Calderón inclina la balanza en el “triple play”*

Tomados de La Jornada, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Jenaro Villamil

Pese a las fuertes acusaciones de que el gobierno de Felipe Calderón busca favorecer a Televisa y a la operadora española Telefónica, que en México dirige el exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, el martes 26 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció las bases para la licitación de la red de fibra óptica de la CFE y sigue adelante con la puja por las concesiones de las bandas de 1.7 y de 1.9 gigahertz. Una decisión que indica claramente de qué lado está el gobierno federal, ya que los afectados son el Grupo Salinas, MVS, Telmex... y el Sindicato Mexicano de Electricistas.



Las licitaciones de la banda de 1.7 GHz para telefonía móvil de cuarta y quinta generación, así como la del primer par de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad para servicios de internet en banda ancha, tienen los “dados cargados” y constituyen “un traje a la medida” de Televisa, Nextel y Telefónica.

En eso coinciden los abogados de las empresas Iusacell-Unefon, propiedad de Ricardo Salinas, y MVS, de Joaquín Vargas, pero también especialistas del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y hasta exfuncionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

La semana pasada, Iusacell y MVS interpusieron amparos contra las bases que dio a conocer la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) en noviembre de 2009 para dicha licitación, y a la cual se han inscrito 44 consorcios para los 70 MHz de la banda de 1.9 GHz y 49 para la licitación de 90 MHz de la banda de 1.7 GHz.

Esta última banda, cuyo valor comercial por megaherzt asciende a casi 32 millones de pesos, viene precedida por una polémica que se generó en el Congreso al aprobarse la exención del pago de derechos por dos años a quien gane la licitación de la banda de 1.7 GHz. Este privilegio fiscal se calcula en 5 mil 600 millones de pesos y fue incluido en un transitorio del artículo 244-E de la Ley Federal de Derechos, lo que provocó una agria disputa en el seno de las bancadas del PAN en la Cámara de Diputados y en el Senado (Proceso 1724).

No sólo las empresas participantes han impugnado las bases de la licitación de la banda de 1.7 GHz. Ramiro Tovar Landa, catedrático del ITAM, el exsubsecretario de Comunicaciones y Transportes del sexenio pasado Jorge Álvarez Hoth, y hasta el propio comisionado de la Cofetel, José Luis Peralta, han señalado que la licitación de los 90 MHz de la banda de 1.7 GHz excluye a varios competidores del mercado, especialmente a Iusacell y a Telcel, para beneficiar a Televisa y a Nextel, los próximos competidores en telefonía móvil.

Este argumento deriva de un candado previo que aprobó la Comisión Federal de Competencia (CFC): ninguno de los jugadores puede acumular más de 80 MHz en el espectro de esta banda de telefonía móvil.

Este límite perjudica a operadores ya existentes en el mercado de telefonía móvil, como Telcel, que tiene 76 millones de suscriptores y posee 55 MHz del espectro. Lo mismo ocurre con Iusacell-Unefon, que cuenta con 4 millones de abonados y 56 MHz del espectro. En cambio, el candado beneficia a la empresa española Telefónica Móvil, que controla 30 MHz del espectro y puede aspirar hasta 50 MHz en la banda de 1.7 GHz; a Nextel, que tiene 15 MHz y puede aspirar a 60 MHz en la banda de 1.7 GHz, igual que a Televisa, que no tiene abonados en telefonía móvil y puede aspirar a comprar hasta 80 MHz en la banda de 1.7 GHz.



Sociedad Nextel-Televisa



Por si fuera poco, Televisa negocia desde hace tres meses la compra de entre 20 y 30% de Nextel México, consorcio que dirige Peter Foyo. Ninguna de las dos empresas ha desmentido este rumor publicado en las columnas de negocios.

El acercamiento entre Nextel y Televisa se hizo público en noviembre de 2009, cuando ambas compañías unieron sus recursos y la promoción en pantalla, junto con el gobierno de Quintana Roo, para la promoción del evento Cancún moda Nextel.

En entrevista radiofónica con Sergio Sarmiento, el abogado de Iusacell-Unefon, Salvador Rocha Díaz, dijo entonces que la Cofetel emitió “unas bases verdaderamente injustas, ilegales, que están claramente orientadas a beneficiar a Televisa y Nextel”.

Iusacell-Unefon es el consorcio del Grupo Salinas que posee poco más de 56.6 MHz de telefonía móvil y sólo puede aspirar a competir por 20 MHz en la banda de 1.7 GHz. Sin embargo, la principal inconformidad de esta compañía es que la SCT no le ha refrendado buena parte del espectro que posee a través de distintas filiales como SOS y esto la margina automáticamente de la licitación de la nueva tecnología para dar servicios de triple play a través de telefonía móvil.

En una circunstancia similar se encuentra MVS Comunicaciones, que ha interpuesto cerca de 70 juicios de amparo contra la SCT y la Cofetel por no prorrogarle los títulos de concesión de la banda de 2.5 GHz y de otras concesiones de radiodifusión. Sus abogados ya interpusieron otro amparo contra la licitación de la banda de 1.7 GHz.

El grupo Telcel, propiedad de Carlos Slim, todavía no define si se ampara contra esas bases de licitación. No obstante, se inscribió junto con varias de sus filiales a la pugna por el espectro de la banda de 1.7.

De prosperar los amparos, esta licitación puede quedar entrampada en un litigio jurídico y prolongarse por más de un año, de acuerdo con los juristas consultados.

Por lo pronto, el pasado 27 de noviembre el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) le ordenó a la Cofetel que haga público el intercambio de información con la CFC que dio lugar a las bases de licitación de las bandas de 1.7 y 1.9 GHz. Desde octubre del año pasado, la Cofetel se negó a difundir esto, argumentando, primero, que se trataba de información reservada por 12 años, ya que, si se difundía, el solicitante “podría colocarse en una posición preferente”.

A través de una resolución de la consejera María Marván, el IFAI advirtió que la Cofetel debe revocar sus criterios de información reservada en este sentido, ya que se trata de una licitación pública.



Operación contra el SME



Dos semanas después de que se conociera la lista de las empresas interesadas en la licitación de telefonía móvil para el triple play, la SCT publicó, en el Diario Oficial de la Federación del 26 de enero, la convocatoria para la licitación del primer par de hilos de fibra óptica oscura de la CFE hasta por 20 años, con una longitud total de 19 mil 469 kilómetros y tres rutas: Pacífico, con 8 mil 120 kilómetros; Centro, con 5 mil 789; y Golfo, con 5 mil 560.

La clave de esta base de licitación es que puede existir un solo ganador o un consorcio de empresas que cuente con recursos suficientes para pagar el mínimo de 858.6 millones de pesos (67 millones de dólares) para participar en las tres rutas.

El corporativo que gane esta licitación se convertirá automáticamente en el administrador de una red de casi 21 mil kilómetros que podrá subarrendar para los servicios de triple play a través de la banda ancha. El triunfador tendrá la concesión por un mínimo de 20 años, con la posibilidad de obtener la prórroga.

En conferencia de prensa, el mismo martes 26, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, se refirió a uno de los candados de esta licitación, que excluye al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y permite entender la operación para liquidar a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro:

“Esta red se compone de 295 segmentos o tramos que tienen una longitud total de 19 mil 469 kilómetros. Va a ser posible que los concesionarios particulares que obtengan el uso de este par de hilos de fibra oscura puedan desarrollar segmentos complementarios, que les permitirían crecer la red en estos mil 739 kilómetros para llegar a su total (21 mil 208 kilómetros), y estarán disponibles, pero deberán ser sufragados o pagados adicionalmente al costo original de la adquisición por los particulares y el trabajo de tendido lo realizará la Comisión Federal de Electricidad.

“Se ha fijado ya un precio de 17 mil 825 dólares por kilómetro de tendido de hilo, en estos casos, lo cual le da certidumbre a los participantes en este concurso.”

Lo que no especificó Molinar Horcasitas es que, de acuerdo con el contrato de Uso y Aprovechamiento establecido en las bases de licitación, para realizar los mil 739 kilómetros del tendido adicional, el ganador “deberá firmar invariablemente un contrato colectivo de trabajo” con el único sindicato que resta tras la desaparición del SME: el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm), de bien conocida filiación oficialista.



Alianza Televisa-Telefónica



En la conferencia de prensa del martes 26, Molinar Horcasitas confirmó que ya se inscribieron 16 empresas para la licitación de la fibra óptica de la CFE, entre las cuales se encuentra Televisa, a través de su subsidiaria Bestel, empresa telefónica que adquirió en 2007 por 325 millones de dólares.

En esta primera fase de la licitación, que culmina el 25 de mayo, se han inscrito asimismo Telefónica Movistar, Alestra, Axtel, Iusacell, Nextel, Iusacell y Megacable.

Desde octubre pasado, la subsecretaria de Comunicaciones, Gabriela Hernández, aclaró que “una sola empresa podrá participar en las tres rutas (Pacífico, Centro y Golfo) con las posibilidades de adjudicárselas” y que los montos de la oferta deberán contar, por lo menos, con 51% de capital nacional, ya que la Ley de Inversiones Extranjeras permite un máximo de 49% de participación foránea (Proceso 1724).

Para abrir este candado, Telefónica, dirigida por el exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, analiza la posibilidad de conformar un holding con Televisa a través de Bestel y con alguna de las empresas de televisión por cable, posiblemente Megacable, de Enrique Yamuni.

Desde noviembre del año pasado Yamuni aceptó, en conferencia telefónica, que Megacable está en conversaciones con Telefónica y Televisa para conformar una alianza a fin de competir por la red de fibra óptica. Otras empresas que pueden sumarse son Alestra, del conglomerado Alfa, y Axtel, de Tomás Milmo.

Otra posibilidad es que estos competidores conformen un Organismo Administrador Privado (OAP), tal como se propuso en un documento discutido en la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y de Tecnología de la Información (Canieti) desde junio de 2009, un mes después de que Felipe Calderón anunciara la licitación de la fibra óptica de la CFE.

De acuerdo con el documento al que este semanario tuvo acceso, un consorcio permitirá “maximizar el aprovechamiento de las dos fibras disponibles de la CFE; ofrecer transporte nacional a cualquier concesionario afiliado, de manera no discriminatoria; alcanzar costos más bajos y economía de escala para ofertas del servicio final competitivas; que sea administrado y operado por un tercero de manera neutral; que cada concesionario pueda elegir las rutas y capacidades que requiere”.

La Canieti también solicitó, desde noviembre de 2009, que la SCT licitara más de un par de fibra óptica y eliminara las restricciones a la inversión extranjera, argumentando que estas medidas van en contra de la competencia.

“A mí me hubiera gustado que se pusiera más fibra en el mercado, pero creo que hay que considerar que es un avance y, si funciona bien, habrá los incentivos para que en el corto plazo se ponga más fibra a disposición de operadores”, declaró en diciembre el presidente de la CFC, Eduardo Pérez Motta.

Por lo pronto, quien gane la licitación de los 21 mil kilómetros de fibra óptica de la CFE se convertirá en el operador de la segunda red más grande del país. La primera es la de Telmex.

Así se cumplirá la vieja aspiración de Gil Díaz. Desde su papel como secretario de Hacienda de Vicente Fox, el exempleado de Roberto Hernández y fugaz consultor de HSBC autorizó una inversión extraordinaria de 30 mil millones de pesos para construir las rutas de fibra óptica en la CFE (Proceso 1701). Ahora, por menos de mil millones de pesos, Telefónica puede administrar con sus socios mexicanos la segunda red nacional para incrementar el acceso a la banda ancha.

*Tomado de la revista Proceso.