“Una lluvia de balas nos envolvió” +

Tomado de La Jornada, Hernández.

Gloria Leticia Díaz



Sobrevivientes del ataque a una caravana de activistas por los derechos humanos narran a Proceso los pormenores de la emboscada en que murieron Beatriz Cariño y el finlandés Jyri Jaakkola. Todos los testimonios apuntan a que el gobierno de Oaxaca, encabezado por Ulises Ruiz, tenía conocimiento de la visita de los internacionalistas pero no hizo nada para ayudarlos después de la matanza.



SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX.- “Vimos que había piedras obstaculizando el camino, por lo que decidimos regresar. Entonces una lluvia de balas nos envolvió. Eran unos 30 hombres con los rostros cubiertos y con armas de grueso calibre los que disparaban desde una ladera del cerro; la balacera duró unos 20 minutos”, cuentan los sobrevivientes de la emboscada a la caravana humanitaria en el municipio autónomo de San Juan Copala, en esta entidad el pasado 27 de abril. Ahí cayeron dos de los integrantes de la misión humanitaria: el activista finlandés Jyri Jaakkola y a la mexicana Alberta Beatriz Cariño.

Pablo González González, del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), Mónica Santiago, Esther Cruz Ortiz, David Venegas y Noé Bautista, integrantes de la caravana, aseguran a Proceso que se aproximaban ya a la comunidad La Sabana, controlada por la Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), cuando vieron el bloqueo en el camino y tomaron la decisión de dar marcha atrás.

Todos coinciden en que ese fue el momento en el que se inició el ataque contra ellos. Uno de los brigadistas alcanzó a ver a los paramilitares que los emboscaron poco antes de que iniciaran el ataque y les tomó varias fotos. Cuenta incluso que hubo un momento de sosiego debido a que los agresores recargaron sus armas y luego reanudaron el ataque.

Ese momento, relata uno de los entrevistados, fue aprovechado por los brigadistas, ocho de los cuales lograron internarse en el bosque y huyeron hacia Juxtlahuaca. Uno de los seis observadores humanitarios del grupo compuesto por 22 activistas logró sacar la memoria de la cámara y posteriormente difundió la fotografía del ataque que sufrieron él y sus compañeros.

De diciembre pasado a la fecha han caído 19 personas en la zona donde los paramilitares asesinaron a los dos activistas humanitarios el 27 de abril.

Mónica Santiago, quien viajaba en la primera de las camionetas, junto con otras 15 personas, asegura que vio cuando una bala se impactó en la cabeza de Beatriz Cariño; después caería el internacionalista finlandés: “Vi cuando Jyri, en un acto desesperado, tomó la cabeza de Bety y casi inmediatamente una bala le atravesó la cabeza a él. Después de que Bety cayó, sentí cómo la sangre me escurría por la espalda”, relata.

Pablo y Esther cuentan que se quedaron atrapados en el último vehículo de la caravana, una camioneta que abría sus puertas por la parte externa. Ambos, junto con Trinidad Sampablo, fueron encañonados y obligados a salir del vehículo. A los tres los interrogó el jefe del grupo paramilitar, a quien todos llamaban “sargento”. “Entre los paramilitares se hablaban en triqui”, precisa Esther.

En el interrogatorio, el “sargento” les preguntó por el paradero de Omar Esparza Zárate, dirigente de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), quien está amenazado de muerte por el grupo paramilitar.

Pablo y Esther comentan que los agresores vestían uniformes militares de camuflaje. Llevaban el rostro cubierto. “Por lo que he visto en la televisión, las armas que traían eran cuernos de chivo”, cuenta Pablo.



Ulises sabía



Anunciada con al menos dos semanas de anticipación al gobierno de Ulises Ruiz Ortiz por conducto de Miguel Álvarez, presidente de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), el grupo humanitario tenía la misión de llevar víveres a unas 700 familias atrapadas desde hace cuatro meses en un cerco impuesto por la Ubisort, organización vinculada con el PRI, señala Jorge Albino Ortiz, miembro del cabildo de San Juan Copala, autonombrado municipio autónomo desde 2007.

“El secretario general de Gobierno de Oaxaca, Evencio Martínez Ramírez –apunta Albino–, siempre supo de la visita, por lo que el gobierno de Ulises Ruiz miente cuando, para deslindarse de los hechos, dice que no tenía conocimiento de que la caravana se llevaría a cabo.

Albino Ortiz resalta que detrás de la “amnesia” del gobierno de Ulises Ruiz está el apoyo que presta a grupos como la “Ubisort, que desde que nació, en los noventa, se ha caracterizado por ser el brazo armado del PRI en la región; es un grupo paramilitar que tiene como líder a Rufino Juárez Hernández, quien fue alumno de Evencio Martínez en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), en la escuela de derecho”.

El ataque a los activistas provocó reacciones de preocupación en el cuerpo diplomático acreditado en México, por la falta de garantías que tienen los defensores de los derechos humanos para desarrollar su trabajo.

La exigencia de justicia fue compartida por la presidenta del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, la finlandesa Heidi Hautala, quien sugirió la formación de una comisión de la verdad para esclarecer los crímenes del 27 de abril.

Dos días después, al referirse al ataque, Hautala publicó en su blog que “las autoridades mexicanas deben investigar exhaustivamente los hechos y llevarlos a la justicia”.

Tras expresar su pésame a las familias de Jaakkola y de Cariño, la eurodiputada asentó: “Espero recibir un informe completo de lo que llevó a esta tragedia y pido que las autoridades mexicanas tomen medidas para evitar que esto se repita. Como presidenta del Subcomité del Parlamento Europeo, seguiré de cerca el desarrollo del caso. También apoyo la iniciativa para tratar de resolver el conflicto y formar una comisión de la verdad en Oaxaca para investigar los asesinatos y las violaciones a los derechos humanos”.

La reacción tardía del gobierno de Ulises Ruiz para rescatar a las víctimas movió el interés de la Unión Europea y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); ambas solicitaron por separado a la reportera Ana Lilia Pérez, de la revista Contralínea, “un informe detallado de los hechos” ocurridos en la región triqui de Oaxaca, donde quedaron atrapados dos de sus compañeros que cubrían la información de la caravana, así como dos defensores.

La preocupación del cuerpo diplomático acreditado en México se hizo evidente el día 29, cuando representantes de las legaciones de Estados Unidos, España, República Checa, Alemania, Francia, Finlandia y Portugal, así como personal del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y de la Cruz Roja Internacional se reunieron con organizaciones de derechos humanos y familiares de los defensores y periodistas agredidos para conocer detalles de lo ocurrido en San Juan Copala, a donde asistieron seis observadores de derechos humanos extranjeros.

Las organizaciones que participaban en la caravana denunciaron, el 28 de abril, la negativa del gobierno de Ulises Ruiz para entrar a la zona del ataque.

Los cuerpos de Cariño y Jaakkola fueron recuperados casi 24 horas después de la emboscada, en tanto que para rescatar con vida a los enviados de la revista Contralínea, desaparecidos después de la emboscada –la reportera Éricka Ramírez y el fotógrafo David Cilia, quien tenía tres impactos de bala–, tuvieron que pasar más de 48 horas. Sólo entonces el gobierno estatal puso un helicóptero a disposición de David Cilia Olmos, padre del fotógrafo, y de Miguel Badillo, director de la publicación, para que fueran ellos quienes buscaran a los periodistas.

En tanto, los activistas de Voces Oaxaqueñas Construyendo Alternativas (Vocal), David Venegas y Noé Bautista, cada uno con varias heridas de bala, lograron salir del cerco tras caminar siete horas por la sierra triqui, evadiendo a hombres armados y encapuchados que iban detrás de ellos.

Otras organizaciones que se sumaron a la condena son Front Line, Amnistía Internacional, Artículo 19 y la Federación Internacional de Derechos Humanos.

Por la agresión, la Procuraduría estatal abrió la investigación 114 (SJ) 2010.



Amenazas y viejas rencillas



Existe otro grupo, también señalado como paramilitar, que opera en la región triqui, encabezado por Heriberto Pasos Ortiz: el Movimiento Unificado de Lucha Triqui (MULT), creado en los ochenta y al que se le atribuyen los asesinatos de las locutoras de radio comunitaria Felícitas Martínez y Teresa Bautista, en abril de 2008.

En 2006, de las disidencias de la Ubisort y del MULT surgió el Movimiento Unificado de Lucha Triqui Independiente (MULTI), que en 2007 promovió la creación del municipio autónomo de San Juan Copala, cuya máxima autoridad es Jesús Martínez Flores.

Albino Ortiz, integrante del ayuntamiento autónomo, acusa a Rufino Juárez Hernández de estar detrás del ataque a la caravana, cuyos integrantes intentaban documentar el cerco al que está sometido ese municipio autónomo desde hace cuatro meses, cuando la Ubisort tomó la presidencia de esa localidad. Desde entonces no hay servicios básicos ni se permite el ingreso de alimentos.

“El lunes (26 de abril) Rufino Juárez dijo en una entrevista de radio que él no se hacía responsable de la seguridad de la gente que iba en la caravana, por eso él es responsable de los hechos”, destaca Albino Ortiz.

Ante la amenaza lanzada por Juárez, dice Albino, los organizadores de la caravana determinaron que, de haber personas u obstáculos impidiendo el paso hacia Copala, “nos retiraríamos. Sólo queríamos que defensores, observadores internacionales y medios constataran la existencia del cerco”.

Organizada por Beatriz Cariño, dirigente regional de la AMAP, la movilización estuvo integrada por miembros de la Red de Radios Comunitarias del Sureste Mexicano y de la organización Vocal.

Aunque al partir la caravana contaba con un contingente de profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), las versiones de los sobreviventes entrevistados por Proceso confirman que antes de llegar al camino que conduce a San Juan Copala, el vehículo en el que viajaban se despegó y no lo volvieron a ver.

La emboscada del día 27 contra una misión humanitaria no es la primera que ocurre en San Juan Copala. En 1982, recuerda Carlos Beas, dirigente de la AMAP, “una caravana encabezada por Rosario Ibarra de Piedra, en la que había 30 periodistas y decenas de activistas, fue atacada a balazos”.

Sobreviviente de ese ataque, Beas recuerda que “se trató de un acto de intimidación ante la intención de doña Rosario, y de quienes la acompañábamos, de denunciar la violencia que imperaba desde entonces en la región triqui, causada por los caciques locales, quienes en esa época, se decía, tenían el apoyo del cuartel militar que estaba entonces en San Juan Copala”.

El activista, presidente también de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) y conocedor de la zona triqui, asegura que detrás de la Ubisort y de otros “grupos paramilitares” en la región está el exsecretario de Gobierno de Oaxaca y actual diputado federal Jorge Franco.

“Se trata de una violencia de Estado dirigida contra quienes impulsan gobiernos autónomos no sólo en la región, sino en todo el estado de Oaxaca. En la zona triqui la lucha es por el poder político y la posesión de los recursos minerales locales, donde está el yacimiento de hierro más importante del país y que pretende entregarse a empresas extranjeras”, acusa.

Para la recuperación de las zonas autónomas, apunta, “Ulises Ruiz respalda a grupos paramilitares como el encabezado por Rufino Juárez, a quien le han dado tal poder que hoy ninguna autoridad policiaca ni militar ingresa a San Juan Copala; lo peor es que el gobierno estatal tuvo que negociar con la Ubisort para sacar de la zona los cuerpos de Bety y del compañero finlandés”.

El 29 de abril, en el momento en que aterrizó el helicóptero Bell 407, matrícula XAXAO, de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, los oficiales del cuerpo de Fuerzas Especiales, dirigidos por el comandante Guillermo Luna Gálvez, se encontraron con Rufino Juárez en la pista de aterrizaje para después trasladar al director de Contralínea, Miguel Badillo, y a David Cilia a la zona de conflicto.

“La emboscada a nuestros compañeros sólo confirma la existencia de grupos paramilitares en la región triqui, reconocidos por el gobierno del estado por su negativa a actuar. Pero lo peor es que nunca se había visto, ni en Irak ni en Colombia, que una misión internacional humanitaria fuera atacada. Eso sólo pasa en gobiernos como los de Ulises Ruiz y de Felipe Calderón”, comentó Rufino Juárez.


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Las raíces +


maría dolores parís pombo*



El brutal ataque, el martes 27 de abril, de un grupo paramilitar priista contra la caravana humanitaria de periodistas, activistas sociales y observadores internacionales que se dirigían al municipio autónomo de San Juan Copala, tiene sus orígenes en una historia de injusticia, corrupción e impunidad que caracteriza a esta y a otras regiones de Oaxaca. Desde inicios de este año, los cerca de 700 habitantes del municipio autónomo se encuentran sitiados por miembros armados de la Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort), una organización fundada por el PRI a mediados de los noventa. Les han cortado la luz, el agua y todos los servicios básicos; el médico del centro de salud ha tenido que irse; los niños no asisten a la escuela, y la escasez de víveres se está volviendo extrema.

La región Triqui Baja, ubicada en la Mixteca Oaxaqueña, lleva varios años de conflicto político entre grupos que luchan por el control de las comunidades y la recepción de recursos económicos del gobierno. Estos enfrentamientos han provocado centenares de muertes y el desplazamiento forzado de más de la mitad de la población triqui hacia otras zonas de México y a Estados Unidos. Desde mediados de los noventa, el conflicto se ha caracterizado por los asesinatos y los enfrentamientos armados entre el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y la Ubisort. En enero de 2007, disidentes de ambas organizaciones crearon el Municipio Autónomo de San Juan Copala (MASJC) con el propósito de pacificar la región a través de un gobierno indígena que se rigiera por usos y costumbres, sin la intervención de los partidos y organizaciones políticas.

Como en muchas zonas del país, en la triqui han reinado la total impunidad, la ausencia del estado de derecho y el abandono por parte de las instituciones estatales y federales. La falta de justicia en casi todos los asesinatos y los permanentes hechos de violencia han transformado la región en un territorio sin ley, donde los derechos humanos se violan cotidianamente y existe un verdadero clima de terror.

A pesar de la notable ausencia de las instituciones federales y estatales que deberían brindar los servicios básicos, la región Triqui Baja no carece de recursos públicos. Al contrario, durante los últimos años se ha visto inundada por millones de pesos canalizados a través del MULT y de la Ubisort. Estas agrupaciones gobiernan cada una a varios barrios de Copala con la connivencia y el respaldo político del gobierno del estado, con las armas y el control total del presupuesto que llega a “sus” comunidades, ya sea a través de las agencias municipales o bien directamente a los líderes.

En septiembre de 2003, en una entrevista que realicé en el barrio de Rastrojo a Rufino Merino, dirigente del MULT, éste me presumió que el gobernador acababa de entregarle más de 15 millones de pesos para la pavimentación de la carretera de Putla a Juxtlahuaca, que cruza toda la región y que actualmente es intransitable. Por otro lado, de acuerdo con documentos de la Secretaría de Desarrollo Social, en ese mismo año recibió también del Programa Oportunidades casi 18 millones de pesos, más que cualquier otra organización en el estado de Oaxaca, incluyendo las oficiales. Cabe señalar que, a diferencia de otras regiones rurales donde el programa opera con la entrega de becas a las madres de familia, en la región triqui las agencias municipales “recogen” la totalidad de los apoyos monetarios y hacen uso de ellos de acuerdo con sus propias prioridades.

El apoyo del gobierno del estado a los grupos paramilitares se hizo evidente en 2003, cuando el MULT fundó el Partido de Unidad Popular. El PUP, presentado por sus dirigentes como el primer partido político indígena del país, es sobre todo una experiencia más de las prácticas de manipulación y división del voto opositor y de la cooptación de los movimientos sociales por parte de las élites priistas en Oaxaca. En efecto, uno de los artífices principales del nuevo partido estatal fue el hoy exgobernador José Murat. Por otro lado, la posición privilegiada que adquirió Unidad Popular como interlocutor de los triquis con el gobierno estatal no hizo más que agravar la situación de violencia en el área. Algunos dirigentes del MULT-PUP marginaron o expulsaron de la dirección política del movimiento a líderes reconocidos como “dirigentes naturales” de sus comunidades y armaron a grupos paramilitares para reprimir el ascenso de jóvenes líderes.

El aislamiento del conflicto en la región triqui y la retirada de las instituciones sociales han permitido la imposición de una verdadera dictadura del MULT-PUP y de la Ubisort-PRI. En las comunidades controladas por cada una de estas organizaciones armadas, todos los habitantes son considerados como “bases” de apoyo y obligados –bajo amenazas de multas, golpes o asesinatos– a participar en las movilizaciones e incluso en los choques armados. Además de disponer de recursos millonarios, las agrupaciones de la zona triqui están poderosamente armadas, y regularmente son surtidas de municiones y nuevo armamento. Apenas en febrero de este año, habitantes de San Juan Copala que habían huido hacia Juxtlahuaca burlando el cerco de la Ubisort denunciaban que los líderes de esta organización acababan de recibir un fuerte cargamento de armas AK-47 y R-15 y cientos de cartuchos, procedentes de Santiago Juxtlahuaca.

Las declaraciones de los gobiernos estatal y federal, así como la cobertura que hacen muchos medios de comunicación sobre los asesinatos y masacres en las regiones indígenas, enfocan siempre el supuesto “carácter ancestral” de los conflictos y las llamadas “luchas intercomunitarias”. El Estado parece librarse así de cualquier responsabilidad en lo que debiera ser su función primordial: garantizar los derechos y la seguridad de todos los ciudadanos. En efecto, igual que en el caso de la llamada “guerra contra el narco”, lo que priva es la culpabilización de las víctimas: se matan entre ellos; lo han hecho por siglos; este impulso al crimen y a la confrontación armada es parte de su naturaleza…

Sin embargo, el pueblo triqui se ha caracterizado, antes que nada, por su trayectoria histórica de movilización por la defensa de sus derechos y de su identidad, de resistencia contra el dominio racista y la explotación. Como lo muestra Francisco López Bárcenas en su libro San Juan Copala, dominación política y resistencia popular. De las rebeliones de Hilarión a la formación del municipio autónomo, el mito del triqui violento por naturaleza ha sido alimentado por una de las raíces más profundas del conflicto: el racismo, continuamente expresado en los discursos de los políticos, administradores, servidores públicos y, sobre todo, de los medios de comunicación. Las élites regionales han construido un discurso de desvalorización, de desprecio del triqui, que ha logrado incluso convertirse en sentido común entre los mestizos y en buena parte de la población mexicana.

Estos discursos racistas han permitido minimizar la violencia endémica y silenciar la connivencia de las autoridades gubernamentales en los crímenes que se cometen en el área. A principios de febrero, causó noticia el asesinato de 10 personas en un poblado triqui, San Miguel Copala, enmedio de una disputa entre el MULT y la Ubisort por el control de la agencia municipal. La mayoría de las víctimas eran habitantes del poblado, entre ellas el agente municipal, pero también murió un ingeniero que realizaba trabajos en la zona para la Comisión Nacional del Agua. En esas fechas, se intensificó el acoso contra el municipio autónomo por parte de un grupo armado dirigido por Rufino Juárez. El 20 de abril, algunos medios dieron cuenta del asesinato de Celestino Hernández (del municipio autónomo), cometido por un miembro de la Ubisort plenamente identificado por la comunidad.

Hoy las víctimas son defensores de derechos humanos, activistas sociales con amplio reconocimiento a nivel nacional y observadores internacionales. Por primera vez en meses, el sitio paramilitar de San Juan Copala se convierte en noticia internacional y ocupa las portadas de los periódicos nacionales. Cuando se sabía del asesinato de Alberta Cariño Trujillo y de Jyri Antero Jaakkola –originario de Finlandia–, y mientras que varias personas –entre ellas un belga y un italiano– seguían desaparecidas, el 28 de abril Ulises Ruiz declaraba con una frialdad impresionante a los medios de comunicación que nada tenían que hacer los “extranjeros” en esta región, y expresaba su determinación de investigar, eso sí, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la calidad migratoria con la que esas personas se encontraban en México.

El total cinismo del gobernador equivale sólo al de Rufino Juárez, dirigente de la Ubisort, quien tras haber amenazado con la afirmación de que detendría a toda costa la caravana, indica ahora que los culpables son las autoridades del sitiado municipio autónomo.

Pero ese cinismo ha sido alimentado por la impunidad. En efecto, la criminalización de la protesta social, la represión armada y el asesinato han sido la marca del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz. Este gobernador, uno de los más sangrientos de México, está a punto de concluir su gestión sin que pese sobre él ningún proceso penal. Sin embargo, la Comisión Civil Internacional de los Derechos Humanos documentó en un informe 62 asesinatos por cuestiones políticas en Oaxaca entre junio de 2006 y abril de 2008, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación responsabilizó al gobernante por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en 2006. Sin la presión de la sociedad civil nacional e internacional, de los organismos internacionales y de gobiernos de otros países, privará sin duda una vez más la impunidad.



*Investigadora del Departamento de Estudios Culturales de El Colegio de la Frontera Norte.


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Huele a violencia electoral +


José Gil Olmos



El ataque armado a la caravana de observadores de derechos humanos en San Juan Copala prendió en Oaxaca los focos de alerta. Ahora se recuerda que Ulises Ruiz es el gobernador más violento y represor del país –a su régimen se le adjudican al menos 62 muertos y una decena de desaparecidos–, que practica el espionaje y que organiza “escuadrones de la muerte” para eliminar a sus adversarios. El riesgo es que se desencadene la violencia durante el proceso electoral, ante la indiferencia, hasta ahora, del gobierno federal.



Como ningún otro gobernador en funciones del país, Ulises Ruiz Ortiz se ha caracterizado por el uso de la fuerza y la violencia, pues grupos de derechos humanos nacionales y extranjeros atribuyen a su régimen una lista de 62 muertos, más de 500 detenidos y una decena de desaparecidos, todos por razones políticas, lo que lo identifica como represor social.

Tildado por algunos de sus propios compañeros de partido como “autoritario”, “tirano” y “represor”, Ulises Ruiz ha recurrido a la fuerza para imponerse, e incluso ha creado grupos armados paramilitares o parapoliciacos que actúan en las sombras de la ilegalidad y la clandestinidad, sembrando el terror entre organizaciones sociales, indígenas y campesinos del estado.

Ahora, en medio de la contienda electoral donde se siente seguro de ganar a través de su ungido, Eviel Pérez Magaña, el gobernador oaxaqueño también es acusado de espiar a sus adversarios, y la Procuraduría General de la República (PGR) ya abrió la averiguación previa 46/UEIDAPLE/LE/7/2010 para localizar a los responsables de realizar estas acciones ilegales contra personajes como el expresidente del Tribunal Superior de Justicia del estado Raúl Bolaños-Cacho, quien en entrevista con Proceso dice que esto enturbia las elecciones del 4 de julio y advierte que, si el gobierno federal no interviene, puede haber graves hechos de violencia durante el proceso electoral.

De la misma manera se expresa Yésica Sánchez, directora de la oficina en Oaxaca de la Liga Mexicana de Derechos Humanos (Limedh), al indicar que es sumamente preocupante la emboscada a la caravana de observadores de derechos humanos en San Juan Copala, en la que murieron Beatriz Alberta Cariño Trujillo, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus, A.C.) y Jyri Jaakkola, observador internacional de nacionalidad finlandesa, mientras que el periodista David Cilia y los activistas Noé Bautista y Mónica Citlali Santiago resultaron heridos.

Consultada al respecto por el reportero, la defensora de derechos humanos manifiesta que este suceso “es la comprobación de la existencia de grupos paramilitares o parapoliciacos apoyados por el gobierno. Lo ocurrido en San Juan Copala marca una realidad: que en Oaxaca hay muchos conflictos que se pueden prender en cualquier momento. No quiero ser pesimista, pero veo un escenario turbulento y violento para las elecciones de julio”.



Violencia e impunidad



En vísperas de las campañas electorales para la renovación del Congreso, las presidencias municipales y la gubernatura de Oaxaca, existe preocupación en la sociedad oaxaqueña por la forma en que Ulises Ruiz calificó el ataque a la caravana de observadores pues, tras rechazar su responsabilidad, señaló que se trató de un “enfrentamiento” entre la comunidad y un grupo de “activistas” nacionales y extranjeros.

Para Flavio Sosa, integrante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), la postura del gobernador y las acciones violentas en San Juan Copala son una muestra más de la actuación de un gobierno “perverso” y de mano dura que Ulises Ruiz ha mantenido desde el inicio de su administración.

Inclusive antes, recuerda Sosa, en una etapa anterior a su arribo al gobierno estatal, Ulises Ruiz ya daba señales de su gusto por el uso de la violencia para conseguir sus objetivos.

En agosto del 2004, en un acto de su campaña electoral, un grupo de priistas encabezados por el diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano mató a palos al profesor Serafín García, quien apoyaba al candidato de la oposición Gabino Cué.

A pesar del escándalo generado por las imágenes del ataque tomadas por el fotógrafo Tomás Martínez y publicadas entonces por el diario Reforma, nunca se actuó contra Desiderio Concha, sino, al contrario, fue premiado, pues el 12 de agosto de 2009 fue declarado diputado federal electo por el Distrito 2 de Teotitlán de Flores Magón.

El día de la postulación como candidato de Desiderio Concha fue acompañado por Jorge Pineda Casimiro, alias El Diablo, quien más tarde, durante la campaña y en la referida agresión, fue fotografiado golpeando con un palo al anciano profesor, quien murió por ese acto de violencia que nunca fue castigado.

Ulises Ruiz “así ha ido. Comenzó encarcelando a opositores, haciendo obras sin consultar a la gente, y por eso estalló la rebelión en 2006. Durante todo este tiempo ha sido un gobierno que ha golpeado a la gente y que incluso ha mandado a asesinar usando la famosa Caravana de la Muerte”, asevera uno de los representantes de la APPO que fue encarcelado por órdenes de Ulises Ruiz.



“Un cacicazgo con el PRI de rehén”



Ulises Ruiz Ortiz es actualmente el gobernador que presenta los mayores índices de violencia y represión social, así como de violaciones a los derechos humanos y de asesinatos de líderes sociales.

En 2008 la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos presentó un informe sobre la situación en Chiapas, Oaxaca, y Atenco, Estado de México. Ahí, para el caso de Oaxaca, destacaba que entre junio de 2006 y abril de 2008 se documentaron 62 casos de homicidio por cuestiones políticas o sociales, entre los cuales destacaban los 26 muertos registrados durante el conflicto de la APPO.

Previamente a 2006, cuando se presentó el caso de la APPO, el gobierno de Ulises Ruiz ya tenía en su haber varios casos de líderes sociales asesinados, como el del profesor Serafín García, en Huautla de Jiménez, el 27 de julio de 2004; los de Jorge Enrique García Brenis, Marlon Roberto Miranda y Jorge Alberto Miranda, el 22 de mayo de 2005; el del líder social César Toimil, el 30 de noviembre de 2005, en la capilla de Acatlán de Pérez Figueroa. Y a esos crímenes se sumaron, en 2006, los perpetrados en contra de Neguib Tadeo Manriquez, Moisés Cruz Sánchez, Andrés Santiago Cruz, Octavio Martínez y el profesor universitario Pedro Martínez.

Considerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un gobernante que ha violado las garantías individuales de los oaxaqueños, luego de que se investigó la forma como reprimió a la APPO en 2006. A Ulises Ruiz se le responsabiliza de haber marcado un alto saldo histórico de muertos, heridos, desaparecidos y reprimidos.

Raúl Bolaños-Cacho, expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), con más de 40 años de militancia en el PRI, dice que, si se toma en cuenta el dictamen del máximo órgano de justicia del país, se ve con claridad lo que ha sido el gobernador Ruiz y su necesidad de que gane su candidato Eviel Pérez Magaña para protegerse del juicio de tribunales internacionales y de las investigaciones que aún no hacen las autoridades competentes.

–En un referente histórico, ¿cómo describiría al gobierno de Ulises Ruiz?

–Es un gobierno muy distanciado de la ciudadanía, que trata de perpetuarse en el poder usando todos los medios al alcance para seguir manteniendo un cacicazgo teniendo de rehén al PRI.

–Pero además pretende ganar y colocarse en el 2012…

–Bueno, trata de hacer una plataforma con el triunfo de Eviel Pérez Magaña para posicionarse y buscar la dirigencia nacional del PRI, algo que veo muy remoto porque en otros estados se ve a un priismo de vanguardia, de cara al siglo XXI, mientras que el priismo de Ulises Ruiz es retrógrada, absolutista, autoritario, que no da apertura a los cuadros internos y no acepta las opiniones contrarias. Eso es lo que ha prevalecido en estos seis años. Pero me parece que la ciudadanía oaxaqueña ha empezado a despertar y el resultado lo veremos el 4 de julio.



Escuadrones de la muerte



Durante el conflicto de la APPO, fue documentada la aparición de un grupo de sicarios dedicado a sembrar el terror entre los simpatizantes del movimiento popular que luchaba por un cambio de gobierno. A este grupo de sicarios se le conoció como la Caravana de la Muerte y se le achacó el asesinato de varios maestros y colonos, e incluso el homicidio del periodista estadunidense Brad Will.

En el informe sobre derechos humanos 2007-2009 Oaxaca, un régimen agrietado, de la agrupación civil Servicios para una Educación Alternativa (Educa), se asienta que varios funcionarios del gobierno de Ulises Ruiz participaron en la organización y operación del grupo paramilitar, entre ellos la entonces procuradora Lizbeth Caña Cadeza y quienes fungieron como secretario de Protección Ciudadana, Lino Celaya, y como secretario de Gobierno, Jorge Franco, quien en la actualidad es diputado federal.

Flavio Sosa, por su parte, señala a otros funcionarios que participaron en estos aparatos de represión e inclusive de espionaje al servicio de Ulises Ruiz, como el secretario de Gobierno, Heliodoro Díaz Escárcega; Alejandro Barrita, quien fue director de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial; Aristeo López Martínez, hoy excoordinador de Seguridad Pública, y los marinos José Manuel Vera Salinas, quien fue director general de Seguridad Pública, y Manuel Moreno Rivas, a la sazón director de la Policía Ministerial de Oaxaca.

Más aún, algunos de estos represores, ubicados en otras partes, siguen siendo severamente cuestionados por conductas parecidas, mientras que otros han sido ejecutados.

El 30 de enero de 2008, el teniente Alejandro Barrita fue abatido a tiros mientras hacía ejercicio en el parque deportivo El Tequio, por cuatro sujetos que portaban rifles de asalto AK-47 y R-15, así como pistolas de 9 milímetros. Casi un año después, el 23 de enero de 2009, otro de los personajes acusados de integrar la Caravana de la Muerte, Aristeo López Martínez, excoordinador de Seguridad Pública, también fue ejecutado de 30 balazos de armas largas cuando viajaba en su vehículo por la Calzada de la República en la capital oaxaqueña.

Curiosamente, ambos personajes también estaban involucrados en la detención y desaparición de dos cuadros políticos del EPR, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Ramírez Amaya, el 25 de mayo de 2007.

Otros dos personajes a los que se mencionó como parte del grupo paramilitar que actuó contra la APPO en 2006 son los mencionados marinos José Manuel Vera Salinas y Manuel Moreno Rivas, quienes trabajaron en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) bajo las órdenes del contralmirante Wilfrido Robledo, quien se desempeñaba como director de Seguridad. Fue también titular de la Policía Federal Preventiva (PFP) y director de Seguridad Pública del Estado de México, cargo éste del que fue destituido por la represión en Atenco.

“Así ha ido Ulises Ruiz. Durante todo el tiempo ha usado la asesoría de gente proveniente de la Secretaría de Marina. Hace poco fue encontrado un equipo de espionaje en Cancún a cargo del teniente de navío Manuel Vera Salinas, quien junto con el teniente de infantería Manuel Moreno Rivas fue pieza clave en todo la estrategia de contrainsurgencia y golpeteo a los opositores”, señala Flavio Sosa.

Efectivamente, durante la rebelión de la APPO los dos tenientes tuvieron una actuación destacada en los operativos policiacos, sobre todo en los destinados a detectar acciones del grupo guerrillero Ejército Popular Revolucionario (EPR). De hecho, estas actividades las venían realizando desde el gobierno de José Murat.

Cuando fracasó en el desalojo de los maestros del Zócalo de la capital oaxaqueña, el 14 de junio de 2006, Ulises Ruiz Ortiz tuvo que destituir a su secretario de Gobierno, Jorge Franco, operador de los grupos de choque, y al teniente Vera Salinas. Sin embargo, ambos siguieron operando en el control de los grupos opositores al gobernador.

Después del conflicto en Oaxaca, Vera Salinas se trasladó a Quintana Roo y fue nombrado director de Tránsito de Cancún. Ahí se vio envuelto en otro escándalo.

El 17 de abril pasado, elementos del Ejército descubrieron un centro de espionaje político en los condominios de Xcaret, Cancún. En el departamento se encontraron aparatos de alta tecnología de intervención telefónica de celulares y teléfonos fijos, grabadoras, computadoras, cámaras de rayos infrarrojos y dispositivos de seguimiento para personas y autos.

Las autoridades de Quintana Roo señalaron que el centro de espionaje era operado por el teniente de navío Manuel Vera Salinas, coordinador de seguridad del municipio de Benito Juárez (Cancún), y que estaba a cargo de una persona llamada Juan Ramírez, contra quien la PGR abrió la averiguación previa PGR7QROO/CAN/193/20-II, por el delito de intervención de comunicaciones privadas.



Espionaje oaxaqueño



Desde el inicio de la administración de Ulises Ruiz, los líderes sociales y políticos del estado manifestaron su preocupación por el espionaje y el seguimiento de que eran objeto por parte del gobierno. Aunque había quejas, no se había presentado ninguna acusación hasta que en las últimas semanas se conoció de una denuncia anónima –interpuesta ante la PGR– de espionaje telefónico en Oaxaca.

El 18 de marzo pasado, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales de la PGR abrió la averiguación previa 46/UEIDAPLE/LE/7/2010, y ha citado a varias personas que presuntamente son espiadas, entre ellos el expresidente del Tribunal Superior de Justicia del estado Raúl Bolaños-Cacho.

En entrevista, el magistrado con licencia lamentó que algunas personas se estén dedicando a esos actos ilegales, pero sobre todo que lo hagan en este momento, cuando arranca el proceso electoral, y contra personas que son ajenas al gobierno y al PRI.

“Pienso que es el inicio de una guerra mediática que el gobierno de Oaxaca está aplicando como parte de la estrategia para que gane su candidato, pero debe tener cuidado porque como gobernante debe preservar la paz y garantizar la tranquilidad para las elecciones del 4 de julio.”

El magistrado sostiene que es preciso que el gobierno federal intervenga porque de las 12 elecciones que habrá este año en el país, la de Oaxaca es la más peligrosa por la violencia que se puede desatar, como la que se ha empezado a ver en el ataque a la caravana humanitaria en San Juan Copala.

“Creo – añade– que ya hay indicadores preocupantes que deben hacer voltear la mirada del gobierno federal. Los focos rojos se empiezan a encender en el estado. Nosotros apostamos a que haya saldo blanco y no se presente una violencia que oscurezca más el panorama de Oaxaca, pero la elección debe ser vista como un asunto de seguridad nacional.”

En esto coincide el integrante de la APPO Flavio Sosa, para quien el ataque a la caravana de observadores de derechos humanos y periodistas en San Juan Copala es una señal de la violencia que se puede generar durante el proceso electoral.

Sobre todo porque ya hay antecedentes de la actuación de grupos armados, quienes en fechas recientes han herido de bala a 10 niños y niñas, dice la directora de la Limedh, Yésica Macías, y porque el 7 de abril de 2008 asesinaron a Teresa Bautista Flores y a Felicitas Martínez Sánchez, locutoras de la radio comunitaria La voz que rompe el silencio. Además de que en septiembre y octubre de ese año asesinaron también a otros dos habitantes del lugar, Aurelio Hernández González y Aniceto Martínez Ramírez, sin que el gobierno de Ulises Ruiz hiciera algo para detenerlos.

+ Tomado de la revista Proceso.