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miércoles, agosto 12, 2009

Familia y aborto, la ola discriminatoria*


















Tomados de La Jornada, Helguera, Hernández, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.



JENARO VILLAMIL

MEXICO, DF, 11 de agosto (apro).- El pasado 23 de julio, el Congreso de Yucatán aprobó reformas a los artículos 1 y 94 de la Constitución local para consagrar a la familia como "una institución por medio de la cual se establece la unión jurídica de un hombre y una mujer", así como el respeto a la vida "desde el momento de la fecundación", además de modificaciones al artículo 392 del Código Penal que refuerzan las sanciones y un "tratamiento médico integral" a la mujer que practique el aborto.



A pesar de la oposición de decenas de organismos civiles que pidieron un mayor debate sobre estos asuntos, la gobernadora priista Ivonne Ortega Pacheco avaló estas reformas el 7 de agosto, sumándose así la entidad peninsular --donde se redactó una de las Constituciones más liberales de la era posrevolucionaria-- a una ola de conservadurismo legislativo que suma ya 13 entidades.

En todas ellas se han aprobado enmiendas legales para elevar a rango constitucional la "protección a la vida humana desde la concepción hasta la muerte", cerrándole así el paso a la interrupción legal del embarazo (ILE), así como a cualquier otra modalidad de unión civil entre personas del mismo sexo.

Los verdaderos espantajos para los grupos conservadores son los modelos de sociedad de convivencia (aprobados en el Distrito Federal) o los pactos civiles de solidaridad (avalados en Coahuila).

Por cierto, en ninguna de estas dos entidades se ha generado una crisis familiar ni tampoco los grupos creyentes han dejado de ejercer sus derechos, mucho menos se han desatado "los grupos degenerados" como suelen exclamar los nuevos fariseos.

Lo más grave en el caso de Yucatán, fue la ausencia de un debate auténtico. Las fracciones legislativas aplicaron la "aplanadora" para imponer estas reformas que ni siquiera figuraban en la agenda más urgente de las necesidades sociales de la entidad.

Fueron 24 de los 25 diputados locales los que votaron en favor, incluyendo a 14 legisladores del Revolucionario Institucional –partido que supuestamente defiende un Estado laico-, nueve del PAN –fuerza que perdió la gubernatura, pero mantiene la hegemonía conservadora en temas morales-- y una diputada de Todos Somos Yucatán, coalición de grupos locales donde participa Convergencia, supuesta agrupación de izquierda. La única diputada que votó en contra fue la perredista Bertha Pérez Medina.

La agrupación Abogados Católicos de Yucatán, integrante de la coalición Red Pro Yucatán, que, en enero de este año cabildeó la iniciativa, argumentó que "los temas de adopción y matrimonio están inspirados en valores y principios cristianos".

Curiosamente, similares argumentos se expusieron en entidades como Guanajuato, Puebla, Jalisco, Morelos y San Luis Potosí donde se han aprobado esas contrarreformas.

¿En qué momento el PRI y sus mediáticos gobernadores se olvidaron de que estos temas deben ser legislados en función del principio laico de separación de los asuntos de Estado de las creencias religiosas?

Los abogados católicos están en todo su derecho de defender su profesión de fe, pero eso no puede convertirse en un principio legislativo que eche abajo más de 150 años de defensa de la laicidad –que no ateísmo-- de los asuntos civiles y penales.

Lo más preocupante es el apoyo explícito de legisladores priistas, como ha ocurrido en Puebla, Yucatán y San Luis Potosí. ¿No constituye una vergüenza que la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, que se presume defensora de la equidad de género, y la gobernadora yucateca Ortega Pacheco, recién divorciada, simplemente apoyen con su silencio o con su firma estas reformas que forman parte de una oleada conservadora que sólo alienta el prejuicio y el estigma contra todos aquellos modelos de familia que no entren en el esquema de los matrimonios heterosexuales?

Organizaciones como Repavih, Unasse, Oasis San Juan de Dios, Colectivo El Rebelde, entre muchas otras, argumentaron en la prensa yucateca que estas reformas van en contra de dos artículos de la Carta Magna federal: el cuarto, que si bien consagra la protección de la familia, no plantea como modelo único a aquellas formadas por un hombre y una mujer (¿acaso las madres solteras están fuera de este modelo? ¿Qué decir de las sociedades conformadas por mujeres o varones y que operan como familias mucho más funcionales que las "heterosexuales"?); y el primero, que explícitamente prohíbe toda forma de discriminación por origen étnico, nacional, género, edad, condición social, de salud, de opiniones, de preferencias o estado civil (¿acaso no es discriminatorio colocar fuera del estado constitucional a aquellos modelos familiares que no entran dentro del rango de la uniformidad moral?).

En un artículo publicado en la prensa local, el antropólogo Uuc Kib Espadas polemiza con las pretensiones uniformadoras de estos cambios:

"La reforma no impide que se formen parejas homosexuales. Lo único que hace es negarles el reconocimiento legal. Es decir, la reforma no 'fortalece la familia cristiana', sino que penaliza, con gran mezquindad, a quienes desean establecer otros tipos de unión a la vista de la sociedad y con reconocimiento del Estado, con los consecuentes derechos y obligaciones".

En una conferencia durante la presentación del libro Para la libertad, siete leyes históricas, el exprocurador general de la República y exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Diego Valadés, condenó el proceso de "regresión" que se ha generado en todas estas entidades, y advirtió que con estas reformas "se está desmontando el estado de derecho, pues se están creando normas constitucionales ficticias".

Lo único que no es ficticio es la ola de prejuicios, de estigmatización y de falsos absolutos morales que sólo lo que alientan son las prácticas vergonzantes, el clóset, la hipocresía y la violación de derechos humanos fundamentales.

Si uno lleva al absurdo los argumentos de la exposición de motivos de las reformas yucatecas, entonces deberían clausurarse hasta las escuelas de monjas, donde sólo hay niñas, o los orfanatos donde dignas mujeres solteras –sin la figura de un santo varón-- educan a decenas de infantes. Aún más: ¿acaso los gays, lesbianas, transgéneros, así como mujeres que deciden ejercer su derecho a la interrupción del embarazo, no formaron parte de familias heterosexuales? ¿Quién tira la primera piedra en estos temas?

Comentarios: jenarovi@gmail.com

*Tomado de la revista Proceso.

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