Negocios (y transas) de familia*

Tomados de La Jornada, Helguera, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Rosalía Vergara

A punto ya de cumplir 80 años de creada, una de las tres cementeras más importantes del país, considerada modelo en el ámbito de la industria nacional, la Cooperativa La Cruz Azul vive una crisis interna. Socios de la empresa llaman a cuentas a la directiva que encabeza Guillermo Álvarez Cuevas. El motivo: una serie de irregularidades en las que presuntamente incurrió su cuñado, el director jurídico Víctor Manuel Garcés Rojo.



La Cooperativa La Cruz Azul compró a sobreprecio el terreno donde construyó sus oficinas, a un costado del centro comercial Gran Sur, de la Ciudad de México. Socios de la cooperativa, entrevistados por este semanario, sostienen que esa maniobra fue realizada por familiares y asesores del director general, Guillermo Álvarez Cuevas, a fin de beneficiarse personalmente, en perjuicio de la empresa.

Para ello, el director jurídico de La Cruz Azul, Víctor Manuel Garcés Rojo, creó la firma Andrómeda Constructores Inmobiliarios, S.A. de C.V., con la participación de su esposa María Gilda Álvarez Cuevas –hermana de Guillermo y de Alfredo, el gerente comercial– y de cinco asesores de la dirección: Jesús Rafael González Collado, Fernando Luis Arista, Roberto Guízar, José Besil Bardawil y Carlos Javier Terroba Wolf.

Sin embargo, afirman que este caso es tan sólo una muestra del abuso de poder y de la impunidad con que opera Garcés Rojo en la cooperativa.

Según las fuentes, tras recabar “información fidedigna” sobre los negocios del director jurídico desde 2008, 350 socios convocaron a una asamblea extraordinaria para el próximo sábado 20, en la que se revisarán esa y otras graves irregularidades detectadas en auditorías a empresas que trabajan para La Cruz Azul, así como en las cooperativas de servicios, el proyecto Médica Azul, la administración del hotel Ixtapa, Concretos Cruz Azul, y Concretos y Cementos Nacionales (Cycna).

En dicha asamblea participarán mil 260 socios de La Cruz Azul, una de las tres cementeras más importantes del país, que el 2 de noviembre cumplirá 80 años.

El 23 de enero de 2007, la cooperativa le compró el predio para sus nuevas oficinas a Guillermo Peredo Merlo, una especie de intermediario de la empresa Andrómeda Constructores Inmobiliarios, S.A. de C.V., creada por Garcés Rojo y los cinco asesores el 16 de agosto de 2002, de acuerdo con la escritura 6530 formalizada por el notario público 202, José Gutiérrez Valdés.

La compraventa fue por 49 millones de pesos y, según los entrevistados, parte de esa cantidad se pagó en dólares en cuentas bancarias que Garcés Rojo y los asesores poseen en Estados Unidos. Este solo caso provocó un quebranto financiero que podría llevar a la cooperativa a la bancarrota, de acuerdo con los reportes financieros que los socios inconformes dicen haber visto y los cuales presentarán en la asamblea extraordinaria.

Los problemas en La Cruz Azul son conocidos desde 2008, cuando varios medios publicaron que el abogado externo David Cohen había entregado a los hermanos Álvarez Cuevas un expediente detallado sobre supuestas irregularidades cometidas por el propio Cohen en complicidad con Garcés Rojo, en la creación de empresas privadas para brindar servicios a la cooperativa y revender cemento y concreto a sus propias empresas, sin consultar a los directivos ni a los socios.

Las anomalías abarcarían seguros de vida, seguros médicos, el hospital Médica Azul (llamado Guillermo Álvarez Macías), seguros de gastos médicos mayores; fianzas, bienes inmuebles, uniformes deportivos y publicidad, así como la situación financiera del hotel Azul Ixtapa, Concretos Cruz Azul y en las auditorías realizadas a las empresas que trabajan para la cooperativa y en Concretos y Cementos Nacionales que se ubican en Oaxaca, Hidalgo, Aguascalientes y Puebla.



El caso Andrómeda



Tras la constitución de la constructora Andrómeda, en 2002, Jesús Rafael González Collado fue nombrado administrador único, el mismo cargo que tenía en el hotel Azul Ixtapa, declarado en quiebra técnica.

Ese mismo día, Andrómeda le compró a Constructora Rommel, S.A. de C.V., el terreno conocido como condominio Uyasa o Plaza Zapato, según la escritura 6531 ante el mismo notario, por un precio de 14 millones 155 mil pesos.

El 26 de septiembre de 2006, Garcés Rojo armó la estrategia para vender el mismo predio a La Cruz Azul en 49 millones de pesos, a través de un tercero.

Un oficio firmado por él mismo dejó testimonio de la operación:

“Compra venta de terreno de Andrómeda. El terreno será vendido por Andrómeda a una persona física en el valor mínimo posible, según avalúo comentado por el notario que es 18 millones 200 mil pesos, por lo que se determinará una utilidad fiscal para la empresa de 3 millones 200 mil pesos, un ISR aproximado de 928 mil pesos y un Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles aproximado de 1 millón 50 mil pesos.

“En segundo lugar, el terreno será vendido por la persona física en un valor de 20 millones de pesos, produciendo una utilidad fiscal aproximadamente para la persona física de 750 mil pesos, lo que producirá un ISR aproximado de 217 mil 500 pesos.”

Esa persona física fue Guillermo Peredo Merlo, quien compró los terrenos al precio real declarado por un valuador de bienes.

La Cruz Azul habría pagado a Peredo Merlo 20 millones de pesos, en México, y habría depositado 2 millones 360 mil dólares en cuentas personales de Garcés Rojo y sus asesores en el Bank of America de Estados Unidos, según los socios entrevistados por la reportera.

La escritura 11647, siempre ante el mismo notario Gutiérrez Valdés, hace constar el contrato de compraventa de esos terrenos entre Peredo Merlo y la Cooperativa La Cruz Azul, pero no registra el monto de la operación.

Sin embargo, un oficio firmado por Guillermo Álvarez Cuevas, el 8 de noviembre de 2006, ordena al actuario Carlos Terroba Wolf “que el pago de 3 millones de dólares (sic) por el terreno de Andrómeda deberá ser realizado a través de B.E. (depósitos en el extranjero), en 36 pagos mensuales de 83 mil 330 dólares, cada uno a partir de la fecha de escrituración de este predio”.

Este dinero sale de la cooperativa, sostienen los socios, quienes calculan que en toda la operación se movieron 4 millones 300 mil dólares, es decir, alrededor de 49 millones 450 mil pesos. Al final, la ganancia individual de los involucrados fue de 37 millones de pesos, dicen.

Con esas maniobras, los implicados habrían evitado la carga fiscal por el monto depositado. La utilidad fiscal que generó la maniobra se la repartieron cuando decidieron liquidar a la empresa, en marzo de 2007, aseguran los cooperativistas.

Dos meses después firmaron oficios para que cada asesor, Garcés Rojo y su esposa, recibiera 3 millones 440 mil pesos por la entrega de las acciones de la empresa declarada en liquidación. Proceso tiene copias de los cheques a nombre de cada uno de ellos. El oficio de María Gilda Álvarez Cuevas de Garcés lo firmó su esposo.

El 15 de agosto siguiente recibieron otros 107 mil 847 mil pesos de Peredo Merlo por concepto del finiquito del “Proyecto Andrómeda”, de acuerdo con el oficio dirigido a Fernando Luis Arista, Roberto Guízar Díaz y González Collado, cuya copia tiene Proceso. Se trata de los 750 mil pesos de utilidad fiscal producida por la venta del predio Andrómeda de Peredo Merlo a La Cruz Azul.



Negocios privados



Además de Andrómeda, Víctor Manuel Garcés Rojo y su esposa, María Gilda Álvarez Cuevas (hermana de Guillermo y Alfredo Álvarez Cuevas), fundaron la empresa Arrendadora Sport Clinic, S.A. de C.V., en la que también participó su hija Erika María Garcés Álvarez. A esta clínica asisten los jugadores del Cruz Azul para rehabilitación.

Los vínculos comerciales de Garcés Rojo y su familia con David Cohen Sacal inician con la empresa Homofortis, S.A. de C.V., en la que participó José Besil Bardawill, socio de Garcés Rojo en Impulso Business Operating Solutions, Inmobiliaria Azul Celeste, Impulso Inmobiliaria de Mixcoac, Inmobiliaria de Puerto Vallarta, Sport Clinic Lomas y Servicios Médicos Sport Clinic.

Cohen era abogado externo de La Cruz Azul. Antes de la asamblea general de socios de la cooperativa, celebrada de julio de 2008, entregó a los Álvarez Cuevas evidencias de triangulación de empresas, fraude, tráfico de influencias y aumento de precios de bienes y servicios en la cooperativa, según publicaron El Universal y Zócalo el 30 de julio de ese año.

Víctor Manuel Garcés Rojo, quien lleva más de 20 años como director jurídico de la cooperativa, creó Sport Clinic, S.A. de C.V., con su hermano Alejandro y Nicolás Zarur Mina; con José Besil Bardawill y Fernando Luis Arista constituyó MC2 División de Acabados; se asoció con Jesús Rafael González Collado en Ingeniería Crediticia, S.A. de C.V., Sofom y ENR, y con Juan Carlos Terroba Dodero en Productos Cementeros Mexicanos.



“Alvarezlandia”



La Cooperativa La Cruz Azul cuenta con cuatro plantas: La Ciudad Cooperativa La Cruz Azul, en Tula de Allende, Hidalgo; la planta de Lagunas, Oaxaca; la planta de Cemento en Palmar de Bravo, Puebla, y la planta de Comunidad Arroyo Hondo, en el municipio de Tepezalá, Aguascalientes.

En los 15 años que los hermanos Álvarez Cuevas han estado al frente de la cooperativa, la sociedad se ha dividido en dos bandos: los “altos mandos” y el grupo opositor conocido como Los Veintes, el número de socios que iniciaron ese movimiento. Estos últimos sostienen que el caso Andrómeda no es el único, “hay muchos más, pero Garcés Rojo dice que todo lo sabe Guillermo Álvarez Cuevas”.

Otros temas a tratar, dicen, será el caso de Concretos Cruz Azul que hizo negocio con PCM, una empresa de Grupo Impulso, en cuya web aparecía el nombre de Garcés Rojo como socio, pero en la actualidad está fuera de servicio. Esta empresa, afirman, nunca pagó el cemento que le compró a La Cruz Azul hace poco menos de cinco años. El dueño era Carlos Javier Terroba Wolf, asesor de la dirección.

La cooperativa está formada por la dirección general, 18 consejos, direcciones, gerencias y jefaturas. El gerente comercial es Alfredo Álvarez Cuevas, a quien Garcés Rojo y sus “secuaces” pretenden culpar por todas las irregularidades, según los socios.

“La administración necesita un giro porque el riesgo de que la cooperativa truene es inminente”, dicen. Entre los supuestos abusos y la carga por concepto de jubilaciones, pensiones y retribuciones, la cooperativa ya no genera utilidades. De seguir así, prevén, a lo mucho sobrevivirá hasta 2017.

Más de 20 mil personas dependen de la Cooperativa La Cruz Azul, que además incide en la vida de más de 10 comunidades alrededor de la planta de Hidalgo y sus cooperativas distribuidas en toda la comunidad, como Bomintzhá, que explota yacimientos y tritura piedra caliza, además de fabricar block y concreto.

En un reportaje publicado en el número 1498 de este semanario se describe cómo la Ciudad Cooperativa La Cruz Azul se convirtió en “La ciudad de los Álvarez”, donde predominan los símbolos de la empresa; la mayoría de las casas están pintadas de azul, blanco y rojo. “La ciudad cooperativa es una especie de Alvarezlandia”, se publicó entonces.

Cinco años después, en Ciudad Cruz Azul nada cambia. Hay un nuevo hospital Guillermo Álvarez Macías exclusivo para gente de la cooperativa. Los pobladores de los alrededores se quejan de que únicamente a familiares de algún socio les dan trabajo, “pero entrar está difícil; sólo los hijos de los socios son socios”.

*Tomado de la revista Proceso.