Presunto culpable*

Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores.

Octavio Rodríguez Araujo

Todo documental tiene sesgos. Éstos responden al guionista, al director, al editor, a los patrocinadores y a otros muchos factores que se me escapan. Un amigo muy apreciado criticó recientemente la edición de que fue objeto Presunto culpable porque se seleccionaron las partes (de la larga grabación de un juicio) que convenían a sus intereses. Todo documental, como toda película, e incluso la mayor parte de las entrevistas, y hasta las noticias, es editado, y en general, con sesgos.

Sicko, de Michael Moore (2007), por ejemplo, miente olímpicamente al elogiar el sistema de salud pública de Canadá. Simplemente exagera el alcance de su cobertura y, sobre todo, la eficiencia de su funcionamiento. No lo critica y lo presenta como si fuera un modelo a seguir universalmente, especialmente en Estados Unidos. Tiene razón en demostrar que el sistema de salud estadunidense deja mucho que desear, que no cubre a muchos millones de habitantes de ese país, pero pasa por alto que la salud pública en Canadá no es tan eficiente como quisieran sus ciudadanos. Es un sistema muy burocratizado, como ocurre en México con los hospitales y clínicas del sector público de la salud, incluidos el ISSSTE y el IMSS.

El sistema de salud canadiense, que es universal, tiene deficiencias graves. Un médico amigo, canadiense, que trabaja en un hospital de Toronto, tuvo un derrame cerebral (stroke) y le dijeron que lo podían atender semanas después, cuando todo mundo sabe que es una urgencia que debe atenderse lo más pronto posible si se quiere evitar daño neurológico quizá irreversible. Tuvo que ir a Estados Unidos y pagar un hospital privado. A otro amigo, mexicano residente en Canadá, lo mandaron a su casa porque sus sangrados nasales no eran peligrosos. Vino a México y el médico se sorprendió de que no hubiera muerto: tenía la presión arterial por las nubes. Así pues, Moore, tan elogiado por su valentía y sus denuncias, sin cuestionamientos entre la gente progresista, es también sesgado.

El documentalista Juan Manuel Sepúlveda, citado en extenso por Julio Hernández López en Astillero, parece no darse cuenta de las barbaridades que dice. Afirma, por ejemplo, que detrás del documental Presunto culpable “se esconde una obra que recurre a los mismos vicios del sistema al que denuncia”, y más adelante señala que “el documental comete el mismo agravio que denuncia. Presupone la culpabilidad e incluso condena a todos los que no son su cliente-personaje. Es decir, el abogado-con-cámara no sólo abusa de la presunción de culpabilidad, inmediatamente la convierte en condena irrevocable, sin otorgarle al resto de los personajes el derecho de un juicio imparcial y un abogado defensor”.

Cuando uno ve en los judiciales su conveniente, obvia y cínica amnesia (“no me acuerdo”), a la fiscal (agente del Ministerio Público) no demostrar nada para sostener su acusación, sino simplemente decir que está haciendo “su chamba” y al juez aprobando y sonriendo cuando es testigo de tales aberraciones, no se puede decir que los documentalistas y sus patrocinadores presupusieron la culpabilidad de quienes no son “su cliente-personaje”. ¿En dónde se ha visto que el abogado defensor de un presunto delincuente le facilite las cosas a la parte acusadora y que le otorgue al resto de los personajes (el testigo, los policías judiciales, la agente del Ministerio Público y el juez) el derecho de un juicio imparcial y un abogado defensor, como dice el señor Sepúlveda? Además de que esto no le corresponde a un abogado defensor; si así lo hiciera, la barra de abogados tendría todo el derecho de suspenderle la licencia para ejercer su profesión. Los abogados defensores tienen la obligación profesional (ética aparte) de defender incluso a los culpables. Si no fuera así, no habría abogados. Los fiscales, por otro lado, tienen la obligación de armar un juicio con pruebas y no basarlo en lo dicho por un testigo que igual puede estar diciendo mentiras. Y, finalmente, los jueces tienen la obligación de exigir pruebas, analizarlas, ponderarlas y revisar incluso si el expediente está bien armado o no para aceptar la procedencia de un juicio.

*Tomado de La Jornada.