Confabulación para robar*

Tomados de La Jornada, Hernández, El Fisgón y Rocha y El Universal, Naranjo.


José Gil Olmos y Pedro Matías

Las indagaciones en torno a la administración del antipopular priista Ulises Ruiz en Oaxaca han permitido confirmar lo que ya se presumía: un largo caudal de corrupción que involucra a 32 exfuncionarios. Acusados por la secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Oaxaca, Perla Woolrich Fernández, de un quebranto al erario equivalente a casi 3 mil 700 millones de pesos, algunos ya fueron detenidos, otros se ampararon y unos más de plano huyeron.

OAXACA, OAX.- El gobierno de Ulises Ruiz Ortiz en Oaxaca ha sido calificado como una administración “de corrupción perfectamente diseñada”, ya que a lo largo de seis años dejó una estela de irregularidades cuantificadas hasta ahora en 3 mil 697 millones de pesos y que involucran a sus principales colaboradores, algunos de los cuales han huido de la entidad.

Luego de efectuar una revisión a fondo de la administración de Ruiz, la titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Oaxaca, Perla Woolrich Fernández, no duda en señalar que ese gobierno estuvo marcado por la asociación delictuosa. Ello debido a que todas las áreas están manchadas por la corrupción y las confabulaciones para el desvío de los recursos públicos a favor de funcionarios que se enriquecieron de manera súbita e inexplicable.

En entrevista con este semanario, la contralora comenta que aún faltan por concluir 31 auditorías, de las cuales ocho ya están muy avanzadas. También indica que no será fácil llevar ante la justicia a los funcionarios corruptos, pues antes de que terminara su gestión el gobierno de Ulises Ruiz modificó las leyes para tipificar como no graves los delitos de peculado y el desvío de recursos, así como otros relacionados con la corrupción. Asimismo, afirma, se les asignó un periodo de prescripción muy corto.

Pese a todo, asegura, el gobierno del estado irá “hasta el fondo” y presentará querellas penales y administrativas contra numerosos exfuncionarios acusados de enriquecimiento inexplicable, entre ellos el propio exmandatario estatal, quien salió huyendo del estado.

Al cabo de seis meses de investigaciones y auditorías ya fueron detenidos Gonzalo Ruiz Cerón, quien era coordinador general de Transporte, por presunto tráfico de concesiones y permisos para taxis, así como Manuel Alejandro Hernández Muñoz, exdirector de Finanzas de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), acusado de abuso de autoridad, ejercicio indebido de atribuciones y peculado por 736 millones de pesos.

Pero los desvíos de las arcas públicas oaxaqueñas por parte de funcionarios del gobierno de Ulises Ruiz podrían sumar muchos miles de millones de pesos más, pues hasta ahora sólo se han dado a conocer resultados de 16 de las 45 auditorías realizadas.

Por lo pronto, según el expediente de la averiguación previa 84(FCIE)2011 –copia de la cual le fue proporcionada a Proceso–, el juez del penal de Ixcotel, Andrés Manuel Jiménez López, ordenó la aprehensión de cinco colaboradores cercanos de Ulises Ruiz acusados de ejercicio indebido de funciones, coalición de funcionarios, abuso de autoridad, peculado y enriquecimiento ilegítimo, aunque podrían derivarse otros delitos a partir de las investigaciones realizadas por Woolrich Fernández, el secretario de Finanzas Gerardo Cajiga y el consejero jurídico Hugo Alejo Torres.

El 9 de julio pasado, el juez Jiménez López libró órdenes de captura contra quienes fueron secretario de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib; subsecretario de Egresos, Fernando González García; jefe de la Unidad Administrativa de la Dirección de Comunicación Social, Jorge Efrén Rojas, y contra quienes fungieron como titulares de esta última dependencia, Raúl Castellanos y Soledad Rojas Walls, acusados de peculado por 495 millones 700 mil 229 pesos, suma que se destinó a campañas de prensa y de imagen de Ulises Ruiz en 2010.

En las elecciones para gobernador realizadas ese año, el candidato del PRI, Eviel Pérez Magaña, fue acusado de usar recursos oficiales en su campaña. De hecho, su jefe de prensa era Raúl Castellanos, quien dejó ese mismo cargo en el gobierno para sumarse a la campaña. Ahora enfrenta acusaciones de peculado, falsificación de documentos y usurpación de funciones, pues presuntamente autorizó millonarias campañas de imagen cuando ya había dejado de ser funcionario estatal.

Las indagaciones realizadas por el gobierno de Gabino Cué pusieron al descubierto una red de corrupción en el área de Comunicación Social, solapada por funcionarios que habrían violado leyes administrativas del estado al adjudicar de manera directa contratos por 200 millones de pesos a 13 empresas; compañías que pertenecen a un mismo grupo de personas, y algunas de las cuales fueron registradas apenas el año pasado en Puebla.



Una maraña de complicidades



Tras siete meses de investigaciones en las que se ha ido desmadejando la red de complicidades tejida durante el gobierno de Ulises Ruiz, el 18 de agosto la contralora Woolrich Fernández dio a conocer los resultados de 16 de 45 auditorías que se han realizado en contra de 32 exfuncionarios acusados de un quebranto por 3 mil 697 millones de pesos, y para quienes se han instruido procedimientos jurídicos administrativos y penales.

En conferencia de prensa realizada en esta capital, la contralora reveló que los quebrantos “son tantos y de tan amplia naturaleza que sería imposible por el momento entrar al estudio concienzudo de los mismos”. Pero de las 16 auditorías –cuatro a los sectores de infraestructura y salud; siete al educativo, social y cultural; tres a los de gobierno, justicia y seguridad, y dos al económico y de desarrollo productivo– se desprende que hubo una “confabulación” de servidores públicos para operar el presupuesto estatal de 2010 de manera discrecional y modificar las partidas inicialmente autorizadas por el Congreso.

La funcionaria comenta a este semanario que esos funcionarios actuaron de manera cínica y prepotente porque pensaron que nunca iban a perder el gobierno y que, por ende, no serían descubiertos.

E insiste: “El gobierno de Ulises Ruiz no fue una administración gubernamental, sino una asociación delictuosa porque el jefe del Ejecutivo hizo todos sus amarres y complicidades con el Congreso, con las autoridades municipales y con el Poder Judicial, para tapar sus desvíos y el grado de corrupción al que llegaron. Pero no les dio tiempo de ocultar todo, y lo que encontramos fue que en todas las dependencias había irregularidades; no se escapaba ninguna”.

Los colaboradores de Ruiz, dice, hicieron lo que quisieron. Se les atribuyen robos de mobiliario y de piezas de autos; utilización de nóminas ficticias; otorgamiento de concesiones de taxis y de notarías al por mayor, así como ampliaciones presupuestales a partidas no prioritarias.



El peso de la ley



Aunque la contralora de Oaxaca no especificó a quiénes se les fincarán causas penales, de acuerdo con la averiguación previa –cuya copia tiene Proceso– ya se giraron órdenes de aprehensión en contra del exsecretario de Finanzas Miguel Ángel Ortega Habib, el exsubsecretario de Egresos Fernando González García, los exresponsables de Comunicación Social Raúl Castellanos y su sucesora Soledad Rojas, así como en contra de Jorge Efrén Rojas, administrador de esta última área. A todos se les acusa de un quebranto superior a 495 millones de pesos.

El expediente señala que ellos se “confabularon” para lograr una ampliación del presupuesto en el área de Comunicación Social durante 2010, pues el Congreso del estado le había asignado 60 millones 690 mil 113 pesos; sin embargo, Raúl Castellanos y su sucesora Soledad Rojas pidieron ampliaciones que sumaron 495 millones 700 mil 229 pesos, “de manera desmedida e injustificada, sin dar cumplimiento con los requisitos de orden administrativo”.

El entonces secretario de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib, y el subsecretario de Egresos, Fernando González García, autorizaron 492 millones 173 mil 106 pesos para “programas adicionales, impresos, publicaciones y difusiones oficiales, ayudas diversas, promoción y fomento cultural, y promoción y fomento económico estatal”, rubros para los cuales el Congreso estatal únicamente había destinado 41 millones 670 mil pesos.

La ampliación autorizada para la promoción de imagen del gobierno en ese año electoral fue de 819.78%, que según la Contraloría fue injustificada, pues un incremento de esa magnitud sólo se hace “para la atención de aspectos de alta prioridad o derivados de situaciones naturales que provoquen estados de emergencia…”.

Los funcionarios cercanos a Ulises Ruiz, indica el expediente, “solicitaron y autorizaron la ampliación del presupuesto otorgado a la Coordinación General de Comunicación Social del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca, de manera desmedida e injustificada, sin dar cumplimiento a los requisitos de orden administrativo; porque en ese lapso de 2010 ampliaron el presupuesto para esa coordinación por un monto de 495 millones 700 mil 229 pesos, cuando en términos del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2010 únicamente se aprobó un presupuesto de 60 millones 690 mil 113 pesos”.

Asimismo, acredita que durante el tiempo que estuvieron a cargo del área de Comunicación Social, Raúl Castellanos y Soledad Rojas desviaron del erario recursos que no se encontraban destinados a la referida coordinación, y beneficiaron con adjudicaciones directas a 13 empresas que no reunían los requisitos que establecen la Constitución del estado; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y la Ley de Presupuesto y la normatividad para el ejercicio del presupuesto, “produciendo con ello un beneficio para los propietarios de dichas empresas y afectando la hacienda pública del gobierno del estado”.

Dichas empresas son Consulta, Estratega Palatino, GM Proyecto Tecnología 2010, Grupo Empresarial Culmen, Ingeniería de Proyectos Popoca, Kennedy Imagen Publicitaria, Nebraska Aplicación, Pixel Link, Procesos sin Riesgo, Proyectos Velia, Servicio Especializados Jade, Servicios Publicitarios HN, Banner y Tecnología. En todas aparecen los nombres de Ana Carolina Hernández, Emelia Sánchez Popoca, José Enrique Hernández Salazar, Ricardo Hernández Sánchez, José Héctor Hernández Mancera, Daniel Lara Flores y José Héctor Juárez Mancera.

Según la investigación hubo una “maliciosa confabulación” de Castellanos y Rojas, pues actuaron de forma “engañosa e ilegal” al favorecer a empresas que fueron dadas de alta entre 2009 y 2010 en Puebla y que oficialmente dieron un servicio de promoción de imagen del gobierno, así como de actividades turísticas, bajo contratos de prestación de servicios “diseñados en idénticas condiciones y estipulaciones, tanto de forma como de fondo, e inclusive sin variar siquiera el tipo de papel, tinta de impresión, y tintas en las firmas que los calzan, y que hacen presumir que fueron celebrados o elaborados ilegalmente en un solo momento.

“Es decir, se advierte que no fueron celebrados en la temporalidad en la que se detalla en sus respectivos contenidos, contraviniendo los criterios de honestidad y transparencia en el ejercicio público, máxime que tampoco fueron presentados los acuerdos y los contratos por los que se realizaron las adjudicaciones directas a la entonces Secretaría de la Contraloría, ahora Secretaría de Transparencia Gubernamental (…) y, peor aún, no se estipularon en dichos contratos el precio unitario, la fecha y condiciones de entrega de los servicios.”

El documento concluye que los contratos se hicieron de manera irregular porque la entonces directora de Comunicación Social, Soledad Rojas Walls, carecía de facultades legales para celebrarlos y las empresas no ofrecían un servicio que fuera considerado indispensable dentro de la administración pública, además de que pusieron precios muy altos y no cumplieron con los requisitos legales.

“Por lo tanto, se favorecieron del cambio de finalidad jurídica de los recursos obtenidos por la Coordinación General de Comunicación Social, ocasionando con ello un perjuicio económico de 200 millones 18 mil 329 pesos”, establece el expediente.

Refiere que Raúl Castellanos, siendo jefe de prensa de la campaña de Eviel Pérez Magaña, y Fernando González García, firmaron partidas especiales por 379 mil pesos en el rubro de Promociones y Fomento Cultural y Promoción y Fomento Económico Estatal. Es decir que cuando ya no eran funcionarios firmaron documentos oficiales. Por tales hechos están acusados de peculado, ejercicio indebido de funciones, usurpación de funciones públicas y falsificación de documentos.

Después de investigar y analizar las acciones de los funcionarios, de dar seguimiento a las decenas de cheques que expidieron de enero a noviembre de 2010 para pagar a decenas de empresas de medios –como Televisa y TV Azteca, con las que firmaron acuerdos de publicidad y promoción de imagen–, así como a las autorizaciones de ampliación de presupuesto, las actuales autoridades de Oaxaca advierten que entre los acusados hubo “actuación confabulada o coaligada” para dañar el patrimonio del erario estatal, “pues dichas autorizaciones exorbitantes y desmedidas no se encuentran justificadas normativamente”.

*Tomado de la revista Proceso.