancial. En abril de 2011, ambos consorcios confirmaron lo que el periodista Miguel Ángel Granados Chapa publicó a inicios de este año en su Plaza Dominical: el duopolio negoció un convenio para que Televisa se apropiara del 50% de Grupo Iusacell, la tercera empresa de telefonía móvil más importante, a cambio de que se retiraran los litigios que durante todo el 2010 se abrieron en contra de la Licitación 21 (la famosa “ganga” a favor de la fallida sociedad Televisa-Nextel) y de que cerraran filas en contra del ingreso de Telmex a la televisión restringida.

Esta sociedad prácticamente es un hecho. La Comisión Federal de Competencia ha dilatado su autorización, a pesar de que en este mismo año, el mismo organismo le impuso a Telcel la multa más grande en su historia: mil millones de dólares, que está aún en litigio.

Sin embargo, Televisa y TV Azteca actuaron a partir de este año como un solo bloque en contra de todo lo que oliera a Grupo Carso (Telcel-Telmex, principalmente), a su socio MVS, que este año no pudo echar a andar su proyecto Banda Ancha para Todos, que implicaba la utilización de sus concesiones en la banda 2.5Ghz para dar internet de mayor velocidad y mayor accesibilidad.

Otro elemento fundamental unió a las dos grandes televisoras que concentran 95% de las concesiones de televisión abierta en México: impedir el ingreso de Telmex a la televisión restringida y, por tanto, al mercado del triple play; e impedir la licitación de nuevas cadenas de televisión abierta, a pesar que desde enero de 2011 Cofetel confirmó la existencia de un proyecto para licitar dos cadenas de televisión digital.

Como si fuera una réplica de la guerra de los cárteles del narcotráfico o de la polarización política que vivimos desde el 2006, la guerra de las galaxias entre Telmex y Televisa forzó a prácticamente todos los actores políticos a tomar partido, a costa de que en la pantalla del canal 2, la única empresa con capacidad de llegar 95% de los 27 millones de telehogares del país, se pudiera emprender un linchamiento informativo.

Slim, el hombre más rico del mundo según la revista Forbes, comenzó a ser un “peligro para México” en la guerra de los spots que se transmitieron en las pantallas de Televisa y de TV Azteca, mientras que Telmex-Telcel pagó cientos de desplegados en medios impresos para argumentar en contra del “duopolio televisivo”, denunciar la “Ley Televisa” y el favoritismo de las autoridades hacia sus exsocios.

Parecía, de pronto, que el mundo se volvió al revés: los monopolios que antes estaban asociados ahora tiraban lodo y disputaban a la opinión pública.

El problema durante este año es que el gobierno de Felipe Calderón quedó atenazado y claramente favoreció a las televisoras. El 27 de mayo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes negó formalmente el cambio de título de concesión de Telmex para dar servicios de televisión restringida.

Las autoridades no han puesto ningún reparo frente a la alianza Televisa-Grupo Iusacell. Televisa ha podido crecer en materia de telecomunicaciones: ganó la concesión de la fibra óptica oscura de la CFE; ganó la licitación 21 y, a pesar de su rompimiento con Nextel, puede quedarse con el otro bloque de 30 megahertz que está pendiente de licitar; se le autorizaron mayores concentraciones en televisión restringida (con Cablemás y Grupo Multimedios o TVI); frenó cualquier reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones; pospuso por un sexenio más la licitación de nuevas frecuencias de televisión abierta y, por si fuera poco, logró con Calderón sendas licitaciones para su empresa de telefonía fija Bestel en el ISSSTE y en el IMSS. Eso sin contar los multimillonarios recursos en publicidad que le ha destinado tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales, tanto del PRI como del PRD.

Televisa se volvió juez y parte. Y Carlos Slim, a pesar de su poderío financiero, de su condición dominante en telefonía fija y móvil, de su desinversión (alrededor de 1,500 millones de dólares) en este año, vio truncados sus planes para acceder al triple play.

La fortuna de Slim y el poderío de Grupo Carso no se vieron afectados de manera significativa. Han consolidado su posición como un consorcio global, con fuerte presencia en América Latina. Y en otras áreas como las finanzas, la construcción, la inversión en infraestructura y hasta en servicios para Pemex, Slim ha recibido jugosos contratos oficiales.

El problema ha sido para el avance de la sociedad mexicana en materia de libertad de expresión, acceso a servicios de internet y de televisión restringida, pluralidad y calidad en contenidos mediáticos, democratización del régimen de medios electrónicos y mejores tarifas y servicios en telefonía.

El gobierno de Calderón no pudo con el paquete. Se quedó atrapado en sus compromisos con Televisa y, peor aún, benefició indirectamente así al precandidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, quien se convirtió en el principal cliente y en la inversión política más importante para Televisa y TV Azteca.

Ni siquiera se trataba de beneficiar a Telmex para perjudicar a Televisa. Se trataba de tener una política de Estado y no de facción para regular la convergencia, la competencia y la cobertura (las tres famosas “c” de su discurso de 2010) en beneficio de una sociedad que no se merece estar atenazada a guerras monopolistas y expectante frente a la configuración de un “monopolio de la opinión pública”, como bien advirtió el exsubsecretario de Comunicaciones foxista, Jorge Álvarez Hoht, a quien difícilmente se le puede catalogar de subversivo o izquierdista.

En otras palabras, 2011 fue el año de la concentración, la “cartelización” y la cesión del Estado en materia de telecomunicaciones.

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*Tomado de la revista Proceso.