“Me están presionando desde Presidencia y desde el PRI”*

Tomado de La Jornada, Hernández.

Álvaro Delgado

En medio del escándalo generado por una reunión con prominentes magistrados en la que presuntamente se pretendía negociar la exoneración del gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanís, en reunión privada les dice a sus colegas que hay presiones de la Presidencia de la República y del propio PRI para sacarla de esa jugada, y de paso quitarle los múltiples cargos que ostenta en esa institución.



María del Carmen Alanís, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), reconoció ante sus compañeros magistrados que es sometida a “presiones” por el juicio al gobernador Enrique Peña Nieto desde dos flancos: La Presidencia de la República y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Esas presiones, de las que se dijo “harta”, son por la violación de Peña Nieto a la Constitución y la ley, como lo acreditó el Instituto Federal Electoral (IFE), pero también para que deje la presidencia del organismo a Constancio Carrasco Daza, impulsado por el Partido Acción Nacional (PAN) y por Felipe Calderón, o a Pedro Penagos López, promovido por el PRI.

“¡Me están diciendo que ya deje la presidencia a ti, Constancio, o a ti, Penagos!”, exclamó Alanís en la sesión privada de los magistrados, el lunes 4, en una acalorada discusión derivada del escándalo en que se ha convertido la comida que organizó en su casa con prominentes priistas, el 9 de marzo, presuntamente para pactar la exoneración de Peña Nieto.

En este contexto, y como parte de las pugnas al interior del TEPJF, Proceso obtuvo información en el sentido de que los magistrados decidieron quitarle a Alanís el control de los comités que preside, entre otros los de Transparencia, Comunicación Social, Jurisprudencia, Carrera Judicial y Relaciones Interinstitucionales, lo que implica reducirle poder en la estructura de la institución.

Esta decisión de los magistrados fue a propuesta de Carrasco Daza, primo de Diódoro Carrasco, exgobernador priista y exdiputado federal panista, y se materializará dentro de dos semanas, una vez que el pleno resuelva si Alanís se debe excusar de intervenir en el juicio a Peña Nieto, como lo solicitó formalmente la dirigencia nacional del PAN, que también promovió en el Senado un pronunciamiento en ese sentido.

En efecto, el martes 5, justo el día en que fue nombrado secretario de Elecciones del CEN del PAN, el senador Rubén Camarillo propuso un punto de acuerdo para que Alanís se excuse de participar en el juicio a Peña Nieto, porque al participar en la comida violó el Código de Ética del TEPJF y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Expuso que en las elecciones del Estado de México, como en las federales de 2012, las instituciones electorales deben garantizar, en los ámbitos de sus respectivas competencias, su plena imparcialidad.

“De esta forma, los avances que se han tenido no se echarán en saco roto y no se retrocederá en el camino para consolidar la democracia”, argumentó Camarillo en el punto de acuerdo publicado en la Gaceta Parlamentaria que se prevé discutir el martes 12 en el Senado, cuyo presidente, el priista Manlio Fabio Beltrones, es uno de los respaldos políticos de Alanís.

Justamente un personaje identificado con Beltrones, el consejero del IFE Marco Antonio Baños, fue uno de los asistentes a la comida en la casa de Alanís, de la que fue socio en la empresa de consultoría electoral Demos. Otro comensal fue Enrique Ochoa Reza, empleado del TEPJF y aspirante a consejero impulsado por el PRI.

A esa comida asistieron, también, los diputados federales Luis Videgaray, desde el viernes 8 presidente del PRI en el Estado de México y coordinador de campaña de Eruviel Ávila, candidato a suceder a Peña Nieto, y Sebastián Lerdo de Tejada, exrepresentante ante el IFE y hermano de Fernando, empresario que cobra 240 mil pesos mensuales por asesorar a Alanís en cabildeo político y medios de comunicación.

Un quinto comensal de esa reunión subrepticia fue Frank del Río, uno de los amigos de Alanís que supuestamente cabildea, junto con Benito Neme Sastré, la exoneración en el TEPJF del gobernador y aspirante presidencial del PRI.



Menos poder



En medio del escándalo por la comida en su casa con los emisarios de Peña Nieto, así como con Baños y Ochoa –cuya candidatura al IFE se da por muerta–, Alanís buscó el apoyo del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza, cuyo yerno, Diego Gutiérrez Morales, es secretario administrativo del TEPJF.

El desayuno con el ministro Silva Meza se produjo el lunes 4, cuando se celebró una acalorada sesión privada con los magistrados, en la que Alanís reconoció recibir “presiones” de Los Pinos y del PRI sobre el caso Peña Nieto, pero también ante la sucesión en la presidencia del TEPJF, que debe renovarse en agosto y a cuya reelección ella aspira.

Ante los magistrados, y entre sus allegados, Alanís comentó estar “harta” de las “presiones” de Los Pinos y del PAN para que se excuse de intervenir en el juicio para que el TEPJF revoque o ratifique que Peña Nieto violó el artículo 134 de la Constitución, que prohíbe el uso de recursos públicos para promoción personalizada, y el artículo 128 del Código Electoral Federal por pagar spots de televisión de cobertura nacional con motivo de su quinto informe de gobierno, como lo resolvió el IFE, el 18 de enero.

El PAN, en efecto, le ha retirado el respaldo que le ha dado por la añeja amistad con la mujer de Felipe Calderón, Margarita Zavala, cuyo padre, el magistrado jubilado Diego Zavala Pérez, ha dicho que son “hermanas de cuna”, por conocerse desde la niñez.

Pero las “presiones” de ambas partes son también, confesó a los magistrados, para deponer su deseo de reelegirse en la presidencia y dejarla a Carrasco Daza, apoyado por Calderón y el PAN, o a Penagos López, respaldado por el PRI, cuya cabildera es la senadora María Elena Orantes López, frustrada aspirante a secretaria general del PRI (Proceso 1796).

En la discusión sobre lo publicado en el semanario Proceso, en la edición de la semana pasada, los magistrados cruzaron acusaciones sobre la falta de funcionamiento de varias áreas de la presidencia del Tribunal Electoral, las “filtraciones” y aun sobre asuntos de carácter personal.

Alanís alegó exceso de trabajo, porque los magistrados no lo hacen, como el viajero Manuel González Oropeza, o Penagos, a quien le reprochó no laborar con empeño. “Tú no eres nadie para decirme eso”, contestó él, quien hace grupo con Alejandro Luna Ramos y Salvador Nava Gomar.

Luego de una larga discusión, y propuesta de Carrasco Daza –quien solía llamar “Maca” a Alanís y ahora se refiere a ella como “Maricarmen”–, los magistrados decidieron que Alanís ya no tenga injerencia tanto en la integración como en las funciones de los 11 comités que ella, por decisión personal, preside.

Aunque estos comités se crearon, en abril de 2007, durante la presidencia de Flavio Galván, Alanís los modificó para presidirlos ella y tener siempre la última palabra, como consta en el acuerdo del 28 de febrero de 2008, cuyo punto 8 establece:

“Los comités podrán sesionar con la presencia de la mayoría de sus miembros. Si el presidente fuese el ausente, las decisiones que se tomen estarán condicionadas en cuanto a su ejecución; en caso de que esté de acuerdo, se procederá de inmediato a su ejecución, y cuando disienta de ellas se replantearán en la siguiente sesión a la que asista.”

Eso se acabó: Los magistrados decidieron arrebatarle ese poder a Alanís, cuyo acuerdo se formalizará una vez que resuelvan el caso Peña Nieto, aun si ella, que es ponente en el juicio, no se excusa como lo exige el PAN y como lo recomendó el ministro José Ramón Cossío.

“Yo creo que si ella lo considera y si efectivamente estuvo ahí, pues esas son las causales de impedimento que nosotros tendríamos que señalar”, declaró el ministro.



Pérdida de confianza



Este argumento fue utilizado por el senador panista Rubén Camarillo para presentar en el Senado, el martes 5, un punto de acuerdo “que exhorta a diversas autoridades electorales a conducirse con imparcialidad y objetividad en sus encargos para garantizar la equidad del proceso electoral en el Estado de México”.

Camarillo, quien desde ese día es el secretario de Elecciones del PAN, argumentó también que el Código de Ética de los servidores públicos del TEPJF, en el capítulo 1, obliga al juzgador a “rechazar cualquier tipo de recomendación que tienda a influir en la tramitación o resolución de los asuntos que se sometan a su potestad, incluso las que pudieran provenir de servidores del Poder Judicial de la Federación”.

El numeral 2.4 define, también, que los juzgadores deben abstenerse “de citar a las partes o personas vinculadas con ellas fuera de las oficinas del órgano jurisdiccional en el que ejerza su función”.

Además, ese Código de Ética define a la independencia como “la actitud del juzgador frente a influencias extrañas al derecho, provenientes del sistema social. Consiste en juzgar desde la perspectiva del derecho y no a partir de presiones o intereses extraños a aquél”.

También define a la imparcialidad como “la actitud del juzgador frente a influencias extrañas al derecho, provenientes de las partes en los procesos sometidos a su potestad. Consiste en juzgar, con ausencia absoluta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de alguno de los justiciables”.

El legislador del PAN citó la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que define las causas por las que un magistrado electoral está impedido a conocer de un asunto:

“Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas a que se refiere la fracción anterior; asistir, durante la tramitación del asunto, a convite que le diere o costeare alguno de los interesados, tener mucha familiaridad o vivir en familia con alguno de ellos; o cualquier otra análoga a las anteriores.”

Razonó Camarillo: “Debido a la reunión y a los posibles temas que en ella se discutieron, se considera que la magistrada presidenta del Tribunal Electoral está incurriendo en violaciones a dicho código. Esta situación trae como consecuencia la pérdida de confianza en la imparcialidad de las decisiones del Tribunal, en general. De ahí que se le esté exhortando a que se excuse de conocer en el presente caso”.

El senador recordó que, durante muchos años, México ha librado batallas muy importantes para establecer un procedimiento electoral que garantice la imparcialidad, el respeto y la certeza de las decisiones de los ciudadanos.

“La elección en el Estado de México no escapa a esta situación. Esta elección debe realizarse con equidad y certeza jurídica a fin de que los ciudadanos que habitan en dicho estado estén en posibilidades de elegir a la mejor opción entre sus posibles gobernadores. Es muy importante que tanto el Instituto Electoral del Estado de México y el Tribunal Electoral de dicha entidad, como las autoridades electorales federales en los ámbitos de sus respectivas competencias garanticen su imparcialidad frente al proceso electoral que se desarrolla en este año.

“Así, también, se podrá garantizar la confianza y el respeto que privará durante las elecciones federales del próximo año. De esta forma, los avances que se han tenido no se echarán en saco roto y no se retrocederá en el camino para consolidar la democracia.”

En este asunto se rompió la unidad que el presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, tiene con el PAN, porque no apoya que Alanís se excuse.

“Más allá de la excusa, lo que importa va a ser el contenido de la ponencia que represente y, por supuesto, del contenido de la sentencia”, dijo Zambrano tras reunirse con Alanís y otros magistrados, a quienes les pidió ratificar que Peña Nieto violó la Constitución y la ley…

*Tomado de la revista Proceso.