Chihuahua: muerte y opacidad*
Tomados de La Jornada, Hernández y El Universal, Helioflores.
John M. Ackerman
De las más de 10 mil ejecuciones perpetradas en 2010 en el país, casi 3 mil han tenido lugar en el estado de Chihuahua. De éstas, más de 2 mil se han suscitado en Ciudad Juárez, hoy una de las ciudades más violentas del mundo. Las recientes recriminaciones entre la ex procuradora de Chihuahua Patricia González y el ex alcalde juarense José Reyes Ferriz demuestran que en ese estado las instituciones públicas están podridas hasta la médula. La derrota de las fuerzas militares y el recrudecimiento de la violencia en Ciudad Juárez a partir de la llegada de la Policía Federal evidencian la profunda debilidad de las autoridades federales.
Si no se toman acciones definitivas para corregir el rumbo, Ciudad Juárez podría llegar a ser el espejo de todo el país. El título del programa gubernamental Todos somos Juárez supuestamente expresa la solidaridad de México con los juarenses, pero igual podría llegar a simbolizar que todo México siga el ejemplo de esta ciudad bañada de sangre.
La única esperanza reside en la construcción de un movimiento ciudadano combativo y crítico que vigile y denuncie a las autoridades públicas corruptas e ineptas. La participación ciudadana “bien portada” y “respetuosa”, que tanto gusta al gobierno y a Televisa, simplemente no es suficiente frente a esta desbordada situación.
Afortunadamente, el valiente ejemplo de Luz María Dávila, madre de uno de los jóvenes asesinados en Villas de Salvárcar, quien declaró a Calderón persona no grata en tierras juarenses, empieza a contagiar a la sociedad entera. Los jóvenes han tomado el estandarte en días recientes por medio de la organización del movimiento Si nos dan a un@, nos dan a tod@s y las Kaminatas contra la muerte, que demandan la salida del Ejército y la Policía Federal, así como la investigación de los numerosos ataques a los derechos humanos y a la integridad física de periodistas y luchadores sociales.
En contraste, el gobierno estatal hace todo lo posible por cerrar el acceso ciudadano a la información que permitiría una contraloría social efectiva. El 29 de septiembre, unos días antes de que el gobernador José Reyes Baeza culminara su mandato, el PRI logró imponer una peligrosa contrarreforma a la ley de transparencia local, que contiene un rosario de violaciones al artículo sexto de la Constitución federal. Ello podría convertir esta ley en una de las peores del país, cuando hoy, al menos en la letra, es una de las más avanzadas.
Claudia Alonso, la consejera más destacada del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), ha denunciado que la reforma reduce de manera drástica el universo de entidades del sector privado que estarían sujetas a la ley. Antes, cualquier persona física o moral que ejerciera “una función pública” era sujeto obligado de la ley. A partir de la reforma únicamente lo serían quienes “reciban recursos públicos en los términos de la Ley de Asistencia Social Pública y Privada”. Esta restricción es particularmente grave dada la inminente aprobación de la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas que a escala federal autoriza la subrogación generalizada de casi cualquier servicio público.
Otro grave retroceso radica en la nueva definición de información “veraz”. Mientras la Real Academia define este concepto como algo “que dice, usa o profesa siempre la verdad”, el nuevo texto legal define información con esta característica como la que “corresponde a la que realmente posee el sujeto obligado”. Así, de un plumazo, se convierte una ley que debe proporcionar información “verdadera” a la ciudadanía a una norma que únicamente permite el acceso a los documentos burocráticos que “realmente poseen” las entidades gubernamentales. Se abre la puerta a un estratosférico aumento de declaraciones de “inexistencia” de documentos.
La reforma también elimina la obligación del gobierno de siempre desglosar la información por género; burocratiza y retrasa el proceso de contestación de las solicitudes y de resolución de los recursos de impugnación, e introduce nuevas causales para desechar solicitudes, por ejemplo, cuando sean “ofensivas”. Las modificaciones centralizan la gestión interna del Ichitaip al restar facultades al Consejo General y entregarlas al consejero presidente y el secretario ejecutivo. Elimina también la prohibición de que personas que hayan ocupado puestos de elección popular sean consejeros.
De manera absurda y antijurídica, la reforma requiere que “las argumentaciones” de las resoluciones del instituto sean “breves” y que los consejeros disidentes redacten sus “votos particulares” en apenas 24 horas, atendiéndose “únicamente al principio de sencillez”. Asimismo, elimina la obligación del Poder Judicial de publicar de oficio todas las resoluciones que hayan causado estado y del Instituto Electoral de publicar todas las quejas resueltas por violaciones a la ley electoral. Ahora, las autoridades solamente tendrán que subir a la Internet una “estadística” de las resoluciones y una “relación” de las quejas.
El nuevo gobernador, César Duarte, todavía cuenta con ocho días para publicar el decreto o, en su caso, emitir “observaciones” y devolverlo al Congreso local. Esta semana tendrá lugar un importante foro sobre el tema organizado por Francisca Jiménez y el Observatorio para el Acceso a la Información Pública de Chihuahua (www.grupobserva.org/), en el cual una amplia diversidad de voces exigirá al gobernador que tome la decisión correcta. El país entero estará muy atento a su decisión.
A Dan Lund, ejemplo de lucidez y compromiso, in memoriam.
http://www.johnackerman.blogspot.com / http://twitter.com/@JohnMAckerman
De las más de 10 mil ejecuciones perpetradas en 2010 en el país, casi 3 mil han tenido lugar en el estado de Chihuahua. De éstas, más de 2 mil se han suscitado en Ciudad Juárez, hoy una de las ciudades más violentas del mundo. Las recientes recriminaciones entre la ex procuradora de Chihuahua Patricia González y el ex alcalde juarense José Reyes Ferriz demuestran que en ese estado las instituciones públicas están podridas hasta la médula. La derrota de las fuerzas militares y el recrudecimiento de la violencia en Ciudad Juárez a partir de la llegada de la Policía Federal evidencian la profunda debilidad de las autoridades federales.
Si no se toman acciones definitivas para corregir el rumbo, Ciudad Juárez podría llegar a ser el espejo de todo el país. El título del programa gubernamental Todos somos Juárez supuestamente expresa la solidaridad de México con los juarenses, pero igual podría llegar a simbolizar que todo México siga el ejemplo de esta ciudad bañada de sangre.
La única esperanza reside en la construcción de un movimiento ciudadano combativo y crítico que vigile y denuncie a las autoridades públicas corruptas e ineptas. La participación ciudadana “bien portada” y “respetuosa”, que tanto gusta al gobierno y a Televisa, simplemente no es suficiente frente a esta desbordada situación.
Afortunadamente, el valiente ejemplo de Luz María Dávila, madre de uno de los jóvenes asesinados en Villas de Salvárcar, quien declaró a Calderón persona no grata en tierras juarenses, empieza a contagiar a la sociedad entera. Los jóvenes han tomado el estandarte en días recientes por medio de la organización del movimiento Si nos dan a un@, nos dan a tod@s y las Kaminatas contra la muerte, que demandan la salida del Ejército y la Policía Federal, así como la investigación de los numerosos ataques a los derechos humanos y a la integridad física de periodistas y luchadores sociales.
En contraste, el gobierno estatal hace todo lo posible por cerrar el acceso ciudadano a la información que permitiría una contraloría social efectiva. El 29 de septiembre, unos días antes de que el gobernador José Reyes Baeza culminara su mandato, el PRI logró imponer una peligrosa contrarreforma a la ley de transparencia local, que contiene un rosario de violaciones al artículo sexto de la Constitución federal. Ello podría convertir esta ley en una de las peores del país, cuando hoy, al menos en la letra, es una de las más avanzadas.
Claudia Alonso, la consejera más destacada del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), ha denunciado que la reforma reduce de manera drástica el universo de entidades del sector privado que estarían sujetas a la ley. Antes, cualquier persona física o moral que ejerciera “una función pública” era sujeto obligado de la ley. A partir de la reforma únicamente lo serían quienes “reciban recursos públicos en los términos de la Ley de Asistencia Social Pública y Privada”. Esta restricción es particularmente grave dada la inminente aprobación de la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas que a escala federal autoriza la subrogación generalizada de casi cualquier servicio público.
Otro grave retroceso radica en la nueva definición de información “veraz”. Mientras la Real Academia define este concepto como algo “que dice, usa o profesa siempre la verdad”, el nuevo texto legal define información con esta característica como la que “corresponde a la que realmente posee el sujeto obligado”. Así, de un plumazo, se convierte una ley que debe proporcionar información “verdadera” a la ciudadanía a una norma que únicamente permite el acceso a los documentos burocráticos que “realmente poseen” las entidades gubernamentales. Se abre la puerta a un estratosférico aumento de declaraciones de “inexistencia” de documentos.
La reforma también elimina la obligación del gobierno de siempre desglosar la información por género; burocratiza y retrasa el proceso de contestación de las solicitudes y de resolución de los recursos de impugnación, e introduce nuevas causales para desechar solicitudes, por ejemplo, cuando sean “ofensivas”. Las modificaciones centralizan la gestión interna del Ichitaip al restar facultades al Consejo General y entregarlas al consejero presidente y el secretario ejecutivo. Elimina también la prohibición de que personas que hayan ocupado puestos de elección popular sean consejeros.
De manera absurda y antijurídica, la reforma requiere que “las argumentaciones” de las resoluciones del instituto sean “breves” y que los consejeros disidentes redacten sus “votos particulares” en apenas 24 horas, atendiéndose “únicamente al principio de sencillez”. Asimismo, elimina la obligación del Poder Judicial de publicar de oficio todas las resoluciones que hayan causado estado y del Instituto Electoral de publicar todas las quejas resueltas por violaciones a la ley electoral. Ahora, las autoridades solamente tendrán que subir a la Internet una “estadística” de las resoluciones y una “relación” de las quejas.
El nuevo gobernador, César Duarte, todavía cuenta con ocho días para publicar el decreto o, en su caso, emitir “observaciones” y devolverlo al Congreso local. Esta semana tendrá lugar un importante foro sobre el tema organizado por Francisca Jiménez y el Observatorio para el Acceso a la Información Pública de Chihuahua (www.grupobserva.org/), en el cual una amplia diversidad de voces exigirá al gobernador que tome la decisión correcta. El país entero estará muy atento a su decisión.
A Dan Lund, ejemplo de lucidez y compromiso, in memoriam.
http://www.johnackerman.blogspot.com / http://twitter.com/@JohnMAckerman
*Tomado de La Jornada.
posted by Liberation at
7:43 a.m.
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