La hora de la macrorrevancha*

Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Jenaro Villamil



Envalentonados, los priistas hacen crecer su pleito con el gobierno federal para imponerle condiciones después de la jornada electoral de este 4 de julio. Culpan a Felipe Calderón de la inseguridad derivada de la guerra contra el narcotráfico, critican su llamado al acuerdo de unidad entre fuerzas políticas y sociales, lo acusan de espiar a varios gobernadores del PRI y le recuerdan que él puede despachar en Los Pinos gracias al tricolor. Así quieren sentar las bases de un “nuevo diálogo”.



Hábiles en el manejo de los tiempos y del discurso político ante el gobierno federal, los priistas contraatacaron por la guerra sucia contra tres de sus gobernadores y rechazaron el diálogo a raíz de la ejecución de Rodolfo Torre Cantú –candidato del PRI en Tamaulipas–, aunque no rompieron con Felipe Calderón, con quien piensan establecer una nueva interlocución en condiciones de debilidad gubernamental frente a los resultados electorales de este 4 de julio.

“No queremos hablar del 4 de julio, queremos hablar del futuro del país, de cuál va a ser el camino que se va a seguir”, sentenció Jesús Murillo Karam, secretario general priista, el viernes 2, a 10 años de la derrota del PRI en las presidenciales de 2000 y a unas horas de la jornada electoral en la que esperaban arrasar en las 12 gubernaturas y ganar la mayoría de las 477 diputaciones locales en disputa.

En el mismo sentido se manifestaron también el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y los coordinadores del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, y en la Cámara de Diputados, Francisco Rojas, días después del duro discurso pronunciado por la dirigente nacional Beatriz Paredes el martes 29 de junio: el diálogo será después del 4 de julio y deberá ser “serio, autocrítico y que corrija la ruta que se emprendió hace cuatro años”.

A nombre del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Murillo Karam también respondió así a los tres mensajes al hilo que durante la última semana lanzó Felipe Calderón para entablar una negociación con los priistas a fin de remontar la crisis de inseguridad pública derivada de la guerra contra el narcotráfico:

“Hemos oído ese mensaje muchas veces, hemos hecho las propuestas, presentamos un planteamiento completo. Ahí están prácticamente todas. No queda ninguna iniciativa de ley sin aprobarse... (Calderón) tiene todo el derecho del mundo a no tomar en consideración esta propuesta. La propuesta está ahí, es muy clara y está vigente.”

Murillo también subrayó el último agravio en vísperas de los comicios: acusó al subsecretario de Gobernación, Roberto Gil, de ser responsable de la salida de Arely Gómez, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), por “diferencias de criterios”. El exgobernador de Hidalgo afirmó que esta renuncia vulnera la independencia del organismo.

“Un cambio en la Fepade no refleja en lo absoluto ningún síntoma de lo que se nos pidió en el discurso, de buscar la concordia, de buscar la legalidad, de buscar el mejor de los caminos para la democracia. No podemos dejar de manifestar nuestra plena y absoluta inconformidad con la marcha atrás en el proceso democrático de México”, abundó Murillo Karam.



Cambios en el gabinete



En la hoja de ruta de las distintas fuerzas priistas, el diálogo con el gobierno federal para después del 4 de julio pasa por algunas condiciones: en primer lugar, un cambio de interlocución en la Secretaría de Gobernación. Su titular, Fernando Gómez Mont, se ha visto rebasado y nulificado, señalan, por la espiral de violencia, por sus desafortunadas intervenciones para justificar la lucha contra el narcotráfico y hasta por el episodio del espionaje y la divulgación de las llamadas telefónicas de los gobernadores de Veracruz, Oaxaca y Puebla.

Los priistas también han acusado al titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra, por un “ejercicio parcial y electorero” de los recursos de combate a la pobreza. El 23 de junio el diputado federal Sebastián Lerdo de Tejada, hombre de confianza de Beatriz Paredes, anunció que el PRI iba a promover denuncias penales ante la Fepade y revisar la posibilidad del juicio de procedencia contra Félix Guerra.

Otro sector más duro responsabiliza a la jefa de la Oficina de la Presidencia, Patricia Flores, de ser artífice de la guerra sucia contra los gobernadores, de nombrar a delegados de Sedesol y de la SCT proclives a la línea electoral panista y también de la fallida estrategia de las alianzas entre el PAN y el PRD.

También el fantasma del conflicto poselectoral de 2006 está presente. Paredes le recordó a Calderón que gracias al PRI se pudo instalar su gobierno y el 30 de junio, Manlio Fabio Beltrones caracterizó así el diálogo después de los comicios de este 4 de julio:

“Será un diálogo parecido a aquel que permitió en 2006 que México no se destruyera y que las instituciones siguieran siendo respetadas frente a aquellos que las retaban y, sobre todo, las denostaban”, advirtió el poderoso senador que mantuvo una intensa interlocución con Juan Camilo Mouriño.

En el mismo sentido, el coordinador de los diputados del PRI, Francisco Rojas, dejó abierta la puerta para retomar la interlocución:

“Creemos que el diálogo al que convoca el presidente debe ser productivo y de él deben emanar acciones concretas y un ejercicio serio y autocrítico que corrija la ruta que se emprendió hace cuatro años sin diagnóstico, sin estrategia y sin calcular los alcances del crimen organizado”, afirmó Rojas.

Gracias a ese diálogo de 2006 el PRI sacó amplias ventajas: puso como condición la defensa de los gobernadores de Puebla, Mario Marín, y de Oaxaca, Ulises Ruiz, envueltos en escándalos y acusaciones de ejercicio arbitrario del poder; defendieron a Enrique Peña Nieto frente a la represión del movimiento de San Salvador Atenco y negociaron su apoyo a una reforma fiscal que nunca se concretó.

La presión para cambiar la estrategia de combate al crimen organizado será otra apuesta de las diferentes fuerzas priistas. A pesar de que gobierna en 19 entidades, en especial aquellas con mayores índices de violencia y pugna entre cárteles (Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, Durango y Veracruz) el PRI no asume su corresponsabilidad en la ola de crímenes e inseguridad pública y acusa a la administración federal de tener a los gobiernos priistas como “convidados de piedra”.



Crimen y endurecimiento



La mañana del 29 de junio en Ciudad Victoria, seis gobernadores priistas presionaron a la presidenta del PRI, Beatriz Paredes, para que su discurso frente al ofrecimiento de diálogo del primer mandatario Felipe Calderón marcara un claro deslinde y endurecimiento frente al gobierno federal.

“Me han instruido mis compañeros”, afirmó Paredes esa mañana en los funerales de Rodolfo Torre Cantú, “para que hoy en la tarde dirija un mensaje al priismo nacional, que no lo hacemos en este espacio porque éste es un espacio de duelo y nosotros no usamos los duelos para hacer cadenas nacionales, para ver si esto tiene algún sentido de reivindicación política, de políticas públicas que evidentemente son inexplicables.”

En esas horas de confusión y jaloneos para influir en la designación del candidato sustituto de Torre Cantú, el endurecimiento unificó a las fuerzas priistas. En especial los mandatarios Humberto Moreira, Enrique Peña Nieto –quien suspendió su gira a China–, Miguel Osorio Chong, Ivonne Ortega Pacheco y Jesús Reyes Baeza reclamaron que el nombramiento era una facultad del gobernador tamaulipeco, Eugenio Hernández Flores.

En el Distrito Federal, en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), los de Veracruz, Fidel Herrera, y de Tabasco, Andrés Granier, también le reclamaron al gobierno federal la falta de garantías y de seguridad. Granier, incluso, afirmó que cuatro mandatarios estatales habían sido amenazados por el cártel del Golfo y Los Zetas.

Atrás quedaron las presiones de las fuerzas políticas locales que propusieron a Óscar Almaraz, candidato a diputado local por el XIV distrito; a Manuel Muñoz Cano, coordinador de la campaña e hijo del desaparecido exdiputado federal Manuel Muñoz Rocha; a Antonio Martínez Torres y a Miguel González Salom, como posibles sustitutos de Torre Cantú. Para todos quedó claro que durante el funeral el discurso del hermano mayor, Egidio Torre Cantú, era una señal clara de que él iba a ser el sustituto.

También se filtró a varios medios la versión de que el exdirigente de la CNOP y actual presidente de la Fundación Colosio, Marco Antonio Bernal, buscaba la nominación. Se le atribuyó al coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y a Emilio Gamboa Patrón cabildear por Bernal. Beltrones envió un duro desmentido al periódico Reforma señalando que “ningún dirigente partidista, ningún gobernador, nadie podrá afirmar de cara a la verdad” que él hubiera presionado. “Eso se llama hacer ‘política carroñera’”, sentenció el desmentido firmado por Jesús Anaya, vocero de la bancada priista en el Senado.

En la tarde de ese mismo martes, en la sede nacional del PRI, la mayoría de los 19 gobernadores priistas más los coordinadores legislativos y los dirigentes de los sectores acompañaron a Paredes en la lectura de un comunicado que rechazó el llamado de Calderón a un diálogo nacional y le pasó la factura por el apoyo de ese partido a la toma de posesión del 1 de diciembre de 2006.

“Siempre hemos estado dispuestos a dialogar, pero con liderazgos legítimos y no fruto del oportunismo, que bregan en la borrasca de aguas tormentosas para ver si recomponen sus posicionamientos, cuando ha sido precisamente la irresponsabilidad y el cortoplacismo, el querer ganar a cualquier costo, lo que ha enturbiado el debate y envilecido la política.

“Nuevamente se le pide al PRI civilidad, cuando fue la responsabilidad democrática del PRI la que le dio vigencia a este régimen, cuando los legisladores de nuestro partido hicieron quórum para que se rindiera protesta”, afirmó Paredes en los dos párrafos medulares de su declaración.

A petición de los gobernadores, la dirigente nacional priista también coló otro duro reclamo por el “congelamiento” de los recursos presupuestales para el desarrollo en las entidades gobernadas por priistas y recordó el más reciente capítulo de la guerra sucia a través del “espionaje electoral” contra tres gobernadores del tricolor: Fidel Herrera, Ulises Ruiz y Mario Marín.

Paredes reprochó el fracaso de la política federal de combate al crimen organizado y atribuyó a ésta el asesinato de Torre Cantú:

“El crimen se inscribe en el clima de inseguridad que prevalece en nuestro país –22 mil 700 muertos durante el sexenio, según cifra oficial hasta marzo de este año–; se realiza este crimen en medio de un ambiente de crispación que ha sido y es altamente dañino para la vida nacional y que deteriora el destino democrático del país.”



“Voto por voto” y guerra sucia



El endurecimiento de los priistas forma parte de una estrategia no sólo para unificarse frente a un enemigo común sino un cálculo para garantizar el triunfo en las 12 entidades donde se elegirán gobernadores este 4 de julio.

Los dirigentes priistas consultados por Proceso prevén una ruta de conflicto poselectoral, especialmente en tres entidades: Oaxaca, Puebla y Sinaloa, donde sus candidatos están parejos con las coaliciones del PAN y el PRD.

En su último mitin antes del cierre legal de las campañas, Paredes tomó en Oaxaca el lema del excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador y afirmó que su partido defenderá su triunfo “voto por voto”.

Acompañada por Eviel Pérez Magaña, candidato de la alianza PRI-PVEM, Paredes afirmó que sólo el PRI sabe gobernar: “Por eso Oaxaca no merece una aventura, ni la responsabilidad de que el bien gobernar esté sujeto (...) por un propósito de revancha, síntomas que no acompañan al Revolucionario Institucional”.

Un día antes se publicaron dos encuestas domiciliarias que arrojaban una contienda muy cerrada entre Gabino Cué, candidato de la coalición opositora, y Eviel Pérez. Según Arcop-El Universal, Cué aventaja con 51 por ciento frente a 45 por ciento de Pérez, mientras que Reforma arrojó un empate de 48 por ciento.

Los mismos dirigentes priistas acusaron al gobierno federal de encabezar el espionaje y la filtración de llamadas telefónicas de los gobernadores Fidel Herrera, Ulises Ruiz y Mario Marín que se difundieron en varios medios nacionales e internet.

El gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, proclive siempre a un lenguaje conciliador con el gobierno federal, acusó de espionaje a Los Pinos y afirmó, incluso, que el asesinato de Torre Cantú es el resultado de un “Estado fallido”.

El 30 de junio, durante su conferencia de prensa en el Senado, Manlio Fabio Beltrones adelantó lo que horas después ocurrió: la renuncia de la titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Arely Gómez.

“Ha sido obligada a renunciar y habrá un nombramiento nuevamente, antes de las elecciones del próximo 4 de julio, que solamente busca ocultar el doble discurso”, denunció Beltrones.

“Por un lado se hace una convocatoria al diálogo y por el otro se toman decisiones electoreras, que buscan desde el gobierno tratar de influir en los resultados de las elecciones”, abundó el coordinador de los senadores priistas.

Apenas una semana antes, el 23 de junio, el diputado federal Sebastián Lerdo de Tejada, hombre de confianza de Beatriz Paredes, anunció que su partido iba a promover denuncias penales ante la Fepade y revisar la posibilidad de juicio de procedencia contra Heriberto Félix Guerra por el “ejercicio parcial” de los recursos y “la falta de respeto a la franja más vulnerable de los mexicanos, que son los que menos tienen en el país”.

Al informar sobre la renuncia de Arely Gómez, el vocero de la PGR, Ricardo Nájera, afirmó que se solicitó su separación del cargo por “diferencias de criterios para el manejo de la fiscalía”.

Murillo Karam expresó “nuestra plena y absoluta inconformidad” ante la renuncia de la titular de la Fepade y afirmó que la salida de Gómez fue “por diferencias de criterios”, lo que demuestra “la ausencia de independencia de la Fepade y la vulneración de un organismo que nació con autonomía técnica”.

*Tomado de la revista Proceso.