Los beneficiarios*

Tomados de La Jornada, El Fisgón y Helguera y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Luis Javier Garrido

La pregunta de a quién beneficia la “guerra contra el narco” de Felipe Calderón tiene una respuesta evidente: al proyecto intervencionista de Washington y a los intereses económicos, financieros y políticos del grupo yunquista-calderonista en el poder en México. De ahí la negativa violenta de Calderón a detener la escalada de violencia en la que funda sus políticas de ambición transexenal.

1. El clamor nacional de “¡Ya basta!”, dirigido al gobierno del PAN, más intenso tras la ejecución del joven Juan Francisco Sicilia y sus compañeros el 28 de marzo en Temixco, Morelos, está siendo desvirtuado por una virulenta campaña propagandística y de desinformación del gobierno, pretendiendo que debe ser dirigido “al crimen organizado” y no a los panistas, que son, como todo mundo sabe, quienes han generado la violencia y la están administrando en función de sus intereses económicos y políticos, y que para muchos mexicanos forman parte de una mafia que debe ser calificada también como parte del “crimen organizado”.

2. Tras de que un grupo de trabajo de Naciones Unidas recomendó al gobierno el retiro, a corto plazo, del Ejército de este escenario (31 de marzo), un vocero oficial respondió que los militares continuarían en las calles, pero ahora que ha crecido la movilización promovida por el poeta Javier Sicilia –que al no obtener respuesta exige la renuncia de las autoridades de Morelos y anuncia una marcha a la capital–, el propio Calderón reiteró fúrico su negativa a terminar con la violencia en un discurso desbocado el martes 12, en el que pretendió eximirse de responsabilidad por haber llevado a México a un baño de sangre en función de intereses privados.

3. Las sinrazones del gobierno calderonista para seguir administrando la violencia y confundiendo a los mexicanos son muy claras: cumplir sus compromisos entreguistas con Washington, a fin de conseguir el respaldo de la Casa Blanca para que Acción Nacional siga en Los Pinos en 2012 y los beneficiarios de la violencia continúen adueñándose del país.

4. La cuestión de ¿cuál es el sentido de la supuesta “guerra de Felipe Calderón” contra el narcotráfico? se la formula también, entre otros, Noam Chomsky en su último libro Esperanzas y realidades (Tendencias Editores, Barcelona, 2011), respondiéndose que para interpretarla habría que responder a la cuestión de “¿a quien beneficia?”, y no duda en afirmar, coincidiendo con diversos especialistas de Naciones Unidas, que esta “guerra” es “una caricatura”, pues ha dejado intactos los poderes económicos privados “que participan masivamente en el tinglado”.

5. El endurecimiento fascistoide del gobierno entraña por lo mismo una serie de señales a esos beneficiarios de la guerra “de Calderón” que son las grandes corporaciones trasnacionales, que él busca no lo abandonen en el año 2012. De ahí el perverso intento oficial por criminalizar al movimiento electricista y al SME, torpemente secundado por Marcelo Ebrard, también por ambiciones futuristas, o la desesperación de Los Pinos por hacer aprobar al Congreso la contrarreforma laboral que pretende dejar en letra muerta el artículo 123 y cancelar los derechos de los trabajadores mexicanos.

6. La política intervencionista de Estados Unidos en la era postbushiana se ha sustentado en cuatro “argumentos” que han quedado evidenciados en lo que va del siglo XXI como pretextos mal fundados: la defensa de los derechos humanos (Libia) y la lucha contra el terrorismo (Irak), la guerrilla (Colombia) y el narcotráfico (México), calificados alternativamente como narcoterrorismo. La pretendida “lucha contra el narcotráfico” es ahora el más utilizado, y por eso a pocos especialistas extrañó que la 28 Conferencia Internacional contra las Drogas, auspiciada por la DEA, se efectuara en Cancún del 5 al 7 de abril, ni que su presidente fuese Genaro García Luna, titular de Seguridad Pública –señalado en diversas ocasiones por sus vínculos con el narcopoder–, ni mucho menos que la principal conclusión de esta reunión fuese la tesis intervencionista de la administración Obama: que la lucha contra el narcotráfico debe ser en el futuro “global”, para obviamente “legalizar” la entrada de las agencias estadunidenses armadas a los países en los que Washington tenga intereses estratégicos.
7. Las sospechosas matanzas de días recientes, atribuidas sin fundamento al narco, inciden en este escenario de intervencionismo, pues tras el descubrimiento a principios de mes de por lo menos 120 fosas en San Fernando (Tamaulipas) –donde en agosto de 2010 fueron ejecutados 72 migrantes–, el miércoles 13 varios legisladores estadunidenses, tras reiterar el argumento de que México es “un Estado fallido” y que la situación representa un peligro para el pueblo de Estados Unidos, se plantearon la posibilidad de enviar tropas a nuestro país.

8. El senador Michael McCaul, tras pretender que no hay una estrategia “integral” de Washington sobre México y sugerir en una audiencia ante el Subcomité de Asuntos Hemisféricos de la Cámara de Representantes, se apliquen aquí “los esquemas de Colombia”, recordó que ahora hay un gobernante en México que quiere trabajar con ellos, pero que al desconocerse en Washington que acontecerá en las próximas elecciones y si seguirán teniendo, tras 2012, “las mismas oportunidades”, era la hora de diseñar una “nueva estrategia” que debería iniciarse con lo que llamó “una operación militar conjunta”.

9. Muy significativo es que el miércoles 13 en su programa nocturno los locutores de Televisa coincidieran con la tesis del “desastre institucional” que permite “justificar” el intervencionismo y que, como lo hicieron algunos diarios mexicanos del 14, sostuvieran que Tamaulipas “no es ya parte del Estado mexicano”, que no ejercen ahí sus funciones “el gobierno estatal ni las autoridades municipales” (Loret de Mola), que existe “un gobierno del crimen organizado” y estamos ante “un Estado fallido” (López Dóriga). A casi un año del homicidio no aclarado de Rodolfo Torre Cantú, candidato del PRI a la gubernatura, el 28 de junio de 2010, se busca arrebatar a los priístas la entidad, llevarla a un estado de excepción y, con vistas a 2012, utilizarla como el escenario de ensayo de un abierto intervencionismo estadunidense.

10. El consenso nacional que se ha ido generando en estos meses es muy claro frente a todo esto. La “estrategia” del gobierno panista de facto para supuestamente luchar contra el narco, ha generado una espiral de violencia y está permitiendo a las fuerzas más oscuras del yunquismo-calderonismo auspiciar matanzas brutales para justificar la tesis del “Estado fallido” y el intervencionismo de Washington, y no puede ser considerada como una “estrategia equivocada”, como suponen ciertos sectores. Es abiertamente una estrategia perversa, con objetivos económicos y políticos muy evidentes, y por eso se le está espetando a Calderón, señalado como responsable del desastre, ese contundente: “¡Ya basta!”.

*Tomado de La Jornada.