Criminalizar a víctimas, una estrategia de guerra*

Tomado de La Jornada, Hernández.


José Gil Olmos

El 28 de noviembre al mediodía, Nepomuceno Moreno Núñez cruzaba el centro de la ciudad de Hermosillo a bordo de su camioneta, donde llevaba carteles con la imagen de su hijo Mario, desaparecido hace un año y medio. Al hacer alto en un semáforo, un hombre lo alcanzó y le disparó siete veces a quemarropa.
Horas después de su ejecución, el activista del Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad fue acusado por el gobierno de Sonora de tener vínculos con el crimen organizado, en lo que el poeta Javier Sicilia califica como un intento “ignominioso” de criminalizar a las familias de las víctimas de la guerra contra las drogas y desprestigiar al movimiento.
Hacía seis meses que Moreno, ante la indolencia del gobernador sonorense Guillermo Padrés para atender el caso de su hijo desaparecido a manos de policías del estado, decidió unirse al movimiento que encabeza Sicilia. En mayo participó en la marcha de Cuernavaca a la Ciudad de México, y en junio y septiembre lo hizo en las caravanas de la paz, con un recorrido de más de 11 mil kilómetros por el norte y el sur del país.
En cada plaza, en cada oportunidad, don Nepo, como lo conocían sus compañeros del movimiento por la paz, hablaba del caso de su hijo, secuestrado el 1 de julio de 2010 por policías estatales de Sonora, quienes por teléfono pidieron 30 mil pesos para liberarlo. A pesar de que se pagó el rescate, Mario no regresó. Su padre tomó su foto junto con las de otros cuatro jóvenes desaparecidos y comenzó a caminar por todo el país exigiendo justicia.
El 14 de octubre Moreno fue al castillo de Chapultepec para asistir al segundo encuentro del movimiento de paz con Felipe Calderón. Para entonces se había enterado de que en Hermosillo un grupo de hombres armados rondaban por su casa lanzando amenazas de muerte. Le comunicó esto al presidente de la República y pidió seguridad para él y los suyos. Según contó Moreno, Calderón se comprometió a otorgarle protección y le dio la orden correspondiente a la procuradora Marisela Morales y al entonces secretario de Gobernación, Francisco Blake. Sin embargo, la custodia nunca llegó.
Tres días después del diálogo con Calderón, don Nepomuceno se fue a Hermosillo. La tarde del 17 de octubre, cuando llegó a las oficinas de la organización Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz), se le veía ansioso. “Me voy a mi casa porque me dijeron que andan rondando unos hombres armados y tengo miedo por mi familia”, dijo antes de partir. Fue la última vez que lo vieron con vida sus compañeros del Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad.
Según un comunicado de la procuraduría sonorense, el 28 de noviembre, alrededor de las 12:15 horas, en avenida Reforma e Ignacio Pesqueira, colonia Centenario, de Hermosillo, Nepomuceno Moreno Núñez, de 56 años, fue asesinado en su camioneta pick up Chevrolet azul, modelo 1997. Recibió cinco impactos, pero el personal de Servicios Periciales de la procuraduría estatal aseguró en el lugar siete casquillos percutidos de calibre .40 milímetros.
A los pocos minutos de la ejecución, el vocero de la procuraduría estatal, José Larrinaga, incriminó a Moreno al declarar que había estado preso de 2005 a 2009 por participar en una balacera en la que murió una persona y que su hijo Gilberto estaba preso desde hacía seis años por asalto a mano armada. Lo que no dijo el funcionario es que don Nepomuceno fue absuelto y declarado inocente, y que a su hijo le fabricaron los delitos.

Maniobra perversa

Muchas familias de muertos y desaparecidos en el contexto de la guerra contra las drogas declarada por Felipe Calderón sufren una doble criminalización: después de que alguien es culpado de pertenecer a un grupo delictivo, es fácil que se acuse también a sus padres, hijos, hermanos o cualquier pariente.
Ejemplo de esta estrategia de desprestigio es el de Julián Le Barón, a cuyo hermano mataron y después lo acusaron de participar en el narcotráfico. Antes del asesinato de Marisela Escobedo frente al palacio de gobierno en Chihuahua, éste realizó una campaña en su contra y manchó la imagen de su hija. Lo mismo se intentó hacer con el hijo de Javier Sicilia y sus cuatro amigos en los días posteriores a su ejecución.
Pero uno de los casos más flagrantes es el de la familia Reyes Salazar, de Ciudad Juárez: siete de sus miembros fueron asesinados y desde el principio el gobierno de Chihuahua dijo que estaban involucrados en el narcotráfico. Olga Reyes Salazar afirma:
“Sí, desafortunadamente nos están asesinando, nos están criminalizando por parte del gobierno. A mis dos últimos hermanos, cuando los arrojaron a un lado de la carretera, les dejaron unas cartulinas diciendo que mi hermana era del cártel del Pacífico, pero había un testigo que llegó primero y no vio ninguna cartulina, y después, cuando llegó el Ejército, enseñó la cartulina con el mensaje. Yo culpo al gobierno, es el que está culpándonos.”
La intención, explica, es que la gente deje de creer en ellos, que piense: “Murió porque es otro narcotraficante”. Pero ella advierte: “Al criminalizar a las familias no quieren que nos unamos. Les está funcionando porque a diario asesinan a personas y dicen que son criminales aunque no lo sean. La gente entonces piensa: ‘era un criminal, merecía morir’, pero no es así; aunque fuera un criminal, no merecen una muerte así”.
–¿La mayor parte de tu familia ha tenido que buscar protección?
–Sí, algunos han pedido asilo político. Yo y mi hermana Marisela estamos dando la cara. Hasta ahorita no he recibido amenazas, pero siguen los ataques en contra de la familia. Hace poco, en Guadalupe, Chihuahua, aventaron unas cartulinas que decían: “Para que la familia Reyes no siga hablando”. Hace un mes, una persona que cuidaba la casa de una de mis hermanas en Ciudad Juárez fue asesinada a balazos. A la casa de mi hermana Josefina llegaron los soldados buscando armas y droga…
–¿No les da miedo que les pase como a Nepomuceno?
–Sí, da miedo, pero tienes que sacar el valor para dominarlo. Da coraje que primero matan a los hijos y después a los padres. Da coraje y da miedo, pero tenemos que salir a dar la lucha. Don Nepomuceno le pidió seguridad a Calderón y le dijo que sí… y ya ven lo que pasó. Es lo mismo que nos sucede a nosotros.
Julia Alonso Carvajal, madre de Julio Alberto Josué López Alonso, originario de Acapulco y quien desapareció este año en Monterrey junto con tres amigos, dice que para las autoridades es más fácil culpar a las víctimas que investigar:
“Así lo hizo Felipe Calderón, pero hay cientos de personas que han perdido la vida o que están desaparecidas, y se les hace fácil decir: ‘pues en qué andarían’. Ahora van contra los familiares para callarnos y así quieren terminar con el problema. No se han dado cuenta de que violencia genera violencia. ¿Qué están esperando? ¿Que el ciudadano se arme y se enfrente a los delincuentes? Si el gobierno no hace su trabajo, eso es lo que va a suceder.”
Para Javier Sicilia, las autoridades “han buscado debilitar al movimiento de muchas maneras, y esta es la peor y la más perversa: criminalizar a un hombre que ha perdido a un hijo y que fue asesinado sin que nadie lo protegiera es la crónica de un asesinato anunciado, y todavía se le criminaliza”.
–¿Se trata de deslegitimar al movimiento? –se le plantea en entrevista.
–Pero así no se logra nada, al contrario, se violenta. No se puede deslegitimar criminalizando a la gente o a un movimiento, esa es una forma perversa, criminal.
Pese a ello, asegura Sicilia, este golpe no debilita al movimiento: “Lo recibimos con mucho dolor e indignación, como una gran afrenta, nos da impotencia porque ahora tenemos que enfrentar la impunidad de los que mataron a don Nepo y el cuidado de la familia. Pero al contrario, (al movimiento) lo fortalece, porque todo aquello que quiere ocultar la verdad y la dignidad las fortalece”.
Tampoco les mete miedo para seguir en la lucha, dice el poeta, molesto por la actitud del gobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés, y el procurador Abel Murrieta: “Una gente que es capaz de criminalizar a las víctimas, sobre todo un procurador, se convierte en un delincuente y no merece estar al frente de una institución encargada de procurar la justicia. Es el mismo procurador al que se le debe que no haya castigo a los responsables de la muerte de los niños de la guardería ABC. De ese tamaño es su delincuencia. No debería estar en la procuraduría. Tampoco un gobernador que lo protege, porque también se convierte en un delincuente”.
Pietro Ameglio, otro integrante del Movimiento de Paz y especialista en la solución de conflictos, asegura que la criminalización forma parte de una estrategia de guerra.
“Este mecanismo de crear un prejuicio social hacia la víctima y sus familiares tiene que ver con la cultura fascista, que es la imagen de ‘por algo será’, ‘algo habrá hecho’… Estos temas, en América del Sur y en otros procesos son el abc de la autoridad, que los sabe construir muy bien y los usa para destruir el tejido social y familiar. Se empiezan a soltar como rumores, prejuicios o acusaciones ignominiosas, como a Nepomuceno, que fue acusado de criminal y no se dijo que fue declarado inocente por el Poder Judicial.”
Advierte que la estrategia polariza a la sociedad haciendo creer que la guerra contra el narcotráfico es de los buenos, que son las autoridades, contra los malos, que son los criminales y quienes están en desacuerdo con el gobierno, “pero es falso. Como dice Edgardo Buscaglia, es una guerra entre bandas del delito, donde en cada una hay una porción de autoridad política, otra del empresariado, una del delito organizado y una más de grupos armados legales o ilegales. Es una pelea por el control de un territorio, de la droga y del delito asociado. Se pelean arriba pero los muertos están abajo”.
Lo que se quiere, dice, es atizar la violencia con un argumento mentiroso. “Aumenta el foco de alarma de que esto es en serio y que hay una decisión real de avanzar en el proceso de guerra, y cualquiera que intervenga, aun con una bandera de paz, va ser quitado del camino, aún cuando sea una gente pública y legitimada como Nepomuceno”.
En el mismo sentido se expresa Emilio Álvarez Icaza, expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Esta estrategia perversa, dice, no sólo contribuye a la cultura de la impunidad sino que genera espirales de violencia muy acelerados, porque significa que la autoridad cede espacios a la venganza y a la injusticia, lo que puede provocar más muertes.

*Tomado de la revista proceso.