Sin castigo alguno en el país de leyes

Tomados de La Jornada, Hernández, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Los nombres de los sacadólares que la semana pasada en complicidad con las “autoridades” del desgobierno del pelele Felipe Calderón Hinojosa desvalijaron las reservas del Banco de México son: Bimbo, Grupo Maseca, Telmex, Alfa, FEMSA. Comercial Mexicana, BBVA Bancomer, Grupo Industrial Saltillo, Vitro, Santander, Casas Geo, ING, Grupo Posadas, Banamex, etc. Es decir los mismos que orquestaron el fraude electoral de 2006 y que ahora son beneficiados por el usurpador Calderón Hinojosa con las reservas internacionales de México.

El nefasto titular de Hacienda, Agustín “Tonina” Carstens se ha negado a informar de manera oficial los nombres de los saqueadores de 2008, pero leyendo la lista de arriba se trata de los mismos que desde hace décadas sangran al país, mientras se cubren con la bandera del estado de leyes y el manto protector de la impunidad prohijado por las corruptas instituciones que ellos mismos se han dado. Basta de la mentira de las “instituciones que los mexicanos nos hemos dado”, ellos y sólo ellos son los que han impuesto y quitado leyes a su conveniencia.

Como se ha repetido hasta el cansancio en radio y televisión el ataque contra el peso –y por ello contra la economía de más de 100 millones de mexicanos- fue fraguado y llevado a cabo por empresas que tenían que pagar el pasado fin de semana préstamos contraídos en dólares. Por bancos que mandaron esos dólares a sus matrices en el extranjero –Estados Unidos, Gran Bretaña, España- y por casas de bolsa y aseguradoras que especularon para ganar dinero. Dicen los sesudos que no está penado especular –y empobrecer aún más a millones de mexicanos- y mucho menos hacer dinero de esta manera. Lo que no se entiende es que el Banco de México utilizara 9 mil millones de dólares para saciar a los sacadólares. ¿Por qué no dejó de vender?

La respuesta es simple. Se trató de otro “rescate” a los poderosos y ricos del país para que sigan siéndolo. La venta al por mayor de la divisa estadunidense ahorró muchos dolores de cabeza, como las discusiones legislativas, tomas de tribunas, marchas y mítines. Total, si de todos modos iban a beneficiar a los de siempre, mejor hacerlo rápido y con la ley en la mano. El cinismo a toda prueba.

Declaraciones irán y vendrán. Castigos verbales serán disparados por todos los actores políticos, pero no pasará de ahí. El saqueo se concretó esta vez y se volverá a repetir. ¿Quién hace las leyes? Pues los mismos que las disfrutan en casos como este o como el del sindicalismo charro que tampoco tienen que entregar cuentas a nadie de los miles de millones de pesos que recibe de nuestros impuestos para ser una borregada dócil a la voz del amo.

Todos hacen fortuna al amparo de los recursos y dinero de México y los mexicanos. Todos con la ley en la mano. Esas mismas leyes que en las cámaras de senadores y diputados son votadas para el regocijo de los corruptos que durante casi un siglo han hecho del país lo que han querido. El Estado de derecho que pregonan es una compilación de leyes al servicio de la corrupción e impunidad. Y todavía robándose las elecciones a ojos de todo el mundo tienen el descaro de gritar: ¡si no les parece la ley... cámbienla!


A continuación dos colaboraciones tomadas de la revista Proceso.

http://www.proceso.com.mx/

Suprema Corte: el doble rasero

John M. Ackerman

El pasado 29 de septiembre, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y un puñado de intelectuales lograron lo que un movimiento social de millones de mexicanos articulado alrededor de la causa indígena no pudo alcanzar en 2002. Hace seis años, con el afán de demostrar su "independencia" frente a las presiones políticas del momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recurrió a argumentaciones exageradamente formalistas para rechazar las impugnaciones a las reformas constitucionales en materia indígena. Hoy, al tratarse del CCE, la Corte ha transformado radicalmente sus criterios de interpretación para dar entrada (parcialmente) a los amparos de los empresarios en contra de la reforma electoral. La justicia de nuevo se quita la venda y demuestra que no es tan ciega como creíamos.

En los dos casos, la materia en disputa fue si la Corte tenía facultades para revisar el proceso seguido para reformar la Constitución. En 2002, un control de este tipo hubiera sido particularmente importante dadas las irregularidades cometidas por los congresos estatales y el enérgico rechazo de los pueblos indígenas a las reformas.

Las modificaciones constitucionales implicaban una abierta traición a los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena. Específicamente, la organización civil Servicio Internacional para la Paz (Sipaz) dijo entonces: "La reforma aprobada no reconoce a las comunidades y pueblos indígenas como sujetos de derecho público, limita el alcance de su autonomía al ámbito municipal, reduce el derecho a la participación y representación política de los pueblos indígenas, y tampoco reconoce el derecho de éstos a sus territorios y a los recursos naturales existentes en ellos. Por estas razones, tampoco es congruente con el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, ratificado por México".

Pero en lugar de tomar esa oportunidad para ampliar sus criterios de interpretación, la Suprema Corte, apabullada por la creciente movilización social, decidió atrincherarse y abdicó de su responsabilidad de ejercer control constitucional. El resultado fue un sensible agravamiento de la conflictividad y división sociales imperantes. El obispo Arturo Lona incluso llegó a declarar después del fallo que "ahora lo que se espera es violencia, porque a eso están incitando".

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) seguiría una estrategia similar para la calificación de la elección presidencial de 2006, y con las mismas nefastas consecuencias. Afortunadamente, tanto los dirigentes indígenas como López Obrador supieron canalizar por vías pacíficas el repudio social a las instituciones realmente existentes. Pero en ambos casos los órganos jurisdiccionales atizaron el conflicto social con su actuación sesgada encubierta en una careta de "formalismo" constitucional.

Al exponer sus razonamientos en el caso indígena, la ministra ponente Olga Sánchez Cordero sostuvo que "se ha hecho un pronunciamiento estrictamente jurídico y constitucional de este asunto". Posteriormente, en un artículo publicado en El Universal, la ministra se declaró ofendida por las críticas hacia la Suprema Corte a raíz de aquella decisión histórica. "¿Qué se esperaba de la Suprema Corte de Justicia? ¿Que apartándose del camino de la Constitución diera una respuesta inocua, pero sensible?". Según la ministra, simplemente no existía otra opción, ya que "nuestra Constitución carece de mecanismos constitucionales para controlar jurídicamente el procedimiento de reformas a la Constitución."

Hoy, en cambio, en la resolución de los amparos del poderoso CCE, todos pudimos ver la actuación de una Olga Sánchez Cordero totalmente diferente: "Me pronuncio por que sí puede ser controlada (el proceso de reforma constitucional) y (por) que debe ser observado el debido proceso". En un desesperado intento por conciliar su posición actual con la que adoptó en el caso de 2002, la ministra argumentó que el caso indígena no tenía que ver con el poder de la Corte de revisar el proceso de reforma constitucional, sino únicamente con la cuestión de si los municipios podrían presentar controversias constitucionales. Sin embargo, tanto sus propias declaraciones como el contenido de la tesis de jurisprudencia aprobada en aquella sesión histórica de 2002 ("Procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución. No es susceptible de control jurisdiccional") desmienten su dicho y revelan el trasfondo político de su cambio de criterio.

Es de celebrarse la decisión de la Suprema Corte de por fin asumir la responsabilidad de ejercer un control de calidad sobre los procedimientos de reforma constitucional. Es deplorable, sin embargo, que la palabra indígena no fue escuchada y que tuvimos que esperar seis años hasta que la voz del dinero tuviera eco en la Corte. Nuestros jueces deberían ya darse cuenta de que hacen un flaco favor al país y a la justicia cuando se enfrentan tercamente a movimientos sociales genuinos y democráticos.


+++++++++++++++


Interés Público


Morelos como anticipo

Miguel Angel Granados Chapa


La prolongada huelga magisterial en Morelos, que se ha extendido ya durante siete semanas, ha generado conflictos adicionales, o los ha puesto en evidencia en forma tal que acaso se condensa en esa entidad un anticipo de la situación nacional en el futuro próximo.

El paro de los profesores que rehusaron iniciar el curso escolar 2008-2009 el 21 de agosto tiene como propósito impedir en Morelos la vigencia de la Alianza por la Calidad de la Educación. Se trata de un ambiguo documento, al mismo tiempo pacto laboral y programa de políticas públicas. Lo suscribieron la secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez, y la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Ester Gordillo. No obstante que implica modificaciones relevantes en las condiciones de trabajo del magisterio, integrado por centenares de miles de personas en todos los niveles y formas de la educación pública, el documento no fue ya no digamos analizado entre el personal docente, sino ni siquiera difundido. Firmado en mayo, muchos maestros empezaron a conocer su contenido en agosto, cuando comenzaron las clases y cuando se practicaron exámenes para el ingreso y promoción al servicio magisterial.

El concurso de oposición así establecido es necesario, y por sí mismo saludable (en el doble sentido de digno de saludo y portador de salud) porque permitirá extirpar uno de los cánceres del sistema educativo, que es el tráfico de plazas o su utilización como medio de manipulación política. Pero anunciado de buenas a primeras, sin suficiente información, resultó lesivo para la imagen del profesorado, cuya imagen se deterioró gravemente por las malas calificaciones, reprobatorias en la mayor parte de los casos, de quienes aspiraban a tornar definitivas plazas que ocupaban en calidad de interinos a veces por prolongados períodos. Sin duda es posible conciliar bienes jurídicos encontrados, como el derecho que da la antigüedad con la prueba de suficiencia que proporciona un examen. Y se hubieran podido ensamblar posibilidades en apariencia contradictorias de haberse sometido el documento en que consta la Alianza a debate en el sindicato.

Pero no fue así. De modo que al aproximarse el comienzo del curso la inconformidad contra la Alianza fue expandiéndose en todo el país, sobre todo como es obvio en los territorios donde la disidencia es formalmente mayoritaria (y por lo tanto controla los comités seccionales), pero también donde no lo es, o parecía no serlo.

En Quintana Roo y Morelos sorprendió la rebelión de las bases, que superaron a su dirigencia formal y resolvieron no abrir el curso para impedir la vigencia de un acuerdo que obliga a quienes no tuvieron ocasión de debatirlo y ni siquiera de conocerlo. En aquella entidad peninsular el paro cesó hace ya varias semanas, concluido en una suerte de empate político o aplazamiento de las cuestiones de fondo, pactado para lograr el comienzo del curso. Pero la autonomía de las bases respecto de sus líderes regionales quedó ya establecida y no será remoto que en la próxima renovación del comité seccional las bases rebeldes se doten de su propia autoridad formal.

A diferencia de Quintana Roo, donde la disidencia apareció en una suerte de generación espontánea (dicho obviamente como metáfora), en Morelos había precedentes de movilizaciones contrarias al predominio de Carlos Jonguitud Barrios y Gordillo, como cabezas del "institucionalismo", desde fines de los setentas, cuando se creó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Roto con extrema violencia el intento de autonomía sindical, la Sección 19 vivió durante un largo período la combinación de conformismo e imposición que permite a Gordillo regir vastas zonas del sindicalismo magisterial, hasta que el descontento se organizó de nuevo y suspendió las labores en el momento mismo en que debían comenzar.

La huelga ha sido combatida con la vasta panoplia con que cuentan los intereses creados. Aprovechando la rala capacidad de exposición de sus razones, los maestros paristas han sido calumniados como si fueran zánganos voraces que no quieren someterse a reglas nuevas y desean comerciar con sus plazas. Ha habido, efectivamente, en el magisterio un intenso tráfico de puestos de trabajo, gestionado por autoridades y líderes sindicales, que son quienes cuentan con la posibilidad legal de asignar plazas. Por más ganas que tuvieran los profesores de vender su plaza no están en capacidad formal de hacerlo. Además de deformar las posiciones de los huelguistas, se les sometió a la fatiga del paso del tiempo sin acceder a entablar diálogo con ellos. La prolongación del paro por esa sordera amañada (pues el gobierno local panista pretendía arreglar la situación con el comité seccional rebasado por las bases) generó inconformidad en grupos sociales que demandan, con razón, que las escuelas funcionen y los escolares reciban enseñanza. Su exigencia por iniciar los cursos fue alimentada por el gobierno y se han abierto un reducido número de establecimientos, cada uno de los cuales es un foco de conflicto en potencia.

Al mismo tiempo, sin embargo, grupos sociales persuadidos de las razones magisteriales (o proclives a rechazar las posiciones gubernamentales porque han sufrido en carne propia decisiones al margen de la ley o dañinas para el interés general en asuntos como el deterioro ambiental o el choque entre modernidad y tradición en materia inmobiliaria) apoyan la huelga de los profesores y lo manifiestan obturando caminos federales. Eso condujo a la represión: si bien no pueden ser cohonestadas las actitudes de manifestantes que retienen a agentes de la autoridad y los maltratan, menos aún puede ser admitida la dimensión violenta de la respuesta gubernamental.

Un dato preocupante asomó esta semana en ese aspecto del conflicto morelense. No sólo participaron en los ataques a disidentes y resistentes fuerzas policiacas, sino que apareció el Ejército, algo que no había ocurrido en Atenco o en Oaxaca. Aunque su presencia fue marginal, diríase que simbólica, o por eso mismo, no puede dejar de señalarse que asignar de nuevo a los militares funciones de represión política (distintas del combate a la delincuencia organizada, discutibles también) significa un retorno al peor autoritarismo, el que asesinó a civiles indefensos en la Plaza de las Tres Culturas. Tal vez se buscó intimidar solamente, o amenazar con el incremento de la fuerza castrense en caso de que no ceda la rebelión magisterial. Pero, en cualquier caso, hacer que soldados, jefes y oficiales embatan directamente contra quienes protestan nos sitúa en un estadio donde puede aparecer con naturalidad el estado de sitio (o de emergencia), que implica el sacrificio de libertades en bien del orden.

Pretender que un conflicto social puede encararse con sólo medidas de fuerza y hacer participar en ellas a militares, es acaso la lección que en Morelos quiera dar el gobierno a los maestros y con ellos a la sociedad entera, como adelanto de lo que pudiera ocurrir en el resto del país.