Calderón perdió el rumbo: “The Washington Post”*

Tomado de La Jornada, Hernández.

J. JESúS ESQUIVEL

WASHINGTON.- Ante el fracaso y los errores de la lucha militarizada contra el narcotráfico del gobierno de Felipe Calderón, el periódico estadunidense The Washington Post concluye que “a México le urge una nueva estrategia” para combatir a los cárteles de la droga, y subraya que una portada de Proceso ejemplifica el declive de las tácticas políticas del presidente mexicano.

En su edición del 28 de julio, el principal diario de la capital de Estados Unidos destaca que Calderón perdió el respaldo de la sociedad y provocó el triunfo electoral del PRI en las elecciones federales del 5 de julio.

“Parece que Calderón está cada vez más aislado en México. Está debilitado por la derrota de su partido (PAN) en las recientes elecciones de mitad de sexenio y por la implacable carnicería” que ha significado la lucha antidrogas, indica el rotativo en un amplio reportaje de primera plana.

Luego, fundamenta esa conclusión: “Una portada de la influyente revista Proceso presenta una fotografía de 12 cuerpos apilados, mutilados y atados de manos que pertenecen a agentes federales, bajo el título ‘La guerra de Calderón’”.

El Post explica que algunos funcionarios de Estados Unidos consideran necesario un replanteamiento de la lucha contra el narcotráfico en México, pues el Ejército mexicano no ha dado los resultados que prometió Calderón, sobre todo para contener la narcoviolencia.
“Incluso dentro del partido político de Calderón hay aliados que claman por un cambio en las tácticas y dicen que el despliegue de 45 mil soldados para la lucha contra los cárteles es un plan errado que se apoya mucho en el uso de la fuerza militar para mitigar la contundente violencia y estado de anarquía generado por el narcotráfico”, asegura el reportaje.

El diario cita a funcionarios del gobierno de Estados Unidos que alertan: México “enfrenta una lucha más larga y sangrienta que lo pronosticado, y probablemente requerirá de más asistencia del gobierno estadunidense”.

Lo más grave es que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, hace sentir al Post que la estrategia militarizada de Calderón parece un barco a la deriva: “Nadie nos ha dicho qué alternativa tenemos”, declaró el responsable de la seguridad interior de México.
Otro problema para Calderón es la pérdida de confianza de la población mexicana en que la intervención de las fuerzas armadas es la solución al problema, pues “ni los despliegues masivos de soldados ni los arrestos de capos del crimen organizado han impedido que los cárteles desaten actos espectaculares de violencia”, agrega el Post.

La inseguridad genera en la sociedad la percepción de que el Ejército está siendo derrotado por los narcotraficantes, lo cual se sustenta en los constantes hallazgos de cuerpos de soldados y policías ejecutados o de civiles decapitados y torturados por el crimen organizado, como lo ejemplificó Proceso hace dos semanas.

Pese a ello, el diario estadunidense señala que funcionarios mexicanos aseguran que “el gobierno de Calderón no tiene la intención de cambiar el curso de la lucha contra el narcotráfico”, según atribuye al senador panista Ramón Galindo, quien le dijo al Post que “Calderón se siente solo”.

En contraste, Anthony Placido, el jefe de operaciones de inteligencia de la Administración Federal Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), aunque sostuvo que es innecesario modificar la estrategia del gobierno mexicano, advirtió que “Calderón está luchando contra reloj” y aseguró que el presidente mexicano “requiere de darle un fuerte golpe al narcotráfico para mantener en el corto plazo el respaldo público a la intervención del Ejército”, remató The Washington Post.


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Los abusos del calderonismo*


GLORIA LETICIA DíAZ

De acuerdo con las tendencias actuales, el gobierno de Felipe Calderón se perfila para superar con mucho a sus antecesores priistas y al panista Vicente Fox en los registros de atentados contra la libertad de expresión.

Esta opinión es sostenida por Perla Gómez Gallardo, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa, autora de Libertad de expresión. Revisión metodológica de las agresiones a periodistas en México, su libro más reciente, publicado por la Fundación para la Libertad de Expresión.

La académica asegura que los periodistas mexicanos no sólo están expuestos a desa­pariciones, asesinatos y amenazas. También, indica, las leyes suelen ser utilizadas de manera abusiva para demandarlos, en tanto que la restricción de publicidad gubernamental se usa como “mecanismo de castigo a los medios críticos”.

Gómez Gallardo ha participado como litigante en tres casos emblemáticos de atentados contra la libertad de expresión: Gerardo Sosa Castelán vs. Alfredo Rivera Flores y Miguel Ángel Granados Chapa; Regino Díaz Redondo vs. Miguel Ángel Granados Chapa, Froylán López Narváez y Canal Once, y Consuelo Villalobos Ortiz vs. Eduardo Huchim, Rubén Lara y otros.

Esos procesos judiciales le han permitido a Gómez Gallardo fortalecer las bases de investigación para el trabajo que desarrolla en el Departamento de Estudios Institucionales de la UAM-Cuajimalpa.

Los litigios, comenta, tienen elementos comunes con casos como el de Marta Sahagún contra Proceso y la periodista argentina Olga Wornat.

“En todos esos juicios –dice– hay irregularidades cuando se tramitan. El propio Poder Judicial, en el mejor de los casos, no está a la altura por ignorancia, pues sus integrantes desconocen las leyes en la materia. En el peor, están plagados de artimañas legales de las que se valen los demandantes para chicanear los procedimientos a fin de alargarlos”.
Al ser entrevistada por este semanario, Gómez Gallardo destaca que casos como los mencionados –“puestos de moda” por Marta Sahagún– permiten documentar que en México se puede agredir “desde la ley” a medios y a periodistas incómodos.

Ello es posible, argumenta, cuando los demandantes –por lo general figuras públicas– recurren a leyes anacrónicas como la de Imprenta y la de Radio y Televisión, así como a códigos civiles y penales de los estados que mantienen vigentes los delitos contra el honor –entre los que se encuentran la difamación, la calumnia y la injuria–, lo que indica que la derogación de los mismos establecida por la reforma al Código Penal Federal del 6 de marzo de 2007 es una mera simulación.

La investigadora considera que la administración calderonista ha utilizado de manera discrecional el otorgamiento de publicidad gubernamental para premiar o castigar a medios de comunicación. Y puede hacerlo, explica, debido a que no existe una ley que regule y dé transparencia a la asignación de recursos públicos destinados a la promoción del quehacer estatal.

El presidente abusa de esta atribución “en busca de exterminar a los medios incómodos, y Proceso es claro ejemplo de ello. Además, no canaliza esos recursos económicos a los competidores, sino que los destina para fortalecer al duopolio televisivo”. Y aquí, puntualiza, “no se está rompiendo ni violando la ley; se está haciendo un uso abusivo de ésta. En cambio, cuando quieres defender a un periodista, no hay manera”.

–¿Cuáles son esos casos? –se le pregunta.

–Cuando son víctimas de agresiones, desapariciones y homicidios. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (Feadp), dependiente de la Procuraduría General de la República, no cuenta con facultades, recursos ni personal para cumplir con su función. Y cuando se hace la investigación no se agota la línea de atentado a la libertad de expresión, no se investiga qué publicaba (el periodista), que había publicado, qué iba a publicar, a qué intereses estaba afectando. Siempre meten la pista falsa: un crimen pasional, un accidente o que la víctima sólo pasaba por ahí.

En el marco de la guerra contra el narcotráfico emprendida por Calderón, añade, las autoridades atribuyen los crímenes contra periodistas al crimen organizado, sin esclarecer los hechos. Se olvidan de que “cuando un periodista deja de publicar por una agresión, no sólo se violan sus derechos, sino que perdemos todos el derecho al conocimiento que nos iba a transmitir”.

Afirma que en muchos casos las organizaciones criminales atacan a los medios de comunicación cuando “se empiezan a documentar los vínculos del narcotráfico con la corrupción del gobierno”. Así lo han confirmado, dice, investigaciones realizadas por agrupaciones como la Fundación Manuel Buendía, Reporteros sin Fronteras y Artículo 19, entre otros.

Señala que el gobierno de Calderón, así como el de Vicente Fox, se han caracterizado por un incremento en las acciones contra la libertad de expresión, lo que no excluye el hecho de que los gobiernos priistas ejercieron un control férreo en los medios, al punto de que no había pluralidad en ellos.

Sin embargo, aclara, en la actual administración el aumento de los ataques contra periodistas no tiene precedente. Y refiere que en el más reciente informe de la Fundación Manuel Buendía, presentado el pasado 21 de julio, se consigna que durante los primeros dos años de los gobiernos de Ernesto Zedillo y de Vicente Fox se registraron seis asesinatos de periodistas, respectivamente, mientras que en el caso del régimen calderonista esta cifra ascendió a 17 en el mismo lapso.

Sostiene que la impunidad que ha prevalecido en cuanto a las agresiones a periodistas y medios ha dado lugar a la autocensura, sobre todo en el norte del país, e inhibido las denuncias sobre amenazas.

Gómez Gallardo explica que ante la inoperatividad de la Feadp, instancia que descalifica las denuncias presentadas por diferentes agrupaciones, decidió, en colabo­ración con Omar Raúl, de la Fundación Buendía, y Balbina Flores, de Reporteros sin Fronteras, “hacer una revisión metodológica, depurar los casos, clasificarlos en dos tipos de agresiones, directas e indirectas, y categorizarlas en términos adecuados para el tipo de responsabilidad civil, penal o administrativa”.

De este proyecto surgió el libro referido, en el que clasificó 869 agresiones a periodistas y a medios de información ocurridas entre 2000 y el primer cuatrimestre de 2008. De este número, 591 corresponden a periodistas, 255 a medios, y 23 a ambos.

El trabajo coordinado por la investigadora de la UAM logró documentar en ese lapso de casi ocho años 42 asesinatos, ocho desapariciones forzadas, 147 agresiones físicas y 37 demandas entre los ataques más graves a periodistas. En lo que se refiere a los medios registró 24 demandas, 36 atentados, 57 amenazas y tres quejas de bloqueo publicitario.

*Tomados de la revista Proceso.