García Luna: la prueba de fuego*

Tomados de La Jornada, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores.

John M. Ackerman

Dos años y 5 mil muertos después de haber iniciado el Operativo Conjunto Chihuahua, Felipe Calderón finalmente ha aceptado la triste realidad del fracaso de su estrategia de militarización de la seguridad pública. Este mismo lunes, el general Guillermo Galván entregará a Genaro García Luna el mando en Ciudad Juárez y con ello dará inicio el relevo paulatino de los soldados que patrullan las calles de esa ciudad por agentes de la Policía Federal (PF).

El tiempo ha demostrado que los militares ni saben ni pueden ni quieren convertirse en policías preventivos. Hace dos semanas, Janet Napolitano tuvo un momento de lucidez cuando afirmó que las fuerzas castrenses “no han ayudado en nada” a resolver la grave crisis de esa ciudad fronteriza. Ciudad Juárez es hoy un caso ejemplar a nivel internacional del craso error que significa la implementación de una estrategia que solamente ha provocado mayor violencia, impunidad y corrupción.

Sin embargo, el cambio de chalecos olivos por chamarras azules no resolverá el problema por sí solo. El fracaso en la lucha contra el crimen organizado ha sido principalmente una derrota de la policía federal, no de las fuerzas armadas. La propaganda oficial busca vender la idea de que la PF está integrada por un conjunto de robocops armados hasta los dientes, con conocimientos sofisticados en inteligencia criminal e intachable honorabilidad. Pero los resultados desnudan una realidad totalmente distinta.

El 21 de agosto de 2008 se firmó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad en Palacio Nacional. En este documento la clase política prometió lograr la “depuración y fortalecimiento de las instituciones de seguridad y procuración de justicia”. Específicamente, los políticos se comprometieron –para cumplir en un plazo máximo de un año– a “perfeccionar los mecanismos de reclutamiento, selección, capacitación, promoción y retiro de los elementos de las instituciones policiales del país”, así como a “crear un modelo nacional de evaluación y control de confianza”

Hoy, sin embargo, no existe ningún indicador palpable que nos permita entrever que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) haya podido cumplir con estos ambiciosos objetivos aun con el abultado presupuesto de 32 mil millones y más de 40 mil servidores públicos en activo durante 2009. Los “exámenes de control de confianza” han resultado ser un fiasco y la capacitación especializada que supuestamente reciben los policías federales no ha tenido impacto alguno en su efectividad.

Habría que exigirle al gobierno que nos informe a la ciudadanía respecto del perfil exacto de los agentes que a partir de ahora se encargarán de la seguridad pública en Ciudad Juárez. ¿Serán nuevos reclutas ingresados por conducto del “nuevo sistema” o ya cuentan con algunos años dentro de la PF? ¿Dónde y en qué trabajaron antes de su ingreso a la PF? ¿Qué tipo de capacitación tienen? ¿Qué calificaciones han recibido en los “exámenes de control de confianza” y en las evaluaciones a su desempeño? ¿Han recibido algún entrenamiento especial en derechos humanos y en las responsabilidades de los policías municipales? ¿Qué mecanismos de vigilancia y monitoreo se implementarán para evitar el abuso de autoridad?
La sospecha es que los “nuevos” policías son los mismos de siempre, o incluso militares vestidos de policías, y que funcionarán de acuerdo con el mismo modus operandi, participando en la corrupción y solapando la impunidad. El gobierno tendría que aportar tanto datos duros sobre sus nuevos cuadros como resultados concretos a corto plazo en Ciudad Juárez para convencer a una ciudadanía inteligentemente escéptica de que ahora sí las cosas serán diferentes.

De lo contrario, García Luna tendría que presentar su renuncia de manera inmediata. El secretario ha tenido tres largos años para armar un cuerpo policiaco federal supuestamente profesional y capaz. Si sus “superpolicías” no pueden siquiera pacificar una ciudad de 1.3 millones de habitantes, habrá llegado la hora para el cambio. Parece que ya nadie recuerda las palabras de Alejandro Martí en el acto de firma del Acuerdo Nacional: “Si no pueden, renuncien”.

Pero más allá de quién patrulla las calles o responde a las llamadas de emergencia, lo realmente importante es la investigación y persecución penal de los delitos. Aquí también el Acuerdo Nacional fijó un compromiso específico: “establecer un sistema nacional de desarrollo de ministerios públicos” antes del 21 de agosto de 2010. Lamentablemente, una vez más no hay evidencia de que se haya avanzado hacia esta meta. La mayoría de nuestros ministerios públicos siguen sin la formación, la disciplina o la independencia necesarias para romper con el ciclo vicioso de la impunidad.

El retorno de las tropas a los cuarteles constituye un avance importante con respecto de la legalidad de la mal llamada “guerra” de Calderón en contra del narcotráfico. Sin embargo, el trabajo difícil apenas se inicia. Habría que fijar metas precisas, evaluar el desempeño de los policías federales de manera objetiva e independiente, así como llevar la rendición de cuentas hasta sus últimas consecuencias.

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*Tomado de La Jornada.