Las amenazas*

Tomado de La Jornada, el Fisgón, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.


Luis Javier Garrido

El último año del gobierno panista está marcado por la información de la Cepal de que sólo en México y en Honduras creció la pobreza en América Latina (La Jornada, 30 de noviembre) y el empecinamiento de quienes gobiernan en extremar el clima de violencia que cada vez más repudian los mexicanos.

1. La denuncia presentada el viernes 25 ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya (Países Bajos) contra Felipe Calderón y su “gabinete de seguridad” por delitos de lesa humanidad cometidos durante su “guerra contra el crimen organizado”, con el respaldo de más de 23 mil firmas, constituye un hecho sin precedentes en la historia jurídica y política de México, pues jamás un gobernante en funciones había sido objeto de una acusación de esta dimensión, y sienta un nuevo precedente en la histórica lucha de los mexicanos en defensa de sus derechos fundamentales y contra la impunidad del presidencialismo.

2. Este acto de dignidad de este grupo de mexicanos dignos se da en un contexto de hartazgo nacional ante la violencia de Estado desatada con fines aviesos por Calderón y los panistas, no contra los cárteles sino contra el pueblo mismo, y la demagogia con la que la derecha en el poder busca engañar al pueblo y crear las condiciones para proseguir el saqueo del país, pero no es la única manifestación de inconformidad que se da a nivel internacional ante la complicidad de la Suprema Corte de Justicia con el gobierno del PAN, y su incapacidad para hacer valer la principal de sus funciones: velar por la constitucionalidad de las leyes y de los actos de la administración.

3. Las iniciativas para recurrir al derecho internacional a fin de detener la barbarie calderonista se están multiplicando, pues el 21 de octubre otro importante grupo de mexicanos respaldó la iniciativa del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), heredero del Tribunal Russell, para abrir un capítulo en México y juzgar a Calderón Hinojosa (La Jornada, 22 de octubre). Ya en marzo un ciudadano mexicano había presentado otra querella en La Haya contra él por crímenes de guerra y de lesa humanidad (aceptada entonces con más de 400 votos contra tres abstenciones). Y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), encabezado por el escritor Javier Sicilia, a pesar de haber sido objeto de todas las burlas de Los Pinos sigue buscando incidir en esta lucha, sobre todo ahora que otro de sus integrantes fue asesinado impunemente.

4. El escenario de la globalización neoliberal que se ha ido forjando como “un candado de seguridad” de los intereses de las multinacionales y de los crímenes de los gobernantes está así siendo utilizado en su contra, no obstante los esfuerzos espurios por coparlo, y aunque poco puede esperarse de éste, el precedente ahí queda. A pesar de que Calderón Hinojosa fracasó en octubre en su intento por colocar a Javier Laynez Potisek, un oscuro abogado empresarial, como juez de la CPI, al ser estimado éste como “no calificado” para el cargo (Proceso, 1827), Washington conserva un control casi absoluto sobre los tribunales internacionales.

5. Los fundamentos de la acusación a Calderón se hallan a la vista de todos, pues el gobierno de facto dio a las fuerzas armadas un papel ilegal como policías con autorización para violentar los derechos humanos, allanando domicilios, deteniendo a personas y, a pesar de que esto se niega, disparando sobre el pueblo, lo que ha generado un sinnúmero de crímenes; avaló la estrategia de Washington para crear grupos paramilitares e introducir ilegalmente armas a México destinadas a éstos y a ciertos cárteles a fin de exacerbar la violencia y la colombianización del país; permitió la presencia impune de agentes estadunidenses en territorio mexicano para dirigir a las fuerzas armadas; y administró, en suma, la violencia en un escenario en el que “el crimen organizado” está en todas partes y no se sabe quién genera los crímenes y las matanzas: si los cárteles que se pretende combatir, y que florecen como el negocio, o las fuerzas armadas y los paramilitares oficiales y sus cómplices en el sector político y financiero, que buscan reordenar el negocio en función de los intereses de Washington. De ahí que el escritor Fernando Vallejo, con gran valor civil, señalara el día 26 en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que “Calderón es un hombre indigno del puesto que ocupa”.


6. La respuesta de Los Pinos a la denuncia ante La Haya en un comunicado emitido la noche del domingo 27, calificando como “calumniadores” a los signatarios de la misma y amenazando con “proceder legalmente” (lo que ya se sabe lo que significa en México) contra ellos y contra cualquier otro que cuestione su estrategia en “foros e instancias internacionales o nacionales”, ha merecido en consecuencia un repudio absoluto y lo menos que se ha hecho es calificarla de fascistoide, pues las amenazas gubernamentales son contra todos los mexicanos inconformes, que es la mayoría.

7. El inusitado respaldo a Calderón de Emilio Chuayffet (presidente de la Cámara de Diputados), señalando el día 28 en una rueda de prensa, a la que asistió en un estado de agitación incontrolado, que éste tiene derecho “a defenderse” frente a “injurias no probadas”, es en todo caso un desvergonzada exigencia a la impunidad de la “clase política mexicana” y de él mismo: una autodefensa, que mucho aclara lo que acontece. Como se recuerda, Chuayffet fue señalado cuando despachaba en Bucareli como principal responsable por la matanza de Acteal el 22 de diciembre de 1997, que conmovió al mundo, y acusado a nivel internacional por auspiciar la creación de paramilitares en Chiapas, lo que llevó a Zedillo a removerlo del cargo. El pez por la boca muere, y el precandidato presidencial priísta Enrique Peña Nieto, olvidándose también que es un derecho inalienable de los mexicanos el acudir a un tribunal internacional, se opuso con énfasis al día siguiente a cualquier acción contra un presidente en turno, advirtiendo así que en el caso de llegar a Los Pinos querría mantener el estatuto de absoluta impunidad para la “clase política” y el Ejecutivo federal.

8. El asesinato del activista social Nepomuceno Moreno Muñoz, integrante del MPPJD, el lunes 28 en el centro de Hermosillo, luego de que había denunciado y dado información a la PGR por la desaparición de varios jóvenes –entre ellos su hijo–, y solicitado la protección oficial, plantea empero de nuevo las mismas cuestiones: ¿dónde está “el crimen organizado”, en los cárteles o en el gobierno? ¿Y a quién interesa más se extreme el clima de violencia en el país: a Washington y a la actual cúpula en el poder, o a los narcotraficantes?

9. La nueva legislación, ya de corte abiertamente fascista, que los panistas buscan introducir estos días en la “miscelánea penal”, equiparando protestas a actos terroristas y criminalizando los actos de inconformidad ante las autoridades, para al mismo tiempo fortalecer el estatuto de impunidad para las fuerzas extranjeras que operan en México, denunciada por el senador Pablo Gómez (La Jornada, primero de diciembre), es una nueva señal de los riesgos que corre la nación.

10. El último año del gobierno de facto se inicia de esta manera con un número de mexicanos cada vez mayor que están dispuestos, con una intransigencia que conmueve, a hacer valer su exigencia de “¡Ya basta!” a la cúpula de un poder económico y político empeñada en mantener a toda costa sus privilegios.

*Tomado de La Jornada.