En plenitud, el Plan Veracruz inseguro*

Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera y Rocha y El Universal, Naranjo.


Regina Martínez

En la zona conurbada Veracruz-Boca del Río han ocurrido en menos de un mes dos grandes matanzas presuntamente llevadas a cabo por paramilitares, lo que obligó a poner en marcha el Plan Veracruz Seguro, en el que instancias federales tratan de asumir el control de la seguridad pública. Pese a ello, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, ha mostrado su intención de seguir ocultando la información sobre esos asesinatos masivos.

XALAPA, VER.- Mientras las autoridades veracruzanas y federales intentan ponerse de acuerdo sobre el manejo de la información acerca de los asesinatos masivos cometidos por la delincuencia organizada o grupos paramilitares, la sociedad sigue viviendo en el pánico y la psicosis ante una violencia inédita en la entidad.

En el hecho más reciente, el jueves 6, las redes sociales fueron –otra vez– las que anunciaron la aparición de más de 30 cadáveres en “casas de seguridad” en tres fraccionamientos exclusivos en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

Pese a que después del mediodía del jueves la noticia del hallazgo de los cuerpos circulaba en las redes sociales y la información se había difundido extraoficialmente en los portales de internet, el gobierno estatal negaba los hechos. “Es mentira, no es cierto, no hay nada de eso”, insistió Miguel Valera, director de Información de la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS, que encabeza Georgina Domínguez) ante las preguntas de esta reportera.

En su afán de ocultar la información, los yerros del área de Comunicación Social y de las autoridades judiciales del estado han sido evidentes, ya que en un solo día emitieron tres comunicados diferentes en torno a los hechos.

En el primero, la CGCS aseguraba que sólo habían sido asesinadas cuatro personas y no entre 30 y 40, como señalaban los usuarios de las redes sociales, que empezaron a informar alrededor del mediodía de ese jueves.

El comunicado agregaba que los cuerpos habían sido hallados la madrugada de ese día en una casa en el puerto de Veracruz y que peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) habían empezado a “investigar la identidad” de los cuatro cadáveres “luego de que un reporte ciudadano llevó a las autoridades ministeriales al lugar de los hechos”.

También señalaba que peritos de la Procuraduría General de la República (PGR) y efectivos de la Agencia Veracruzana de Investigaciones “acudieron al sitio señalado para iniciar las investigaciones correspondientes, investigar los cuerpos y las causas del fallecimiento”.

Un segundo comunicado emitido hacia las cinco de la tarde afirmaba que hasta esa hora “el gobierno del estado no tiene confirmación oficial alguna por parte de las Fuerzas Armadas o del gobierno federal sobre el supuesto hallazgo de cuerpos en la zona conurbada, tal y como refieren algunos medios de comunicación que citan fuentes que no identifican”.

Agregó que “integrantes de las fuerzas federales realizaron un operativo en la zona dentro de las acciones del Plan Veracruz Seguro y para continuar brindando protección a los ciudadanos”, pero no se mencionaba el hallazgo masivo de cadáveres.

Para entonces, algunos medios locales ya hablaban del hallazgo –en “casas de seguridad” en los fraccionamientos Costa Verde y Jardines de Mocambo– de al menos 31 cuerpos con huellas de tortura, y citaban a fuentes de la Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río. En las redes sociales se hablaba de 40 cadáveres.

Algunos portales electrónicos afirmaban ya que “fuentes extraoficiales” habían confirmado que fue en una vivienda de Jardines de Mocambo donde se encontraron los restos de 17 hombres y tres mujeres. Detallaban que según las mismas fuentes, otra llamada anónima había reportado un hallazgo similar en una casa deshabitada en el fraccionamiento Costa Verde, de donde la policía sacó los restos de nueve hombres y dos mujeres.

Horas después, el gobierno estatal tuvo que recular. Un comunicado emitido después de las 10 de la noche de ese jueves por la Secretaría de Marina (Semar) confirmó el asesinato masivo. En el boletín 313 esta dependencia lamentaba “informar sobre el hallazgo de 32 cuerpos sin vida” en la zona Veracruz-Boca del Río.

La Semar subrayó que a partir de información obtenida por la inteligencia naval: “El día de hoy personal de Infantería de Marina acudió a un domicilio en el fraccionamiento Jardines de Mocambo” y en el lugar “se ubicó a personal de la Policía Estatal que informó a los marinos del hallazgo de 20 cuerpos sin vida en el interior de la casa, los cuales ya había sido retirados por agentes del Ministerio Público del Fuero Común”.

En una visita a un segundo domicilio en el fraccionamiento Costa Verde, con base en la misma información de inteligencia, la Semar agregó: “El personal naval de Infantería de Marina localizó 11 cuerpos sin vida dentro de la casa”; el Ministerio Público del Fuero Común, dijo, acudió “para realizar las actuaciones correspondientes”. La Armada mencionó que personal de la dependencia había localizado otro cuerpo sin vida en un domicilio del fraccionamiento Costa de Oro.

Después del comunicado de la Semar y de que los noticiarios nocturnos ya habían empezado a criticar al gobernador veracruzano, Javier Duarte, por el ocultamiento de información, la CGCS se vio obligada a difundir su tercer comunicado “para avalar” el reporte de la Armada.

“Durante más de 18 horas se desarrollaron numerosos operativos que llevaron a la ubicación de tres domicilios en donde se localizaron los cuerpos, de los cuales dieron fe las autoridades ministeriales que concluyeron con esta tarea pasadas las 21:30 horas”, dijo.

Por la naturaleza y condiciones del caso, agregó el tercer comunicado, “las autoridades responsables de la investigación mantuvieron en secrecía las diligencias hasta la conclusión del operativo que inició la madrugada del jueves”. Añadió que ya había “datos sobre casas de seguridad en varios puntos de la ciudad, en donde la delincuencia presuntamente operaba”.



Captura de “matazetas”



El viernes 7, la Semar salió otra vez a la palestra para informar a los medios de la Ciudad de México sobre los resultados de los primeros operativos del Plan Veracruz Seguro. José Luis Vergara, vocero de la Semar, reportó la detención de ocho integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación que se ocultaban armados en un inmueble en el fraccionamiento Costa de Oro, en Boca del Río, y que se hacían llamar Los Matazetas.

“Se trata de otro grupo del crimen organizado, antagónico a la organización delictiva de Los Zetas”, con la que se disputa el control “de las actividades y recursos ilegales de Veracruz para la comisión de delitos agraviantes a la sociedad, como homicidios, secuestro, extorsión y el llamado cobro de piso”, dijo Vergara.

Según éste, los detenidos “manifestaron que aparte del inmueble en que se encontraban tenían otras tres casas de seguridad, donde había 32 cuerpos humanos abandonados, por lo que se llevó a cabo una movilización inmediata para ubicarlas”. Confirmó que en un domicilio del fraccionamiento Jardines de Mocambo, “personal estatal (que) ya se encontraba presente” comunicó a la Marina el hallazgo de los 20 cadáveres que ya habían sido retirados por el Ministerio Público.

Por información de los mismos detenidos, siguió Vergara, “existe la presunción e indicios de que están vinculados al asesinato de las 35 personas” cuyos cuerpos fueron tirados el pasado 20 de septiembre en el bulevar Ruiz Cortines, en Boca del Río.

Precisó que con ambos episodios –el del 20 de septiembre y el del jueves 6– se llega a “un total de 67 personas asesinadas” presuntamente por el cártel Jalisco Nueva Generación. En la lista de los detenidos destaca el jefe de la célula criminal en la plaza de Veracruz, Alfredo Carmona Landa, El Capi, así como Guillermo Aparicio Gaudeano, Adrián de la Cruz Juan, Alfonso Richard Sanel, Mario Alberto Cruz Torres, Fabián Federico Santos Ruiz, José Refugio Estrada Rojas y Juan Antonio de la Cruz Trenado.

Durante los operativos del Plan Veracruz Seguro también fueron detenidos 12 presuntos zetas, incluido Aquiles Amaranto Cruz Hurtado, presunto jefe de plaza en Veracruz.

Javier Duarte, en otro comunicado, se limitó a manifestar su alegría “por los resultados del operativo coordinado Veracruz Seguro”, ya que su administración “está trabajando todos los días por la tranquilidad y la armonía de la sociedad veracruzana”. El gobierno de Veracruz, junto con el federal y las Fuerzas Armadas, señaló, “continuará realizando operaciones coordinadas” contra la delincuencia y contra “todos aquellos que violenten la ley y el estado de derecho”.

A su vez, Georgina Domínguez, en varias entrevistas con medios nacionales, negó que las autoridades estatales hayan ocultado información sobre los hechos; “simplemente no se tenía confirmación oficial” sobre el hallazgo de los 32 cadáveres.

“La diligencia se llevó en total secrecía por la naturaleza del caso y nosotros emitimos tardíamente nuestro comunicado, al mismo tiempo que la Secretaría de Marina, por ahí de las 9 o 9:30 de la noche, que fue la hora en que las autoridades ministeriales concluyeron sus diligencias”, argumentó.

*Tomado de la revista Proceso.